ACTA Nº34-2022
En Santiago, a siete de febrero de dos mil veintidós, se deja constancia que con fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se reunió el Tribunal Pleno bajo la presidencia del subrogante señor Sergio Muñoz Gajardo y con la asistencia de los ministros señora Muñoz S., señores Prado y Silva C., señora Repetto, señores Llanos y Carroza, señora Letelier, señor Matus y suplentes señores Biel, Muñoz Pardo, Mera, Zepeda y Contreras y acordó:
Teniendo en consideración:
Primero: Que de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, modificada por la Ley Nº 20.885 que creó la Subsecretaría de Derechos Humanos y adecuó el referido texto legal de esa Secretaría de Estado, corresponde al Gobierno de Chile comprometer, cada cuatro años, un Plan Nacional de Derechos Humanos en que se contenga el diseño e implementación de las políticas dirigidas al respeto, promoción y protección de los derechos humanos, el cual debe considerar los objetivos y las metas perseguidos, los responsables de su ejecución, los recursos financieros disponibles y los medios de seguimiento y evaluación de resultados, con el fin de identificar las dificultades y adoptar las medidas correctivas o complementarias pertinentes.
Segundo: Que por oficio ordinario Nº 6.131 de fecha 22 de octubre de 2021, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Sr. Hernán Larraín Fernández, extendió una invitación al Poder Judicial para ser parte del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2022-2025, indicando que dicho proceso se está llevando a cabo bajo la dirección de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Tercero: Que según es dable advertir de las disposiciones legales que lo regulan, el referido Plan es un instrumento creado y formalizado por la autoridad Ejecutiva y que compromete a los órganos que forman parte de esa estructura estatal. Así se advierte de la composición del Comité Interministerial de Derechos Humanos, instancia que tiene a su cargo el deber de presentar al Presidente de la República dicho instrumento, y que está integrado por las Secretarías de Interior, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Defensa, la Secretaría General de la Presidencia, Desarrollo Social, Educación y Mujer y equidad de Género; a lo que se suma en posible calidad de invitados al Instituto Nacional de Derechos Humanos, representantes de otros órganos de la Administración del Estado, de la sociedad civil y personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos.
Cuarto: Que no obstante lo anterior, el compromiso claro del Poder Judicial con los Derechos Humanos hace de esta invitación una valiosa oportunidad para asumir la ejecución de acciones que pongan en evidencia este propósito, mediante actividades concretas que puedan ser consideradas en el referido Plan Nacional, respetando la autonomía constitucional que tiene este poder del estado en la emisión de estos deberes y su respectivo seguimiento.
Quinto: Por estas razones, en ejercicio de las facultades directivas y económicas de que se encuentra investida esta Corte y en conformidad a lo establecido en los artículos 79 de la Constitución Política de la República, y 96, número 4, del Código Orgánico de Tribunales, se acuerda aprobar el siguiente:
AUTO ACORDADO QUE FIJA COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL VINCULADOS AL PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2022-2025
Artículo 1º. Las actividades que se consignan en el presente auto acordado constituyen compromisos adoptados autónomamente por el Poder Judicial en atención a sus facultades constitucionales, sin perjuicio de lo cual podrán ser mencionados en el Plan Nacional de Derechos Humanos del período 2022-2025, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica de dicha Secretaría de Estado, modificada por la Ley Nº 20.885.
Artículo 2º. Estos compromisos se estructuran con objetivos, metas y acciones, acompañados de plazos estimados de cumplimiento e indicadores, así como de responsables en su ejecución, cuyo detalle se identifica a continuación:
Artículo 3º. Anualmente las unidades a cargo de estos compromisos deberán informar al Pleno sobre el nivel de ejecución de sus componentes, correspondiendo a la Dirección de Estudios consolidar dicha información, la que el Pleno podrá disponer sea remitida al Ministerio de Justicia, para su conocimiento, en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos para el período 2022-2025.
Para constancia se levanta la presente acta.- Publíquese en la página web del Poder Judicial y en el Diario Oficial.- Háganse las comunicaciones pertinentes por vía electrónica.- Incorpórese en el Compendio de Autos Acordados de la Corte Suprema.