CREA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL DENOMINADA COMISIÓN ASESORA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD, Y DEROGA DECRETO QUE INDICA
    Núm. 1.510.- Santiago, 30 de agosto de 2021.
     
    Vistos:
     
    Lo dispuesto en los artículos 24, 32 N° 6 y 35, de la Constitución Política de la República de Chile; los artículos 3° y 5° del decreto con fuerza de ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el artículo 52 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; los artículos 3° y 11 de la ley Nº 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; el decreto supremo N° 270, de 26 de diciembre de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que crea Comisión Asesora Presidencial de Productividad; y la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República.
     
    Considerando:
     
    1. Que, los desafíos en materia de recuperación económica y de la capacidad de la Administración del Estado de contribuir decisivamente a la protección de las familias más vulnerables se han acrecentado significativamente en el último período.
    2. Que, la productividad de los recursos privados y públicos, así como la efectividad de los programas y políticas que propone e implementa la Administración del Estado son elementos cruciales en un marco de recursos restringidos y necesidades cuantiosas.
    3. Que, conforme al inciso cuarto del artículo 1° de la Constitución Política de la República de Chile, se consagra el principio de servicialidad del Estado, el que está al servicio de la persona humana, por lo que toda su acción debe estar destinada a promover el bien común. Complementa dicho mandato constitucional, el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el cual dispone que la Administración del Estado debe atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, sobre la base de los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, entre otros.
    4. Que, el artículo 3° de la ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica, dispone que ese ministerio debe evaluar y pronunciarse sobre los programas sociales nuevos o que planteen reformularse significativamente, los cuales deberán contar con una evaluación, entre otros, de la consistencia, coherencia y atingencia de tales programas sociales. Al mismo tiempo, debe colaborar con el seguimiento de la gestión e implementación de los programas sociales que estén siendo ejecutados por los servicios públicos a través de un informe de seguimiento de, entre otros, su eficiencia, su eficacia y su focalización.
    5. Que, el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, señala que anualmente se efectuará la evaluación de los programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo institucional incluidos en los presupuestos de los servicios públicos que se determinen mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda.
    6. Que, para llevar a cabo lo anterior, se estima pertinente contar con una apreciación externa e independiente de las metodologías de evaluación de programas públicos elaboradas por la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos en el marco de los procesos evaluativos de la Administración del Estado.
    7. Que, se estima conveniente recoger las propuestas enunciadas en los programas de gobierno de los últimos 16 años y avanzar gradualmente hacia una institucionalidad de evaluación de calidad de las políticas públicas, lo que es coincidente con la opinión de numerosos centros de estudio a lo largo de los últimos 10 años y de las más variadas experiencias internacionales que han resultado exitosas en países tales como Australia, Nueva Zelanda, México y Alemania.
    8. Que, por otra parte, la productividad es uno de los factores determinantes del crecimiento económico en el largo plazo y con ello del bienestar de las personas, de esta forma, los países que generan ganancias de productividad no sólo son capaces de mejorar su nivel de crecimiento, sino que también ofrecen más y mejores oportunidades a sus ciudadanos.
    9. Que, la Comisión Asesora Nacional de Productividad, creada por medio del decreto supremo N° 270, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ha logrado ser una instancia valiosa para la generación de estudios y recomendaciones otorgando una visión externa y experta en relación con la estimulación de la productividad. No obstante, se estima conveniente ampliar el rol de dicha Comisión, incorporando a sus funciones el análisis de las metodologías de evaluación de programas y políticas públicas y de los lineamientos del sistema de evaluación del Estado.
    10. Que, en efecto, para perfeccionar el proceso de formulación y evaluación de políticas públicas y así buscar mejorar el bienestar de la población mediante una solución más eficiente y eficaz de sus problemas, así como la búsqueda del incremento en la productividad, la que está vinculada de forma estrecha con las capacidades técnicas y el aporte de procesos participativos, se considera pertinente contar con una adecuada coordinación público-privada y una visión desde un ente externo y distinto de los organismos sectoriales que toman decisiones sobre estas materias.
    11. Que, la determinación de diagnósticos y las recomendaciones en materia de productividad para la acción de las políticas públicas del Estado pueden complementarse con recomendaciones y con una revisión externa e independiente de la forma como sus organismos evalúan políticas públicas y programas.
     
    Decreto:

    Artículo 1.- De la Comisión.
    Créase una comisión asesora presidencial denominada Comisión Asesora Nacional de Evaluación y Productividad, en adelante, la Comisión, que tendrá la misión de asesorar al Presidente de la República en todas aquellas materias orientadas a aumentar el crecimiento económico de largo plazo y el bienestar de la población a través de la asesoría en la promoción de políticas públicas de calidad y la generación de ganancias en la productividad.
    En cumplimiento de estos objetivos, la Comisión propondrá al Presidente de la República acciones para fomentar la evaluación de programas y políticas públicas, contribuyendo a la discusión y análisis en materias relacionadas con las metodologías y procesos de evaluación de políticas y programas públicos llevadas a cabo por la Administración del Estado. Del mismo modo, la Comisión analizará temáticas y realizará propuestas tendientes al fortalecimiento del sistema de evaluación del Estado que administra la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos, y sobre la coherencia entre los distintos instrumentos de evaluación, la estandarización de sus metodologías y la coordinación de los procesos evaluativos, considerando los ciclos de formulación de programas, políticas públicas y del presupuesto de la Nación.
     

    Artículo 2.- De las funciones y atribuciones.
    Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
     
    i. Asesorar al Presidente de la República en el análisis de políticas y programas que permitan estimular directamente la productividad del país. Asimismo, proponer los mecanismos que permitan mejorar la implementación de las políticas y programas antes señalados, sin perjuicio de las funciones que le correspondan al Ministerio respectivo.
    ii. Realizar estudios, propuestas e informes en materias que se relacionen con la productividad del país y con el sistema de evaluación del Estado.
    iii. Analizar e identificar, entre otros, aquellos obstáculos generados por la regulación o gestión del sector público, la ausencia de bienes públicos, instancias de coordinación o acceso a capital, así como también las brechas productivas en capital humano, tecnología y otros factores, que pudieran limitar o restringir el emprendimiento y/o desarrollo de una industria o sector económico y proponer las acciones necesarias para su solución.
    iv. Asesorar al Presidente de la República respecto de la aplicación de metodologías de análisis de impacto regulatorio utilizadas por los organismos públicos en el proceso de elaboración de regulaciones con impacto en productividad.
    v. Desarrollar estudios y formular propuestas relacionadas con la coherencia regulatoria de leyes y reglamentos que el Presidente de la República determine en el ámbito de la productividad.,
    vi. Efectuar recomendaciones emitiendo su opinión técnica respecto al sistema de evaluación del Estado, sus metodologías y la coordinación de sus procesos evaluativos implementados por la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos. Además, podrá emitir su opinión técnica respecto de eventuales cambios en los aspectos antes mencionados, según corresponda.
    vii. Formular recomendaciones respecto de los procesos de monitoreo y de evaluación ex ante de programas públicos y sus respectivos resultados, que anualmente realizan la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos.
    viii. Proponer, anualmente, un listado de programas, instituciones y/o políticas públicas para evaluación ex post. Dicho listado deberá enmarcarse en una agenda de mediano plazo que la Comisión elaborará, la que contendrá una hoja de ruta de programas e instituciones públicas propuestas a evaluar. Dicha agenda deberá considerar para su formulación los resultados de los distintos procesos del sistema de evaluación del Estado.
    ix. Invitar a participar y servir de instancia de recepción y difusión de la colaboración y aportes que efectúen personas y entidades públicas y privadas interesadas en la evaluación de programas y políticas públicas, el desarrollo productivo, la productividad y el crecimiento del país, a nivel nacional y/o regional, según corresponda.
    x. Estudiar, analizar y formular propuestas en áreas o temas específicos relacionados con políticas de estímulo y desarrollo de la productividad en el país que el Presidente de la República le encargue en cualquier momento. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá realizar estudios y formular propuestas en las materias señaladas en el presente literal. La Comisión deberá informar anualmente al Presidente de la República sobre el seguimiento de las políticas analizadas e implementadas por el Gobierno.
    xi. Asesorar al Presidente de la República en las materias que éste le encomiende de manera expresa que tengan relación con la evaluación de políticas y programas públicos y sus metodologías de evaluación. Por su parte, la Comisión podrá realizar estudios y formular propuestas en las materias señaladas en el presente literal.
     
    Las tareas que se asignan a la Comisión no podrán afectar ni interferir en modo alguno las funciones que correspondan a otros órganos del Estado.
    Las funciones antes señaladas son de naturaleza consultiva y en ningún caso pueden importar el desarrollo de acciones de carácter ejecutivo por parte de la Comisión.
     

    Artículo 3.- De los miembros de la Comisión y su nombramiento.
    La Comisión estará integrada por 5 miembros designados por el Presidente de la República mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que además será suscrito por los Ministros de Desarrollo Social y Familia, y de Economía, Fomento y Turismo.
    Los miembros de la Comisión deberán contar con una destacada experiencia en la formulación y/o evaluación de políticas públicas o administración de empresas públicas o privadas. Para esto se deberá tener presente la trayectoria y credenciales académicas de los integrantes de la Comisión y su participación en universidades, centros de estudios o jefaturas del sector público o en cargos de administración o en directorios de empresas públicas o privadas.
    Sus integrantes durarán 5 años en sus funciones pudiendo ser renovados de forma inmediata por un nuevo período consecutivo, previa manifestación de su voluntad una vez totalmente tramitado el presente acto administrativo. Se renovarán por parcialidades, a razón de uno por año y desempeñarán sus funciones ad honorem.
    Adicionalmente, participarán también en la Comisión, con derecho a voz, un representante de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, un representante de la Subsecretaría de Economía y de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y un representante de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
    En caso de renuncia, muerte, incapacidad, remoción o cualquier otra circunstancia permanente que impida a uno de los miembros de la Comisión el ejercicio regular y continuo de sus funciones, el Presidente de la República designará un reemplazante, quien durará en sus funciones por el tiempo que le restare al faltante para completar su período.
    Los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado señalados en el inciso cuarto de este articulo serán designados por resolución de la Subsecretaría de Evaluación Social, de la Subsecretaría de Economía y de Empresas de Menor Tamaño, y de la Dirección de Presupuestos, según corresponda.
    La Comisión podrá solicitar, en calidad de invitados con derecho a voz, la participación de funcionarios de la Administración del Estado, así como de personalidades de reconocida competencia en materia de productividad y evaluación de políticas públicas y a representantes del sector privado y de la sociedad civil, si así lo estimare conveniente.
     

    Artículo 4.- Del Presidente de la Comisión.
    Uno de los miembros de la Comisión será designado también su presidente. Además de las funciones que le corresponden como miembro integrante de aquélla, estará a cargo de su conducción y contará con las atribuciones necesarias para su adecuado funcionamiento interno.
     

    Artículo 5.- De la Secretaría Ejecutiva.
    La Comisión tendrá una Secretaría Ejecutiva, radicada en el Ministerio de Hacienda, la cual prestará el apoyo administrativo que sea necesario para el funcionamiento de la Comisión. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión tendrá como función principal elaborar las actas de las sesiones de la Comisión y gestionar la correcta implementación de los acuerdos que adopte.
    Por su parte, la Comisión deberá considerar el apoyo técnico que prestará la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos, por intermedio de la Secretaría Ejecutiva, para el cumplimiento de sus funciones.
     

    Artículo 6.- De las sesiones.
    En su sesión constitutiva la Comisión deberá fijar la periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser convocada extraordinariamente en cualquier momento por su presidente. Las citaciones serán efectuadas por la Secretaría Ejecutiva. El quórum necesario para que sesione la Comisión será la mayoría simple de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes. En caso de empate dirimirá el voto del presidente de la Comisión.
    Las normas de funcionamiento interno de la Comisión serán adoptadas por mayoría simple de sus miembros, en su sesión constitutiva y deberán constar en un Reglamento Interno.
     

    Artículo 7.- Colaboración de los órganos de la Administración del Estado.
    Los órganos de la Administración del Estado podrán prestar a la Comisión, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, y disponibilidad presupuestaria, la colaboración que ésta les solicite para dar un adecuado cumplimiento a los fines y funciones que establece el presente decreto.
     

    Artículo 8.- Coordinación de la acción de la Comisión y de sus recomendaciones.
    Al menos una vez al año, la Comisión deberá reunirse con el Comité de Ministros del Área Económica para informar sobre el estado de avance de las políticas y programas analizados por la Comisión y las propuestas que desee presentar al Presidente de la República para el adecuado cumplimiento de la política de productividad del país.
    Asimismo, al menos una vez al año, la Comisión deberá reunirse con el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia para informar respecto de sus recomendaciones de los distintos procesos del sistema de evaluación del Estado, sus metodologías y la coordinación de sus procesos evaluativos.
     

    Artículo 9.- De la Comisión y del informe anual.
    La Comisión deberá informar al Presidente de la República del cumplimiento y avance de las tareas encomendadas en virtud del presente decreto, a más tardar el día 31 de diciembre de cada año. Dicho informe incluirá un resumen de las recomendaciones efectuadas y las acciones que los órganos de la Administración del Estado hubieren implementado conforme a ellas. Para esto, se deberá coordinar con los respectivos órganos, a través de su Secretaría Ejecutiva.
    Sin perjuicio de lo anterior, a más tardar en septiembre de cada año, la Comisión deberá informar específicamente al Presidente de la República sobre la situación general del sistema de evaluación del Estado, detallando sus principales hallazgos y recomendaciones en esta materia. En dicho informe, se deberá abordar la incidencia del sistema de evaluación y sus instrumentos sobre el Presupuesto formulado y/o aprobado, y la oportunidad y calidad de las evaluaciones efectuadas. En ningún caso, será el rol de la Comisión la fiscalización de la actuación de los órganos de la Administración del Estado.
    El Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, podrá enviar dichos informes a las comisiones de Hacienda, Economía y Especial Mixta de Presupuestos del Senado, y a las comisiones de Hacienda, Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresas; Protección de los Consumidores y Turismo, y de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados, además de publicarse en el sitio web institucional del Ministerio de Hacienda y de la Comisión.
     

    Artículo 10.- Del presupuesto y otras materias.
    Los gastos que irrogue el adecuado funcionamiento de la Comisión se harán con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos vigente.
     

    Artículo 11.- Deroga decreto supremo N° 270, de 2014.
    Derógase el decreto supremo Nº 270, de 26 de diciembre de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que Crea Comisión Asesora Presidencial de Productividad. La Comisión Asesora Nacional de Evaluación y Productividad se entenderá como continuadora de la Comisión Nacional de Productividad y, en adelante, todas las referencias hechas a la Comisión Nacional de Productividad se entenderán hechas a la Comisión Asesora Nacional de Evaluación y Productividad.

    Artículo transitorio.- La primera designación de los miembros de la Comisión deberá mencionar sus respectivos períodos, a fin de cumplir con las parcialidades señaladas en el inciso tercero del artículo 3 del presente decreto.

    Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Rodrigo Cerda Norambuena, Ministro de Hacienda.- Lucas Palacios Covarrubias, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- Karla Rubilar Barahona, Ministra de Desarrollo Social y Familia
    Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Alejandro Weber Pérez, Subsecretario de Hacienda.