La presente ley tiene por finalidad establecer un estatuto de garantía y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia, que haga posible su goce y ejercicio efectivo para niños, niñas y adolescentes, con énfasis en aquellos derechos humanos reconocidos en la Constitución Política, la Convención sobre Derechos del Niño, los demás tratados internacionales ratificados por Chile, y en las leyes. Para estos efectos, se crea un Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes, hasta el máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado. Forman parte de este Sistema los Tribunales de Justicia, el Congreso Nacional, los órganos de la Administración del Estado, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y otras instituciones señaladas en esta, que dentro de sus competencias, deban ejecutar acciones de protección, promoción, prevención, restitución o reparación para el acceso, ejercicio y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, establece que debe entenderse por niño o niña todo ser humano hasta los 14 años de edad, y por adolescente a los mayores de 14 y menores de 18 años de edad; y en caso de que exista duda sobre si un niño, niña o adolescente es o no menor de 18 años de edad se presumirá que lo es, siempre que vaya en beneficio de sus derechos. Dentro de las directrices que establece la ley, destacan aquellas que dicen relación con las siguientes materias: 1. Establece que la familia, órganos del Estado y sociedad se encuentran principalmente obligados a respetar, promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, señalando en qué términos se traduce este deber para cada uno de ellos. En este sentido, dispone además que la ley establecerá el marco para que el Estado adopte medidas administrativas, legislativas u otras para la defensa y protección, particular y reforzada, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes provenientes de grupos sociales específicos, tales como migrantes, de comunidades indígenas, o que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Frente a la omisión de cumplimiento de los deberes que le corresponden a los órganos del Estado, la ley habilita a toda persona a interponer acciones administrativas y judiciales, a través de recursos y procedimientos más breves, sencillos, expeditos y eficaces que se encuentren actualmente vigentes por amenaza o vulneración de derechos fundamentales o que sean especialmente establecidos por una ley que no podrá desmejorar las garantías existentes en el momento de su regulación. 2. Establece reglas especiales de interpretación y aplicación de esta ley. 3. Desarrolla una serie de Principios, Derechos y Garantías, estableciendo en qué consisten, su sentido y alcance. Entre ellos destacan: A nivel de Principios: - El Interés superior del niño, niña y adolescente, el cual se considera, además de principio, como derecho y norma de procedimiento. - Igualdad y no discriminación arbitraria. - Fortalecimiento del rol protector de la familia. - Derecho y deber preferente de los padres y/o madres a educar y cuidar a sus hijos. - Autonomía progresiva. - Efectividad de derechos. - Perspectiva de género. - Responsabilidad de la Administración del Estado. - Protección Social de la Infancia y Adolescencia. - Prioridad en la formulación y ejecución de las políticas públicas y en el acceso y atención de los servicios sociales. - Progresividad y no regresividad de derechos. - Participación Social. - Inclusión, entendida como la disminución o eliminación de las barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización. - Difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. - Intersectorialidad, la cual se entiende como el deber de las instituciones de actuar de manera organizada y coordinada para el resguardo del ejercicio de los derechos. - Participación y colaboración ciudadana. A nivel de derechos y garantías: - Derechos civiles y políticos. - Derecho a la vida. - Derecho a un nivel de vida, desarrollo y entorno adecuado. - Derecho a la identidad. - Derecho a vivir en familia. - Derecho a ser oído. - Libertad de expresión y comunicación. - Libertad de pensamiento, conciencia y religión. - Libertad de asociación y reunión. - Derecho a la participación. - Derecho a la vida privada y a la protección de datos personales. - Derecho a la honra, intimidad y propia imagen. - Derecho a la información. - Derecho a la protección contra la violencia. - Protección contra la explotación económica, la explotación sexual comercial y el trabajo infantil. - Derecho a la salud y a los servicios de salud. - Derecho a atención médica de emergencia. - Derecho a obtener información completa sobre su salud y desarrollo, y sobre consentimiento informado. - Derecho a la educación. - Derecho a la atención a la diversidad educativa. - Derecho a la seguridad social. - Derecho a la recreación, al deporte y a la participación en la vida cultural y en las artes. - Derecho a recibir enseñanza sobre la sexualidad, que incorporen medidas de prevención y protección del embarazo, maternidad y paternidad de menores de 18 años. - Deber de prever espacios y zonas recreativas públicas idóneas para que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar del juego y de la entretención. - Derechos y deberes en el espacio urbano. - Derecho a vivir en un medio ambiente saludable y sostenible, a conocerlo y a disfrutar de él. - Derecho a ejercer su libertad personal y su autonomía según lo permita su edad, madurez y grado de desarrollo. - Derecho a un debido proceso, tutela judicial efectiva, y especialización de los funcionarios del Estado llamados a brindar protección. - Protección reforzada y especializada de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y de los adolescentes en conflicto con la ley. - Derecho a solicitar y recibir protección como refugiado, en los términos establecidos por la legislación correspondiente. - Protección y defensa como consumidores y usuarios. - Inocuidad, información, y otras normas sobre bienes, productos o servicios comercializados para el uso o el consumo de niños, niñas o adolescentes. - La publicidad que se divulgue en cualquier medio escrito, audiovisual o telemático dirigido a niños, niñas o adolescentes debe respetar una serie de principios de actuación. - Deberes y responsabilidad de niños, niñas o adolescentes: respeto a los derechos y libertades fundamentales de todas las personas y del ordenamiento jurídico; respeto y obediencia a sus padres o a los responsables legales de su cuidado y educación; y dar cumplimiento a sus responsabilidades escolares, familiares y comunitarias. 4. Dentro del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia que se crea en la presente ley, se establecen las distintas acciones para el despliegue de sus funciones que se encuentran orientadas al respeto, protección y cumplimiento de todos los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, a través de las cuales se asegura su goce efectivo y se desarrolla un mecanismo de exigibilidad, señalando y definiendo cuáles son los medios y ámbitos de acción, las acciones de protección especial, el procedimiento de la protección de derechos y la protección Judicial. 5. Con relación a lo anterior, se contempla la denominada Acción de tutela administrativa de derechos”, en virtud de la cual todo niño, niña o adolescente, o cualquier persona en su nombre e interés, podrá interponer una acción de garantía de sus derechos ante la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia o las Oficinas Locales de la Niñez, en consideración a riesgos, amenazas o vulneraciones que afecten los derechos y garantías que a ellos corresponden, con el fin de que los órganos competentes tomen las medidas necesarias para hacer cesar la afectación de sus derechos. 6. En virtud del deber de inexcusabilidad, cualquier órgano de la Administración del Estado que sea requerido para que intervenga ante una situación de riesgo, amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes, no podrá excusarse de conocer y pronunciarse sobre el requerimiento, debiendo adoptar las medidas que señala la ley en caso que dicho requerimiento no sea sobre materias de su competencia. Por ejemplo, informar a la autoridad que si es competente por el medio más eficiente posible, dentro del plazo máximo de 5 días hábiles contados desde su recepción. 7. También se contempla el deber de denuncia, que obliga a los funcionarios públicos, agentes públicos, así como toda persona natural o jurídica que desempeñe la función pública señalado en la ley, de poner en conocimiento ante la autoridad competente sobre toda situación que pueda ser constitutiva de afectación o amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o de su vulneración. El incumplimiento de este deber se entenderá como falta o incumplimiento grave de las funciones, contratos o convenios, según corresponda, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan. 8. Como parte de la nueva institucionalidad, se contemplan las Oficinas Locales de la Niñez, las que deberán ser establecidas en comunas o agrupación de comunas a lo largo del país, encargadas de la protección administrativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de la promoción de éstos, la prevención de vulneraciones y la protección de sus derechos, tanto de carácter universal como especializada, mediante acciones de carácter administrativo. Su coordinación y supervisión de las Oficinas Locales de la Niñez corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez. Asimismo, se detallan sus funciones específicas; y en cuanto su competencia para los casos que conozca, será la del lugar del domicilio del niño, niña y adolescente o, en su defecto, de su familia de origen o de la persona que lo tenga a su cuidado. 9. Se incorpora un catálogo de medidas de protección de carácter administrativas que pueden aplicar las Oficinas Locales de la Niñez, por ejemplo, la derivación a uno o más programas ambulatorios de protección social, orientación y apoyo para el cuidado y crianza; instruir la matrícula o permanencia en establecimientos educacionales; derivar a programas de asistencia integral a la embarazada; instruir la activación de los beneficios de seguridad social, entre otros. 10. Por otra parte, y relacionado con las medidas de protección, se regula la legalidad de las medidas que se adopten, sea en sede administrativa o judicial; los órganos que son competentes para la adopción de medidas como de las que se adopten ante su incumplimiento; casos y supuestos en que se deban derivar casos entre las sedes administrativa y judicial; el procedimiento de protección administrativa; la revisión de las medidas de protección; la acción de reclamación por ilegalidad. 11. Determina las instituciones que conforman el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, sus deberes y funciones. Se señalan, entre otros, los siguientes: Ministerio de Desarrollo Social y Familia; Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez; Subsecretaría de la Niñez; Defensoría de los Derechos de la Niñez; Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; Oficinas Locales de la Niñez; Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez; y Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. 12. Se establece un título relativo a la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción, el cual considera entre otros aspectos, cuáles son sus objetivos, contenido mínimo, procedimiento de formulación y aprobación, y la entidad encargada de su evaluación y monitoreo. 13. Finalmente, se contempla una serie de modificaciones a distintos cuerpos legales, que permitan adecuar esta nueva legislación, y a nivel transitorio, se fijan una serie de reglas relacionadas con su entrada en vigor y, en general, sobre su implementación.
    Artículo 41.- Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser educados en el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. La educación tendrá entre sus propósitos esenciales inculcar al niño, niña o adolescente el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el respeto de sus padres y/o madres, de su propia identidad cultural, de su idioma, sus valores y el medio ambiente.
    El Estado garantizará la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y a sus niveles superiores.
    La educación básica y la educación media son obligatorias. El Estado deberá financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.
    El Estado garantizará, en el ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios, una educación sexual y afectiva integral, y velará por que los establecimientos educacionales otorguen el debido respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa de los niños, niñas y adolescentes, así como por promover ambientes educativos libres de violencia, maltrato y bullying.
    Los órganos de la Administración del Estado competentes tomarán todas las medidas necesarias para que ningún niño, niña o adolescente sea excluido del sistema educacional o vea limitado su derecho a la educación por motivos que puedan ser constitutivos de discriminación arbitraria.
    Es deber del Estado asegurar, en el ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios, a todos los niños, niñas y adolescentes una educación inclusiva de calidad. Asimismo, es deber del Estado promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación regular o especial, según sea el interés superior del niño, niña o adolescente, de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación.
    Es deber del Estado garantizar el ingreso al sistema educacional o su continuidad en él, según corresponda, a los niños, niñas y adolescentes que estén temporal o permanentemente privados de su entorno familiar.
    Las medidas pedagógicas y disciplinarias que puedan adoptarse en conformidad a la ley y los reglamentos, respecto de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la actividad educacional, deberán siempre basarse en un procedimiento que garantice el pleno respeto de sus derechos y ser compatibles con los fines de la educación y con la dignidad del niño, niña o adolescente.
    En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de los centros de alumnos u otra forma de asociación y organización, en conformidad a la ley y al proyecto educativo del respectivo establecimiento. Asimismo, los reglamentos escolares deberán ajustarse a la legislación vigente y a las obligaciones legales emanadas de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
    Los órganos de la Administración del Estado deben poner especial atención en prevenir y, en su caso, detectar los casos de no escolarización, absentismo y abandono escolar, y deben adoptar de forma coordinada las medidas necesarias para la más pronta restitución del derecho a la educación, mediante los correspondientes protocolos.