La presente ley se modifica la Ley N° 20.720 con el objeto de modernizar el sistema concursal chileno, incorporando procedimientos simplificados para micro y pequeñas empresas, fortaleciendo la protección de los acreedores y trabajadores, y promoviendo un régimen más ágil, digitalizado y accesible. Se crean el Procedimiento Concursal de Liquidación Simplificada y el Procedimiento Concursal de Reorganización Simplificada, caracterizados por menores costos, requisitos y plazos abreviados, facilitando la gestión de la insolvencia en negocios de menor tamaño. Asimismo, se incorporan medidas de digitalización como la realización de audiencias y juntas de acreedores por medios telemáticos. En materia laboral, se refuerzan las obligaciones de veedores y liquidadores en cuanto al cumplimiento de pagos laborales y previsionales, incluso respecto de trabajadores con contratos terminados, manteniéndose la aplicación preferente del Código del Trabajo. Se establece un sistema de categorización para veedores y liquidadores (categorías A y B), en función de la complejidad de los procedimientos, bajo supervisión de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. La ley introduce nuevas reglas sobre rendición de cuentas, configurando la figura de mala fe del deudor cuando se ocultan bienes o se proporcionan antecedentes falsos, lo que impide la extinción de deudas al término del procedimiento. En el ámbito financiero, se faculta a las empresas en reorganización a enajenar activos o contraer créditos hasta un 20% de su activo fijo o pasivo sin autorización especial, con normas específicas de prelación para dichos créditos. Finalmente, se establece la extinción por ley de las deudas al término del procedimiento de liquidación, salvo en casos expresamente exceptuados como pensiones alimenticias o deudas derivadas de delitos, permitiendo al deudor reemprender, salvo que haya sido declarado de mala fe.
    Artículo octavo.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.