La presente ley aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del sector público para el año 2024 de nuestro país. Fija y limita el gasto de la Nación y establece formas de utilización. Otra temática que destaca en la ley, dice relación con la obligatoriedad de efectuar concursos públicos abiertos y transparentes, salvo que la ley señale lo contrario, para la asignación de recursos a instituciones privadas provenientes de transferencias corrientes y de capital, de modo de garantizar la probidad, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos y la igualdad y la libre concurrencia de los potenciales beneficiarios de la transferencia. Adicionalmente, establece las obligaciones y prohibiciones aplicables a los convenios de transferencia, definiendo requisitos a beneficiarios y ejecutores. Entre ellos, se destaca la necesidad de indicar y acreditar el objeto social, no comprometer recursos que excedan el ejercicio presupuestario; rendir cuentas a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría General de la República, y acreditar cumplimiento de obligaciones derivadas de cualquier otro convenio suscrito con el órgano que efectúa la transferencia. Además, los convenios con ejecutores deberán cumplir requisitos adicionales, como la antigüedad de al menos dos años de las instituciones privadas, la constitución de garantías en caso de transferencias superiores a 1.000 UTM, la consideración de hitos para las transferencias, la autorización para la subcontratación en casos excepcionales, y la prohibición de fraccionar asignaciones en distintos convenios destinados a un mismo objetivo. Por último, en relación a esta misma materia se establece la obligación de publicar información sobre proyectos, presupuestos y convenios en sitios electrónicos, y se faculta al Ministerio de Hacienda para impartir instrucciones complementarias respecto del contenido de los mismos.
    Artículo 40.- Durante el mes de diciembre de 2023, mediante resoluciones dictadas por los organismos del Gobierno Central regidos por esta ley, se podrán asignar recursos entre las regiones del país para programas e iniciativas de inversión de interés regional. Se deberá remitir copia de estas resoluciones a la Dirección de Presupuestos.
    Las resoluciones mencionadas en el inciso anterior deberán incluir, al menos, las características de los proyectos a financiar, los criterios de elegibilidad que deben reunir los proyectos ya evaluados que cumplan dichos criterios y otros de carácter específico.
    Con todo, a más tardar en el mes de enero de 2024, los consejos regionales deberán resolver la distribución de los recursos disponibles para proyectos y/o programas y su respectiva prioridad, sobre la base de la proposición del Gobernador Regional respectivo, incluyendo las provincias, comunas y/o agrupaciones de comunas, en que se distribuirán los recursos.
    Las instituciones ejecutoras de estos programas e iniciativas de inversión deberán informar trimestralmente al Gobierno Regional respectivo, del avance de su ejecución.