APRUEBA POLÍTICA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2020-2030
Núm. 434.- Santiago, 22 de septiembre de 2020.
Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 1º y 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República; en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Nº 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio del Interior que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en el decreto supremo Nº 104, de 1977, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la ley 16.282, que fija disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes; en la ley Nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, y modifica diversos cuerpos legales; el decreto supremo Nº 1.512, de 2016, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que aprueba la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; la resolución exenta Nº 402, de 2015, de la Oficina Nacional de Emergencia, que resuelve la constitución de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y aprueba su reglamento; y la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República.
Considerando:
1. Que, Chile es un país expuesto de manera permanente a amenazas de origen tanto natural como antrópicas; por lo que la vinculación al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 integrado con agendas internacionales tales como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana Hábitat III, así como su respectiva implementación, contribuirá a contar con un país más seguro a través de la reducción de vulnerabilidades y el fortalecimiento de la resiliencia frente a dichas amenazas.
2. Que, el Sistema Nacional de Protección Civil se ha sometido a las máximas exigencias este último tiempo, dado el incremento en intensidad y frecuencia de eventos extremos, en parte producto del cambio climático, demostrando que este Sistema ha funcionado adecuadamente, aspecto que ha sido reconocido por los organismos internacionales expertos en la materia.
3. Que, el año 2015 el Estado de Chile como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, adhirió al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, por el cual los países se comprometen a reducir de manera considerable las pérdidas que ocasionan los desastres en términos de vidas humanas, afectación a personas, pérdidas económicas y daños a infraestructuras críticas e interrupción de servicios básicos. Así también, este marco global busca aumentar las estrategias para reducir el riesgo de desastres a nivel nacional y local, la cooperación internacional, la disponibilidad de sistemas de alerta temprana, la comprensión del riesgo y la comunicación de éste.
4. Que, la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2030 fue formulada de manera participativa al alero de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, instancia de coordinación intersectorial presente en Chile desde el año 2012 y liderada por la Oficina Nacional de Emergencia.
5. Que, dado el nuevo contexto nacional e internacional, es necesario actualizar la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres aprobada por decreto supremo Nº 1.5120 de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
6. Que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 37 bis de la ley Nº 19.880, se solicitó a todos los Ministerios su conformidad respecto del texto de la Política que por este acto se aprueba, los que remitieron sus respuestas de conformidad al siguiente cuadro, adjuntándose sus copias al presente acto administrativo.
Decreto:
Artículo único: Apruébase la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2030, que se transcribe a continuación:
"I. MARCO GENERAL
1.1. Motivación
La presente Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (en adelante "PNRRD" o "Política") obedece a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile(1) y la necesidad de establecer el marco rector que fortalezca la gestión del riesgo de desastres (en adelante, "GRD") en el país al año 2030. Está compuesta por un conjunto de principios, enfoques transversales, ejes prioritarios y objetivos estratégicos, que serán implementados a través de su respectivo Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (en adelante, "PENRRD 2020-2030"), el que recogerá brechas detectadas de procesos anteriores y considerará las particularidades territoriales y diversidades de las comunidades por medio de la ejecución de acciones estratégicas emanadas de las directrices instaladas en la presente política pública.
La Política ha sido construida a partir del esfuerzo colectivo de profesionales que representan diversos organismos públicos, sociedad civil organizada, academia y agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile, todos ellos integrantes de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (en adelante "Plataforma")(2), los que reunidos en torno al Eje de Fortalecimiento Institucional (3) ven materializada esta segunda generación de instrumentos nacionales de GRD, rescatando y potenciando el acervo que la experiencia predecesora implica para el país.
Se espera que esta política pública permita posicionar esta temática como prioridad, instalándola transversalmente en el quehacer nacional y abordándola de manera aunada a los esfuerzos que el país realiza para la implementación de otros compromisos internacionales vigentes, tales como: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda Humanitaria, el Acuerdo de París y su respectiva Contribución Nacional Tentativa (NDC), la Nueva Agenda Urbana Hábitat III, entre otros. Así también, considera los esfuerzos nacionales que el país ha venido desarrollando con miras a adecuarse a cánones internacionales, como por ejemplo los Estándares Nacionales para la Respuesta a Emergencias. Por ello, es que esta Política pretende también propiciar condiciones favorables para la instalación y habilitación de procesos de modernización o consolidación de la materia, impulsando procesos que fortalezcan la coordinación interinstitucional hacia el fin supremo de reducir el riesgo de desastres en el país, entendiéndolo como una estrategia para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo.
Sin duda Chile no parte de cero este desafío, sino que recoge la experiencia y los múltiples avances que se impulsaron a nivel sectorial y territorial en el país, a través de la política pública sobre la materia, su respectivo Plan Estratégico Nacional y las acciones que de ellos derivaron durante el período 2015-2018, dado que fundaron los cimientos formales de la institucionalidad actual en materia de GRD.
Por esta razón, las expectativas apuntan a que este nuevo marco referente nacional consolide y revitalice los esfuerzos que los instrumentos predecesores, nacionales e internacionales, han venido impulsando en el país y que acoja los nuevos compromisos que el Estado asuma en estas materias durante el horizonte considerado.
1.2. Rol de ONEMI
La Oficina Nacional de Emergencia (en adelante, "ONEMI") tiene por mandato principal la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil (en adelante, indistintamente el "Sistema" o "SNPC")(4). Este Sistema se replica en los distintos niveles políticos - administrativos del Estado, poniendo a disposición un conjunto de capacidades para la adecuada concreción de cada una de las fases y etapas del ciclo de GRD(5) (ver figura Nº 1) en pos de contribuir a la construcción de una cultura de autocuidado y con ello a un país más resiliente.
Figura Nº 1: Ciclo de Gestión del Riesgo de Desastres.
Elaboración: ONEMI.
Este Sistema es dinámico y transdisciplinario, permitiendo la convergencia de numerosos actores y sectores del país que trabajan mancomunadamente en torno a los dos principios que lo rigen a la fecha: ayuda mutua y uso escalonado de recursos. Esta estructura sirve de soporte para que todas aquellas iniciativas de planificación y gestión, estratégicas y operativas, diseñadas por uno o más organismos integrantes del Sistema, se ejecuten coordinadamente, permitiendo una mejora continua, y por ende la instalación de procesos de aprendizaje.
-----------------------
(1) Esta Política pretende confirmar el compromiso que el Estado de Chile manifestó con la adhesión al Marco de Sendai para la RRD el pasado 18 de marzo de 2015 el que se traduce en metas globales e indicadores que fueron informados el 1 de diciembre de 2016 a los países miembros de Naciones Unidas, iniciando formalmente con ello un proceso gradual de apropiación de este nuevo referente internacional.
(2) Mecanismo de coordinación intersectorial conformado en Chile en el año 2012. Al año 2017, 105 organismos constituyen la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, representantes de los sectores público, privado, Fuerzas Armadas, academia, sociedad civil organizada, organismos internacionales, organismos autónomos, entre otros.
(3) Primer Principio de Acción del Marco de Acción de Hyogo para la Reducción del Riesgo de Desastres 2005-2015: "Velar porque la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local dotada de una sólida base institucional de aplicación".
(4) Según el proyecto de Ley que reformula la ONEMI y el SNPC, que se encuentra en tramitación legislativa a la fecha de elaboración de esta Política (Boletín N° 7550-06), contempla el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (sucesor legal de ONEMI) encargado de asesorar, coordinar, organizar, planificar y supervisar las actividades relacionadas a la Gestión del Riesgo de Desastres, para reducir el riesgo de desastres a través de la mitigación, preparación, alerta, respuesta y recuperación, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
(5) El Riesgo, presente en todo sistema social se aborda metodológicamente a partir de una secuencia cíclica, con fases y etapas relacionadas. Este ciclo conceptualiza la gestión del riesgo desde 4 Fases, las que a su vez contienen etapas, a saber: Fase de Mitigación, Fase de Preparación, Fase de Respuesta y Fase de Recuperación (Etapas de Rehabilitación y Reconstrucción).
1.3. Reducción del Riesgo de Desastres
Durante gran parte de la historia de la humanidad los desastres han tenido diversas explicaciones a partir de las causas atribuidas a estos fenómenos tales como actos de Dios o de la naturaleza (Furedi, 2007). Sin embargo, actualmente debemos comprender que la exposición y la vulnerabilidad revelan que los desastres se construyen (Wisner et al. 2004). En este sentido, es fundamental que las políticas públicas logren generar cambio con transformación con una perspectiva prospectiva e integral en la manera que gestionamos el riesgo de desastres.
En coherencia con lo anterior, el enfoque contemporáneo para la comprensión integral del riesgo de desastres releva la importancia de las capacidades locales, sistémicas, comunitarias e individuales como un factor a considerar y fortalecer. Para esto, es necesario recoger los conocimientos tradicionales y ancestrales, así como habilidades y capacidades que subyacen en los territorios como elementos claves para aumentar la resiliencia.
Producto del trabajo del Sistema, en los últimos años Chile ha tenido un desarrollo sostenido en la caracterización de distintas amenazas presentes en el territorio nacional. De la mano de la investigación científica y la cooperación internacional, los organismos técnicos en alianza con la academia, han desarrollado y fortalecido capacidades científicas y tecnológicas, avanzado en formación de capital humano y en la generación de herramientas de modelación de escenarios predictivos que permiten caracterizar diversos fenómenos. Con ello se han mejorado procedimientos operacionales y alertamientos tempranos, lo que sin duda brinda sustento y reduce incertidumbres en la toma de decisiones, permitiendo con ello también, una mejor comprensión de la comunidad ante el comportamiento de un determinado evento.
Respecto de la vulnerabilidad, ésta se considera como un factor esencial para la comprensión del riesgo de desastres, permitiendo caracterizarla en sus diversas dimensiones, dado que conjuga un set de variables sobre las cuales se observan privaciones por parte de un determinado sujeto de análisis. No obstante, aún son pocos los países que han centrado sus esfuerzos y recursos en comprender y reducir aquellas condiciones pre determinantes que potencian la ocurrencia de un desastre, los denominados factores subyacentes del riesgo. Chile es pionero en este alcance, mediante la reciente implementada metodología de alcance comunal que permite a los municipios contar con un diagnóstico en torno a cuatro dimensiones: Gobernanza, Ordenamiento Territorial, Caracterización Socio demográfica-económica y Cambio climático – recursos naturales.
1.4. Contexto Geofísico
Por sus características geográficas y geológicas, el territorio chileno está expuesto a diversas amenazas de origen natural, tales como: terremotos, tsunamis, marejadas, erupciones volcánicas y eventos hidrometeorológicos extremos que provocan a su vez inundaciones y remociones en masa, por citar algunos. Así también, su territorio está expuesto a eventos de origen antrópico, como incendios forestales y otros de origen biológico que alteran ecosistemas y comprometen modos de vida de las comunidades. Lo anterior, da cuenta en breve de la diversidad y complejidad de los escenarios de riesgo al que la población, infraestructura y medios de vida están expuestos, exigiendo que todos los componentes del SNPC estén preparados permanentemente y respondan de manera eficiente y oportuna para reducir los impactos.
Dada su localización en el margen oriental del Cinturón de Fuego del Pacífico, nuestro país es uno de los que presenta la más alta actividad volcánica (por la presencia del arco volcánico andino) y sísmica del mundo (con la mayor diversidad de fuentes sismogénicas). Así también, es uno de los países miembros de la OECD más expuesto a desastres de origen natural (ver figura Nº 2), con el 54% de su población(6) y el 12,9% de su superficie total expuesta a tres o más tipos de estas amenazas (Dilley, 2015). Las consecuencias de esta condición se manifiestan en dimensiones y escalas que impactan a toda la sociedad y comprometen el desarrollo del país, por ello el desafío y permanente oportunidad de aprender de las experiencias vividas y propiciar una gestión prospectiva del riesgo de desastres.
En promedio, cada año entre 1980 y 2011, Chile registró pérdidas cercanas al 1,2% de su PIB debido a desastres de origen natural (UNISDR, 2015). La posibilidad de sufrir con frecuencia, importantes daños y pérdidas tanto en términos de vidas humanas, como económicas y financieras, es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país. (CNID, 2016)
Así también, algunos eventos serán cada vez más severos producto del cambio climático que exacerba aquellos de origen meteorológico, hidrometeorológico y climatológico, pudiendo transformarse esta situación en una constante creciente en el país que reconfigure algunas actividades humanas en búsqueda de la adaptación a esta nueva realidad nacional, regional y global.
En el Plan de Acción Nacional para el Cambio Climático (2017-2022)(7) se argumenta que Chile es un país altamente vulnerable, cumpliendo con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad enunciadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en adelante, "CMNUCC"), a saber: posee áreas costeras de baja altura; zonas áridas y semiáridas; zonas de bosques; territorio susceptible a desastres de origen natural; áreas propensas a sequía y desertificación; zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica; y ecosistemas montañosos. Por ello, la importancia de que este esfuerzo de adaptación ante este fenómeno de escala global, trascienda a aspectos medio ambientales, tornándose un desafío para distintos sectores estratégicos nacionales.
El desafiante escenario país antes descrito, que algunos autores denominan la "nueva realidad" o "nuevo normal", requiere del fortalecimiento de capacidades existentes como también del desarrollo de algunas nuevas, que permitan que Chile sea un referente en todas las fases del ciclo de gestión del riesgo, más allá de la respuesta y recuperación, especialmente en términos de preparación y mitigación.
-----------------------
(6) De acuerdo al CENSO 2017, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cifra la población chilena en 17.574.003 habitantes; y el número de viviendas en el país alcanza las 6.499.355.
(7) Plan de Acción Nacional para el Cambio Climático (2017-2022) http://portal.mma. gob.cl/wp-content/uploads /2017/0 7/plan_nacional_ climatico_2017_2.pdf
La construcción de resiliencia es un proceso que requiere involucramiento y compromiso de todos los actores de la sociedad y es a esta urgente necesidad a la que busca aportar esta Política, junto a otros instrumentos nacionales sectoriales que promueven una aproximación sostenible del medio ambiente y el territorio, proporcionando lineamientos concretos y ámbitos de acción prioritarios en los que Chile necesita profundizar para transitar exitosamente por este proceso.
Figura Nº 2: Principales Desastres y Catástrofes en Chile.
Elaboración: ONEMI.
1.5. Aprendizajes y Oportunidades de Mejora
El Sistema actual, cuyo marco normativo no ha sido renovado formalmente en décadas, ha tenido la capacidad de adaptarse a las actuales y exigentes condiciones del país introduciendo nuevos y modernos alcances y herramientas, respondiendo también a la cada vez más frecuente ocurrencia de eventos extremos o sin precedentes en la historia nacional. Pero no todo es experiencia, durante los últimos años el trabajo de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres ha tenido un rol fundamental como lugar de encuentro de distintos entes de la sociedad en torno a la GRD -contabilizando a la fecha de formulación de la presente Política 189 organismos públicos y privados miembros- confluyendo en este espacio diferentes actores y sectores que comparten experiencias y conocimientos permitiendo elaborar documentos fundamentales tales como la Política Nacional para la GRD 2014-2018, el Plan Estratégico Nacional para la GRD 2015-2018 y el desarrollo e implementación de las acciones estratégicas allí establecidas, así como la generación e impulso que esta instancia ha significado para movilizar otros instrumentos e iniciativas sectoriales, lo que ha contribuido a alinear diversos esfuerzos, bajo un marco común de entendimiento y de interés para los distintos actores del SNPC.
En los últimos años el sector académico ha tomado un rol relevante para la GRD, a través del establecimiento de múltiples alianzas con organismos técnicos y la creación de centros de investigación aplicada que han disponibilizado resultados de interés nacional y propiciado un vínculo estrecho entre los organismos estatales y el desarrollo científico. Estas instituciones han inyectado nuevas visiones respecto a la reducción del riesgo de desastres (en adelante, "RRD"), incorporando a las discusiones marcos teóricos y herramientas vanguardistas que han contribuido a optimizar y/o resolver necesidades demandadas por distintos actores del país, brindando antecedentes que sirven de sustento objetivo para diversas áreas de trabajo. De la mano de la innovación, la ciencia y la tecnología, esta Política buscará materializar lo que el Marco de Sendai propone en este ámbito: "Promover y mejorar el diálogo y la cooperación entre las comunidades científica y tecnológica, otros actores pertinentes y los encargados de formular políticas a fin de facilitar la conexión entre la ciencia y las políticas para un proceso eficaz de adopción de decisiones en la gestión del riesgo de desastres".
Por otra parte, desde el sector privado, en los últimos años se han constituido una serie de comisiones y consejos que, directa o indirectamente, contribuyen a la RRD desde sus distintos alcances, objetivos y misiones, permitiendo sumar diferentes ópticas ante una misma problemática o temática prioritaria para el país. A ello, se suman diversas alianzas público–privadas que han contribuido a aunar intereses y plasmar compromisos de todas las partes involucradas, los que en ocasiones han permitido tomar medidas preventivas concretas y mejorar procedimientos que apuntan a la continuidad operacional de los servicios, el que reconoce en el privado un aliado importante para fines de coordinación y disponibilización de capacidades en las distintas fases del ciclo de GRD.
Desde el sector público, existen Ministerios y servicios dependientes en los que la GRD se ha incorporado formalmente dentro de su orgánica, conformando Departamentos/Unidades de GRD que permiten darle una mirada más integral y de dedicación exclusiva a este ámbito. Tal es el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Educación por citar algunos. A partir de sus experiencias, otros Ministerios están considerando la opción de replicar la iniciativa y conformar unidades con foco en la GRD, visualizando el beneficio que esta gestión implicaría en su quehacer institucional.
En esta misma línea, en los últimos años ONEMI y la Subsecretaría del Interior han instalado una línea permanente de apoyo a los Ministerios en estas materias, de manera de guiar la elaboración de instrumentos de planificación tales como los Planes de Emergencia Sectoriales. Lo anterior es un ejemplo práctico que ha permitido homogeneizar criterios y conceptos, permitiendo que los sectores dialoguen en un "lenguaje común" apuntando a facilitar la coordinación, no sólo en respuesta, sino que focalizando ámbitos preventivos y preparatorios.
Oportunidades de mejora respecto a la GRD son muchas y diversas. En primer lugar, se observa la necesidad de contar con una mayor vinculación y compromiso político con la RRD, que permita posicionar este enfoque como estrategia para el desarrollo sostenible en Chile. Lo anterior fortalecería la actual institucionalidad estatal que da soporte a la GRD de cara a fortalecer una sólida gobernanza, propiciando un sustrato fértil y robusto para que estas materias se arraiguen institucionalmente y no dependan meramente de compromisos u obligaciones individuales o aisladas.
Un segundo espacio de oportunidades detectado corresponde a mejorar la educación en RRD/GRD, no sólo referida a la educación formal impartida por las distintas instituciones educacionales del país, sino que también a escala del ciudadano, incluyendo a autoridades y funcionarios del sector público y también del sector privado. Esto, acompañado de adecuadas estrategias comunicacionales que permitan la difusión de diversos contenidos en un lenguaje accesible a la comunidad y pertinentes al contexto socio cultural del grupo objetivo.
Respecto a los desafíos, es fundamental fortalecer el trabajo en la fase de preparación, para lo cual es relevante que el país destine mayores esfuerzos para avanzar en reformas estructurales afines. Así también, una estrategia potente que dé prioridad y se centre en un enfoque prospectivo, poniendo énfasis en aquellas acciones o líneas de trabajo preventivas que permitan que a consecuencia de un evento desastroso la afectación sea menor considerando experiencias similares, mas no únicamente en cifrar los daños y pérdidas acaecidas. De esta manera, tomarán relevancia aquellas iniciativas silenciosas e intangibles que se realizan permanentemente y cuyo impacto sólo se visibiliza cuando un desastre no sucede o se reduce su impacto. Este cambio de foco ayudaría a mejorar la comprensión de la relación costo-efectividad de la RRD y a invertir en medidas que apunten a la construcción de una cultura preventiva.
Adicionalmente, se refuerza como desafío nacional avanzar alineadamente con la implementación de las diversas políticas globales que Chile ha venido adhiriendo desde el año 2015, considerando las interrelaciones que las metas persiguen.
II. POLÍTICA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Esta Política -al igual que la versión predecesora- ha sido elaborada en el seno de la Plataforma, a través de espacios de diálogo con metodología de trabajo co-constructivas, reuniendo a diferentes actores en torno al Eje de Fortalecimiento Institucional, espacio de trabajo heredado del Marco de Acción de Hyogo que instala el enfoque de reducción del riesgo de manera transversal y prioritaria en el quehacer nacional, permeando desde un nivel técnico a uno político–estratégico, que sirvió de sustento para que las diversas iniciativas derivadas generen directrices de corto y mediano plazo en el Sistema.
Este renovado instrumento nacional considerará en su estructura: Enfoques Transversales, Principios Rectores, la definición de Ejes Prioritarios y Objetivos Estratégicos, los que han sido formulados de manera participativa.
La presente Política propone las directrices en materias de gestión para la RRD para todos aquellos instrumentos de planificación, inversión e intervención que surjan en el país y que emanen de diversos sectores y actores nacionales, contribuyendo con ello a proporcionar un marco común de entendimiento válido, coherente y en sintonía con diversos referentes nacionales e internacionales afines.
Resulta relevante mencionar que la definición de los objetivos estratégicos por cada uno de los Ejes Prioritarios es una mera conceptualización que facilita la comprensión de cada uno de ellos, dado que esta Política no pretende que los ejes se vinculen directa ni exclusivamente a una determinada fase/etapa del ciclo de GRD.
Por ello, la comprensión y desarrollo de cada objetivo debe considerar una visión transversal a todo el ciclo de GRD, entendiendo que son iniciativas indivisibles que pueden reflejarse o materializarse en una fase específica, pero que requieren que su trabajo trascienda o se proyecte a más de una fase.
2.1 Enfoques Transversales
Se consideran los Enfoques Transversales como aquellas perspectivas que deben inspirar e impregnar todos los objetivos y acciones que se desprendan de esta Política, invitando a su permanente consideración, y de manera transversal en las distintas iniciativas que emanen de estos instrumentos. Los enfoques transversales son:
. ENFOQUE DE DERECHOS: Es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo, está basado en las normas internacionales de derechos humanos y, desde el punto de vista operacional, está orientado a la promoción y protección de los derechos humanos. Su propósito es disminuir las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas en materia de desarrollo social y permite orientar procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, al analizar los problemas sociales y las condiciones de desigualdad existentes.
. ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO: Bajo una mirada multidimensional, las políticas y estrategias económicas, sociales y culturales que se deben encaminar a través del acceso individual a nuevas oportunidades para el desarrollo de los potenciales humanos y para llevar una vida creativa y productiva de acuerdo con sus necesidades e intereses. Adicionalmente, para realzar la importante consideración de este enfoque, es oportuno tener presente el compromiso de la Agenda 2030 "asegurar que nadie se quede atrás", apelando también al concepto citado en nuestra Carta Fundamental, la que le atribuye el rol al Estado de "estar al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece".
. ENFOQUE DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Este enfoque debe orientarse a una gestión prospectiva del riesgo, focalizada en la prevención de nuevos escenarios de riesgo, la reducción del riesgo existente y el fortalecimiento de la resiliencia a nivel social, económico, sanitario y ambiental, entre otros aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible.
. ENFOQUE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: Por transparencia entenderemos aquella actividad pública orientada a respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en ella. Por su parte, la rendición de cuentas es un proceso mediante el cual funcionarios, servidores públicos y particulares que manejan recursos del erario informan y explican, de manera detallada, ante la autoridad competente y ante la ciudadanía, las decisiones adoptadas en ejercicio de sus funciones, y responden por la gestión y resultados de sus acciones, siendo sujetos de los controles legales que el ordenamiento jurídico prevea, según si su manejo ha sido o no el adecuado a los propósitos definidos.
. ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN: Este enfoque, para fines de la presente Política, asume al ciudadano como sujeto de derechos, pero también con deberes. Estos últimos, principalmente apuntan al compromiso que cada persona debe tener para con su propio entorno, la responsabilidad de participar activa e informadamente de los procesos de construcción de su espacio de desarrollo y de su rol para contribuir con el tejido social, dado que una débil cohesión se reconoce como un factor subyacente del riesgo de desastres.
. ENFOQUE DE INCLUSIÓN: Hace mención a aquellas relaciones que los grupos sociales establecen entre sí de cara a disfrutar del bienestar, integración y del reconocimiento social entre cada uno de ellos. Se entenderá como la valoración y el respeto a la diversidad, expresada a través de la igualdad de derechos individuales y colectivos, y de acceder a oportunidades que garanticen un adecuado desarrollo humano.
. ENFOQUE DE GÉNERO: Hace referencia a tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito dados en una política. Asimismo, involucra el reconocimiento de la existencia de un conjunto de relaciones de poder que definen la división del trabajo y las normas, valores e ideologías acerca de la masculinidad y la feminidad que se asocian a dicha división.
2.2. Principios Rectores
Se entenderán los siguientes seis principios rectores establecidos en este instrumento, como aquellos que representan preceptos fundamentales extraídos de los marcos normativos nacionales vigentes, agendas internacionales y la experiencia que les precede. Los siguientes principios cumplen con el rol de inspirar, integrar e interpretar diversas iniciativas que se desprenden de estos instrumentos.
. PREVENCIÓN: Las medidas asociadas a protección, y en concreto a la RRD, deben tener al centro de su actuar a las personas, para cautelar la vida, respetar los modos de vida y reconocer la diversidad, en todas las fases del ciclo GRD desde un enfoque transversal.
. SOSTENIBILIDAD: Las medidas asociadas a la RRD deben considerarse como una de las principales estrategias para alcanzar el desarrollo sostenible, implicando medidas armoniosas en las dimensiones social, económica y ambiental.
. CO-RESPONSABILIDAD: La GRD debe convocar a todos los actores y niveles de la sociedad e invitarlos a participar activamente en la RRD. Este principio apunta a fomentar la comprensión de que el riesgo sea considerado como un constructo social. Así también, es interés de esta Política que su implementación y seguimiento, tal como lo fue su diseño, sean participativos, apelando al ODS 17 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que invita a la construcción de alianzas para la consecución de objetivos, en los que el esfuerzo colectivo es el mejor y más efectivo mecanismo para alcanzar desafíos nacionales.
. EQUIDAD: Las medidas asociadas a la RRD deben alcanzar a todos quienes participan de la sociedad, especialmente a aquellos grupos más vulnerables frente a situaciones de riesgo, como pueden ser: las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad o de dependencia en algún ámbito, migrantes, refugiados, entre otros, y también de aquellos que viven en territorios más expuestos.
. SEGURIDAD: Las acciones realizadas en todo el ciclo de GRD deben enfocarse en prevenir nuevos escenarios de riesgo y mitigar los existentes, con el compromiso de todos los sectores y actores de la sociedad. Dichas acciones deben priorizar absolutamente la protección de la vida e integridad de las personas, y promover el auto y mutuo aseguramiento como una forma de contribución a una sociedad más resiliente, inclusiva y solidaria.
. COORDINACIÓN: Para una óptima GRD es necesario el compromiso, involucramiento y la participación articulada de todos los sectores y actores de la sociedad –público, privado, sociedad civil, academia–, en coherencia con los lineamientos nacionales e internacionales, a sus roles y responsabilidades en este ámbito y a los principios que rijan el Sistema.
2.3. Alcances
Por una parte, la implementación de una política pública busca la consecución de acciones definidas a mediano y largo plazo, y por otra, tener la capacidad de ser un instrumento versátil que permita que los objetivos trazados se logren de diversas maneras, teniendo la flexibilidad para adecuarse o generar rectificaciones conforme a los avances, procesos y contexto por los cuales el país, y el concierto internacional, transite.
Así también, este instrumento nacional busca generar cambios estructurales profundos frente a la GRD, consolidando hitos que ya se han empezado a desarrollar mediante la implementación de los diversos instrumentos de planificación existentes en el país, impulsados por la política anterior.
Esta Política encuentra su total completitud cuando su respectivo Plan Estratégico Nacional esté en marcha, visto éste como el instrumento que permite su apropiada y oportuna implementación por el período 2020-2030. Sin duda, éste requerirá de un ejercicio de revisión periódica a través de mecanismos de control que ONEMI disponga y comunique.
Así también, resulta relevante mencionar que esta Política necesitará de ciertas condiciones habilitantes que favorezcan la apropiación sectorial y territorial de los compromisos plasmados en su Plan.
La presente Política define dos alcances, a saber:
. TERRITORIALIDAD: Conlleva a que su implementación se realice de manera coordinada en todos los niveles de la división político-administrativa del país: comunal, provincial, regional y nacional; pudiendo escalar su alcance incluso a niveles internacionales ante determinadas situaciones. Sin perjuicio de lo anterior, la gestión integral del riesgo debe considerar, en el futuro, otras unidades de planificación y/o delimitación territorial, como lo son las cuencas hidrográficas, macrozonas de biodiversidad, entre otros espacios físicos confluyentes que trasciendan fronteras y límites geográficos. Este alcance invita a considerar permanentemente el espíritu de una política pública participativa, que inspire iniciativas descentralizadas, en que el flujo de retroalimentación sea bidireccional. De esa manera, los productos derivados serán pertinentes a las especificidades y particularidades de la población y el territorio, y por consiguiente propenderán a un mayor espíritu de apropiación de la RRD.
. TEMPORALIDAD: Considerando que muchas de las acciones derivadas de los lineamientos propuestos en la presente política pública son de desarrollo e implementación gradual y de larga permanencia, se requiere la continuidad de éstas en el tiempo, trascendiendo a los períodos de gobierno. Esto además se fundamenta en el hecho de que el horizonte de este instrumento es al 2030, en plena sintonía con el Marco de Sendai para la RRD y la Agenda para el Desarrollo Sostenible, por ello requiere de un compromiso amplio para el logro de los objetivos aquí propuestos. Las directrices que emanen de esta Política requieren de la voluntad continua del Estado de Chile, impulsando a un ejercicio de visión futura para el desarrollo y actualización de los compromisos.
2.4. Objetivo
Establecer las directrices para fortalecer la GRD, impulsadas y coordinadas desde el Estado de Chile, que consideren todo el ciclo de gestión del riesgo, fomentando una articulación sinérgica entre los diversos actores de la sociedad, en pos del desarrollo sostenible y el carácter resiliente de territorios y comunidades.
2.5. Ejes Prioritarios
Inspirados en el Marco de Sendai, los ejes de la Política han sido adecuados en su formulación para capturar brechas que se han detectado, focalizando y priorizando aspectos estratégicos a través de la implementación de instrumentos nacionales, como también para apegarse a la realidad nacional vigente.
Al igual que su predecesora, esta Política cuenta con una arquitectura que contempla 5 Ejes Prioritarios, de los cuales derivan 25 Objetivos Estratégicos. El siguiente nivel de aplicación corresponderá a la definición de Acciones Estratégicas, las que a través de indicadores, metas y plazos, darán vida al PENRRD 2020-2030. Este último será el que permita dar seguimiento a la implementación de los indicadores que se establezcan en concordancia con los marcos internacionales citados (ver figura Nº 3).
Figura Nº 3: Arquitectura Política Nacional para la RRD
Fuente: ONEMI.
2.6. Objetivos Estratégicos
Eje 1: Comprender el Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN
Este eje prioritario pretende recoger e impulsar aquellos aspectos necesarios para propiciar una cabal comprensión y entendimiento del riesgo de desastres en todos los niveles, y de manera transversal en el Estado, sector privado, sociedad civil, academia y comunidad en general. De la mano de la investigación, el conocimiento, el diálogo, la recuperación de la memoria histórica, la ciencia, innovación y tecnología, todos los actores de la sociedad deben ir fortaleciendo una fundada percepción del riesgo para fomentar con ello una cultura de prevención y autoaseguramiento. Esta apropiación requiere de un enfoque multidimensional, que reconozca el carácter multicausal del riesgo de desastres.
RESULTADO ESPERADO AL 2030
Chile poseerá una estructura que le permita a la sociedad chilena comprender su entorno, el riesgo de éste y sus potenciales impactos, de forma prospectiva y multidimensional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Eje 2: Fortalecer la Gobernanza de la Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN
Este eje prioritario dará continuidad al trabajo de fortalecimiento institucional iniciado con la Política antecesora. Dado el desarrollo del proceso de construcción de la GRD en el país, es necesario profundizar en los avances que permitan alcanzar una gobernanza sólida y sinérgica que aúne voluntades y compromisos concretos de todos los actores del Sistema. Esto con el fin de impulsar, fortalecer e implementar iniciativas con el debido y amplio respaldo de las partes involucradas, a través de la participación activa y co-construcción. Dicho proceso, permitirá empoderar a los diferentes sectores, brindándoles la capacidad de tomar decisiones con énfasis en una gestión integral y prospectiva del riesgo de desastres. Lo anterior, permitirá robustecer el motor de interacción de los diversos sectores del país en torno a esta temática, velando por que los procesos e instituciones sean transparentes, pluralistas, participativos y equitativos.
RESULTADO ESPERADO AL 2030
Chile contará con una institucionalidad que promueva la colaboración y coordinación de los distintos sectores, así como la participación activa de los actores nacionales, para una eficiente y efectiva GRD que aporte al desarrollo sostenible del país.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Eje 3: Planificar e Invertir en la Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia
DESCRIPCIÓN
Este eje prioritario busca que los actores del Sistema asuman una actitud de compromiso permanente, que considere todo el ciclo de gestión del riesgo de desastres, preferentemente desde una visión prospectiva a lo largo de la vida útil de diversos proyectos e iniciativas que se diseñen y ejecuten, tanto en el sector público como privado. Requiere de un esfuerzo mancomunado donde prime la proactividad para promover iniciativas con énfasis en la prevención y preparación, y para que la sostenibilidad de éstas sea considerada desde su génesis. La construcción de resiliencia debe ser vista como un proceso gradual que se fundamenta en la inversión de medidas estructurales y no estructurales, por lo cual destinar/priorizar/movilizar recursos y capacidades (humanas, financieras, tecnológicas, entre otras) es fundamental en un país tan expuesto como Chile y que es un laboratorio natural para el conocimiento y gestión de los desastres.
RESULTADO ESPERADO AL 2030
Chile poseerá mecanismos permanentes y eficientes que promuevan la inversión y protección financiera, pública y privada, para aumentar la resiliencia.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Eje 4: Proporcionar una Respuesta Eficiente y Eficaz
DESCRIPCIÓN
Este eje prioritario releva el espíritu plasmado en el quinto eje de la Política antecesora, reflejando la importancia de la eficiencia y eficacia del actuar en la fase de respuesta. Resulta relevante reconocer lo fundamental de la planificación y la coherencia que las fases tempranas de recuperación deben recoger como componentes de un proceso complejo, particular y dinámico que se inicia en la fase de preparación. Para que la respuesta cumpla con estándares óptimos, sea adecuada, pertinente, oportuna y de calidad, se requiere a priori de un trabajo permanente coordinado, que permita el conocimiento y práctica de los diversos roles y responsabilidades, colectivos como también individuales, reconociendo igualmente las limitaciones de los distintos actores del Sistema.
RESULTADO ESPERADO AL 2030
Chile fortalecerá su capacidad de preparación a fin de dar una respuesta eficiente y eficaz ante desastres.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Eje 5: Fomentar una Recuperación Sostenible
DESCRIPCIÓN
Este eje prioritario apunta a considerar tempranamente la fase de recuperación, concibiendo medidas y acciones que apunten a la sostenibilidad de éstas, respetando los principios de la asistencia humanitaria en todas las acciones de mediano y largo plazo que se generen para superar la emergencia. En la medida que este proceso sea participativo e informado, la comunidad generará un mayor sentido de identidad y pertenencia con su entorno y mayor confianza en sus autoridades. Así también, se hace necesario el contar con estándares que permitan un actuar coordinado, faciliten planificar y focalizar medidas estratégicas y operativas que comprendan que la recuperación de los territorios es una oportunidad para nuevos desarrollos, articular los esfuerzos de los distintos organismos que intervienen, y por último aprender de las experiencias para incorporarlas en las actualizaciones a las que se sometan permanentemente los diversos instrumentos de gestión del riesgo de desastres. En resumen, este eje apunta a impulsar procesos, mecanismos y procedimientos que aseguren que tras la ocurrencia de un desastre se logren transformar las condiciones de riesgo preexistentes en condiciones de sostenibilidad y resiliencia, es decir, que durante la recuperación se avance conscientemente en la RRD para alcanzar un desarrollo sostenible.
RESULTADO ESPERADO AL 2030
Chile promoverá la RRD en sus procesos de recuperación integrales como estrategia para la sostenibilidad del desarrollo nacional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.7. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación
La implementación, seguimiento y evaluación de la Política, estará a cargo de la Plataforma la que, a través de ONEMI, deberá velar por su adecuada operación y permanente monitoreo.
La difusión de información resultante del seguimiento y evaluación se realizará a todos los actores del Sistema interesados. Será beneficioso que dichos receptores también puedan difundir estos resultados a través de los respectivos canales formales disponibles, con el afán de permear hacia los mayores usuarios posibles, multiplicando los espacios en los cuales los avances sean informados por diferentes plataformas de difusión, lo que contribuirá al mayor involucramiento y compromiso de cada vez más actores interesados.
El sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación abarcará indicadores relacionados con cobertura, impacto y logro, y cómo éstos se desarrollan y evolucionan en el tiempo. Lo más importante, es que a partir del año 2020 se espera que, a través de las metas y plazos que se definan en el PENRRD 2020-2030, Chile dé cuenta ante la comunidad internacional (Plataformas Regionales y Globales de Reducción del Riesgo de Desastres, organizadas por la Oficina de las Naciones Unidas para la RRD) de los avances alcanzados en las materias comprometidas.
Así también, será beneficioso no perder de vista la vinculación directa que tiene la Política con el cumplimiento del Marco de Sendai para la RRD, lo que será controlado mediante la plataforma web dispuesta por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (en adelante, "UNDRR") para dichos fines, apuntando finalmente a medir avances nacionales en aquellos indicadores globales establecidos comparando nuestro desempeño respecto del año 2005.
Dado el carácter de largo plazo de este instrumento, se propone un ciclo no superior a 5 (cinco) años para la revisión y eventual actualización de los compromisos intermedios propuestos en su respectivo PENRRD, proceso que deberá ser participativo y ajustado a los marcos normativos, institucionales y presupuestarios que se encuentren vigentes. Este proceso finalmente habilitará la periódica implementación de esta Política y su respectivo Plan.
III. ANEXOS
3.1. Glosario/Terminología
El presente ítem entrega definiciones oficiales para el Sistema, recogidas de marcos nacionales e internacionales modernos, como también de construcciones de grupos de trabajo ad hoc. Esta terminología permitirá un lenguaje común y facilitará la interpretación integral y objetiva de las distintas materias que aborda esta Política, así como su Plan Estratégico.
Acción Humanitaria
Conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres (desencadenados por catástrofes de origen natural o por conflictos armados), orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a frenar el proceso de desestructuración socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante desastres de origen natural. Puede ser proporcionada por actores nacionales o internacionales. En este segundo caso tiene un carácter subsidiario respecto a la responsabilidad del Estado soberano de asistencia a su propia población, y en principio se realiza con su visto bueno y a petición suya. La acción humanitaria encierra un contenido más amplio que el de la ayuda humanitaria. Incluye no sólo la provisión de bienes y servicios básicos para la subsistencia, sino también, sobre todo en contextos de conflicto, la protección de las víctimas y de sus derechos fundamentales mediante labores como la defensa de los derechos humanos, el testimonio, la denuncia, la intervención política y el acompañamiento.
Alerta
Constituye una etapa de la Fase de Preparación y consistirá en un estado de monitoreo y atención permanente; a la vez que será un estado declarado ante la ocurrencia de una emergencia o cuando se advierte la probable y cercana manifestación de un evento adverso, con el fin de tomar precauciones y difundirlas.
Amenaza
Fenómeno de origen natural, biológico o antrópico, que puede ocasionar pérdidas, daños o trastornos a las personas, infraestructura, servicios, modos de vida o medio ambiente.
Cambio Climático
Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.
Catástrofe
Situación con un nivel de afectación e impacto que requiere de asistencia internacional, como apoyo de las capacidades del país, a través de una coordinación de nivel nacional.
Daños
Comprende la afectación que se produce durante y/o inmediatamente después de una emergencia. Se suelen cuantificar en unidades físicas (por ejemplo: metros cuadrados de vivienda, kilómetros de carretera) y describe la destrucción parcial o total de bienes físicos, la disrupción de los servicios básicos y la afectación de los medios de vida en la zona comprometida.
Desarrollo Sostenible
El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras.
Desastre
Situación con un nivel de afectación e impacto que requiere de asistencia internacional, como apoyo de las capacidades del país, a través de una coordinación de nivel nacional.
Emergencia
Aquel evento grave o la inminencia de éste, que altere el funcionamiento de una comunidad debido a la manifestación de una amenaza de origen natural, biológico o antrópico, que interacciona con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad de afrontamiento, ocasionando una o más de las siguientes afectaciones: pérdidas, impactos humanos, materiales, económicos o ambientales.
Exposición
Está definida por la localización de la población, infraestructura, servicios, medios de vida, medio ambiente u otros elementos presentes en un área de impacto producto de la manifestación de una o varias amenazas.
Factores Subyacentes del Riesgo de Desastres
Son entendidos como aquellos procesos que subyacen y determinan la vulnerabilidad, tanto física como social y que contribuyen, impulsan, conducen o determinan de forma importante a la construcción, creación o existencia de condiciones de riesgo de desastres en la sociedad.
Gestión del Riesgo
El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales.
Gestión del Riesgo de Desastres
Es el proceso continuo de carácter social, profesional, técnico y científico de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, regulaciones, instrumentos, estándares, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la RRD, con el propósito de evitar la generación de nuevos riesgos de desastres, reducir los existentes y gestionar el riesgo residual. También considerará, además de la organización y gestión de los recursos, las potestades y atribuciones que permitan hacer frente a los diversos aspectos de las emergencias y la administración de las diversas fases del ciclo del riesgo de desastres.
Gobernanza
Se refiere al sistema de valores, políticas e instituciones por medio de las cuales una sociedad administra sus asuntos económicos, políticos y sociales a través de interacciones dentro del Estado, y entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Es el modo en que una sociedad se organiza para tomar e implementar decisiones logrando un entendimiento, acuerdo y acción mutuos.
Infraestructura Azul
Aquellos elementos del paisaje (urbano o rural) vinculados a cursos de agua. Pueden ser piscinas, embalses, tranques, estanques y sistemas de estanques, lagos, lagunas, humedales, piscinas retenedoras, o canales, en general todo elemento asociado a un curso de agua, sea de origen natural o artificial. En permanente interacción con Infraestructuras verdes.
Infraestructura de Protección
Conjunto de elementos en los edificios que están diseñados para proteger la vida humana y los bienes sociales contra diferentes amenazas, tales como inundaciones, aludes, inundaciones repentinas, tsunamis, terremotos, vientos y marejadas ciclónicas, entre otras. Entre los ejemplos de infraestructuras de protección, se pueden mencionar los siguientes: Muros de protección contra inundaciones y muros de contención o barreras fluviales; Sistemas de desagüe y elementos de refuerzo del terreno para evitar derrumbes; Canales, represas, diques y otros mecanismos para regular el agua; Barreras costeras contra marejadas ciclónicas y tsunamis; Sistemas de albergue y refugio en caso de ciclones y tornados e Infraestructura para monitorear amenazas y sistemas de alerta temprana.
Infraestructura Ecológica
Es una red interconectada de ecosistemas naturales, seminaturales y antropogénicos que, en su conjunto, contribuyen a mantener la biodiversidad, proteger las funciones y los procesos ecológicos para asegurar la provisión de servicios ecosistémicos imprescindibles al bienestar de la sociedad.
Para fines de estos instrumentos, se entenderá como sinónimo del concepto Infraestructura Verde, que es empleado en el Marco de Sendai para la RRD.
Medidas Estructurales
Cualquier construcción física para reducir o evitar los posibles impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a las amenazas.
Medidas No Estructurales
Cualquier medida que no suponga una construcción física y que utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la capacitación y la educación.
Mitigación
Comprende las medidas dirigidas a reducir los riesgos existentes, evitar la generación de nuevos riesgos y limitar los impactos adversos o daños a las personas, infraestructura, servicios, medios de vida o medio ambiente producidos por las amenazas.
Modos de Vida
Un medio de vida se compone de las capacidades, activos (tanto recursos materiales como sociales) y actividades necesarias para vivir. Modo de vida, por su parte, comprende las posibilidades, los activos (incluidos los recursos tanto materiales como sociales) y las actividades necesarias para procurarse el sustento. Un medio y un modo de vida son sostenibles cuando pueden afrontar y recuperarse de rupturas y caídas bruscas, y mantener sus capacidades y activos tanto en el presente como en el futuro sin socavar las bases de sus recursos naturales (FAO).
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
Contempla el ámbito en que los ciudadanos y los movimientos sociales se organizan en torno a determinados objetivos, grupos de personas, o temas de interés. En las organizaciones de la sociedad civil tienen cabida tanto las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como las organizaciones populares -formales o informales- y otras categorías, como los medios de comunicación, las autoridades locales, los hombres de negocio y el mundo de la investigación.
Pérdidas Económicas
Impacto económico total, compuesto de pérdidas económicas directas y pérdidas económicas indirectas. Pérdidas económicas directas: valor monetario de la destrucción total o parcial de los activos físicos existentes en la zona afectada. Las pérdidas económicas directas son casi equivalentes a los daños físicos, mientras que las pérdidas económicas indirectas: disminución del valor económico añadido a consecuencia de las pérdidas económicas directas o los impactos humanos y ambientales.
Preparación
Corresponde a una Fase del ciclo de GRD. Implica las capacidades y habilidades que se desarrollan para prever, responder y recuperarse de forma oportuna y eficaz de los impactos de amenazas inminentes o emergencias.
Protección Financiera
Es el proceso de la GRD que busca la combinación óptima de mecanismos o instrumentos financieros de retención y transferencia del riesgo para poder acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos, lo cual mejora la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de desastres (eventos menores y recurrentes y grandes desastres de baja recurrencia) y protege el balance fiscal del Estado.
Recuperación
Es una Fase del ciclo de GRD. Corresponden a las acciones que tienen por objeto el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante las etapas de rehabilitación y reconstrucción del área afectada, evitando la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes.
Reconstrucción
Es una de las etapas de la fase de Recuperación según el ciclo de GRD. Consiste en la reparación o reemplazo, a mediano y largo plazo, de la infraestructura dañada; y la restauración o perfeccionamiento de los sistemas de producción.
Reducción del Riesgo de Desastres
La actividad orientada a la prevención de nuevos riesgos de desastres, la reducción de los riesgos de desastres existentes y a la gestión del riesgo residual, todo lo cual contribuye al desarrollo sostenible del país.
Rehabilitación
Es una de las etapas de la fase de Recuperación según el ciclo de GRD. Consiste en la recuperación, a corto plazo, de los servicios básicos y el inicio de la reparación del daño físico, social y económico de la zona afectada, durante el período de transición comprendido entre la culminación de las acciones de respuesta y el inicio de las acciones de reconstrucción.
Resiliencia
Da cuenta de un proceso dinámico asociado a la capacidad de un sistema y de sus componentes, tales como población, infraestructura, servicios, medios de vida o medio ambiente entre otros, para anticipar, resistir(8), absorber, adaptar y recuperarse de los efectos de un evento, de manera integral, oportuna y eficaz, incluso garantizando la preservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas.
Permite dimensionar la habilidad de un sistema con la cual una comunidad se recupera inmediatamente posterior a la ocurrencia de un evento, y cómo supera el estado existente previo al desastre. Cuentan para la evaluación de la resiliencia aspectos como la redundancia, rapidez, robustez y habilidad(9).
Respuesta
Corresponde a las actividades propias de atención de una emergencia, que se llevan a cabo inmediatamente de ocurrido el evento. Tienen por objetivo salvar vidas, reducir el impacto en la comunidad afectada y disminuir las pérdidas económicas.
Riesgo
Probabilidad de ocurrencia de muerte, lesiones y daños ambientales, sociales y económicos, en un territorio expuesto a amenazas de origen natural o antrópicas, durante un tiempo determinado. El riesgo de desastre es consecuencia de la interacción entre los factores de amenaza, vulnerabilidad y exposición.
-----------------------
(8) Se relaciona con la "coping capacity" o afrontamiento. Capacidad de las personas, organizaciones y sistemas, utilizando las habilidades y los recursos disponibles, para manejar condiciones adversas, riesgos o desastres.
(9) De la traducción del concepto "resourcefullness", que tiene relación con la capacidad de tratar con habilidad y prontitud nuevas situaciones, dificultades.
Sistema de Alerta Temprana
Comprende la suma de las políticas, estrategias, instrumentos y acciones particulares referidos a: la identificación y monitoreo de las amenazas, vulnerabilidades y riesgo; el diseño e implementación de alertas o alarmas relacionadas con el desarrollo inminente de eventos peligrosos; y los preparativos para la respuesta ante emergencias.
Vulnerabilidad
Aquellas condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, institucionales, económicos y/o ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes, infraestructuras o servicios o los sistemas a los efectos de las amenazas.
3.2. Referente Nacional
Tanto la normativa nacional como los compromisos internacionales asumidos por Chile, configuran deberes particulares del Estado en cada una de las fases del ciclo de GRD. De esta forma, todos los órganos de la administración pública tienen, según sus respectivas áreas de competencia, diferentes mandatos que apuntan a ejecutar acciones específicas de mitigación, preparación, respuesta y recuperación. En efecto, dichas obligaciones se fundamentan en los fines establecidos por la Constitución Política de la República de Chile, los principios generales de la administración del Estado y los acuerdos internacionales sobre RRD, desarrollo sostenible, entre otros.
Históricamente, la normativa chilena se ha caracterizado por estar centrada fundamentalmente en las acciones de manejo de emergencia y protección civil (BID, 2013), existiendo oportunidades para definir responsabilidades sectoriales y territoriales que faciliten la implementación de programas, proyectos y acciones tendientes a la RRD.
El Estado, en virtud de sus obligaciones constitucionales de protección y servicio a la población, tiene el deber de ejercer las competencias y atribuciones de cada uno de los organismos que integran el Sistema de manera proactiva, con el fin de reducir y gestionar el riesgo de desastres. Este deber incluye tanto las fases de respuesta y recuperación, como también la implementación de medidas prospectivas tendientes a la reducción sostenida del riesgo al que la población, sus modos de vida, ambiente e infraestructura, se ven expuestos.
Una interpretación integrada de las normas constitucionales, las normas generales de la administración del Estado y las atribuciones específicas de cada órgano que conforma el Sistema, permite hacer de la GRD una potestad pública. En efecto, diversos órganos de la administración del Estado, de manera vanguardista, han establecido diversas estrategias para considerar la GRD en su quehacer, respondiendo diligentemente así a las necesidades de su servicio y replicando ejemplos de buenas prácticas de otros organismos del Sistema. Lo anterior, ha permeado en sus orgánicas funcionales permitiendo mayor seguridad, continuidad y un mejor desempeño institucional y sistémico ante eventos adversos, ámbitos que en ocasiones no implica presupuesto adicional, sino una redistribución o priorización de gestiones que garanticen una visión más integral de la RRD.
3.2.1. ESTÁNDARES NACIONALES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS EN CHILE
El proceso de "Adecuación de Estándares para la Respuesta a Emergencias en Chile" se inició en el 2016. Liderado por la ONEMI contó con la participación de más de 20 instituciones públicas y el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Chile. Busca asegurar la protección de las personas en contextos de emergencia, reducir riesgos, generar espacios de recuperación sostenible.
En octubre de 2017 el Estado de Chile suscribió 35 Estándares Nacionales para la Respuesta a Emergencia. Estos sirven de guía para las acciones en materia de preparación y respuesta, promoviendo la necesidad de transmitir e involucrar al resto de actores del Sistema con el fin de institucionalizar e interiorizar los estándares como parte del quehacer, tendiente a mejorar las labores de acción humanitaria basadas en los principios del Derecho Internacional Humanitario (en adelante, "DIH").
El DIH es recogido por el Proyecto Esfera, el cual fue usado como línea de base a través de la Carta Humanitaria, la cual expresa las convicciones compartidas y los principios comunes relativos a la acción humanitaria y a las responsabilidades en situaciones de desastre o de conflicto armado. El DIH aporta lineamientos respecto a la forma y principios de actuación del actor humanitario (principios de protección, norma humanitaria esencial), y las normas mínimas/técnicas, proporcionando así el marco para su correcta interpretación e implementación.
3.3. Referentes Internacionales
Se describen brevemente aquellos compromisos internacionales que el país ha suscrito recientemente, permitiendo concluir que para el desarrollo sostenible son diversas dimensiones las que deben abordarse desde una óptica que integre al individuo y sociedad, así como su interacción con los bienes, infraestructura, ambiente y territorio.
Figura Nº 4: Integración de adaptación al cambio climático, desarrollo urbano, desarrollo sostenible y reducción del riesgo de desastres.
Adaptado del Artículo Técnico de la Secretaría de Naciones Unidas para el Cambio Climático (2017).
3.3.1. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
Chile, como país miembro de Naciones Unidas, adoptó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030(10) en el contexto de la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la RRD, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón). Aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 03 de junio del 2015, mediante Resolución Nº 69/283, nace como resultado de una serie de consultas entre las partes interesadas con el objeto de suceder, actualizar y dar continuidad a los compromisos y procesos iniciados en las décadas precedentes con el Marco de Acción de Hyogo (2005-2015). Así, Sendai se configura como el nuevo referente internacional en estas materias, actuando en plena coherencia con las agendas y acuerdos de horizonte 2030 impulsados al alero de Naciones Unidas.
Se estructura en torno a 7 Metas Globales, 38 Indicadores, 13 Principios Rectores y 4 Ejes Prioritarios o Principios de Acción. Estos últimos corresponden a:
a) Comprender el riesgo de desastres;
b) Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo;
c) Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, y
d) Aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz, y "reconstruir mejor" en los ámbitos de la recuperación, rehabilitación y la reconstrucción.
Se reconoce en este instrumento que las acciones tendientes a la efectiva RRD deben contar con un respaldo político e institucional que vele por la adecuada y oportuna implementación de las iniciativas emanadas y que garanticen su respectiva sostenibilidad. En este sentido, al tratarse de una estrategia internacional de largo plazo, se proponen algunos cambios en relación a conceptos elementales de la GRD, instando a los Estados y Gobiernos a integrar estas nociones de manera prioritaria y transversal en sus políticas, programas, planes y otras herramientas.
Adicionalmente, resulta de interés señalar que los ejes de este nuevo marco internacional para la RRD guardan plena sintonía con los seis (6) componentes necesarios para la implementación efectiva de las políticas, estrategias y prácticas tendientes a la RRD que la metodología de Gobernabilidad y Políticas Públicas del Banco Interamericano de Desarrollo(11) (BID) promueve para evaluar la existencia y vigencia de condiciones legales, institucionales y presupuestarias, de modo tal de que los procesos de GRD se implementen adecuadamente. En este sentido, dichos componentes son: Marco General de Gobernabilidad para la GRD; Identificación y Conocimiento del Riesgo; Reducción del Riesgo; Preparativos para la Respuesta; Planificación de la Recuperación Post-Desastre y Protección Financiera.
-----------------------
(10) https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf.
(11) Chile fue uno de los 11 países de Latinoamérica que fue evaluado en el año 2013 bajo la metodología del iGOPP (Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas para la GRD) obteniendo un rango incipiente (28.57%).
3.3.2. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible(12) fue adoptada el 25 de septiembre de 2015 durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, como Primera Resolución del 70º período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Esta Agenda, negociada y consensuada por 193 Estados miembros de Naciones Unidas, incorpora de manera holística las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económico y medioambiental) y hace un llamado a enfrentar los nuevos desafíos mundiales a partir de un nuevo esquema de cooperación y responsabilidad común entre los países, asumiendo las particularidades regionales y nacionales existentes entre ellos.
Se gesta como la principal carta de navegación global para avanzar con políticas de Estado que aborden las dimensiones del desarrollo sostenible. En virtud de lo anterior, la Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan ampliar lo alcanzado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como aportar mejoras en su implementación. Los ODS definidos para el período 2015-2030 son los que se ilustran en la figura Nº 5.
Cabe destacar que la Agenda 2030 trae consigo 169 metas y 231 indicadores globales, los cuales se caracterizan por ser integrados e indivisibles, de aplicación universal y no jerarquizados. En este sentido, la implementación, revisión y seguimiento de este proceso, será realizado en tres niveles: global, regional y nacional.
Como una reflexión adicional, es necesario tomar la adaptación al cambio climático como una oportunidad para alcanzar un desarrollo más sostenible y resiliente y, de este modo, evitar sus potenciales impactos a la salud pública, la seguridad alimentaria e hídrica, la migración, la paz y la seguridad.
Figura Nº 5: Esquema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU (2015).
Se destacan los ODS que tienen vinculación directa con el Marco de Sendai.
En el ámbito nacional, esta agenda se ha instalado como prioridad para el Gobierno de Chile. Por esto, se han incorporado mecanismos institucionales destinados a velar por la integración efectiva de estas dimensiones en las políticas públicas nacionales.
A través del compromiso de la Agenda 2030 "asegurar que nadie se quede atrás", esta Política velará por considerar y relevar a los agentes de cambio o "actores pertinentes" que Sendai define en cada una de las iniciativas que se desprendan, respetando las particularidades territoriales y comunitarias para que las medidas propuestas sean congruentes a los principios que inspiran este instrumento nacional.
-----------------------
(12) http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf.
Por último, mencionar que indicadores para la medición de los ODS's 1, 11 y 13 hacen mención explícita a indicadores del Marco de Sendai relacionados a las Metas A, B, C, D y E, como se ilustra en la figura Nº 6.
Figura Nº 6: Relación entre Indicadores del Marco de Sendai y la Agenda para el Desarrollo Sostenible.
3.3.3. Acuerdo de París, Conferencia de las Partes (COP 21)
En el marco del 21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas(13), 175 estados adoptaron el llamado "Acuerdo de París" que se instala como el principal Foro Internacional que promueve la respuesta política sobre la actual realidad climática y, en particular, sobre el cambio climático y el calentamiento global. En consecuencia, se establece que el cambio climático corresponde a una amenaza apremiante con potencialidad de generar efectos adversos irreversibles tanto en el entorno como en las sociedades humanas. Con esto, se exige con urgencia la necesidad de aunar esfuerzos hacia una respuesta nacional efectiva y apropiada que apunte a contribuir con la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Su importancia radica en que luego de más de 20 años de negociaciones, se logró un acuerdo multilateral vinculante, en el que los países signatarios se comprometieron a cooperar para acelerar la aplicación de las convenciones y protocolos precedentes -Kyoto-, a fin de aumentar el alcance y ambición de las acciones concretas destinadas a generar beneficios duraderos de largo plazo.
Este acuerdo internacional, con categoría de tratado internacional vinculante, también adquiere relevancia en las acciones destinadas hacia la RRD pues en él se reconoce explícitamente la importancia que ha ido adquiriendo el cambio climático como un factor impulsor y modulador del riesgo de desastres, evidenciándose mediante diversas manifestaciones en escenarios globales, regionales y locales. Prueba de ello, ha sido el aumento, en frecuencia e intensidad, de eventos meteorológicos, hidrometeorológicos y climáticos extremos y en el caso de Chile, se ha visto afectado por una extensa sequía en parte del territorio nacional. A raíz de esto, a septiembre de 2020 se encuentran vigentes 16 Decretos de Escasez Hídrica vigentes que afectaban a 109 comunas del país según reporte de la Dirección General de Aguas del MOP.
Por último, destacar que este acuerdo explícitamente reconoce y se articula con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en cuanto al ODS 13 destinado a la Acción por el Clima.
-----------------------
(13) https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf.
3.3.4. Habitat III, Nueva Agenda Urbana
En el marco de la Resolución 66/207 adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas y acorde a los ciclos de sesión bi-decenial (1976, 1996 y 2016) llevados a cabo, se convocó a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Habitat III. El propósito de esta conferencia consiste en renovar el compromiso hacia una urbanización sustentable y en enfocar los esfuerzos en la elaboración e implementación de una Nueva Agenda Urbana, tomando como línea de base las Agendas Habitat precedentes.
En contraposición a las Conferencias anteriores de este tipo, esta agenda plantea un cambio de paradigma radical al proponer un nuevo enfoque y tratamiento en los principios básicos de la urbanización, su relación con la sociedad, el desarrollo económico y el entorno. Lo anterior, transversalizando e integrando criterios comunes presentes en otros acuerdos, marcos e instrumentos internacionales. En este sentido, Habitat III plantea una mirada amplia y holística sobre los procesos de desarrollo de asentamientos humanos, abogando por ciudades más resilientes, compactas y participativas, entre otros preceptos que impulsa.
Esta nueva hoja de ruta promueve acciones para alcanzar un mejor futuro urbano, abordando inclusiva y sosteniblemente los desafíos demográficos, sociales y ambientales, que se hacen cada vez más patentes y, que se espera, generarán impactos sin precedentes. La explosiva urbanización y la falta de planificación efectiva producirán efectos importantes tales como la falta de vivienda adecuada, crecimiento de tugurios/asentamientos irregulares, aumento de la pobreza y desigualdad, cuestiones de seguridad, delincuencia, salud y contaminación, así como desastres socionaturales y aquellos relacionados con el cambio climático.
El documento consta de 175 puntos principales, los cuales se estructuran en base a tres principios fundamentales: a) no dejar a nadie atrás, lo que apunta hacia un desarrollo común y a eliminar la pobreza en todas sus formas y expresiones; b) promover economías urbanas sostenibles e inclusivas, resultante de una urbanización planificada, del acceso equitativo a oportunidades y recursos económicos; y c) garantizar la sostenibilidad ambiental, promoviendo uso de energía no contaminante, protegiendo ecosistemas y diversidad biológica, así como la adopción de estilos de vida saludable. Con esto, Habitat III se compromete en promover la reducción y gestión del riesgo de desastres "mediante el apoyo a la preparación de estrategias de reducción del riesgo de desastres y evaluaciones periódicas de los riesgos de desastres ocasionados por peligros naturales y antropogénicos, por ejemplo con categorías para los niveles de riesgo, al tiempo que se fomenta el desarrollo económico sostenible y se protege a todas las personas, su bienestar y su calidad de vida mediante infraestructuras, servicios básicos y planificaciones urbanas y territoriales racionales desde el punto de vista ambiental(14)".
De manera complementaria, la aplicación de esta agenda contribuye a la implementación integrada del Acuerdo de París (COP21) y la Agenda 2030, particularmente en cuanto al ODS 11 para lograr ciudades y comunidades sostenibles.
3.3.5. Declaración Cumbre Humanitaria
La Primera Cumbre Global Humanitaria, efectuada en Turquía el año 2016, nace como una respuesta colectiva, desde Naciones Unidas y sus países donantes, frente a la necesidad de impulsar un cambio de paradigma en la concepción de iniciativas destinadas a la asistencia humanitaria, pasando de la visión a la acción. Lo anterior, bajo el expreso reconocimiento de que el mundo se encuentra cursando un momento decisivo: la proliferación de situaciones cada vez más complejas, potenciadas por coyunturas críticas y sumado a factores amplificadores -de diversa índole- que han aumentado el saldo de individuos que requieren una asistencia humanitaria oportuna -si no inmediata-, colectiva y adecuada, que aplique los preceptos del DIH, sus cartas humanitarias asociadas y todos aquellos instrumentos atingentes. En efecto, para inicios del año 2016, se estimaban más de 125 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria, una cifra que solo encuentra precedente para la Segunda Guerra Mundial.
Esta instancia inédita, reunió a líderes de gobiernos, de empresas y de la sociedad civil, para trabajar en la creación de una Nueva Agenda para la Humanidad, como culminación de un proceso de consulta iniciado el año 2013. Es decir, con este instrumento, se apela a la responsabilidad de cada Estado para hacer frente a los nuevos desafíos mundiales, acogiendo el lema una Humanidad: nuestra responsabilidad compartida(15). La Cumbre Humanitaria puso énfasis especial en los nuevos fenómenos que deben ser incorporados en las acciones de la nueva Agenda Humanitaria, asociados al cambio climático que amenazan con desplazamientos de población producto de pérdidas de territorios por sequía o inundaciones; alterando no solo la habitabilidad sino también la seguridad alimentaria y medios de vida, entre otras consecuencias.
-----------------------
(14) Naciones Unidas. Nueva Agenda Urbana, Habitat III. 2016. http://habitat3.org/wp:content/uploads/NUA-Spanish.pdf.
(15) Lema Cumbre Humanitaria Mundial. Disponible en: http://www.un.org/es/conf/whs/index.shtml.
La coherencia entre marcos e instrumentos se esboza como un pilar necesario, tanto para conseguir una correcta implementación de éstos, como para garantizar una adecuada apropiación de los objetivos, metas y acuerdos, destinados a promover lineamientos comunes para la construcción de un futuro sostenible, con comunidades resilientes y equitativas, y ciudades inclusivas.
3.4 Metas Globales e Indicadores del Marco de Sendai para la RRD
Chile fue uno de los 187 países que el 18 de marzo del 2015 adhirió al Marco de Sendai RRD 2015-2030. Tras ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Grupo de Trabajo Intergubernamental Abierto de Expertos sobre Indicadores y Terminología relacionados con la RRD (OIEWG). El OIEWG recomendó 38 (treinta y ocho) indicadores para cada una de las siete metas globales del Marco de Sendai, que posteriormente fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en febrero de 2017 mediante Resolución A/71/644 del 01 diciembre 2016, y debida y oportunamente informados a los países miembros.
Se presentan a continuación los indicadores propuestos por el Marco de Sendai para cada una de las 7 Metas Globales, los que en algunos casos corresponden a indicadores compuestos y en otros casos son binarios, por ello la necesidad de que los organismos sectoriales responsables de su producción, análisis y publicación o reporte se familiaricen con ellos, evalúen su estado actual y propongan su cumplimiento en el mediano y largo plazo.
(1) A3 La magnitud del desastre en esta meta y las siguientes se define en el párrafo 15 del Marco de Sendai y se aplica a los desastres de pequeña y gran escala, frecuentes y poco frecuentes, súbitos y de evolución lenta, debidos a amenazas naturales o de origen humano, así como a las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos.
(2) C2 Se entiende que la agricultura abarca los sectores de cultivos, ganadería, pesca, apicultura, acuicultura y silvicultura, así como las instalaciones e infraestructura asociadas.
(3) C3 Los bienes productivos se desglosarían por sector económico, incluidos los servicios, con arreglo a las clasificaciones internacionales uniformes. Los países informarían sobre los sectores económicos pertinentes para sus economías. Esto se describiría en los metadatos asociados.
(4) C4 Los datos se desglosarían en viviendas dañadas y viviendas destruidas.
(5) C5 y D4 La decisión sobre los elementos de las infraestructuras vitales que vayan a incluirse en el cálculo se dejará a los Estados Miembros y se describirá en los metadatos acompañantes. Se incluirá cuando proceda la infraestructura de protección y la infraestructura verde.
(6) D8 La decisión sobre los elementos de los servicios básicos que vayan a incluirse en el cálculo se dejará a los Estados Miembros y se describirá en los metadatos acompañantes.
(7) Deberá proporcionarse información sobre los niveles de gobierno por debajo del nivel nacional que tienen responsabilidad respecto de la reducción del riesgo de desastres.
(8) La presentación de informes sobre la prestación o recepción de cooperación internacional para la reducción del riesgo de desastres se hará de conformidad con las modalidades que se apliquen en los países respectivos. Se alienta a los países receptores a proporcionar información sobre el monto estimado del gasto nacional en reducción del riesgo de desastres.
(9) Se insta a los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que proporcionen información sobre el número de personas evacuadas.
3.5 Proceso de Apropiación Nacional del Marco de Sendai para la RRD
De acuerdo a lo establecido por Naciones Unidas, cada país miembro debe recoger este nuevo referente internacional en materias de RRD y revisar su directa aplicabilidad acorde a la realidad y contexto nacional. Para ello, y siguiendo el ejemplo de la Agenda 2030, el Marco de Sendai debe pasar por revisión exhaustiva de los respectivos organismos técnicos que se ven directa o indirectamente convocados a pronunciarse respecto de algún indicador o meta global propuesta.
Este proceso de re-conocimiento ameritará en algunos casos una eventual interpretación/acotación de los indicadores señalados por el Marco de Sendai, de acuerdo al estado de instalación de dicha materia en el país, la que deberá expresarse en la plataforma de monitoreo dispuesta en marzo del 2018 por UNDRR para tales fines (https://sendaimonitor.unisdr.org/) de manera de precisar el alcance metodológico de algunos indicadores según corresponda. Para orientar este proceso, UNDRRR dispuso en abril del 2018, la versión en español de la guía técnica para el monitoreo y reporte en el progreso del logro de las metas globales del Marco de Sendai, la que facilitará la comprensión de cada indicador, proporcionando criterios comunes para generar una medición objetiva de cada país respecto de las metas globales dispuestas.
Así también, el país deberá identificar el estado inicial de los indicadores establecidos, reconociendo diferentes estadios, tales como: existencia de data (estadística deseable desde el año 2005), existencia de metodología de levantamiento de información y de su respectivo análisis, o carencia de ambos (ausencia de data y de metodología de captura). Ello, permitirá reconocer diferentes niveles de desarrollo y evaluar, conjuntamente con los organismos sectoriales responsables de la producción de dicha data, cómo avanzar en su plena caracterización y, por consiguiente, la medición en el mediano y largo plazo.
Cabe mencionar que tanto esta Política como su respectivo PENRRD 2020-2030, contribuyen directamente con la Meta E, apuntando a cumplir con el indicador E-1 establecido como meta al 2020.
3.6. Relación con Otros Instrumentos Sectoriales Nacionales
Esta Política deberá estar en sintonía con otras políticas públicas sectoriales que, por afinidad en las materias abordadas, por incidencia transversal o directa frente a alguna temática, por complemento en los enfoques o por otras razones estratégicas requieran que su implementación alcance plena sinergia en pos de un desarrollo integral y sostenible del país.
Durante el período de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2018, ONEMI fue invitada a participar en la formulación de otras políticas, estrategias, planes de acción u otros instrumentos sectoriales, pudiendo plasmar el carácter transversal de la GRD en los respectivos ámbitos de acción definidos según alcance de cada instrumento.
Por citar algunos de ellos, se puede mencionar la vinculación con otros instrumentos sectoriales los que, a la fecha de elaboración de esta Política, se encuentran en diversos niveles de tramitación:
1. Política Nacional de Ordenamiento Territorial, PNOT (COMICIVYT, Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio encabezada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo): orienta las acciones para el desarrollo de un territorio armónico, integrado, seguro, resiliente, e inclusivo, en su diversa y amplia geografía, permitiendo que se expresen sus potencialidades y propiciando la dinamización de sus riquezas económicas, ambientales, sociales y culturales, con una mirada de carácter nacional, a través del ejercicio de un proceso de desarrollo sustentable, que incorpore las dimensiones social, económica, con identidad territorial. Para ello, contiene principios, objetivos, estrategias y directrices a las que deberán sujetarse los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial. En especial, se vincula con GRD considerando que el ordenamiento territorial y gobernanza son algunos de los indicadores de desarrollo urbano que también son factores subyacentes del riesgo de desastres.
2. Política Nacional de Energía, 2050 (Ministerio de Energía): propone una visión que obedece a un enfoque sistémico, según el cual, el objetivo principal es lograr y mantener la confiabilidad de todo el sistema energético, al mismo tiempo que se cumpla con criterios de sostenibilidad e inclusión, y que contribuya a la competitividad de la economía del país. En definitiva, mediante estos atributos, se establece como objetivo avanzar hacia una energía sustentable en todas sus dimensiones. La vinculación con GRD se plasma en el Pilar 1: Seguridad y Calidad del Suministro, energía como motor de desarrollo, energía compatible con el medio ambiente y eficiencia y educación energética.
3. Política Nacional de Gestión Sustentable de la Montaña 2018-2030 (Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Medio Ambiente): Tiene por objetivo general reconocer y valorar las montañas como parte de la identidad nacional, propendiendo a su uso sustentable y propiciando el bienestar social, económico y ambiental de la población. Se vincula con ámbitos de GRD en lo que tiene relación con la seguridad de quienes habiten/visiten ambientes de montaña y cómo reconocen y enfrentan amenazas asociadas a este contexto.
4. Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2018-2030 (Ministerio del Medio Ambiente): establece, ordena y orienta las acciones que el Estado deberá ejecutar para aumentar la tasa de valorización de residuos hasta un 30% entre los años 2018 y 2030. En particular, existen compromisos de GRD relacionados a gestión de residuos como parte de las acciones de respuesta y planes específicos de emergencia por esta amenaza.
5. Plan Nacional de Derechos Humanos, 2018-2021 (Subsecretaría de Derechos Humanos): contiene el diseño e implementación de acciones encaminadas a la promoción y protección de los derechos humanos, con el objeto de avanzar en los desafíos pendientes en este ámbito y que derivan de los tratados y otras resoluciones internacionales, la Constitución y las leyes, desde una perspectiva transversal. Se relaciona con la GRD en ámbitos transversales como equidad territorial, de género y educación plasmando más de una decena de compromisos en este primer plan nacional.
6. Plan de Acción Nacional para el Cambio Climático, PANCC 2017-2022 (Ministerio del Medio Ambiente): El Plan tiene por objetivo general hacer frente a los desafíos que plantean en el corto y mediano plazo los impactos del cambio climático en el territorio nacional y promover la implementación de los compromisos adoptados por Chile ante la CMNUCC. El Plan busca constituirse en el instrumento articulador de una política climática transversal para el país en el corto y mediano plazo, mediante un marco orientador para todos los actores, estableciendo las bases para la acción de lago plazo.
7. Plan de Acción de Infancia y Adolescencia, 2015-2025 (Consejo Nacional de la Infancia): Su visión es que en Chile al 2025, los niños, niñas y adolescentes cuenten con las condiciones que garanticen el ejercicio de sus derechos de acuerdo a su curso de vida, sin distinción de origen social, género, pertenencia a pueblos indígenas, diversos sexualmente, en situación migratoria, en situación de discapacidad o cualquier otro factor de potenciales inequidades. En dicho plan, ONEMI se compromete a velar por la incorporación transversal y prioritaria del Enfoque de Derechos y Enfoque de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en la construcción e implementación de instrumentos destinados a la RRD, en todas las etapas del ciclo de GRD.
Anótese, tómese razón, comuníquese, regístrese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Víctor Pérez Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Juan Francisco Galli Basili, Subsecretario del Interior.