La presente ley tiene por objeto permitir la postergación de pago de cuotas de créditos hipotecarios y, asimismo, crear una garantía estatal, esto en el marco de la crisis económica generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19. La norma permite a los acreedores, tales como bancos y cooperativas, otorgar créditos de postergación a aquellas personas que hubiesen contraído créditos hipotecarios en dichas instituciones crediticias y que lo soliciten, por medio de un mandato. Estos créditos sólo podrán usarse para pagar cuotas completas y consecutivas y no podrán tener una tasa de interés superior a la del crédito hipotecario. La forma de pago se podrá realizar en dos modalidades: a) En cuotas mensuales de un mismo valor que se pagará con posterioridad a la fecha de pago de la última cuota del crédito hipotecario respectivo, y b) En cuotas mensuales de un mismo valor, distribuidas en un plazo que no podrá superar el plazo residual del respectivo crédito hipotecario. Se establece que los créditos de postergación deberán efectuarse por escritura pública, estarán exentos del pago de impuesto de timbres y estampillas. De acuerdo al artículo 10° de la ley, la garantía estatal será otorgada por el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, la que tendrá una vigencia de 60 meses y sólo podrá pagar hasta un monto máximo de 6 cuotas, de inmuebles cuyo avalúo comercial que no supere las 10.000 UF. Finalmente, según dispone el artículo primero transitorio, esta ley entrará en vigencia en la fecha en que sea publicado en el Diario Oficial el reglamento señalado en su artículo 9, y estará vigente por un plazo de sesenta y cuatro meses contado desde la primera adjudicación de la primera licitación efectuada bajo esta ley y su reglamento.
    Artículo 5.- Hipoteca sin cláusula de garantía general y terceros afectados. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4, en caso de que el crédito hipotecario, cuyas cuotas se pagan con el crédito de postergación, esté caucionado por una hipoteca sin cláusula de garantía general, los efectos de dicha norma serán inoponibles a terceros acreedores hipotecarios de grado posterior existentes con anterioridad al referido pago, o a terceros que hubieren otorgado la respectiva hipoteca, a menos que hubieren dado su consentimiento.