La presente ley tiene por objeto establecer el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituir la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres, y adecuar normas que indica. El Sistema Nacional de Prevención Respuesta está constituido por el conjunto de entidades públicas y privadas con competencias relacionadas con las fases del ciclo del riesgo de desastres, que se organizan desconcentrada o descentralizadamente y de manera escalonada, desde el ámbito comunal, provincial, regional y nacional, para garantizar una adecuada Gestión del Riesgo de Desastres, y comprende las normas, políticas, planes y otros instrumentos y procedimientos atingentes a la Gestión del Riesgo de Desastres. Los niveles de emergencia se pueden categorizar en: Emergencia menor, emergencia mayor, desastre y catástrofe. Asimismo, considera como fases del ciclo de riesgo de desastres las siguientes: Fase de mitigación, fase de preparación, fase de respuesta y fase de recuperación. La gestión de riesgos de los desastres se funda en los siguientes principios: Principio de prevención, apoyo mutuo, coordinación, transparencia, participación, escalabilidad, y oportunidad. En cuanto a la institucionalidad del Sistema, habrá un Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que será la instancia superior que se encargará de la planificación y la coordinación del Sistema a nivel nacional. Asimismo, habrá un Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cada una de las regiones del país, que se encargará de la planificación y coordinación del Sistema a nivel regional. Además, habrá un Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Finalmente, estará la Secretaría Técnica y Ejecutiva de los Comités recaerá a nivel nacional, regional, provincial y comunal, respectivamente, en el director nacional, el director regional, el funcionario que designe el director regional en la provincia y el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres. Por otro lado, se crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública mediante la coordinación de la Subsecretaría del Interior, y que será el servicio encargado de asesorar, coordinar, organizar, planificar y supervisar las actividades relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres del país. Dicho Servicio estará a cargo de un Director Nacional, quien será su jefe superior. En cada región existirá una Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, a cargo de un Director Regional, quien ejercerá su cargo conforme a los lineamientos de la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, a los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional y a las instrucciones del Director Nacional. Dentro de las adecuaciones a otras normas, especifica la función de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y otorga atribuciones ante alerta de amenazas a la Conaf, la Dirección General de Aguas, la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Servicio Nacional de Geología y Minería. Asimismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres podrá encomendar la construcción de viviendas de emergencia en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el municipio afectado, con el fin de atender los casos de destrucción de viviendas derivadas de emergencias o catástrofes, tales como terremotos, tsunamis, inundaciones, incendios u otras amenazas semejantes.
    Artículo 46.- Introdúcense en el decreto supremo N° 104, de 1977, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la ley N° 16.282, que fija disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes, las siguientes modificaciones:
                   
    1. En el artículo 3:
     
    a) Reemplázase la letra b) por la siguiente:
     
    "b) Autorizar la contratación, mediante licitación privada o trato directo, a los órganos y servicios indicados en el artículo 1 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, podrá ratificar aquellas medidas adoptadas, en los momentos posteriores a la ocurrencia de la emergencia que hubieren requerido de esta norma de excepción.".
     
    b) Derógase la letra c).
    c) Reemplázase en la letra d) la palabra "Autorizaciones" por "Autorizar".
    d) Derógase la letra e).
    e) Reemplázase en la letra f) la expresión "Autorización para rebajar" por "Autorizar la rebaja de".
    f) Deróganse las letras g), h) e i).
                   
    2. Derógase el inciso séptimo del artículo 5.
     
    3. En el artículo 8:
     
    a) Intercálase, entre los términos "subastas públicas" y el texto "en la zona afectada", la expresión "y las audiencias, y podrán prorrogar o suspender plazos".
    b) Reemplázase la expresión ", no pudiendo fijarse un plazo de suspensión superior a un año." por el siguiente texto: ". El plazo de suspensión podrá ser prorrogado cuantas veces sea necesario, y no podrá exceder el período total de suspensión la vigencia del decreto que declara la situación de emergencia.".
                   
    4. En el artículo 10:
     
    a) Elimínase la expresión "de un ítem a otro".
    b) Reemplázase la expresión "llevar a cabo las tareas de reconstrucción y auxilio de los damnificados" por "financiar aquellos gastos ocasionados con motivo del sismo o catástrofe que imposibiliten el correcto funcionamiento de las instituciones que aportaron a la misma con recursos propios".
     
    5. En el artículo 16:
     
    a) Elimínanse las expresiones "de fomento industrial, agrícola o minero" y "mediante préstamos o asistencia técnica".
    b) Agrégase a continuación de la expresión "sin sujeción a las normas legales", la frase "con cargo a sus fondos propios o a los que les sean asignados para tales fines".
    c) Intercálase entre las expresiones "Presidente de la República mediante decreto supremo fijará" y "su monto, plazo", la expresión "el destino o uso de los recursos a otorgar,".
     
    6. Deróganse los artículos 20, 21 y 22.
    7. En el artículo 26:
     
    a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión "la Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano" por "el Ministerio de Vivienda y Urbanismo".
    b) Agrégase en el inciso segundo, después de las palabras "noventa días", la expresión ", prorrogables hasta por ciento ochenta días".
     
    8. Derógase el artículo 32.
    9. En el inciso primero del artículo 38:
     
    a) Reemplázase la expresión "herramientas, ropas de cama, y prendas de vestir" por el vocablo "especies".
    b) Intercálase, antes del punto final, la expresión ", sin exigir el pago de la acreencia".
                   
    10. Derógase el inciso final del artículo 42.