La presente ley reforma el Código de Aguas, reconociendo el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable, que debe ser amparado por el estado; y que se trata de un bien nacional de uso público, cuyo dominio y uso pertenecen a todos los habitantes de la nación. Consagra que siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas. En el caso de los territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En cuanto a los derechos de aprovechamiento de aguas: La ley lo define como un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad con las reglas, requisitos y limitaciones que el Código prescribe. Tendrán un carácter temporal y serán otorgados a través de una concesión. Su duración será de 30 años, pero dependerá tanto de la disponibilidad de la fuente de abastecimiento como de la sustentabilidad del acuífero. Se prorrogará por el solo ministerio de la ley y sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas (DGA) acredite, mediante una resolución fundada, el no uso efectivo del recurso o que existe una afectación a la sustentabilidad de la fuente que no ha podido ser superada. Se constituirán en función del interés público, para lo cual habrá que considerar el resguardo del consumo humano y el saneamiento, la preservación del ecosistema, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas acciones destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos. Los derechos de aprovechamiento podrán extinguirse por el no uso efectivo del recurso, total o parcialmente, lo que deberá ser determinado por la DGA mediante resolución. En el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos el plazo de extinción será de cinco años, y en el caso de aquellos de carácter no consuntivos será de diez años. Los derechos caducarán si no se inscriben en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces. En el artículo segundo transitorio se establece que los derechos de aprovechamientos de aguas constituidos por acto de autoridad competente, y que a la fecha de publicación de esta ley no estuvieren inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, deberán ser inscritos, a petición de sus titulares, en el referido registro. Transcurrido el plazo de dieciocho meses contado desde la publicación de esta ley, los Conservadores de Bienes Raíces no admitirán a trámite la inscripción de los derechos de aprovechamiento de que trata este inciso, los cuales caducarán por el solo ministerio de la ley. La ley sustituye el concepto de dueño de los derechos de aprovechamiento, por el de titular de los mismos. Prohíbe la constitución de derechos de aprovechamiento en glaciares, como asimismo en las áreas declaradas bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad, como los parques nacionales, reserva nacional, reserva de regiones vírgenes, monumento natural, santuario de la naturaleza, humedales de importancia internacional. Asimismo la ley regula otras materias, entre las que cabe señalar las siguientes: 1. Todas las cuencas deberán contar con un Plan Estratégico de Recursos Hídricos, respondiendo a la necesidad de disponer de mejor información y una mirada de largo plazo para conocer la disponibilidad actual y proyectada del agua de las cuencas e implementar una cartera de acciones. Se mandata a la DGA la elaboración de Planes Estratégicos de Recursos Hídricos para cada una de las cuencas del país en un plazo máximo de 10 años y su posterior actualización. 2. Adecua las atribuciones y funciones que corresponden a la Dirección General de Aguas, fortaleciendo la potestad sancionatoria, y modernizando sus procedimientos administrativos, permitiendo el uso de tecnologías. 3. Respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas por otorgar, la DGA velará por la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, para lo que establecerá un caudal ecológico mínimo, el cual deberá considerar también las condiciones naturales pertinentes para cada fuente superficial. Un reglamento, que será firmado por los ministros del Medio Ambiente y de Obras Públicas, determinará los criterios en virtud de los cuales se establecerá. 4. Para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas. Sin perjuicio de lo anterior, como consecuencia del término, caducidad, extinción o renuncia de un derecho de aprovechamiento, las aguas quedarán libres para ser reservadas por el Estado, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, y para la constitución de nuevos derechos sobre ellas. Sobre dichas reservas, la Dirección General de Aguas podrá constituir derechos de aprovechamiento para los usos de la función de subsistencia. 5. Incorpora disposiciones sobre aguas subterráneas, definiendo como acuífero aquella formación geológica que contiene o ha contenido agua bajo la superficie de la tierra y posee la capacidad de almacenar y transmitir agua. Las aguas subterráneas contenidas en él son bienes nacionales de uso público, sin perjuicio de la titularidad del dominio de este subsuelo. La ley regula la posibilidad de ejecutar obras para recargar artificialmente un acuífero, con la limitación de no producir con ello perjuicios a terceros. 6. Refuerza la facultad del Presidente de la República de declarar, a petición y con informe de la DGA, zonas de escasez hídrica ante una situación de severa sequía, por un período máximo de un año, prorrogable sucesivamente, previo informe de la citada Dirección. Una vez declarada, la DGA podrá exigir a la o las juntas de vigilancia respectivas la presentación de un acuerdo de redistribución de las aguas, dentro del plazo de quince días corridos contado desde la declaratoria de escasez. 7. La ley regula la declaración por parte de la DGA de áreas de restricción y de zonas de prohibición para nuevas explotaciones. En ellas, los titulares de los derechos de aprovechamiento concedidos deberán instalar y mantener un sistema de medición de caudales y volúmenes extraídos, de control de niveles freáticos y un sistema de transmisión de la información que se obtengan, a la DGA. La declaración o el alzamiento de las áreas de restricción y de las zonas de prohibición se publicarán en el sitio web de la DGA y en el Diario Oficial. 8. Crea el Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y que se ejecutará a través de la Dirección General de Aguas, constituido por los aportes que se consulten anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación, destinado a financiar las investigaciones necesarias para la adopción de medidas para la gestión de recursos hídricos y, en particular, para la elaboración, implementación y seguimiento de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas; debiendo sus recursos distribuirse entre las regiones del país, para la elaboración de dichos planes.
    Artículo décimo tercero bis.- Sin Ley 21841
Art. 1 N° 4
D.O. 09.10.2026perjuicio del procedimiento individual de regularización contemplado en el artículo precedente, el directorio o, en su caso, el administrador, vigente, de una organización de usuarios inscrita en el Registro Público de Organizaciones de Usuarios del Catastro Público de Aguas o, en su caso, en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, podrá presentar una solicitud colectiva ante la Dirección General de Aguas para regularizar derechos de aprovechamiento de aguas, conforme al artículo anterior, de sus respectivos usuarios que no posean inscripciones posesorias individuales y que se encuentren al día en sus cuotas para con la organización, previo acuerdo adoptado por los dos tercios de los votos emitidos en junta extraordinaria convocada al efecto. La organización actuará en representación de los usuarios exclusivamente para los efectos del procedimiento de regularización, sin perjuicio de la titularidad individual de los respectivos derechos de aprovechamiento objeto de regularización.
    La solicitud deberá ser acompañada con el listado de los usuarios de la organización correspondiente, según conste en el Registro de Comuneros a que se refiere el artículo 205 del Código de Aguas, listado que deberá ser certificado por el secretario de la organización, en su calidad de ministro de fe, en el que conste la individualización del usuario y los derechos de aprovechamiento de aguas que le corresponden, todo ello conforme al Registro citado. El mismo listado indicará que el respectivo asociado se encuentra con sus cuotas al día para con la organización.
    Recibida la solicitud de regularización colectiva, la Dirección General de Aguas verificará el cumplimiento de los presupuestos legales dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la recepción de la misma solicitud. Una vez admitida la solicitud, se publicará en la forma establecida en el artículo 131 del Código de Aguas, sujetándose en todo al procedimiento contemplado en el inciso quinto del artículo décimo tercero transitorio. Si se presentaren oposiciones a la solicitud, se aplicará lo prescrito en el referido inciso quinto en todo lo relativo a la legitimación activa, a sus requisitos y admisibilidad.
    Los derechos de aprovechamiento de aguas regularizados conforme al presente artículo no excluyen la necesidad de su perfeccionamiento, en el evento de que ello sea exigible según las normas de los artículos 44 y 45 del decreto supremo N° 1.220, promulgado en 1997 y publicado en 1998, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba Reglamento del Catastro Público de Aguas.