La presente ley establece normas en materia de migración y extranjería, con el objeto de regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de derechos y deberes, estableciendo una nueva institucionalidad para estos fines. Esta normativa viene a sustituir la contenida en el Decreto Ley 1094, de 1975, norma que quedará derogada desde su entrada en vigencia. Principios bases de regulación migratoria: - Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile, sin importar su condición migratoria. - El Estado promoverá, respetará y garantizará los derechos de los extranjeros en Chile, y también los deberes y obligaciones establecidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Una vez que un extranjero se encuentra lícitamente dentro del territorio nacional, su libertad de circulación en el territorio y su derecho a salir del mismo sólo podrán limitarse de acuerdo con tales normativas. Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas, hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado, para lograr su plena efectividad. El Estado asegurará a los extranjeros la igualdad ante la ley y la no discriminación. - Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él, elegir su residencia en el mismo y a salir del país. - A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, bajo criterios de admisión no discriminatoria. - Interés superior del niño, niña y adolescente. El Estado adoptará todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de sus derechos. - Procedimiento migratorio informado. Es deber del Estado proporcionar a los extranjeros información íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y deberes, los requisitos y procedimientos para su admisión, estadía y egreso del país, y cualquier otra información relevante, en idiomas español, inglés y lenguaje de señas. - Integración e inclusión. El Estado, a través de la Política Nacional de Migración y Extranjería, propenderá a la integración e inclusión de los extranjeros dentro de la sociedad chilena en sus diversas expresiones culturales, fomentando la interculturalidad. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones. - Migración segura, ordenada y regular. El Estado promoverá que los extranjeros cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus derechos. De igual forma, promoverá la migración segura y las acciones tendientes a prevenir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. - Respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera que sea su situación migratoria, para que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada ni violentada en razón de su género. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas, o de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico de migrantes, tendrán un trato especial por el Estado, en cuya virtud el Servicio Nacional de Migraciones podrá entregarles una visa que regule su permanencia. - No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito. - Principio pro homine. Los derechos reconocidos en esta ley serán interpretados según la norma más amplia o extensiva. A su vez, cuando se trate de restringir o suspender derechos se interpretará de acuerdo a la norma más restrictiva. La ley reconoce a los migrantes la protección de derechos laborales, acceso a la salud, a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal, a la educación, a la vivienda propia, envío y recepción de remesas y al debido proceso. Ingreso al país: Como principio general, la ley establece que corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio. La ley dispone que la entrada de personas al territorio nacional y salida de él deberá efectuarse por pasos habilitados, los que deberán ser determinados por el Presidente de la República, con los correspondientes documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales. A los extranjeros se les podrá autorizar el ingreso a Chile como titular de permiso de permanencia transitoria, o como residente oficial, temporal o definitivo. Se establece la exención de visa como regla general, pudiendo exigirse por motivos calificados de interés nacional o de reciprocidad internacional. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros deberán ingresar al país acompañados por su padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, o con autorización escrita de uno de ellos, del tribunal o la autoridad competente; con todo, se iniciará el procedimiento aunque los menores no estén acompañados o no cuenten con documentos de viaje, quedando en tal caso al cuidado de la autoridad. Respecto de las prohibiciones de ingreso, la ley establece dos tipos, con sus correspondientes causales: prohibitivas (que deben aplicarse, por ejemplo: condenas o procesos penales vigentes registrados en INTERPOL, pertenencia a grupos terroristas, traficantes de armas o de personas, quienes tengan enfermedades catalogadas, ingreso por paso no habilitado o con documentos falsos, etc), y facultativas (que podrán aplicarse). El afectado contra quien se aplicaren tiene derecho de reclamar de la medida, mediante un procedimiento de reclamación administrativa especial. Categorías migratorias: Se distingue entre permanencia transitoria y residencia, la que puede ser de tres clases: oficial, temporal, y definitiva. Permanencia transitoria: es el permiso otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones a los extranjeros que ingresan al país sin intenciones de establecerse en él, que los autoriza a permanecer en territorio nacional por un periodo limitado, acreditando contar para ello con medios lícitos de subsistencia. Esta autorización tiene una vigencia de 90 días, prorrogables por igual período, sin perjuicio de la facultad de la Subsecretaría del Interior de limitar dicho plazo a un período menor, por razones de orden público. No habilita para desarrollar en el país actividades remuneradas, salvo actividades específicas y esporádicas, tales como integrantes y personal de espectáculos públicos, deportistas, conferencistas, asesores y técnicos expertos. Residencia oficial: es el permiso de residencia otorgado a los extranjeros que se encuentran en misión oficial reconocida por Chile, y a los dependientes de los mismos. El otorgamiento y rechazo de este permiso de residencia será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este permiso caducará treinta días después del término de las misiones oficiales que desempeñen en el país, y no habilita para realizar actividades remuneradas que no sean las de tales misiones. Residencia temporal: es el permiso de residencia otorgado a los extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado, de hasta dos años prorrogables por igual período, el cual habilita para desarrollar actividades remuneradas. Este permiso puede concederse a quienes acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, como también a aquellos que busquen ingresar al país por alguna razón concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería. La ley establece que por decreto se definirá la nómina y los requisitos de las subcategorías de residencia temporal, fijando una lista de situaciones que debe contemplar a lo menos, por ejemplo: trabajos de temporada, estudios, solicitud de búsqueda de oportunidades laborales ante los consulados chilenos en el exterior, razones humanitarias, etc. Residencia definitiva: es el permiso para radicarse indefinidamente en Chile, que autoriza a desarrollar cualquier actividad lícita sin otras limitaciones que las que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias. Sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos que la ley establece. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, previo informe del Servicio, podrá conceder la residencia definitiva por gracia a aquellos extranjeros que califiquen a dicho beneficio, conforme a la Política Nacional de Migración y Extranjería. Nacionalización: La nacionalidad chilena se otorgará conforme al decreto supremo Nº 5.142, de 1960, del Ministerio del Interior, con la posibilidad de acceder a la nacionalización calificada para aquellos residentes definitivos que acrediten dos años de residencia continuada en el territorio nacional, y que tengan alguno de vínculos que esta ley establece. La ley regula las causales de rechazo y revocación, imperativa y facultativa, de los permisos de residencia, los que se dispondrán por resolución fundada del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, debiendo indicar un plazo para que la persona abandone del país, que no podrá ser inferior a 5 días. La ley establece que se podrá conceder residencia con asilo político a los extranjeros que se vean forzados a solicitarlo ante alguna misión diplomática chilena o en su ingreso al territorio nacional, en resguardo de su seguridad personal y en razón de las circunstancias políticas de su país de residencia, como también a quienes, por motivos calificados que hayan surgido, se vean impedidos de regresar a sus países. Un asilado político no podrá ser expulsado hacia un país donde corra peligro. Obligaciones que establece la ley: Quienes operen medios de transporte internacional no podrán transportar con destino a Chile a los extranjeros que no cuenten con la documentación que les habilite para ingresar al país, debiendo hacerse cargo de la reconducción de quienes sean rechazados por este motivo, sin perjuicio de los viajeros que se encuentren en tránsito hacia otros destinos. Los empleadores solo podrán contratar a extranjeros que estén en posesión de algún permiso de residencia o permanencia que los habilite para trabajar, o a quienes se encuentren autorizados para ello. Infracciones y sanciones: - La ley regula las infracciones migratorias distinguiéndolas entre graves y menos graves. Son infracciones graves el facilitar o promover el ingreso o egreso ilegal, conducir desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación correspondiente, el no entregar listado de pasajeros por parte de las empresas de transporte, la negativa a hacerse cargo de la reconducción, hacer abandono del país sin pasar por control migratorio, emplear a extranjeros que no cuenten con autorización, el arriendo o subarriendo de piezas o habitaciones a extranjeros sin cumplir la carga de ocupación ni las exigencias y estándares que se establecen en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y la permanencia del extranjero en el país por más de ciento ochenta días corridos desde el vencimiento de su permiso de residencia o permanencia. - Las sanciones, impuestas por la autoridad previo procedimiento y resolución fundada por las causales que la ley señala, pueden ir desde amonestaciones y multas, hasta la expulsión del territorio y la prohibición de ingreso por plazos determinados, que van desde un mínimo de tres hasta un máximo de 25 años. - El extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora intentando ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no, o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso, previa acreditación de su identidad, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, según corresponda, debiendo en este último caso informarse a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso fronterizo por el cual se intentó el ingreso y estableciéndose a su respecto una prohibición de ingreso provisoria de seis meses. El extranjero tendrá derecho a ser oído por la autoridad contralora previo a la ejecución de la medida, a ser informado del procedimiento de reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes, a comunicarse con sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete. Esta medida será recurrible desde el exterior ante el Servicio Nacional de Migraciones, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos. Institucionalidad Migratoria - El Ministerio del Interior y Seguridad Pública es el encargado de colaborar con el Presidente de la República en la formulación, implementación y supervisión de políticas, planes y programas en materia de migración, correspondiéndole especialmente proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Migración y Extranjería, actualizarla y evaluarla. Para ejercer sus funciones relacionadas con esta ley cuenta con la colaboración inmediata de la Subsecretaría del Interior. La ley crea el Servicio Nacional de Migraciones, descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Este nuevo servicio tendrá como funciones, entre otras, la de llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones, planes y programas necesarios para su ejecución; autorizar o denegar el ingreso, la estadía y el egreso de las personas extranjeras al país; resolver las solicitudes de permisos de residencia y permanencia y la determinación de la vigencia de los mismos; decidir sobre cambios de categorías y subcategorías migratorias; determinar la expulsión de los extranjeros; tramitar las solicitudes de carta de nacionalización; aplicar las sanciones administrativas que corresponda a los infractores de la ley y su reglamento; recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país, y elaborar y desarrollar programas orientados a difundir y promover los derechos y obligaciones de los extranjeros. La ley establece un Registro Nacional de Extranjeros, administrado por el Servicio, de carácter reservado, entre cuyas menciones se encuentra la identificación de los extranjeros que se encuentren en el país, su categoría migratoria, vigencia de permisos, denegaciones y prohibiciones de ingreso, etc. La ley también crea el Consejo de Política Migratoria, compuesto por Ministros de Estado presididos por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, responsable de asesorar al Presidente de la República en la elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería. El control migratorio, esto es, las acciones para controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional, y ejecutar las medidas de expulsión, se mantiene encomendado a la Policía de Investigaciones de Chile, bajo la supervisión de la Subsecretaría del Interior. La ley también se refiere a las autoridades migratorias en el Exterior, rol ejercido por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las representaciones consulares de Chile, responsables de recibir, resolver y otorgar las solicitudes de autorizaciones previas o visas de permanencia transitoria, verificar que las declaraciones y documentos presentados por los solicitantes de un permiso de residencia sean auténticos, y recibir y remitir al Servicio las solicitudes de residencia que les sean presentadas. La ley dispone que existirá una Política Nacional de Migración y Extranjería y establece los elementos que se deben considerar para su elaboración, la que debe ser fijada por el Presidente de la República mediante decreto supremo expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y ser revisada por el Consejo al menos cada cuatro años, y sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para modificarla, en cuyo caso deberá informarlo a la comisión permanente de la Cámara de Diputados y del Senado ante la que se presentó la original, dentro del plazo de treinta días contado desde su publicación. Vigencia Dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la ley, el Presidente deberá, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, determinar la fecha de entrada en funcionamiento del nuevo Servicio Nacional de Migraciones y la entrada en vigencia de la planta del personal que fije, así como su estructura y dotación. Esta ley regirá una vez que se publique su Reglamento, que deberá elaborar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para lo cual dispondrá de un año desde que la ley se haya publicado en el Diario Oficial.
     
    Título VIII
    DE LA EXPULSIÓN

     
    Artículo 126.- Expulsión del territorio. La expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriere en alguna de las causales previstas en la ley para su procedencia.
    La medida de expulsión puede ser decretada por resolución fundada de la autoridad administrativa correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la ley Nº 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
   
    Artículo 127.- Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso séptimo del artículo 131, los que se regirán por dicha norma, las siguientes:
     
    1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el Nº 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.
    2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32, con excepción de la señalada en el número 2 de dicho artículo.
    3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado por resolución del Director Nacional del Servicio.
    4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.
    5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello, habiendo sido sancionado previamente por esta misma conducta.
    6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.
     
    Artículo 128.- Causales de expulsión de residentes. Son causales de expulsión del país para los titulares de un permiso de residencia:
     
    1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en los números 1 u 8 del artículo 32, salvo que se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.
    2. Incurrir durante su residencia en el país en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1, 5 u 8 del artículo 32.
    3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país señalada en el artículo 91, dentro del plazo fijado por resolución del Servicio.
    4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de residencia sin haber solicitado su renovación en el plazo de nueve meses, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 37, contado desde el vencimiento del mismo, salvo que por caso fortuito o fuerza mayor el extranjero no pudo realizar tal renovación.
   
    Artículo 129.- Consideraciones. Previamente a dictar una medida de expulsión, en su fundamentación el Servicio considerará respecto del extranjero afectado:
     
    1. La gravedad de los hechos en los que se sustenta la causal de expulsión.
    2. Los antecedentes delictuales que pudiera tener.
    3. La reiteración de infracciones migratorias.
    4. El período de residencia regular en Chile.
    5. Tener cónyuge, conviviente o padres chilenos o radicados en Chile con residencia definitiva.
    6. Tener hijos chilenos o extranjeros con residencia definitiva o radicados en el país, así como la edad de los mismos, la relación directa y regular y el cumplimiento de las obligaciones de familia, tomando en consideración el interés superior del niño, su derecho a ser oído y la unidad familiar.
    7. Las contribuciones de índole social, política, cultural, artística, científica o económica realizadas por el extranjero durante su estadía en el territorio nacional.
   
    Artículo 130.- Prohibición de expulsiones colectivas. Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectivas, debiéndose analizar y decidir cada caso en forma individual.
   
    Artículo 131.- Reconducción o devolución inmediata. El extranjero que ingrese al país mientras se encuentre vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional será reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su respecto se dicte una nueva resolución, válidamente notificada.
    Asimismo, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad contralora Ley 21655
Art. 2º a), b), c) y d)
D.O. 20.02.2024
intentando ingresar o habiendo ingresado al territorio nacional eludiendo el control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no, o que se haya internado al territorio nacional hasta 10 kilómetros del límite fronterizo terrestre o dentro del mar territorial, o intentando ingresar valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, contraviniendo la prohibición de ingreso del número 3 artículo 32, previa acreditación de su identidad y de su registro, será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, según corresponda, debiendo en este último caso informar a la autoridad contralora del país vecino colindante al paso fronterizo por el cual se intentó el ingreso y estableciéndose a su respecto una prohibición de ingreso provisoria de un año.
    La autoridad contralora informará de ello al Servicio para que éste determine el tiempo que durará la prohibición de ingreso, de conformidad al artículo 136. En caso de que dicha prohibición y su duración no sea dictada por el Servicio dentro de los siguientes seis meses de producido el hecho, la prohibición provisoria señalada en el inciso anterior quedará sin efecto de pleno derecho.
    Las medidas de reconducción o reembarco serán recurribles desde el exterior ante el Servicio, mediante presentación efectuada por el extranjero ante los consulados chilenos, desde donde se hará llegar a éste. El plazo para presentar el recurso será de quince días, a contar del momento de la notificación de la medida. Con todo, la interposición de este recurso no suspenderá la aplicación de la resolución de reconducción. Ello, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan.
    El extranjero que se encuentre en la frontera en situación de ser reconducido o reembarcado tendrá derecho a ser oído por la autoridad contralora previo a la ejecución de la medida, a ser informado del procedimiento de reconducción o reembarco al que será sometido y los recursos procedentes contra el mismo, a comunicarse con sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional, y a ser asistido por un intérprete conforme al artículo 5.
    No se reembarcará a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, secuestro o cualquiera otro delito que ponga en riesgo su vida. Para estos efectos se tendrá siempre en cuenta lo establecido en la ley Nº 20.430.
    Tampoco se reembarcará o devolverá a los extranjeros que sean sorprendidos de manera flagrante en la perpetración de un delito o sean requeridos o deban permanecer en el país por orden de los tribunales de justicia chilenos, en cuyo caso deberán ser puestos inmediatamente a disposición de éstos.
    Los extranjeros reconducidos o reembarcados conforme a este artículo deberán ser informados por escrito de los fundamentos de la medida aplicada, debiendo dejarse la constancia administrativa correspondiente, de conformidad al artículo 34.

     
    Artículo 132.- Forma de disponer la medida. Las medidas de expulsión de extranjeros serán impuestas por resolución fundada del Director Nacional del Servicio. El Director Nacional del Servicio, por resolución, podrá designar las regiones del país en las cuales las medidas de expulsión de titulares de permanencia transitoria serán impuestas por los directores regionales respectivos. Sólo en el caso que al afectado por la expulsión no le fuere aplicable lo prescrito en los incisos segundo y tercero del artículo 91, previamente a la dictación de la medida deberá ser notificado Ley 21589
Art. único N° 2 a) i.
D.O. 18.08.2023
personalmente o por carta certificada dirigida al último domicilio registrado en el Servicio o en la Policía de Investigaciones de Chile, salvo que éste hubiere registrado, ante cualquiera de ellas, un correo electrónico para su notificación. Efectuada dicha notificación tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de expulsión invocada. En la notificación señalada precedentemente o en los incisos segundo y tercero del artículo 91, se le informará al extranjero que, de aplicarse la medida de expulsión, podrá, conforme a la legislación aplicable, designar un mandatario que lo represente en defensa de sus derechos laborales y o previsionales, así como en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes.  SóloLey 21589
Art. único N° 2 a) ii.
D.O. 18.08.2023
en casos debidamente calificados, fundados en razones de seguridad interior o exterior, podrá disponer el Subsecretario del Interior, mediante resolución fundada, la medida de expulsión de extranjeros. El acto administrativo de este último deberá establecer el plazo de prohibición de ingreso al país que corresponda.
    TrLey 21589
Art. único N° 2 b)
D.O. 18.08.2023
atándose de la notificación por carta certificada, ésta se entenderá practicada al tercer día desde la fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda y, en el caso de la notificación por correo electrónico, ésta se entenderá efectuada al tercer día desde la fecha de su envío.

    ArtíLey 21589
Art. único N° 3
D.O. 18.08.2023
culo 132 bis.- En el caso de extranjeros que se encuentren en la causal del numeral 3 del artículo 32, la circunstancia de dar inicio al procedimiento establecido en el artículo anterior, consistente en la emisión del respectivo acto administrativo y su posterior notificación, deberá ser realizada por la Policía de Investigaciones de Chile al momento de efectuarse la respectiva denuncia, sin perjuicio de las facultades del Servicio Nacional de Migraciones.


   
    Artículo 133.- Revocación y suspensión. Las medidas de expulsión podrán ser revocadas o suspendidas temporalmente en cualquier momento por la misma autoridad que la dictó.
    En ningún caso la autoridad administrativa podrá revocar o suspender la medida de expulsión a aquellos extranjeros que hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada, de los delitos que merezcan pena aflictiva señalados en el numeral 5 del artículo 32.
     
    Artículo 134.- Ejecución de la medida de expulsión. Una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la resolución que ordena la expulsión, se podrá someter al afectado a restricciones y privaciones de libertad. Esta medida sólo podrá practicarse en el domicilio del afectado o en dependencias de la Policía, habilitadas especialmente al efecto, separados entre hombres y mujeres e independientes de las instalaciones destinadas a personas detenidas por otras causas legales y dando cumplimiento a los estándares de salud, higiene y habitabilidad que establecerá el reglamento. En ningún caso se aplicará esta medida a niños, niñas o adolescentes.
    Los extranjeros privados de libertad conforme al inciso anterior tendrán derecho a:
     
    1. Contactar a familiares, representantes legales, abogados y habilitados en derecho y recibir visitas de los mismos, garantizándose la privacidad de sus comunicaciones y otorgándose las facilidades correspondientes para contactarse telefónicamente con ellos.
    2. Ser informado dentro de las primeras dos horas del inicio de la medida y por escrito de los derechos y obligaciones que le asisten de conformidad a la ley, la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que se dispondrá según lo ordene el reglamento, debiendo en todo caso mantener a la vista de los afectados un listado actualizado de los datos de contacto de la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente.
    3. Recibir tratamiento médico y farmacológico cuando sea necesario, incluyendo en casos graves y justificados el traslado a centros de salud, interrumpiéndose en tal caso el plazo para ejecutar la expulsión, el que se reiniciará a partir de que el afectado sea dado de alta médica.
    4. Comunicarse con su representante consular.
    5. Solicitar un intérprete, si no habla o entiende el castellano.
    6. Recibir por escrito copia de toda la información que corresponda entregarle en su calidad de privado de libertad, conforme al artículo 5.
     
    En todo caso, el afectado podrá ser privado de libertad únicamente para hacer efectiva la expulsión por un plazo máximo de cincLey 21590
Art. único
D.O. 07.08.2023
o días corridos.


     
    Artículo 135.- Suspensión de la ejecución. No podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren vigentes.
    Asimismo, se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros que se encuentren sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.216, con excepción de lo establecido en el artículo 34 de dicho cuerpo legal.
     
    Artículo 136.- Disposición de prohibición de ingreso. La medida de prohibición de ingreso podrá disponerse por un plazo determinado y será formalizada mediante resolución exenta del Director Nacional del Servicio. Estas prohibiciones podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte.
    La determinación del plazo de prohibición de ingreso se fijará de conformidad a las siguientes reglas:
     
    1. El plazo podrá ser de hasta veinticinco años, en caso de incurrir el afectado en las causales 1 o 5 del artículo 32.
    2. El plazo podrá ser de hasta veinte años si el afectado incurriere en las causales del número 6 del artículo 32 o del número 1 del artículo 33, en este último caso en lo que se refiera a crímenes, así como en los demás procedimientos en que la causal invocada correspondiere a actos calificados por la ley chilena como crimen.
    3. El plazo podrá ser de hasta diez años si el afectado incurriere en la causal del número 1 del artículo 33, en lo que se refiera a simples delitos, así como en los demás procedimientos en que la causal invocada correspondiere a actos calificados por la ley chilena como simple delito o en que el afectado cometiera infracciones migratorias valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona.
    4. Los plazos de prohibición de ingreso por infracciones a las normas de la presente ley y su reglamento y que no constituyan conforme a la ley chilena crimen o simple delito, no podrán exceder del plazo de cinco años, sin perjuicio de lo establecido en los numerales precedentes.
    5. El plazo mínimo de prohibición de ingreso será de tres años.
     
    Para la fijación del plazo de prohibición de ingreso, el Servicio ponderará respecto del extranjero afectado las circunstancias señaladas en el artículo 129.
    El Subsecretario del Interior podrá autorizar el ingreso al país de personas afectas a estas prohibiciones, por una sola vez o de forma indefinida, mediante resolución exenta debidamente fundada, que justifique tal medida.
    El Servicio deberá mantener en el Registro Nacional de Extranjeros las prohibiciones de ingreso y las expulsiones que se encuentren vigentes, información que estará permanentemente a disposición de la Subsecretaría del Interior, de la Policía y Carabineros de Chile, así como de los consulados y embajadas chilenas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sus funcionarios se abstengan de otorgar autorizaciones previas de ingreso o visas, o permisos de residencia oficial a quienes figuren en dicho Registro. En caso de que se otorgaren, prevalecerá la medida de expulsión o prohibición de ingreso.