La presente ley, modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y otras disposiciones legales, para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. En cuanto a la tipificación del delito, se introduce el artículo 448 septies, tipificando la conducta de robar o hurtar troncos o trozas de madera como delito de sustracción de madera, señalando la penalidad del mismo, dependiendo del valor económico de ella, ordenándose el comiso de los vehículos motorizados o de otra clase, las herramientas y los instrumentos utilizados en la comisión del delito. Asimismo, agrega el artículo 448 octies, sancionando como autor del delito de sustracción de madera, a quien en cuyo poder se encuentren troncos o trozas de madera, cuando no pueda justificar su adquisición, su legítima tenencia o su labor en dichas faenas o actividades conexas destinadas a la tala de árboles y, del mismo modo, al que sea habido en predio ajeno, en idénticas faenas o actividades, sin consentimiento de su propietario ni autorización de tala y a quien falsifique o maliciosamente haga uso de documentos falsos para obtener guías o formularios con miras a trasladar o comercializar madera de manera ilícita. Por otra parte, modifica el decreto con fuerza de ley N° 15, de 1968, del Ministerio de Agricultura, que modifica leyes de control aplicables por el Ministerio de Agricultura, establece normas sobre actividades apícolas y sanciona la explotación ilegal de maderas, ampliando la competencia del Director Ejecutivo del Servicio Agrícola y Ganadero para ordenar la retención de maderas cuando existan antecedentes fundados de que provienen de áreas protegidas. Asimismo, establece la obligación de contar con las respectivas guías de despacho electrónicas para la producción, venta, almacenamiento, depósito, mantención o acopio de troncos o trozas de madera que no sean de especies nativas, provenientes de terrenos o bosques privados. Por otra parte, establece la prohibición a los dueños, gerentes o empleados, directos o por cuenta de terceros, de barracas, aserraderos, canchas de acopio, empresas distribuidoras, plantas industriales o instalaciones que vendan, almacenen o consuman troncos o trozas de madera, de recibir o rematar sin que, previamente, hayan recibido la o las guías de despacho electrónicas, emitidas por el establecimiento de origen, asimismo, les impone la obligación de entregar al adquirente las guías de despacho electrónicas que comprueben la procedencia de la madera en troza vendida, en la forma y plazo que determine el reglamento, sancionando con multa equivalente al doble del beneficio económico reportado por la infracción, sin perjuicio de las sanciones de carácter penal y tributario que correspondan, otorgando competencia a Carabineros de Chile y a los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal, la fiscalización de las disposiciones de esta ley, debiendo controlar que el transportista lleve consigo durante el transporte de troncos o trozas de madera la respectiva guía de despacho electrónica, documentación que será visada en el acto para efectos de dejar constancia del control realizado, debiendo Carabineros de Chile exigir la o las guías de despacho electrónicas o la factura correspondiente. En caso que el transportista carezca de los mencionados documentos o se niegue a su exhibición, los funcionarios policiales incautarán las especies y el medio de transporte utilizado. En este caso, además se dará aviso a la fiscalía respectiva para que inicie la investigación correspondiente; al Servicio de Impuestos Internos ante un eventual delito tributario, y a la Corporación Nacional Forestal para la determinación de eventuales infracciones administrativas. No obstante lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos podrá ejercer sus facultades de revisión y fiscalización, conforme a las reglas generales, y en especial, a lo dispuesto en el artículo 55 del decreto ley N° 825, de 1974, sobre impuesto a las ventas y servicios, según corresponda. De acuerdo a lo señalado en la ley, estas modificaciones entrarán a regir transcurridos seis meses desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento el que deberá dictarse dentro del plazo de cuatro meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Por otra parte, modifica la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, con el objeto de efectuar las adecuaciones necesarias para la aplicación de la presente ley.

    Artículo transitorio.- Lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ley entrará en vigencia transcurridos seis meses desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento al que se refiere su numeral 2.
    El referido reglamento deberá dictarse dentro del plazo de cuatro meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.".