La presente ley tiene por finalidad otorgar un aporte único para los profesionales de la educación que no recibieron el pago total de la asignación prevista en el artículo 40 del decreto ley 3.551 de 1980, como consecuencia del traspaso de los establecimientos educacionales desde el Ministerio de Educación a las municipalidades o entidades sin fines de lucro. Destacamos que junto a un aumento en el sueldo base para el sector público, el mencionado decreto ley creó una asignación especial no imponible para los trabajadores dependientes del entonces Ministerio de Educación Pública, con el objeto de compensar el menoscabo de la retribución económica de los trabajadores de la educación. Esta asignación especial correspondía pagarse entre los años 1981 y 1988, en los plazos y porcentajes establecidos en los artículos 37 y 40 del decreto ley N° 3.551. El referido aporte asciende a la suma $4.500.000.-por beneficiario, se otorgará en dos cuotas y estará exento de impuestos, no será considerado remuneración, tampoco podrá ser embargado. El aporte es incompatible con otras compensaciones relacionadas y será transmisible en caso de fallecimiento del beneficiario. Los beneficiarios deben cumplir los requisitos indicados en el artículo 2 como, por ejemplo, haber trabajado en un establecimiento traspasado y no haber recibido el pago íntegro de tal asignación, ni tener reclamos judiciales pendientes. Además, deberán renunciar a cualquier acción legal en curso relacionada con ese pago. Asimismo, establece que existirá, seis períodos de pago, establecidos por edad, comenzando con las personas de mayor edad. Cada período incluirá dos cuotas: una en octubre de un año y otra en enero del siguiente. Además, se especifican los cupos disponibles para cada período de pago de acuerdo a la lista indicada en el inciso 4 del artículo 5. Además, se abrirán procesos de postulación para los profesionales de la educación no incluidos en la lista antes mencionada, podrán postular presentando los documentos solicitados y también deberán manifestar su interés en recibir el aporte. La Subsecretaría de Educación emitirá una resolución que pormenorizará la forma, plazos y otros aspectos necesarios para este proceso. Finalmente, la ley se encarga de señalar que si se recibe el aporte de manera indebida, deberá ser restituido con el reajuste correspondiente a la variación que experimente e Índice de Precios al Consumidor (I.P.C) Los recursos necesarios para financiar este gasto se cubrirán con el presupuesto del Ministerio de Educación y, en caso de ser necesario, con fondos del Tesoro Público.
    Artículo 3.- Primera nómina de las y los profesionales de la educación traspasados. El Ministerio de Educación, mediante una o más resoluciones exentas, definirá una primera nómina que individualizará a profesionales de la educación que fueron parte del traspaso como posibles beneficiarios del aporte. Ella incluirá a las personas que se encuentren en la o las listas que el Ministerio de Educación ha elaborado a partir de procesos de recolección de antecedentes realizados por éste de forma previa a la vigencia de esta ley.
    Tales resoluciones deberán dictarse dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, y procederán en su contra los recursos administrativos establecidos en la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
    Las y los profesionales de la educación que se encuentren en la nómina de traspasados a que se refiere el inciso primero y que pretendan acceder al aporte contemplado en esta ley deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 y se regirán por la asignación de cupos disponibles según lo indicado en el artículo 5.