La presente ley introduce modificaciones al decreto ley N° 3.472, de 1980, que crea el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) y a la ley N° 21.229, que aumentó el FOGAPE y flexibilizó temporalmente sus requisitos, en el marco de la pandemia por COVID-19. Al respecto, incluye a los microempresarios” como sujetos beneficiarios del FOGAPE. Por otra parte, sustituye la competencia y el procedimiento para efectuar las reclamaciones respecto de las resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero, las que a partir de esta fecha se deberán interponer ante la Corte de Apelaciones de Santiago y no ante la Corte de Apelaciones del domicilio del afectado como era con anterioridad. Adicionalmente, crea el FOGAPE Chile Apoya”, el que tiene por objeto entregar a las empresas que han tenido más dificultades económicas, créditos para inversión y capital de trabajo, además de refinanciamiento para los créditos adquiridos anteriormente, especialmente durante la pandemia. Garantizará créditos otorgados por instituciones que tengan acceso a financiamiento del Banco Central de Chile, los que deberán tener una tasa de interés nominal anual que no sea mayor a la tasa de política monetaria más el equivalente anual de una tasa de 0,6% mensual, o la tasa de interés equivalente en unidades de fomento o en moneda extranjera, que establezca el Ministerio de Hacienda, junto con cumplir los demás requisitos y limitaciones que establece la norma legal. Dichos créditos sólo podrán otorgarse en las condiciones establecidas hasta el 31 de diciembre de 2023. Por otra parte, dispone que el Administrador del Fondo deberá confeccionar la nómina de las empresas elegibles para acceder al FOGAPE Chile Apoya, entregando al Servicio de Impuestos Internos la información relativa a las empresarias y los empresarios y los montos de los créditos otorgados. Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos entregará al Administrador la nómina de las empresarias y los empresarios que cumplan con los criterios de elegibilidad. Por su parte, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, directamente, o a través de la Subsecretaría del Interior, entregará al Administrador la nómina de personas que formen parte del catastro de afectados por eventos de violencia rural gestionado por dicho Ministerio. La información que el Administrador y el Servicio de Impuestos Internos reciban en virtud de lo anterior, sometida a secreto o reserva, mantendrá dicho carácter de conformidad a lo establecido en los artículos 154 de la Ley General de Bancos y 35 del Código Tributario, quienes estarán facultados para utilizarla con el fin exclusivo de determinar las empresas elegibles para acceder a las garantías del Fondo. También amplía en 12 meses el plazo de vigencia de la ley N°21.229, que autoriza al Ministro de Hacienda para que, mediante uno o más decretos expedidos bajo la fórmula Por orden del Presidente de la República, efectúe aporte fiscal de hasta 3.000.000.000 de dólares, moneda de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional. Además, establece para los financiamientos garantizados por el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, bajo el FOGAPE Chile Apoya, la exención del Impuesto de Timbres y Estampillas establecido en el decreto ley Nº 3.475, de 1980, como también los refinanciamientos garantizados en conformidad al decreto ley N° 3.472, de 1980, otorgados durante la vigencia del FOGAPE Chile Apoya. Finalmente, estatuye que desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta el 30 de abril de 2023, excepcionalmente el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuarenta y ocho meses, para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas, de los impuestos adeudados, vencidos hasta el 30 de junio de 2022, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario, condonando la totalidad de los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos respectivos, beneficio al que también podrán acceder aquellos contribuyentes que paguen al contado. Asimismo, los convenios que se suscriban no generarán intereses y multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago. Para el caso de aquellos contribuyentes que suscriban un convenio que contemple al menos un impuesto vencido entre el 31 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2022, no se exigirá pago mínimo inicial.
    Artículo 5.- Sin perjuicio de las restricciones a los plazos de los financiamientos y garantías establecidos en el artículo 14 del decreto exento Nº 130, de 2020, del Ministerio de Hacienda, en el artículo 2 de la ley Nº 21.307, y en el artículo 15 del decreto exento Nº 32, de 2021, del Ministerio de Hacienda, se podrá ampliar el plazo, solamente de los financiamientos vigentes que hayan sido otorgados por instituciones financieras y garantizados por el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios en virtud de las mencionadas normas, y el de sus respectivas garantías otorgadas por este último, hasta en un plazo de doce años contado desde su otorgamiento inicial.
    Los mencionados aumentos de plazos, y la correspondiente modificación del calendario de pagos, deberán ser voluntariamente acordados entre el deudor y la institución financiera acreedora.
    El presente artículo se aplicará con efecto retroactivo a contar del 25 de abril de 2020.