APRUEBA LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

   

    Núm. 96.- Santiago, 22 de octubre de 2025.

    Vistos:

    Lo dispuesto en los artículos 1, 24, 32 N° 6 y 35 de la Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en los artículos 1, 3, literal b) del artículo 5, 7, 8, 9, literal n) del artículo 18, literal g) del artículo 21, literal d) del artículo 23 y 27, todos del artículo primero de la ley N° 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública; y en la resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

    Considerando:

    a) Que, el Ministerio de Seguridad Pública es la Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el Presidente o la Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y del orden público, la prevención del delito y, en el ámbito de sus competencias, a la protección de las personas en materias de seguridad, actuando como órgano rector en estas materias, correspondiéndole planificar, diseñar, formular, coordinar, sancionar, supervisar y evaluar las políticas relativas a tales materias, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del artículo primero de la ley N° 21.730.

    b) Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° del artículo primero de la ley N° 21.730, el Ministro o la Ministra de Seguridad Pública deberá efectuar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materia de seguridad pública, orden público, prevención del delito, atención y asistencia a víctimas, así como las demás funciones y atribuciones del Ministerio, para lo cual estará a cargo de planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar las políticas, planes y programas y fiscalizar las actividades dentro del ámbito de su competencia.

    c)  Que, el artículo 5°, letra b), del artículo primero de la ley N° 21.730 establece que corresponde al Ministerio de Seguridad Pública elaborar y proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Seguridad Pública, la que deberá incluir expresamente una estrategia de prevención del delito, la protección y atención de víctimas y las medidas de combate y prevención del crimen organizado y de los actos terroristas, entre otras. Asimismo, deberá coordinarla intersectorialmente, actualizarla y evaluarla periódicamente.

    d) Que, el artículo 8° del artículo primero de la mencionada ley, crea un Sistema de Seguridad Pública conformado por un conjunto de instituciones públicas y privadas que, mediante una acción coordinada y colaborativa, propenden a que el Estado asegure el orden público, la seguridad pública interior y fomente la prevención del delito. El Ministerio de Seguridad Pública estará a cargo del correcto funcionamiento del Sistema.

    e) Que, el artículo 9° del artículo primero de la ley N° 21.730, crea un Consejo Nacional de Seguridad Pública y un Consejo Nacional de Prevención del Delito, los cuales asesorarán al Ministerio de Seguridad Pública en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Pública.

    f) Que, conforme al artículo 27 del artículo primero de la ley N° 21.730, la Política Nacional de Seguridad Pública es el instrumento que determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en las materias de competencia del Ministerio de Seguridad Pública, así como los medios necesarios para alcanzarlos y los análisis sobre prevención del delito que sean pertinentes. Agrega su inciso segundo que para la elaboración de esta Política se considerarán, entre otras fuentes, la información, antecedentes y estadísticas que provean los Consejos de Seguridad Pública, así como el contenido de los Planes Comunales de Seguridad Pública y la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia.

    g) Que, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del mismo artículo, la Política Nacional de Seguridad Pública tendrá una vigencia de seis años y deberá ser aprobada por la Presidenta o el Presidente de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Seguridad Pública.

    h) Que, conforme a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley N° 21.730, el Ministerio de Seguridad Pública será el sucesor sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto de las atribuciones de este último que fueren asignadas en virtud de esta ley al primero.

    i) Que, la elaboración de la presente Política Nacional de Seguridad Pública se desarrolló a partir de octubre de 2022, mediante un proceso técnico y participativo, estructurado bajo la coordinación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cumplimiento de la ley N° 20.502, y con el apoyo del trabajo del entonces Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior. En ese contexto, durante 2023 y 2024, se realizaron sesiones temáticas y mesas de trabajo interinstitucionales que permitieron identificar desafíos y lineamientos, complementadas con diálogos participativos que incorporaron a autoridades, expertos, expertas y organizaciones sociales, entre otros actores relevantes.

    j) Que, luego de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y la entrada en vigencia de la ley N° 21.730, la propuesta de Política Nacional de Seguridad Pública fue presentada ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Prevención del Delito, en sesión conjunta celebrada el día 3 de julio de 2025, órganos de coordinación interinstitucional de carácter asesor previstos en la ley N° 21.730, instancia en la que se otorgó respaldo técnico a su contenido.

    k) Que, la seguridad pública constituye un objetivo esencial de la acción del Estado, directamente vinculada a la protección de los derechos de las personas y al fortalecimiento de la vida en comunidad; y que, en tal sentido, la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la definición de una Política Nacional en la materia reflejan el compromiso institucional del Estado de Chile por dotar al país de un marco rector estable en esta materia.

    l) Que, esta Política constituye el principal instrumento de planificación del Sistema de Seguridad Pública para el período 2025-2031, estableciendo el marco rector para la acción de las instituciones que lo integran y colaboran, mediante un modelo de gestión basado en evidencia, orientado a resultados, con énfasis en la focalización estratégica y la pertinencia territorial, que promueva la interoperabilidad y protección de la información, fomente la cooperación con distintos actores nacionales e internacionales, se adapte a los nuevos fenómenos criminales y asegure el buen uso de los recursos públicos.

    m)  Que, en atención a lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo con el objeto de aprobar la Política Nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento de lo establecido en la ley N° 21.730 y como expresión del compromiso del Estado con la protección de las personas, la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad pública interior.

    Decreto:

    Apruébase la "Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031", cuyo texto íntegro y fiel es el siguiente:

    "POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2025-2031

    I. INTRODUCCIÓN

    La dictación de la Política Nacional de Seguridad Pública (en adelante, "PNSP") se enmarca en el nuevo diseño institucional establecido por la ley N° 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la citada ley, la PNSP constituye el principal instrumento de planificación del Sistema de Seguridad Pública (en adelante, "Sistema") para el periodo 2025-2031, fijando un horizonte de seis años para su implementación y evaluación.

    Dicho artículo establece que la PNSP determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en materias de seguridad, así como los medios necesarios para alcanzarlos. Por su parte, el artículo 5°, letra b), de la misma ley establece que el Ministerio de Seguridad Pública tiene la atribución de elaborar y proponer al Presidente o Presidenta de la República la PNSP, la cual deberá incluir expresamente una estrategia de prevención del delito, protección y atención a víctimas y medidas para el combate y la prevención del crimen organizado y de los actos terroristas, entre otros.

    Por su parte, el artículo 8° de la referida ley define el Sistema de Seguridad Pública como el conjunto de instituciones o entidades públicas y privadas que, mediante su acción coordinada y colaborativa, propenden a que el Estado asegure el orden público, la seguridad pública interior y fomente la prevención del delito. El Ministerio de Seguridad Pública es el órgano responsable del correcto funcionamiento del Sistema, el cual estará integrado por los órganos de la Administración del Estado con competencia en las materias señaladas en el artículo 1° del artículo primero de la ley N° 21.730, así como por el Ministerio Público, las municipalidades y las demás entidades públicas o privadas que colaboren en estas materias.

    De acuerdo con lo anterior, la presente PNSP establece principios que enmarcan las estrategias, planes, programas y acciones del Sistema. Su objetivo general es reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía mediante el establecimiento de lineamientos al Sistema de Seguridad Pública, orientados a fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional en el diseño y la ejecución de políticas públicas basadas en evidencia.

    Para alcanzar el objetivo general, se formula un objetivo estratégico orientado a mejorar el funcionamiento del Sistema mediante un nuevo modelo de gestión en seguridad. Este, a su vez, contribuye al cumplimiento de objetivos específicos distribuidos en seis ámbitos de acción. Por último, cada uno de estos objetivos se operacionaliza mediante líneas de acción concretas, que se materializan en estrategias, planes, programas y acciones.

    La PNSP se estructura en seis secciones. Tras esta introducción, la sección II describe el proceso para su elaboración. La sección III presenta los principios que enmarcan la respuesta del Estado en materia de seguridad. La sección IV expone un diagnóstico de las principales problemáticas de seguridad que enfrenta el país, mientras que la sección V describe la gobernanza del Sistema de Seguridad Pública que implementa la PNSP. Luego, la sección VI desarrolla el objetivo general, el objetivo estratégico, los ámbitos de acción y sus respectivos objetivos específicos, junto con sus líneas de acción prioritarias. Finalmente, la sección VII establece el proceso de mejora continua de la PNSP.

    A continuación, se presenta un esquema de la estructura de la PNSP.

    II. PROCESO DE ELABORACIÓN

    La elaboración de la PNSP se realizó mediante un proceso técnico y participativo, estructurado en cinco etapas consecutivas. Este se inició bajo la coordinación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cumplimiento de la ley N° 20.502 y, posteriormente, fue asumido y finalizado por el Ministerio de Seguridad Pública, de conformidad con la ley N° 21.730. En el proceso se consideraron otras políticas y estrategias sectoriales e intersectoriales para asegurar la coherencia entre distintos instrumentos de planificación. A modo de ejemplo, se tuvo en cuenta la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, la Política Nacional contra el Crimen Organizado, la Política Nacional de Ciberseguridad y la Política Nacional de Persecución Penal. A continuación, se detallan las etapas del proceso de elaboración.

    Etapa 1: Mandato inicial

    El punto de partida fue en octubre de 2022, cuando el Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior acordó el desarrollo de la PNSP. En ese contexto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública impulsó el proceso de elaboración, desde el reconocimiento de la necesidad de una política nacional integral, basada en evidencia y orientada a una acción coordinada del Estado. Esta etapa permitió establecer las bases institucionales del proceso y asegurar su enfoque interinstitucional.

    Durante esta etapa se realizó una revisión de experiencias comparadas y de los distintos instrumentos de planificación de gobiernos anteriores. El primero de estos instrumentos tiene su origen en 1998 y corresponde al Plan Integral de Seguridad Ciudadana, seguido por la Política Nacional de Seguridad Ciudadana (2004), la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2006-2010), el Plan Chile Seguro (2010-2014), el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito (2014-2018), el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública (2018-2022) y el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito (2022-2026). Cada uno de estos instrumentos refleja la situación específica del país en materia de seguridad en el momento de su formulación.

    Etapa 2: Identificación de desafíos y lineamientos iniciales

    En esta etapa, realizada en mayo de 2023, se llevaron a cabo sesiones temáticas con representación técnica de las instituciones que integraban el Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior, además de otros organismos invitados. Estas mesas de trabajo permitieron detectar los principales problemas y desafíos futuros en materia de seguridad.

    A partir de lo realizado en la primera etapa, estas sesiones se organizaron en cuatro grupos de trabajo: Control; Prevención y Víctimas; Institucionalidad y Sanción y Persecución. Las sesiones incluyeron la revisión de experiencias de países donde sus políticas públicas han logrado reducir la delincuencia. Los lineamientos iniciales surgidos de este proceso fueron presentados en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior de junio de 2023 y constituyeron un insumo clave para la elaboración del primer borrador de política nacional.

    Etapa 3: Construcción colaborativa de la propuesta final del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

    El Ministerio del Interior y Seguridad Pública solicitó apoyo al Laboratorio de Gobierno para implementar una metodología participativa de retroalimentación, materializada en los Diálogos de la Política de Seguridad Pública. Esta fase contempló diferentes sesiones y convocó a autoridades, personas directivas y técnicas de las instituciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior, así como a representantes de los Consejos de la Sociedad Civil y personas expertas. Estas sesiones propiciaron un espacio para mejorar y validar los contenidos de la propuesta de política nacional de manera participativa, sentando las bases para una implementación sostenible. En esta etapa, el documento fue enviado con anticipación a los participantes, lo que permitió que los diálogos se centraran en propuestas específicas, orientándose la discusión hacia el perfeccionamiento y la incorporación de nuevos desafíos. En octubre de 2023, además, se realizó la primera sesión del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se recogieron sus opiniones sobre seguridad y derechos, en cumplimiento de lo establecido en la ley N° 21.430.

    Posteriormente, se consolidó una segunda versión de propuesta de política nacional, la cual fue enviada mediante oficio a las 14 instituciones que integraban por ley el Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior y a las 18 instituciones que fueron invitadas al proceso de elaboración. A cada entidad se le solicitó remitir observaciones, con el fin de prevenir conflictos normativos y fortalecer la coordinación y colaboración entre los organismos del Estado, en cumplimiento del artículo 37° bis de la ley N° 19.880. De forma paralela, se desarrollaron rondas de conversación con actores sociales y políticos relevantes, entre ellos, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Municipios Rurales, la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, delegados y delegadas presidenciales regionales, ex autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, parlamentarios y parlamentarias, académicos y académicas y representantes de centros de estudios.

    Tras la sistematización de los comentarios recibidos, tanto por oficio como en los diálogos, se elaboró una tercera versión de la política nacional, la cual fue presentada al Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior. Este documento representó la propuesta final alcanzada durante la vigencia de la antigua institucionalidad.

    Etapa 4: Adecuación al nuevo diseño institucional

    La ley N° 21.730, publicada en febrero de 2025, estableció un Sistema de Seguridad Pública e introdujo nuevos requisitos respecto a la estructura y contenidos de la PNSP.

    En virtud de ello, la propuesta de la PNSP debió ser actualizada y ajustada por los equipos técnicos del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa vigente y asegurar la coherencia con el diseño del Sistema. Asimismo, resultó necesario un proceso de consulta con los integrantes de los consejos nacionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, quienes, conforme a la nueva ley, asesoran en la elaboración de la PNSP.

    Etapa 5: Presentación y aprobación

    En la etapa final, el Ministerio de Seguridad Pública presentó la nueva estructura de propuesta de PNSP con su objetivo general y objetivo estratégico, junto con sus objetivos específicos y líneas de acción priorizadas, organizadas en ámbitos de acción. Esta presentación se realizó en el marco de las sesiones constitutivas de los consejos nacionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, celebradas en abril de 2025.

    Posteriormente, la propuesta actualizada fue enviada a los integrantes de ambos consejos para su revisión. Tras este proceso, la versión final de la política fue presentada en una sesión conjunta de los consejos nacionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, realizada en julio de 2025.

    Finalmente, la propuesta de PNSP fue entregada al Presidente de la República para su aprobación.

    III. PRINCIPIOS RECTORES

    La Política Nacional de Seguridad Pública se rige por un conjunto de principios que definen los valores que guían las políticas públicas de las instituciones que integran y colaboran con el Sistema de Seguridad Pública. Estos principios buscan asegurar que las políticas de seguridad contribuyan a los desafíos del país en materia de legitimidad democrática, respeto irrestricto a los derechos humanos, cohesión social, equidad territorial y confianza pública.

    Principio de legalidad

    En Chile rige el Estado de Derecho: el Estado es el encargado de hacer cumplir las normas que regulan la convivencia social, con respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

    Seguridad como derecho humano

    La seguridad es un derecho humano fundamental. Garantizarla a todas las personas, sin excepción, constituye una obligación primordial del Estado, ya que es una condición indispensable para el pleno ejercicio de otros derechos y libertades fundamentales.

    Seguridad con perspectiva sistémica

    Las causas de la violencia y el delito exigen que el Sistema de Seguridad Pública fomente una actuación integrada de sus diversas instituciones y una comprensión integral de los factores sociales, institucionales y territoriales que originan y que permiten abordar estos fenómenos.

    Seguridad con perspectiva ciudadana

    Las personas son quienes padecen directamente las consecuencias de la violencia, el delito y el temor que estos generan. En consecuencia, es esencial promover la participación de las comunidades en el diagnóstico, la implementación y la evaluación de las políticas de seguridad, fortaleciendo la legitimidad y eficacia del Sistema de Seguridad Pública.

    Seguridad con transparencia, probidad y rendición de cuentas

    La gestión de la seguridad debe fundamentarse en altos estándares de transparencia y probidad de las instituciones que integran el Sistema de Seguridad Pública, así como en mecanismos de control por parte de la sociedad civil para asegurar el uso responsable de los recursos y el cumplimiento de los principios democráticos.

    Seguridad con perspectiva de género

    Las mujeres y personas de la diversidad sexo-genérica enfrentan la violencia, el delito y el temor de manera diferenciada tanto en espacios públicos como privados. Las políticas de seguridad deben integrar una perspectiva de género en todas las etapas de su ciclo, garantizando respuestas efectivas, específicas y respetuosas de sus derechos.

    Seguridad con protección especial a la niñez, adolescencia y personas mayores

    Los niños, niñas, adolescentes y personas mayores experimentan la violencia, el delito y el temor de manera diferenciada tanto en espacios públicos como privados. Las políticas de seguridad deben adaptarse a las necesidades de estos grupos de especial protección, para garantizar respuestas efectivas, específicas y respetuosas de sus derechos.

    IV. DIAGNÓSTICO

    Este capítulo analiza los principales fenómenos en materia de seguridad pública que se han evidenciado durante la última década (2015-2025). Este diagnóstico fundamenta los objetivos y las líneas de acción que se presentan en el siguiente apartado.

    IV.1. Aumento de la violencia delictual y niveles elevados y persistentes de temor al delito

    Durante la última década, la criminalidad en Chile ha estado marcada por tres fenómenos: una disminución de los delitos no violentos(1), un aumento en los delitos violentos(2) y un alto y persistente temor al delito.

    Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (en adelante, "ENUSC"), entre 2015 y 2024 se ha registrado una disminución en el porcentaje de hogares victimizados por delitos de mayor connotación social(3). Entre 2015 y 2018, la victimización por estos delitos superó el 25% y alcanzó el 28% en 2017. En 2020 y 2021, las cifras descendieron significativamente a 19,2% y 16,9%, respectivamente, debido a las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia por COVID-19. En 2022 (21,8%), 2023 (21,7%) y 2024 (23,5%) hubo un aumento, manteniéndose, no obstante, por debajo de los niveles registrados antes de 2019 (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025c).

    Los casos policiales de delitos contra la propiedad no violentos(4) han experimentado una disminución desde 2014, año en el que se registraron 424.765 casos. Hasta 2024, estos delitos se redujeron en 25%, cuando llegaron a 318.656 casos. En particular, los robos de vehículos y sus accesorios disminuyeron en 14,7%, pasando de 96.897 casos en 2014 a 82.718 en 2024. Esta baja ha sido consistente tanto en el robo de vehículos motorizados, que cayó 12,7%, como en el robo de objetos desde vehículos, que disminuyó 15,7%. Por su parte, los robos por sorpresa se han mantenido relativamente estables, con 40.716 casos en 2014 y 40.493 en 2024 (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025a).

    No obstante, esta disminución en los delitos no violentos durante la última década contrasta con el incremento de los delitos violentos observado en los últimos años. Estos últimos revisten mayor gravedad, ya que atentan directamente contra la integridad física o psicológica de las personas. Según la ENUSC 2024 la victimización de hogares por delitos violentos fue de un 8,5% para el año 2024, destacándose con mayor proporción el robo con violencia o intimidación (3,5%) y las amenazas violentas que aumentaron de 2,8% a 3,2% entre la medición del 2023 y de 2024 (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025c).

    Entre los años 2018(5) y 2022, la tasa de homicidios creció de 4,5 a 6,7 por cada 100 mil habitantes, lo que representa un incremento de 48,9%. No obstante, en 2023 y 2024 se logró quebrar la tendencia al alza en este delito, reduciéndose la tasa a 6,0 homicidios cada 100 mil habitantes (Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, 2025a). Esta tendencia a la baja ha continuado en el primer semestre de 2025, con una reducción de 13,8% en la tasa de homicidios respecto al mismo período de 2024 (Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, 2025b). Paralelamente, se ha registrado un aumento en la proporción de víctimas extranjeras, que pasaron del 5,6% en 2020 al 18,2% en 2024 (Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, 2025a).

    Entre 2015 y 2024, los delitos violentos asociados a violaciones y otros delitos sexuales muestran una tendencia general al alza. La tasa de casos policiales por cada 100 mil habitantes aumentó de 69,2 en 2015 a un máximo de 124,5 en 2022, para luego disminuir a 106,7 en 2024 (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025b).

_________________

(1) Dado que no existe una tipificación legal o categoría de uso común para "delitos no violentos", para efectos de la Política Nacional de Seguridad Pública, estos se definen de manera residual,considerando como tales aquellos delitos que no ponen en riesgo la vida, la integridad física o psíquica, la libertad personal y la seguridad individual. En este marco, se incluyen delitos económicos, delitos contra la administración pública, delitos contemplados en la ley de drogas, delitos contemplados en la ley de armas, delitos contra la propiedad, tales como robo por sorpresa, robo en lugar habitado y en lugar no habitado, robo de vehículos, receptación, hurto, entre otros.

(2) Para efectos de la Política Nacional de Seguridad Pública, se entenderá por "delitos violentos" aquel conjunto de conductas tipificadas en el Código Penal que afectan principalmente la vida, la integridad física o psíquica, la libertad personal, la  seguridad individual y la propiedad, tales como homicidio, femicidio, parricidio, infanticidio, secuestro, sustracción de menores, violación, robo con violencia o intimidación, robo de vehículos (en base a la intimidación o violencia de las personas),  lesiones, extorsión, apremios ilegítimos, tortura y delitos vinculados a la trata de personas, entre otros.

(3) Incluye robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo a la vivienda, robo de vehículo o de accesorio de vehículo, hurto y lesiones.

(4) La categoría "Delitos contra la propiedad no violentos" incluye robo en lugar habitado y no habitado (sin intimidación o violencia de las personas), robo de vehículos y sus accesorios (sin intimidación o violencia de las personas), otros robos con fuerza en las cosas, hurtos y receptación.

(5) Desde 2018, la cifra de víctimas de homicidios consumados en Chile constituye la estadística oficial del Estado

    En cuanto a los robos con violencia o intimidación, la tasa de casos policiales por cada 100 mil habitantes se mantuvo alta y creciente hasta 2019 (411,7). Durante la pandemia registró una fuerte caída (242,3 en 2021), pero volvió a elevarse y alcanzo una tasa de 398,6 en 2024 (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025b).

    Entre 2014 y 2024, los casos de delitos de secuestro han experimentado un crecimiento sostenido. Los ingresos por secuestro aumentaron de 360 en 2014 a 868 en 2024, lo que representa más del doble respecto al inicio de la serie. Sin embargo, las causas válidas(6) asociadas a secuestro en 2024 (593) disminuyeron en comparación con 2023 (627) y 2022 (661). A pesar de ello, del total de causas válidas, las tipologías con mayor vínculo con la criminalidad organizada han registrado incrementos, tales como: con fines de extorsión (21,1%), con ajuste de cuentas, cobro de deudas o venganza (14,7%), entre grupos delictivos o dentro de ellos (1,2%) y con fines de explotación sexual (0,8%) (Ministerio Público, 2025c).

    En cuanto al temor al delito, diversos estudios internacionales comparativos sitúan a Chile entre los países con mayores niveles de percepción de inseguridad (Gallup, 2024; IPSOS, 2025). Este temor tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las personas, ya que restringe su movilidad, acceso a servicios y participación en la vida comunitaria.

    Según la ENUSC 2024, entre 2015 y 2024 (con excepción de 2018), más del 80% de la población ha declarado que la delincuencia ha aumentado en el país. Esta percepción mostró una disminución leve entre 2015 y 2018, al pasar de 86,8% a 76,8%. Luego aumentó a 81,8% en 2019, alcanzó un máximo de 90,6% en 2022 y se mantuvo elevada en 2023 y 2024 (87,6% y 87,7%, respectivamente) (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025c).

    En cuanto a la percepción de aumento de la delincuencia en la propia comuna o barrio, aunque los niveles son menores, siguen una tendencia similar. Los datos muestran que la percepción de incremento en la delincuencia aumenta de manera significativa a medida que se amplía el nivel territorial considerado: alcanza el 50,8% a nivel de barrio, 74,5% a nivel de comuna y 87,7% a nivel de país en 2024. En todos estos niveles las mujeres reportan un mayor nivel de percepción de inseguridad que los hombres (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025c).

    Por último, la mayoría de la población cree que será víctima de algún delito. En 2023, el 52,9% respondió afirmativamente a la pregunta de si cree que será víctima de algún delito en los próximos 12 meses, cifra que aumentó a 57% en 2024 (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025c). En relación con delitos violentos, según datos de Fundación Paz Ciudadana (2024) el 21% considera bastante o muy probable ser víctima de un delito sexual, el 23,1% de secuestro, el 31,4% de homicidio y el 51,8% de un robo con violencia.

    IV.2. Reducción de niños, niñas y adolescentes infractores de ley, pero incremento en la proporción de delitos violentos cometidos por ellos y en los que son víctimas de delitos 

    La criminalidad involucra de formas particulares a niños, niñas y adolescentes (en adelante, "NNA"). Desde el año 2020, se registra un incremento en la cantidad de NNA que son víctimas de delitos, faltas o infracciones.

    En 2024, las policías reportaron 103.065 víctimas que correspondían a NNA, lo que representa el 7,1% del total de víctimas registradas en el país. En comparación, en 2020 se reportaron 60.516 víctimas; en 2021, 74.930; en 2022, 96.176; y en 2023, 100.085 (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025a).

    Si se considera únicamente las principales familias de delitos, es decir, sin incluir faltas ni incivilidades, en 2024 el 68,93% de las víctimas NNA (26.615) correspondieron a delitos violentos. Entre estos, las víctimas de violaciones y delitos sexuales (7.763) son el 29,16% del total de delitos violentos (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025a).

    Entre los delitos violentos que afectan gravemente a NNA, se registra en los últimos cinco años un alza en los homicidios consumados. Con un total de 76 víctimas, el año 2024 se posiciona como el período con mayor número de homicidios de NNA desde 2018, lo que representa un aumento del 15,2% respecto de 2023, cuando se registraron 66 casos (Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, 2025a). En el primer semestre de 2025, sin embargo, se verificó un importante descenso en el número de NNA víctimas de homicidio consumado, registrándose 22 víctimas, un 40,5% menos que el mismo período de 2024 (Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, 2025b).

    Por su parte, la evidencia sugiere que las victimizaciones que afectan a NNA son mayores que las que efectivamente se denuncian. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Polivictimización en Niños, Niñas y Adolescentes 2023, el 64% ha sufrido victimizaciones indirectas de exposición a la violencia en la comunidad, el 46% ha vivido ataques físicos y el 39% maltrato por parte de sus padres o cuidadores. Entre los aumentos más significativos entre las dos versiones de la encuesta (2017 y 2023) se observa el maltrato por pares y el maltrato por parte de padres o cuidadores. Por último, los resultados muestran que los NNA que se han involucrado en situaciones delictuales tienden a presentar mayores prevalencias de distintas victimizaciones y polivictimización que sus pares (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2017; Subsecretaría de Prevención del Delito, 2023).

_________________

(6) Para el Ministerio Público (2025c), las causas válidas corresponden a las causas asociadas a secuestros tras el proceso de depuración. La metodología para determinar las causas válidas consiste en la eliminación de casos que no corresponderían a secuestros, a secuestros tentados y frustrados, en aquellos que no se identifican víctimas mayores de edad y casos duplicados. Cabe señalar que se utilizan como sinónimos los conceptos de "causas válidas" y "casos validados".

    Por otro lado, el número de menores de 18 años infractores de ley ha disminuido en la última década, aunque las cifras recientes muestran tendencias al alza. Durante los años de pandemia, la cantidad de ingresos al sistema de responsabilidad penal adolescente descendió de manera significativa. No obstante, la tendencia a la baja no se sostuvo. En 2023 se registraron 36.468 casos, una cifra similar a los 36.083 casos observados en 2017 (Ministerio Público, 2013-2023).

    Por último, desde el año 2020 se comienza a observar un aumento en la proporción de delitos violentos en relación con los no violentos y una alta tasa de reingreso al sistema de jóvenes infractores. Los ingresos por delitos violentos pasaron del 47% en 2020 al 57% en 2022, lo que llevó a superar por primera vez a los delitos no violentos (Ministerio Público, 2013-2023). Este cambio en la tendencia histórica, que por más de una década mantuvo la predominancia de delitos no violentos, sugiere una transformación cualitativa en el tipo de delitos cometidos por adolescentes y jóvenes (Centro Justicia y Sociedad, 2025).

    IV.3. Violencia y delitos en contra de las mujeres

    Las mujeres enfrentan la violencia, el delito y el temor de manera diferenciada tanto en espacios públicos como privados. Según la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, el 20,3% declara haber sufrido al menos un tipo de violencia psicológica, física o sexual en los últimos 12 meses (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2024a).

    La prevalencia de violencia contra las mujeres ha mostrado una tendencia al alza, pasando de 18,2% en 2012 a 21,7% en 2020. En 2024 se registró una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto a 2020, lo que podría indicar una mejora reciente; sin embargo, los niveles siguen siendo superiores a los observados en 2012 (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2024a). Las cifras más altas se concentran en mujeres jóvenes: el grupo entre 19 y 25 años presenta una prevalencia del 29,9%, seguido por el tramo entre 15 y 18 años, con un 24,6% (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2024a).

    En cuanto a los casos policiales, la violencia intrafamiliar presenta tasas elevadas de forma sostenida en el tiempo. En 2024 se reportaron 704,2 casos por cada 100 mil habitantes, cifra ligeramente inferior al máximo registrado en 2022 (737,3 casos) (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025b). De un total de 132.555 víctimas, el 77% corresponde a mujeres (102.841 casos). La mayor concentración de víctimas se encuentra en los tramos de 30 a 44 años, seguida por el grupo de 18 a 29 años (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025a).

    Los delitos sexuales, que incluyen violación, abuso, acoso y otros tipos de violencia sexual, han mostrado una trayectoria ascendente en la última década, con una de una tasa de 69,2 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 106,7 en 2024, y con un máximo de 124,5 en 2022. Esta tendencia sugiere tanto una mayor disposición a denunciar, como una persistente prevalencia de estos delitos (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025b).

    La manifestación más extrema de la violencia de género la constituye el femicidio. Entre 2015 y 2024 se han registrado más de 350 femicidios consumados, con cifras anuales que oscilan entre 29 y 54 casos. A ello se suman los intentos de femicidio, que continúan representando un riesgo vital alarmante para las mujeres (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025a).

    Por último, los resultados de la ENUSC 2024 confirman que el temor al delito es más alto en mujeres que en hombres. Ellas perciben un mayor aumento de la delincuencia en todos los niveles territoriales: 4,3 puntos porcentuales más en el país, 6,3 puntos más en su comuna y 5,9 puntos más en su barrio (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025c).

    IV.4. Desorganización social y temor al delito

    La desorganización social, al igual que los delitos, presenta una marcada concentración territorial, predominando en ciertos barrios, condominios e incluso calles que comparten características demográficas, urbanas y socioeconómicas. Este fenómeno se refiere a la calidad de las relaciones entre vecinos y vecinas dentro de un territorio, expresada en la falta de cohesión social y en la debilidad del control social informal frente a conductas desviadas. Este deterioro de los vínculos comunitarios socava la confianza y el respeto mutuo. Factores como los bajos niveles de confianza interpersonal, la escasa capacidad de organización comunitaria y una débil identificación con el territorio inciden directamente en el aumento del temor al delito.

    En relación con la percepción de situaciones delictivas en el barrio, el 18,8% de las personas reporta haber sido víctima de robos o asaltos en la vía pública, mientras que el 16,7% percibe balaceras o disparos, y el 11,8% observa actos de vandalismo o daños a la propiedad, excluyendo rayados (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025c).

    Una serie de estudios señalan que el temor al delito no se explica únicamente por la ocurrencia de hechos delictivos, sino también por la percepción que tienen las personas sobre la desorganización social en su entorno cercano (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2020). Respecto a la percepción de ocurrencia de desórdenes en el barrio, el 40% de la población reporta presencia de consumo de alcohol o drogas en la vía pública, el 34,2% menciona lanzamiento de fuegos artificiales, el 31,7% señala sitios eriazos descuidados o acumulación de basura, y el 27,6% reporta personas que habitan o duermen en la calle (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025c).

    El temor al delito genera efectos conductuales que afectan la vida cotidiana de las personas. Según la ENUSC 2024, el 67,9% de las personas se siente insegura caminando sola por su barrio cuando ya está oscuro, el 65,7% ha dejado de usar el teléfono celular o artículos electrónicos en público por miedo a ser víctima de un delito, el 64,3% evita transitar por ciertas áreas y el 59,2% ha dejado de salir de noche. En todas estas actividades, las mujeres han reducido su participación en mayor proporción que los hombres. Además, también se observan cambios en el comportamiento financiero: el 53,1% ha dejado de llevar dinero en efectivo y el 50,2% evita usar objetos de valor, como joyas o relojes en espacios públicos (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2025c).

    Asimismo, datos de Fundación Paz Ciudadana (2024) indican que el 76,3% de las personas ha dejado de asistir a ciertos lugares, el 75,3% evita salir en determinadas horas y el 67,3% ha reforzado la seguridad de su vivienda. Estas conductas reflejan no solo las restricciones en la vida cotidiana, sino también el impacto económico del temor, evidenciado en mayores gastos destinados a la protección del hogar.

    Finalmente, la evidencia indica que la desorganización social tiene un fuerte componente territorial, vinculado a entornos urbanos con menor acceso a infraestructura y servicios, así como a condiciones persistentes de pobreza multidimensional y exclusión social. Estas desigualdades crean ambientes propicios para la proliferación del temor y la violencia.

    IV.5. Crimen organizado

    Enfrentar el crecimiento del crimen organizado en Chile se ha convertido en uno de los principales desafíos en materia de seguridad durante los últimos años, lo que se evidencia, por ejemplo, con la dictación de la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado (Subsecretaría del Interior, 2022).

    Este fenómeno se ha manifestado en la expansión de mercados criminales, tales como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas, los mercados de receptación de especies robadas, entre otros (Ministerio Público, 2024).

    El tráfico ilícito de drogas es la principal actividad económica de las organizaciones criminales. En particular, es posible observar un incremento sostenido del tráfico en pequeñas cantidades y del cultivo de marihuana en territorio nacional. Además, han emergido nuevos fenómenos, como el tráfico de drogas sintéticas, particularmente MDMA y ketamina (Ministerio Público, 2024).

    Las organizaciones criminales también explotan otros mercados ilícitos. Entre ellos, destacan el contrabando, el robo de cables, madera y salmones y la receptación de objetos robados (Subsecretaría del Interior, 2022; Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2023; Ministerio Público, 2024). Respecto al último, el mercado de robo y receptación de vehículos motorizados mostró un incremento en los años posteriores a la pandemia del COVID-19, donde el máximo de la serie 2014-2024 se alcanza en los años 2022, 2023 y 2024 (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2024b).

    Junto a lo anterior, en los últimos años se ha evidenciado una tendencia al alza de delitos predatorios(7), como la trata de personas, la extorsión y los secuestros. A su vez, estos se relacionan con una serie de delitos conexos(8) que buscan proteger o ampliar las actividades económicas ilícitas, tales como la corrupción, el lavado de activos, los homicidios vinculados al crimen organizado y una amplia gama de prácticas destinadas a asegurar el control territorial por parte de grupos criminales (El PACcTO, 2021; Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2023).

    Respecto de los delitos predatorios, los casos de extorsión aumentaron de forma drástica y sostenida entre 2014 y 2023, de 47 ingresos en 2014 a 763 en 2023 (Ministerio Público, 2025a). Cabe señalar que el incremento más importante se produjo entre 2022 y 2023, lo que se podría explicar parcialmente por la modificación legal que amplía las hipótesis que configuran este delito (Ministerio Público, 2025a). Por su parte, los ingresos de secuestros también experimentaron un crecimiento entre 2014 y 2024, con un aumento particularmente abrupto entre 2021 y 2022, período en el cual se pasó de 492 a 826 ingresos (Ministerio Público, 2025c). En tanto, la mayor concentración de casos de trata de personas del período 2014-2023 se registró entre los años 2022 y 2023, con 11 y 10 causas respectivamente (Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, 2024).

_________________

(7) Aquellos delitos que generan ingresos a partir de la explotación o la coerción de las víctimas (Ministerio Público, 2025a).

(8) Aquellos delitos que no generan ganancias económicas directamente, sino que se utilizan como medios para proteger o expandir las actividades económicas ilícitas (Ministerio Público, 2025b).

    En cuanto a los delitos conexos, entre 2019 y 2023, los tribunales chilenos dictaron 191 sentencias condenatorias por lavado de activos, donde los delitos más comunes son el tráfico de drogas, la asociación ilícita en diversas formas y la malversación de caudales públicos. Además, las operaciones de lavado de activos han logrado penetrar sectores clave como automotoras, bancos, notarías y conservadores de bienes raíces, por medio de la utilización de testaferros, sociedades ficticias y transacciones anómalas para ocultar el origen ilícito de los fondos (Unidad de Análisis Financiero, 2025).

    La corrupción, en tanto, opera como una herramienta para neutralizar los mecanismos de control estatal y evadir la acción de la justicia. A través de sobornos, cooptación de funcionarios públicos y la infiltración en instituciones clave, los grupos criminales buscan asegurar impunidad, obtener información privilegiada y desviar investigaciones. La relación del crimen organizado con casos de corrupción está vastamente documentada en la literatura académica (Buscaglia & Van Dijk, 2003; Rose-Ackerman & Palifka, 2016; Vilalta, Fondevila & Dammert, 2025). En Chile, de acuerdo con informes internacionales, el riesgo de corrupción es particularmente alto en zonas fronterizas (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2023).

    Los grupos organizados recurren al control territorial como una forma de asegurar el dominio de sus operaciones delictuales e inhibir las denuncias de la ciudadanía. Si bien actualmente no existen datos que permitan dimensionar el fenómeno en nuestro país, la literatura académica (Badillo-Sarmiento & Trejos-Rosero, 2023; Feldmann & Luna, 2022) muestra que la expansión del crimen organizado va aparejada del incremento de estas prácticas, lo que genera el riesgo de que se instalen gobernanzas criminales que disputen el control del Estado sobre los territorios. 

    Delitos conexos de particular preocupación por su violencia e impacto en el temor de la ciudadanía, son los homicidios y delitos relacionados con armas de fuego. Los homicidios, desde la perspectiva de las organizaciones criminales, son un medio estratégico para proteger y ampliar actividades económicas ilícitas. De la mano de la tendencia al alza de estos delitos hasta 2022, es importante destacar que, desde el año 2020, las armas de fuego han sido el principal mecanismo de muerte, las que alcanzaron un máximo de 54,1% en 2022 (Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, 2025a).

    En el contexto del crimen organizado, las armas de fuego cumplen tanto la función de un fin, en el caso del tráfico ilícito, como de un medio para la comisión de otros delitos. Diversos informes han destacado el tráfico ilícito de armas desde el extranjero como un fenómeno de especial preocupación (Ministerio Público, 2024).

    Aunque el crimen organizado es un fenómeno de carácter transnacional, sus expresiones territoriales son muy específicas. En este contexto, la Macrozona Norte tiene una importancia particular, debido a que el incremento de los flujos migratorios y la extensa frontera del país han sido aprovechados por organizaciones criminales para el tráfico ilícito de migrantes, drogas, armas y mercancías de contrabando. Frente a estos desafíos, el Estado ha intensificado sus esfuerzos, fortaleciendo sus capacidades de control mediante, por ejemplo, el despliegue extraordinario de las Fuerzas Armadas para el resguardo y control de zonas fronterizas, en apoyo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En efecto, de acuerdo con los registros de la PDI, las denuncias y autodenuncias de ingresos por pasos no habilitados se redujeron en un 48% entre 2021 y 2024 (Servicio Nacional de Migraciones, 2025), aunque aún persisten desafíos en las fronteras que requieren de nuevos esfuerzos.

    Por último, la Macrozona Sur enfrenta una situación prolongada de conflicto y violencia rural que, en la última década, se ha agravado con la presencia de grupos armados organizados que incluso han recurrido a actos terroristas, algunos de ellos con vínculos con mercados ilícitos. Para abordar esta problemática, el Gobierno ha implementado una estrategia integral que incluye la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento, el Plan Buen Vivir y una Estrategia de Seguridad específica para la zona. En materia de control, se ha recurrido al despliegue de las Fuerzas Armadas mediante el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, además del fortalecimiento de las capacidades policiales y la incorporación de nuevas herramientas legales, como la ley que tipifica el robo de madera (ley N° 21.488); la ley que refuerza la persecución del crimen organizado (ley N° 21.577); y la nueva ley antiterrorista (ley N° 21.732). En virtud de estas acciones, se han logrado reducir los eventos de violencia rural en alrededor de un 70% desde 2021 (año en que se alcanzó el máximo histórico) a 2024, llegando a la cifra más baja desde 2018. Sin embargo, los hechos violentos aún persisten, manteniendo un foco de atención en la zona (Subsecretaría del Interior, 2025).

    IV.6. Aumento de población carcelaria, cambios en los perfiles criminógenos y violencia en las cárceles

    Actualmente, Gendarmería de Chile atiende a una población que supera las 150.000 personas, distribuidas en el subsistema cerrado (40,8%), en el subsistema abierto (46,5%) y en el subsistema postpenitenciario (12,7%) (Gendarmería de Chile, 2025). La sobrepoblación en un número importante de cárceles del país, resultado del aumento acelerado y sostenido de la población penitenciaria desde 2021, junto con el incremento de perfiles criminógenos más complejos entre las personas privadas de libertad, genera condiciones propicias para la violencia intrapenitenciaria. Además, dificulta la reinserción social y podría aumentar la reincidencia delictiva.

    El sistema penitenciario chileno enfrenta un aumento significativo de la población penal extranjera, la cual pasó del 3% en 2002 al 15% en 2024, con más de 9.000 internos, principalmente provenientes de Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú (Gendarmería de Chile, 2025). Este crecimiento ha fortalecido la presencia de organizaciones criminales transnacionales, como las dedicadas al narcotráfico, que podrían operar desde las cárceles para coordinar actividades delictivas y reclutar nuevos miembros. La desarticulación de estas redes es crucial para reducir la violencia al interior de los recintos penitenciarios.

    Una de las manifestaciones más complejas de la violencia carcelaria son los homicidios ocurridos en las cárceles. Entre 2015 y 2024 se registraron 464 homicidios en recintos penitenciarios chilenos, con fluctuaciones significativas: desde un máximo de 61 casos en 2020 hasta un mínimo de 29 en 2022, y un nuevo aumento a 48 en 2024 (Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo, 2025). Estas cifras reflejan la persistencia de la violencia intrapenitenciaria, influida por factores como el crimen organizado y las condiciones carcelarias. La reducción de estos índices requiere la desarticulación de organizaciones criminales, el fortalecimiento de las medidas de seguridad y una mejor gestión penitenciaria.

    IV.7. Necesidad de profundizar el fortalecimiento institucional del Estado para abordar los desafíos en seguridad

    Las transformaciones que ha experimentado la criminalidad en Chile durante la última década han planteado desafíos complejos que las instituciones deben enfrentar con sentido de urgencia y respuestas coordinadas. La creación del Ministerio de Seguridad Pública, el Sistema de Seguridad Pública, las modificaciones legales y las iniciativas de fortalecimiento de las capacidades de sus instituciones que se han implementado durante los últimos años avanzan en esa dirección. El fortalecimiento institucional, entendido como la capacidad de estas entidades para fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional en el diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencia, debe continuar profundizándose tanto en los órganos de la Administración del Estado como en las entidades públicas y privadas colaboradoras del Sistema. 

    Como se indica en la "Sección II", la elaboración de esta política nacional incluyó la realización de diversas mesas de trabajo con la participación técnica de las instituciones que integraron el Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior. Durante estas sesiones, surgió de manera reiterada la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de la seguridad pública. La falta de una integración sostenida en el tiempo ha sido un obstáculo persistente para una gestión eficaz, lo que ha provocado respuestas estatales que no evolucionan con la rapidez necesaria para afrontar los nuevos fenómenos delictivos.

    El Sistema de Seguridad Pública, establecido en la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, enfrenta tres desafíos clave en materia de gestión de la seguridad pública: superar la fragmentación de la información, para avanzar hacia una gestión de datos integrada e interoperable entre instituciones; mejorar la coordinación y colaboración interinstitucional tanto estratégica como operativa; y establecer un enfoque de gestión por resultados, que permita evaluar el impacto de las políticas públicas del Sistema.

    Los tres desafíos señalados han limitado hasta ahora la capacidad del Estado para el diseño y la ejecución de políticas basadas en evidencia y la articulación de respuestas rápidas y eficaces ante nuevos fenómenos delictivos. En este contexto, resulta fundamental avanzar hacia un nuevo modelo de gestión pública en seguridad, que opere de manera integrada, con objetivos compartidos, seguimiento en sus etapas de trabajo, capital humano altamente capacitado y herramientas tecnológicas de vanguardia. Este modelo debe permitir una gestión eficaz de la prevención, el control, la persecución y sanción del delito, así como la protección de las víctimas y la reinserción social de las personas condenadas, a través de la incorporación de evaluaciones periódicas de resultados y mecanismos transparentes de rendición de cuentas.

    Por último, los diagnósticos de los últimos años coinciden en que el delito en Chile ha evolucionado: hoy es más violento, organizado y difícil de prevenir, controlar, perseguir y sancionar mediante enfoques unidimensionales y con las capacidades institucionales actuales. Esta transformación exige un fortalecimiento institucional de igual magnitud, enfocado en la interoperabilidad; la coordinación y colaboración de los órganos del Estado, el sector privado y la sociedad civil; la prevención y una gestión sistémica orientada a resultados. En este contexto, la PNSP, de acuerdo con lo establecido por la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, traza como objetivo estratégico establecer el Sistema de Seguridad Pública y su modelo de gestión en seguridad.

    V. GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA

    Como se indicó, el artículo 8° de la ley N° 21.730 establece que el Sistema de Seguridad Pública está compuesto por los órganos de la Administración del Estado con competencia en las materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y del orden público, a la prevención del delito y a la protección de las personas en materias de seguridad, junto con el Ministerio Público, las municipalidades y las demás entidades públicas y privadas que colaboren en dichas materias.

    Adicionalmente, el citado artículo 8° establece que el Ministerio de Seguridad Pública, como órgano responsable del correcto funcionamiento del Sistema, deberá convocar a instancias estratégicas de colaboración y coordinación, tales como los consejos de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, comités interministeriales, comités ejecutivos o fuerzas de tarea para abordar actividades o acciones determinadas.

    El artículo 9° de la ley N° 21.730 crea, por un lado, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y, por otro, el Consejo Nacional de Prevención del Delito, ambas instancias de coordinación y colaboración del Sistema que asesoran al Ministerio de Seguridad Pública en la elaboración de la PNSP. En el primero participan los ministros o ministras del Interior, Defensa Nacional, Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, además del Fiscal Nacional del Ministerio Público, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y el Director Nacional de Gendarmería. En el segundo participan los ministros o ministras del Interior, Defensa Nacional, Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y Familia, Educación, Vivienda y Urbanismo, Mujer y Equidad de Género, junto con el General Director de Carabineros.

    El Ministro o la Ministra de Seguridad Pública preside ambos consejos nacionales, y actúan como secretarios de estos consejos los subsecretarios o subsecretarias de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, respectivamente, quienes se encargarán del seguimiento de la ejecución de las decisiones adoptadas, pudiendo convocar a los integrantes del Sistema y constituyendo los comités ejecutivos que resulten pertinentes.

    Por último, el artículo 10° de la misma ley establece los consejos regionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, instancias de coordinación y colaboración del Sistema a nivel regional. Estos consejos serán presididos por el Delegado Presidencial Regional y su secretario ejecutivo será el Secretario Regional Ministerial de Seguridad Pública. Podrán convocarse de manera conjunta o separada. Están integrados por los secretarios regionales ministeriales de los ministerios mencionados anteriormente, además del Gobernador Regional, un representante del consejo regional respectivo y representantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Se podrán convocar a las entidades regionales que correspondan, en los mismos términos establecidos para los consejos nacionales.

    A continuación, se presenta un esquema de la estructura de la gobernanza.

    VI. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

    Los objetivos y las líneas de acción que se presentan a continuación requieren la participación de las distintas instituciones que integran el Sistema; por ello, la coordinación entre ellas es esencial y el Ministerio de Seguridad Pública es el órgano encargado de garantizarla.

    Para alcanzar el objetivo general de la PNSP, se plantea como objetivo estratégico establecer el Sistema de Seguridad Pública y desarrollar su modelo de gestión. Esto permitirá abordar la fragmentación y desarticulación en las fuentes de información, fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional y superar una gestión pública basada en procesos. Todo ello contribuirá al logro de los objetivos específicos, distribuidos en seis ámbitos de acción, cada uno de los cuales requiere coordinación y colaboración interinstitucional para, en conjunto, facilitar la consecución del objetivo general.

    VI.1. Objetivo general

    Reducir los delitos violentos y el temor en la ciudadanía mediante el establecimiento de lineamientos al Sistema de Seguridad Pública, orientados a fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional en el diseño y la ejecución de políticas públicas basadas en evidencia.

    VI.2. Orientaciones estratégicas

    A continuación, se presentan un conjunto de orientaciones estratégicas que guían las funciones de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación del modelo de gestión del Sistema de Seguridad Pública. Estas orientaciones buscan facilitar la formulación de estrategias, planes, programas y acciones basadas en evidencia, con una perspectiva de coordinación intersectorial, articulación territorial, evaluación de resultados y flexibilidad para adaptarse a los nuevos fenómenos criminales.

    Basado en evidencia

    El Sistema de Seguridad Pública y su modelo de gestión se sustenta en información confiable, análisis rigurosos y evaluaciones permanentes que promueven el diseño y la implementación de políticas públicas basadas en evidencia.

    Focalización estratégica

    El Sistema de Seguridad Pública y su modelo de gestión se concentra en los territorios, grupos, momentos y factores de mayor impacto en la criminalidad, con prioridad en los delitos violentos y aquellos que generan mayor temor en la ciudadanía.

    Pertinencia territorial

    El Sistema de Seguridad Pública y su modelo de gestión se adapta a las características sociales, culturales, económicas y geográficas de cada territorio (incluyendo sus espacios terrestres, marítimos y aéreos), con reconocimiento a la diversidad e interculturalidad del país y promoción de soluciones contextualizadas.

    Interoperabilidad, protección de la información, innovación y desarrollo tecnológico

    El Sistema de Seguridad Pública y su modelo de gestión promueve la interoperabilidad de la información entre las distintas entidades que lo integran, resguardando la confidencialidad, seguridad y uso responsable de toda información sensible o personal, incluyendo datos patrimoniales, financieros, tributarios u operacionales. Además, impulsa la implementación de nuevas soluciones y herramientas tecnológicas que permitan enfrentar de forma eficaz las dinámicas cambiantes del delito y la violencia. 

    Monitoreo y evaluación continua

    El Sistema de Seguridad Pública y su modelo de gestión monitorea y evalúa continuamente las estrategias, planes, políticas y acciones para mejorar su desempeño y promover el aprendizaje institucional. 

    Cooperación internacional

    El Sistema de Seguridad Pública y su modelo de gestión promueve el intercambio de información, experiencias y capacidades con otros países para enfrentar amenazas comunes y fenómenos delictivos de carácter transnacional. 

    Colaboración público-privada

    El Sistema de Seguridad Pública y su modelo de gestión reconoce el rol estratégico de las instituciones privadas en la prevención del delito y la violencia y la reinserción social, así como en la innovación en seguridad y el fomento de alianzas de valor público.

    Desarrollo humano sostenible

    El Sistema de Seguridad Pública y su modelo de gestión crean condiciones propicias para el desarrollo sostenible y la implementación de políticas que fortalezcan la cohesión social, reduzcan las desigualdades territoriales y sociales y amplíen las oportunidades de progreso.

    Uso eficiente y estratégico de los recursos públicos

    El Sistema de Seguridad Pública y su modelo de gestión prioriza esfuerzos en delitos de mayor gravedad y aquellos que generan mayor temor, para optimizar capacidades institucionales en función de los objetivos definidos.

    Adaptabilidad frente al cambio

    El Sistema de Seguridad Pública y su modelo de gestión es flexible y proactivo ante la evolución del fenómeno delictivo, lo que permite al Estado anticiparse a nuevas amenazas y responder con agilidad a nuevas formas delictuales. 

    VI.3. Objetivo estratégico

    . Establecer el Sistema de Seguridad Pública y su modelo de gestión integrado y eficaz para la prevención, el control, la persecución y la sanción del delito, así como la atención y protección de las víctimas y la reinserción social de las personas condenadas.

    Líneas de acción estratégicas

    . Diseñar e implementar un sistema integrado de información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° del artículo primero de la ley N° 21.730, con altos estándares de ciberseguridad, confidencialidad y protección de información sensible, que fortalezca la comprensión de la situación delictiva en el país y promueva la coordinación y colaboración interinstitucional en el diseño y la ejecución de políticas públicas basadas en evidencia.

    . Diseñar e implementar un sistema de planificación, gestión y evaluación continua que garantice la coherencia estratégica del Sistema de Seguridad Pública y su modelo de gestión a nivel nacional, regional, provincial, comunal y barrial, oriente las acciones de sus instituciones hacia objetivos comunes y metas medibles y promueva una cultura de aprendizaje institucional.

    . Fortalecer a las policías para garantizar probidad, eficacia y buen ejercicio de sus funciones, incluida la capacitación en enfoque de género y derechos humanos, y reforzar así su rol como Fuerzas de Orden y Seguridad Pública íntegras y legitimadas socialmente, en el marco de un proceso continuo de modernización institucional. 

    . Fortalecer las labores de inteligencia económica del Estado mediante el diseño de una nueva institucionalidad, con el objeto de mejorar los mecanismos de coordinación y fortalecer las capacidades de las instituciones que realizan tales labores.

    . Establecer un sistema de gobernanza, registro de acceso y auditoría sobre el uso de información patrimonial, tributaria o financiera, que asegure la trazabilidad y el uso proporcional de dicha información.

    . Diseñar e implementar el Sistema Nacional de Protección Ciudadana para gestionar y responder de forma continua las alertas ciudadanas ante los riesgos, peligros y amenazas de seguridad, asegurar la interoperabilidad de los sistemas de televigilancia y administrar una plataforma nacional de acceso para emergencias, mediante la coordinación y colaboración de entidades públicas y privadas.

    . Reforzar los estándares de probidad y transparencia y los procesos transversales de prevención de la corrupción, así como los mecanismos de integridad institucional y control interno en las instituciones que conforman el Sistema, para la prevención de delitos.

    . Potenciar las capacidades técnicas, organizacionales e institucionales de las entidades públicas y privadas que integran el Sistema, mediante la formación continua de su personal, el desarrollo de herramientas de gestión del desempeño y la consolidación de estructuras de gobernanza orientadas a resultados.

    VI.4. Ámbitos de acción

    A continuación, se delinean los ámbitos de acción, cada uno con un objetivo específico que contribuye a lograr el objetivo general. Estos son:

    VI.4.1 Prevención en niñez, adolescencia y juventud

    VI.4.2 Prevención territorial

    VI.4.3 Control del delito

    VI.4.4 Persecución penal

    VI.4.5 Sanción, cárceles y reinserción social

    VI.4.6 Atención y protección a víctimas

    VI.4.1. Prevención en niñez, adolescencia y juventud

    La criminalidad afecta de manera particular a NNA y jóvenes, vulnera sus derechos fundamentales y aumenta el riesgo de que inicien trayectorias delictivas. Esto requiere de una respuesta interinstitucional que incluya a instituciones públicas, entre ellas las municipalidades, e instituciones privadas. En este contexto, la prevención temprana se posiciona como la estrategia más eficaz para reducir la violencia y el delito a mediano y largo plazo.

    Objetivo específico

    . Disminuir la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en delitos, tanto como víctimas como infractores, mediante la intervención en factores de riesgo y protectores que permitan prevenir e interrumpir trayectorias delictivas y que promuevan su desarrollo integral.

    Líneas de acción

    . Diseñar e implementar un sistema nacional de alertas tempranas que permita identificar oportunamente a NNA y jóvenes que concentren factores de riesgo, integrando información y articulando la respuesta de las instituciones, para garantizar intervenciones rápidas y con enfoque de género.

    . Reforzar programas de apoyo temprano, dirigidos a madres, padres y personas cuidadoras de NNA que concentren factores de riesgo, que fomenten prácticas de parentalidad positiva, vínculos afectivos protectores y entornos familiares seguros.

    . Potenciar los programas de familias de acogida para convertir esta opción en una alternativa más segura y competitiva frente a las residencias familiares.

    . Fortalecer las estrategias y programas de convivencia educativa, mediante su integración a los planes de formación ciudadana y gestión de convivencia de los establecimientos educacionales, con foco en el desarrollo de habilidades socioemocionales, la resolución colaborativa de conflictos y el sentido de comunidad.

    . Potenciar el sistema de trayectorias educativas, mediante el abordaje integral de factores de riesgo asociados, tales como dificultades académicas, ausencia de apoyo familiar, problemas de salud mental o entornos de alta vulnerabilidad social, que promuevan la permanencia de estudiantes hasta completar su educación obligatoria.

    . Reforzar espacios educativos y recreativos para estudiantes en los establecimientos educacionales posterior a la jornada escolar.

    . Fortalecer programas de prevención de conductas de riesgo centrados en el desarrollo de habilidades personales y sociales.

    . Potenciar programas de empleos protegidos y experiencias de formación para el trabajo dirigidos a jóvenes que han abandonado el sistema educativo o que enfrentan barreras para su inclusión laboral.

    . Diseñar e implementar sistemas para detectar fenómenos delictivos emergentes, como la violencia digital y el reclutamiento de NNA y jóvenes por organizaciones criminales, que permita articular respuestas tempranas.

    . Reforzar programas de intervención para NNA y jóvenes que estén comenzando trayectorias delictivas.

    . Fortalecer la oferta programática de espacios culturales, artísticos, recreativos y deportivos dirigidos a NNA y jóvenes, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad social, que promuevan el desarrollo integral, refuercen factores protectores y prevengan su exposición a entornos delictivos.

    VI.4.2. Prevención territorial

    El delito y la violencia presentan una marcada dimensión territorial. Estos se concentran en determinados barrios urbanos y localidades rurales, condominios de vivienda de interés público e incluso en calles que comparten características demográficas y socioeconómicas, lo que afecta diferenciadamente a personas según su género y edad.

    Asimismo, la desorganización social en ciertos barrios urbanos, localidades rurales y condominios de vivienda de interés público se asocia consistentemente con un tejido comunitario debilitado, menores niveles de cohesión social y una reducción en la eficacia de los mecanismos de control social informal, lo que facilita, entre otras consecuencias, las incivilidades, la delincuencia, el narcotráfico y el temor al delito.

    Objetivo específico

    . Reducir los delitos y el temor al delito en barrios urbanos, localidades rurales, condominios de vivienda de interés público y espacios públicos, mediante el fortalecimiento de la participación comunitaria y cohesión social y la recuperación, uso y apropiación de los espacios públicos.

    Líneas de acción

    a) Prevención de la violencia y el delito a través de la planificación urbana y rural

    . Incorporar la prevención del riesgo situacional en la planificación y regulación urbana y rural, mediante la integración de un enfoque de diseño para la seguridad en los instrumentos normativos regionales y comunales.

    . Integrar un enfoque de diseño urbano y rural para la seguridad en las líneas de financiamiento de proyectos para el desarrollo de espacios públicos, junto con elaborar guías técnicas que orienten su correcta implementación.

    . Elaborar estudios de impacto en seguridad para proyectos urbanos de gran escala, centrados en la configuración espacial del diseño para promover la convivencia y la seguridad en los barrios urbanos y los condominios de vivienda de interés público.

    . Fortalecer la oferta programática orientada a la resolución de conflictos comunitarios de los gobiernos regionales y las municipalidades en barrios urbanos, localidades rurales y condominios de vivienda de interés público. 

    . Potenciar programas de mejoramiento centrados en la instalación de luminarias, recuperación, apropiación y uso de espacios públicos y revitalización de barrios, localidades rurales y condominios de vivienda de interés público, para promover la participación de las comunidades a través de organizaciones comunitarias y comités de administración.

    . Diseñar e implementar una red de rutas seguras en entornos de establecimientos educativos, jardines infantiles, centros de salud, centros comunitarios y otros servicios, con especial énfasis en la protección de NNA, mujeres y personas mayores.

    b) Fortalecimiento de la gestión local en prevención de la violencia y el delito

    . Fortalecer las direcciones municipales de seguridad y sus equipos técnicos, mediante el robustecimiento de su estructura organizativa, el desarrollo de competencias para la gestión de sistemas integrados de información y el diseño, implementación y evaluación de programas locales de prevención del delito.

    . Potenciar mecanismos de participación comunitaria, especialmente dirigidos a organizaciones comunitarias y comités de administración de condominios de vivienda de interés público, con especial énfasis en condominios de vivienda social, para su participación en el diagnóstico, la implementación y evaluación de las políticas de seguridad a nivel local.

    . Reforzar la presencia del Estado en barrios urbanos, localidades rurales y condominios de vivienda de interés público con alta vulnerabilidad sociodelictual, mediante la oferta de servicios y programas que fomenten la cohesión social, con perspectiva de género y atención especial a la niñez, adolescencia y personas mayores. Estas acciones pueden incluir actividades deportivas y educativas, formación laboral, apoyo psicosocial, medidas de cuidado y supervisión, entre otras.

    . Fortalecer planes comunales de seguridad pública asegurando su coherencia con la Política Nacional de Seguridad Pública y su integración en los Consejos Comunales de Seguridad.

    . Potenciar mecanismos de coordinación formal con las policías a través de protocolos de actuación, planificación conjunta y participación sistemática en los Consejos Comunales de Seguridad Pública.

    . Fomentar la innovación municipal en prevención de la violencia y el delito, mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas, tales como sistemas de información georreferenciada y dispositivos móviles conectados a redes integradas de seguridad.

    . Potenciar programas orientados a la convivencia vecinal en barrios urbanos, localidades rurales y condominios de vivienda de interés público, fomentar talleres deportivos y de desarrollo cognitivo, y procurar su vinculación a los centros de cuidado que se desarrollan en el marco de la política habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

    c) Fortalecimiento de la gestión regional en prevención de la violencia y el delito

    . Fortalecer las direcciones regionales de seguridad y sus equipos técnicos, mediante el fortalecimiento de su estructura organizativa, el desarrollo de competencias para la gestión de sistemas integrados de información y el diseño, implementación y evaluación de programas intercomunales y locales de prevención del delito.

    . Formular estrategias regionales de prevención de la violencia y el delito mediante procesos participativos, diagnósticos territoriales y coordinación intersectorial.

    . Contribuir al financiamiento estratégico de infraestructura, equipamiento y tecnologías para la prevención de la violencia y el delito, en coordinación con las policías, la Subsecretaría de Prevención del Delito y los municipios, con el fin de evitar duplicidades y asegurar impacto territorial.

    . Generar convenios con instituciones públicas y privadas para iniciativas de prevención de la violencia y el delito, mediante la articulación de actores relevantes a nivel regional con enfoque de corresponsabilidad.

    . Crear sistemas de monitoreo y evaluación regional de políticas de seguridad para asegurar efectividad de las medidas implementadas en el territorio.

    d) Vigilancia preventiva

    . Fortalecer los patrullajes preventivos policiales, municipales y mixtos, a través de la incorporación de inteligencia territorial para identificar zonas de concentración delictiva y mayor temor al delito (especialmente de mujeres y personas mayores), anticipar riesgos y optimizar el despliegue operativo. Los patrullajes deberán ser focalizados y aleatorios, apoyados en el análisis de datos y el uso de tecnologías avanzadas para maximizar su efectividad.

    . Profesionalizar y certificar al personal municipal en funciones de patrullaje preventivo y vigilancia comunitaria, incluida la formación en el uso proporcional de medios, primeros auxilios, enfoque de género y derechos humanos.

    . Fortalecer estrategias integrales de prevención y control del contrabando y comercio ilícito, orientadas a reducir sus efectos en la seguridad y temor al delito, recuperar el uso seguro del espacio público y combatir actividades económicas que operan fuera del marco legal.

    . Fortalecer sistemas interoperables de videovigilancia, monitoreo y atención de emergencias, para reforzar la vigilancia preventiva, reducir los tiempos de respuesta institucional y mejorar la calidad de atención ante incidentes, con foco en infraestructura crítica y zonas de concentración delictiva.

    VI.4.3. Control del delito

    El control del delito constituye una función esencial del Estado, orientada a implementar acciones reactivas e inmediatas destinadas a contener hechos delictivos o disuadirlos cuando su comisión es inminente. La modernización de las estrategias de control requiere una coordinación y colaboración entre las instituciones competentes del Sistema de Seguridad Pública, así como una actualización continua de tecnologías y sistemas que faciliten la detección temprana de hechos delictivos que permitan una respuesta oportuna con el objetivo de limitar el impacto del delito.

    Objetivo específico

    . Reducir la ocurrencia de delitos y el temor al delito, mediante el fortalecimiento del orden público, el control de armas de fuego, la seguridad fronteriza, la regulación de la seguridad privada y las estrategias específicas para controlar el crimen organizado y los actos terroristas.

    Líneas de acción

    a) Orden público

    . Fortalecer la modernización del modelo de actuación en el control del orden público, mediante su incorporación en los Planes Anuales de Gestión Administrativa y Operativa de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con énfasis en legitimidad social, respeto irrestricto a los derechos humanos y enfoque de género.

    . Establecer lineamientos para la elaboración y actualización de los procedimientos de actuación policial, con enfoque de derechos humanos y género, para mantener el orden público a través de una actuación policial legítima y respetuosa de la dignidad de todas las personas.

    . Implementar el nuevo sistema de gobernanza de seguridad en eventos masivos y espectáculos de fútbol profesional, con perspectiva de coordinación interinstitucional y sistematización operativa, para dar respuesta oportuna a las necesidades de seguridad, bienestar y convivencia en estos eventos públicos.

    . Diseñar e implementar mecanismos de sanción efectiva para incivilidades.

    b) Seguridad Privada

    . Fortalecer el sistema de fiscalización y supervisión de los servicios de seguridad privada, para garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos en la ley N° 21.659 y su reglamento.

    . Promover el desarrollo de sistemas tecnológicos que faciliten el control en línea del registro, el funcionamiento y el cumplimiento de obligaciones por parte de las empresas y el personal de seguridad.

    . Fortalecer las capacidades técnicas de los equipos de seguridad privada mediante estándares obligatorios de formación, certificación y evaluación continua, de acuerdo con los perfiles y contenidos establecidos por la normativa vigente.

    . Fortalecer la coordinación entre las policías y los prestadores de servicios de seguridad privada, para promover la adopción de protocolos de actuación conjunta en espacios públicos y privados de alta concurrencia, basados en colaboración interinstitucional, eficiencia y respeto a los derechos fundamentales.

    . Impulsar modelos de coproducción de seguridad que integren a los servicios de seguridad privada en estrategias locales de prevención situacional y vigilancia disuasoria con mecanismos claros de rendición de cuentas.

    c) Control de armas de fuego

    . Definir un nuevo diseño institucional y reforzar las actuales capacidades institucionales para el control de armas de fuego.

    . Modernizar el sistema de control de armas mediante la incorporación de tecnología avanzada y el desarrollo de personal técnico especializado.

    . Fortalecer los Planes Anuales de Fiscalización de Armas, cuya prioridad esté dada por una matriz de riesgos que evalúe a los tenedores de armas.

    . Evaluar y actualizar de manera permanente los requisitos de aptitud física y psicológica para el uso de armas, así como los mecanismos de acreditación de estos. Estos requisitos deberán considerar riesgos de uso de armas en contextos de violencia de género.

    . Diseñar e implementar un registro digital unificado de armas y municiones que garantice la trazabilidad desde su importación y fabricación hasta su destrucción.

    . Integrar los sistemas de identificación balística de ambas policías y la Dirección General de Movilización Nacional, orientado a la trazabilidad y vinculación de armas con hechos delictivos.

    . Implementar el marcaje de municiones de uso institucional para mejorar su trazabilidad.

    . Establecer revisiones técnicas periódicas (complementarias a las fiscalizaciones) del arma y tenedor e incorporar un registro biométrico en el proceso de inscripción.

    . Perfeccionar los sistemas de control en fronteras terrestres, marítimas y aéreas para detectar el ingreso ilegal de armas, piezas, accesorios, municiones y componentes destinados a su fabricación.

    . Fortalecer la cooperación con organismos internacionales en el control del tráfico ilícito de armas, piezas, accesorios y municiones, mediante la promoción del intercambio de información y la realización de acciones conjuntas de investigación.

    . Fortalecer los sistemas de control y resguardo de las armas del Estado, como forma de evitar el desvío de armas desde instituciones policiales y militares hacia la actividad criminal.

    d) Seguridad Fronteriza

    . Fortalecer el control integrado en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas que desarrollan las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional de Aduanas y otras instituciones competentes en la gestión de la seguridad fronteriza, mediante el reforzamiento de la vigilancia, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas y el uso de tecnologías avanzadas para el seguimiento, fiscalización, control e inspección de personas, mercancías, medios de transporte y detección de operaciones comerciales ilegales.

    . Potenciar los mecanismos de identificación de flujos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos regulares e irregulares, a través de la interoperabilidad y coordinación interinstitucional, reforzando el análisis de riesgos para la detección de patrones, dinámicas y amenazas a la seguridad.

    . Robustecer el rol estratégico y prospectivo del Estado a través del diseño, implementación y actualización de estrategias que provean herramientas, recursos y formación, destinados a instalar capacidades especializadas en la gestión de las fronteras con miras a desarrollar un sistema integrado de seguridad fronteriza terrestre, marítimo y aéreo.

    e) Crimen organizado

    . Reforzar el control del crimen organizado a través del diseño y la implementación y actualización de una estrategia de carácter interinstitucional, con foco en el fortalecimiento institucional, el desbaratamiento de organizaciones criminales y el combate a los mercados ilícitos.

    . Fortalecer el control sobre sustancias y precursores químicos a través de la actualización periódica de aquellas susceptibles de ser utilizadas para la fabricación de drogas, y del aumento de personal fiscalizador y sus capacidades para detectar irregularidades y eventuales delitos.

    . Robustecer la prevención y persecución de los delitos de lavado de activos, receptación, delitos económicos y de corrupción, mediante mecanismos de prevención y detección temprana de irregularidades, así como el reforzamiento de las capacidades institucionales de investigación.

    . Fortalecer acuerdos de cooperación internacional y asistencia mutua, junto con mecanismos de intercambio de información estratégica con policías extranjeras y agencias internacionales.

    . Fortalecer el diseño institucional y las capacidades para la incautación, administración, enajenación y destrucción de bienes incautados y decomisados a organizaciones criminales.

    . Potenciar las capacidades de las policías en el análisis patrimonial, financiero y de activos virtuales para seguir la ruta del dinero y otros delitos económicos.

    f) Actos terroristas

    . Fortalecer el combate de las conductas terroristas a través del diseño, implementación y actualización de la Estrategia Nacional de Prevención y Combate del Terrorismo, de carácter interinstitucional y multidimensional, así como del seguimiento y análisis constante de la evolución del fenómeno. 

    . Diagnosticar las capacidades institucionales para el control de las conductas terroristas y la respuesta ante dichas conductas.

    . Construir un índice de evaluación de la amenaza terrorista que permita definir acciones para el uso de la fuerza.

    . Fortalecer las capacidades de las instituciones con competencias en la prevención, control y persecución de las conductas terroristas.

    g) Ciberseguridad

    . Fortalecer la estructura institucional y las capacidades técnicas en materia de ciberseguridad para reducir y mitigar amenazas y riesgos en el entorno digital.

    . Integrar la ciberseguridad como componente operativo en la lucha contra el crimen organizado, terrorismo y corrupción, mediante el desarrollo de capacidades especializadas en inteligencia de amenazas, ciberinteligencia y uso de plataformas digitales seguras, interoperables y auditables, conforme a los principios y definiciones de la ley N° 21.663 y los protocolos y estándares que determine la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

    . Establecer mecanismos de coordinación y respuesta ante ciberataques o incidentes de ciberseguridad que afecten la seguridad pública, que permitan identificar patrones, anticipar y prevenir ataques y facilitar la atribución de las amenazas cibernéticas complejas, conforme a protocolos y estándares que determine la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

    . Fortalecer la robustez y resiliencia de los servicios esenciales del Sistema de Seguridad Pública, en especial de las plataformas digitales públicas cuya ciberseguridad y continuidad operativa es esencial para la fiscalización, la recaudación fiscal, la trazabilidad de operaciones financieras y el almacenamiento y análisis de información sensible.

    VI.4.4. Persecución penal de delitos de alta complejidad, delitos violentos contra la propiedad y delitos en contexto de crimen organizado

    La persecución penal, cuya dirección recae de manera exclusiva en el Ministerio Público, tiene por función conducir de forma objetiva la investigación de los hechos que revisten carácter de delito y ejercer la acción penal pública. En el ejercicio de esta función, el Ministerio Público actúa con el auxilio de las policías, quienes realizan diligencias investigativas bajo su dirección. Esta articulación constituye un componente crucial para el adecuado funcionamiento del proceso de persecución penal. En todo momento, se deben respetar los principios fundamentales del Estado democrático de derecho, como la presunción de inocencia, el debido proceso, las garantías procesales y la imparcialidad judicial.

    Objetivo específico

    . Incrementar el esclarecimiento de delitos y la desarticulación de las organizaciones criminales nacionales y transnacionales y los mercados ilícitos que las sustentan, mediante el fortalecimiento de las capacidades de investigación policial y la coordinación y colaboración interinstitucional, nacional e internacional.

    Líneas de acción

    . Fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional, con el propósito de establecer objetivos compartidos entre el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, la policía dependiente de la Autoridad Marítima y otros organismos auxiliares, junto con la implementación de mecanismos de monitoreo y evaluación conjunta que permitan la trazabilidad de resultados y el uso de plataformas interoperables e integradas de información.

    . Potenciar las facultades autónomas de las policías en la investigación de delitos no violentos, mediante la promoción de procedimientos oportunos y eficaces en el levantamiento de evidencia.

    . Fortalecer la especialización constante de los funcionarios de las instituciones con competencias en la prevención, detección y persecución de la criminalidad organizada, para asegurar la actualización permanente en torno a las reformas normativas que introducen nuevas herramientas jurídicas y operativas para el abordaje de este fenómeno.

    . Potenciar las políticas que fomentan la denuncia de delitos, con especial énfasis en los delitos de alta complejidad(9), delitos violentos contra la propiedad(10) y delitos en contexto de crimen organizado(11).

    . Modernizar las técnicas de investigación, de análisis criminal y la tecnología en la persecución de los delitos de alta complejidad, delitos violentos contra la propiedad y delitos en contexto de crimen organizado. 

    . Fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones públicas y privadas, mediante la mejora de los sistemas de detección de operaciones sospechosas y de eventual lavado de dinero.

    VI.4.5. Sanción, cárceles y reinserción social

    La sobrepoblación carcelaria, la falta de segmentación según perfiles criminógenos, las condiciones precarias de infraestructura y las limitadas oportunidades de reinserción social contribuyen a la violencia intrapenitenciaria, la reincidencia delictiva y la persistencia de focos de corrupción. Estos factores convierten a los recintos penitenciarios en espacios donde las dinámicas de violencia se reproducen y fortalecen, lo que compromete la seguridad interna y pública.

_________________

(9) Los "delitos de alta complejidad" incluyen delitos contra los derechos humanos (como apremios ilegítimos, tortura, crímenes de lesa humanidad y genocidio); delitos contra el medioambiente (como contaminación, pesca ilegal, tráfico de residuos peligrosos, uso ilícito del fuego e infracciones a la normativa forestal); delitos económicos, tributarios y aduaneros (como colusión, uso de facturas falsas, estafas, administración desleal, fraude al fisco, comercio clandestino y contrabando); delitos focalizados (como loteos irregulares, obtención fraudulenta de créditos, receptación aduanera y uso malicioso de tarjetas); delitos funcionarios y contra la fe pública (como cohecho, soborno, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción entre particulares y fraude de subvenciones); delitos informáticos (como acceso ilícito a sistemas, sabotaje, espionaje, falsificación informática e interceptación de comunicaciones); y delitos vinculados al terrorismo (como atentados con artefactos explosivos o incendiarios, atentados contra autoridades públicas y asociación ilícita terrorista) (Ministerio Público, 2025b).

(10) Los "delitos violentos contra la propiedad" incluyen delitos como el robo con homicidio, robo con violación, robo con retención de víctimas, robo con lesiones graves o gravísimas, robo con violencia o intimidación, robo de vehículos motorizados mediante fuerza o amenaza, y usurpación violenta de inmuebles. Se diferencian de los delitos patrimoniales no violentos por el riesgo significativo que representan para la integridad física y psicológica de las víctimas (Ministerio Público, 2025b).

(11) Los delitos "en contexto de crimen organizado" comprenden un conjunto de delitos vinculados a armas (como tráfico, porte ilegal y tenencia de armamento prohibido), delitos vinculados a drogas (como tráfico ilícito, microtráfico, suministro indebido, cultivo ilegal y asociaciones ilícitas), delitos de lavado de activos y receptación organizada, delitos relacionados con la trata de personas, el tráfico de migrantes, la extorsión, la falsificación documental con fines delictivos, el robo de madera, la facilitación de redes de prostitución y los secuestros calificados. Estas organizaciones suelen tener capacidad de infiltración en mercados legales, uso instrumental de la violencia y prácticas de corrupción (Ministerio Público, 2025b)

    Objetivo específico

    . Reducir la violencia intrapenitenciaria, la reincidencia delictiva y los focos de corrupción en el sistema penitenciario, mediante la implementación de un modelo de segmentación carcelaria basado en perfiles criminógenos, el fortalecimiento de programas de reinserción social, la modernización de la infraestructura penitenciaria y la desarticulación de organizaciones criminales nacionales e internacionales que operan desde los recintos.

    Líneas de acción

    . Fortalecer programas diferenciados según el perfil criminógeno de las personas condenadas, enfocados en mitigar factores de riesgo de reincidencia delictual.

    . Potenciar programas para preparar a las personas privadas de libertad para el término de su condena, ya sea por cumplimiento total o por salidas anticipadas como los permisos de salida y la libertad condicional, mediante la promoción de habilidades para la integración social, la empleabilidad y la resolución no violenta de conflictos. Estos programas deberán contemplar medidas específicas para promover la autonomía económica y la inserción laboral de mujeres egresadas del sistema penal.

    . Fortalecer el plan integral para aumentar la capacidad del sistema penitenciario, que garantice estándares de seguridad, habitabilidad y control institucional. Este plan incluirá la construcción y remodelación de recintos con espacios diseñados para la segmentación efectiva de la población penal según su perfil criminógeno, así como áreas específicas para programas de reinserción social. La infraestructura deberá considerar espacios diferenciados y adecuados para mujeres e incorporar tecnologías de seguridad penitenciaria.

    . Optimizar la gestión de la doble misión de Gendarmería de Chile: seguridad y reinserción social, mediante la profesionalización del personal penitenciario, tanto civil como uniformado. Esto incluye procesos de selección basados en competencias, formación inicial y continua en seguridad, manejo de conflictos y modelos de intervención. Además, se implementarán medidas para mejorar las condiciones laborales y otros incentivos legales con el propósito de prevenir focos de corrupción, así como la implementación de auditorías internas, canales seguros de denuncia y formación en integridad pública.

    . Desarrollar un sistema robusto de inteligencia penitenciaria para identificar y desarticular organizaciones criminales transnacionales y nacionales que operan desde los recintos. Esto incluye fortalecer el Departamento de Inteligencia Penitenciaria con foco en análisis de datos, colaboración interinstitucional con policías y el Ministerio Público, agencias internacionales u otros sistemas penitenciarios de la región, y el uso de tecnologías avanzadas para detectar actividades ilícitas, como tráfico de drogas o comunicaciones no autorizadas.

    . Implementar tecnologías avanzadas de vigilancia perimetral, como sistemas de cámaras de alta resolución, sensores de movimiento, drones y software de análisis de comportamiento, para fortalecer el control en los recintos penitenciarios. Complementariamente, se reforzarán los protocolos de allanamientos y se capacitará al personal en técnicas de gestión de conflictos, prevención de la violencia y detección de delitos, con el objetivo de reducir los incidentes intrapenitenciarios y garantizar un entorno seguro.

    . Fortalecer las medidas alternativas y penas sustitutivas, a través de tecnología como el monitoreo telemático y la supervisión adecuada de la libertad vigilada para reducir la población privada de libertad sin comprometer la seguridad pública. Estas medidas estarán acompañadas de protocolos claros de supervisión y evaluación, para promover una percepción de control y apoyo y evitar reacciones adversas de la comunidad. Se priorizará la coordinación con el sistema de justicia penal para garantizar la efectividad de este tipo de penas y medidas no privativas de libertad.

    . Crear un sistema digital unificado que registre y gestione la información de la población penitenciaria, desde su ingreso hasta su egreso, incluyendo datos sobre intervenciones, perfiles criminógenos, programas de reinserción y seguimiento postpenitenciario, entre otros.

    VI.4.6. Atención y protección a víctimas

    La victimización conlleva consecuencias significativas a nivel individual y social, las cuales se expresan de manera particularmente grave en grupos de especial protección. Provoca el deterioro de las relaciones interpersonales, afecta al bienestar colectivo y perjudica la salud física, mental y socioeconómica de las víctimas.

    Objetivo específico

    . Mejorar la atención oportuna y la protección a las personas víctimas de delitos, mediante la atención especializada y el acceso a información sobre el desarrollo de los procesos judiciales en los que participan, su protección frente a amenazas o represalias y la promoción de su bienestar personal.

    Líneas de acción

    . Diseñar e implementar el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, con un enfoque integral y territorial, que articule asistencia legal, apoyo psicológico y social, que asegure cobertura nacional, coordinación interinstitucional y atención diferenciada.

    . Potenciar la coordinación intersectorial entre ministerios, servicios y programas que actúan directamente con personas víctimas de delito, abarcando los ámbitos de la denuncia, investigación, juzgamiento del delito y apoyo y asistencia a las personas afectadas por estos hechos delictivos.

    . Fortalecer los programas de atención y protección especializados en violencia contra las mujeres.

    . Fortalecer las instancias de primera acogida a víctimas, para asegurar una atención oportuna, especializada y con enfoque de derechos y género, que incluya orientación jurídica, contención emocional y derivación efectiva hacia servicios y programas pertinentes.

    . Reforzar el cumplimiento efectivo de las medidas de protección y cautelares, mediante una coordinación operativa entre el sistema de justicia penal, las policías y las municipalidades, y el uso de herramientas tecnológicas de monitoreo y protocolos de supervisión que garanticen la seguridad de las víctimas.

    . Ampliar el uso de mecanismos judiciales centrados en la víctima, tales como la reparación simbólica, la justicia restaurativa, las órdenes de alejamiento efectivas y su participación informada durante el proceso penal.

    . Consolidar y expandir los programas de protección a víctimas y testigos, mediante la incorporación de estándares de calidad, mecanismos de seguimiento de casos y enfoque diferenciado por tipo de delito, edad, género y pertenencia territorial o étnica.

    VII. MEJORA CONTINUA DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

    La mejora continua es un proceso clave para garantizar que los resultados establecidos en la Política Nacional de Seguridad Pública se alcancen y se sostengan en el tiempo. Para ello, y en cumplimiento de la ley N° 21.730, el Ministerio de Seguridad Pública debe coordinar intersectorialmente la actualización y evaluación periódica de la PNSP y garantizar su adecuación a los cambios normativos, institucionales y a las nuevas formas del delito.

    En consecuencia, el Sistema de Seguridad Pública debe contar con un mecanismo de mejora continua que asegure el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y las líneas de acción de la PNSP. Este mecanismo debe incluir procesos sistemáticos de evaluación y rediseño, orientados a fortalecer el aprendizaje institucional, garantizar la toma de decisiones basadas en evidencia y promover la transparencia y la probidad de las instituciones que lo conforman, facilitando a su vez el control por parte de la sociedad civil.

    VII.1. Elaboración de las estrategias bianuales

    Cada dos años se elaborará una estrategia que oriente al Sistema de Seguridad Pública en la priorización e implementación de las líneas de acción definidas en la PNSP. Esta estrategia bianual servirá como referencia para los planes y programas de las instituciones que integran el Sistema, así como para sus procesos de planificación institucional y presupuestario.

    La estrategia bianual debe mantener coherencia plena con el objetivo general, el objetivo estratégico y los objetivos específicos de la PNSP. Además, debe incluir indicadores, metas, responsables y plazos claramente definidos que faciliten su seguimiento continuo, su evaluación anual y final, así como la identificación de oportunidades de mejora. Estos elementos serán insumos fundamentales para la formulación de la estrategia del período siguiente.

    Por último, la estrategia se formalizará mediante resolución del Ministro o Ministra de Seguridad Pública, considerando los resultados de las distintas instancias de trabajo del Sistema y las recomendaciones de los consejos nacionales y regionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito.

    VII.2. Seguimiento, evaluación y rediseño de las líneas de acción

    Se diseñará e implementará un mecanismo permanente de seguimiento, evaluación y rediseño de las líneas de acción de la PNSP, basado en indicadores y metas previamente definidos, que permita verificar su contribución al cumplimiento de los objetivos de la PNSP y promover ajustes oportunos para mejorar su implementación. Este mecanismo será responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública, como órgano responsable del correcto funcionamiento del Sistema.

    VII.3. Evaluación final de las estrategias bianuales

    Al término de cada ciclo se realizará una evaluación final de la estrategia bianual, con el propósito de analizar el grado de cumplimiento de las metas, la evolución de los indicadores y la efectividad de las líneas de acción ejecutadas. Esta evaluación permitirá determinar en qué medida la estrategia contribuyó al logro de los objetivos de la PNSP, así como identificar aprendizajes institucionales.

    El proceso de mejora continua requerirá la participación de las instituciones que integran el Sistema. Los resultados de la evaluación serán un insumo clave para la formulación de la estrategia del período siguiente, promoviendo así un ciclo continuo de ajuste y fortalecimiento de la planificación estratégica del Sistema de Seguridad Pública.

    BIBLIOGRAFÍA

    1. Arias, A. M., & Luneke, A. (2022). Inseguridad y producción del espacio: la paradoja de la prevención situacional del delito. Revista de Urbanismo, (46), pp. 95-111. https://doi.org/10.5354/0717-5051.2022.61517

    2. Badillo Sarmiento, R., & Trejos Rosero, L. F. (2023). Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia como grupo armado politizado: un nuevo paradigma del crimen organizado. Revista Científica General José María Córdova, 21(42), 326-351. https://doi.org/10.21830/19006586.1053

    3. Buscaglia, E. & Van Dijk, J. (2003). Controlling organized crime and corruption in the public sector. Forum on Crime and Society, 3(1-2), 3-32. https://doi.org/10.2139/ssrn.931013

    4. Centro de Justicia y Sociedad. (2025). Desafíos en la implementación de la justicia juvenil en Chile: Reporte DEP [Informe PDF]. Disponible en: https://justiciaysociedad.uc.cl/wp-content/uploads/2025/01/DEP-Justicia_Juvenil.pdf

    5. Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos. (2025a). Informe nacional de víctimas de homicidios consumados en Chile 2024. Subsecretaría de Prevención del Delito. https://prevenciondehomicidios.cl/wp-content/uploads/2025/04/Informe_de_victimas_de_homicidio_2024.pdf

    6. Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos. (2025b). Informe nacional de víctimas de homicidios consumados en Chile Primer Semestre 2025. Subsecretaría de Prevención del Delito. https://prevenciondehomicidios.cl/wp-content/uploads/2025/09/Informe_primer_semestre_2025.pdf

    7. Cillero, M., & Vitar, J. (2022). Responsabilidad penal adolescente. Academia Judicial de Chile. https://academiajudicial.cl/wp-content/uploads/2024/02/MD60-Resposabilidad-Penal-Adolescente-corregDic24.pdf

    8. El PAcCTO. (2021). Evaluación de la amenaza del crimen transnacional organizado en Latinoamérica: IDEAL 2021. https://elpaccto.eu/wp-content/uploads/2021/07/Documento-web-2.MB_.pdf

    9. Feldmann, A. E., & Luna, J.P. (2022). Gobernanza criminal y la crisis de los estados latinoamericanos contemporáneos. Annual Review of Sociology, 48, S1-S23. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-soc-101221-021836

    10. Fundación Paz Ciudadana. (2024). Índice Paz Ciudadana 2024: Informe presentación de resultados [Informe digital]. Disponible en: https://pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2024/10/Indice-Paz-Ciudadana-2024-Informe-conferencia_vF.pdf

    11. Fundación Paz Ciudadana (2025). Consejo Consultivo 2025. Disponible en: https://pazciudadana.cl/proyectos/documentos/consejo-consultivo-2025/

    12. Gallup (2024). The Global Safety Report. Disponible en: https://www.gallup.com/analytics/356996/gallup-global-safety-research-center.aspx

    13. Gendarmería de Chile (2025). Compendio Estadístico Penitenciario 2024. Disponible en: https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/estadisticas/Compendio_Estadistico_2024.pdf

    14. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2023). Índice global de crimen organizado 2023. Disponible en: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2023/09/I%CC%81ndice-global-de-crimen-organizado-2023.pd

    15. IPSOS (2025). What worries the world? July 2025. Disponible en: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2025-08/what-worries-the-world-july-2025.pdf

    16. Mesa Intersectorial contra la Trata de Personas. (2024). Informe estadístico sobre Trata de Personas en Chile 2011 - 2023. Disponible en: https://tratadepersonas.subinterior.gob.cl/datos-estadisticos/

    17. Ministerio Público de Chile. (2013-2023). Boletín estadístico anual.

    18. Ministerio Público (2024). Informe Crimen Organizado en Chile.

    19. Ministerio Público (2025a). Reporte N° 3 Fenómenos criminales: Extorsiones.

    20. Ministerio Público (2025b). Política de Persecución Penal con enfoque ciudadano y participativo 2025-2031.

    21. Ministerio Público (2025c). Reporte N°4 Fenómenos criminales: Secuestro.

    22. Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo. (2025). Radiografía del control territorial de las cárceles en Chile 2015-2024. Disponible en: https://ipp.unab.cl/wp-content/uploads/2025/08/20250829-OCRIT-UNAB_Informe-Radiografia-del-control-territorial-de-las-carceles-en-Chile.pdf

    23. OECD (2024), Los determinantes de la confianza en las instituciones públicas de Chile, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9cdf8865-es.

    24. Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139962933

    25. Servicio Nacional de Migraciones (2025). Cuenta Pública Participativa. Disponible en: Cuenta Pública Participativa | SERMIG

    26. Subsecretaría de Prevención del Delito. (2017). Primera Encuesta Nacional sobre Polivictimización en Niñas, Niños y Adolescentes: Principales resultados [Presentación].

    27. Subsecretaría de Prevención del Delito (2020). Estudio Factores Determinantes de la Percepción de Inseguridad con Perspectiva de Género. CEAD-SPD. Disponible en: https://spd-archivo.subprevenciondeldelito.gob.cl/wp-content/uploads/2023/12/Estudio-Percepcion-con-Perspectiva-de-Genero.pdf

    28. Subsecretaría de Prevención del Delito. (2023). Segunda Encuesta Nacional sobre Polivictimización en Niñas, Niños y Adolescentes: Principales resultados [Presentación].

    29. Subsecretaría de Prevención del Delito. (2024a). Presentación de resultados: V Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres (ENVCM 2024) [Presentación]. Centro de Estudios en Prevención del Delito.

    30. Subsecretaría de Prevención del Delito. (2024b). Estadísticas delictuales año 2024. CEAD-SPD.

    31. Subsecretaría de Prevención del Delito (2025a). Estadísticas Delictuales CEAD: Frecuencias de delitos según casos policiales [Datos en línea]. CEAD-SPD. Recuperado el 30 de junio de 2025.

    32. Subsecretaría de Prevención del Delito (2025b). Estadísticas Delictuales CEAD: Tasas de delitos según casos policiales [Datos en línea]. Recuperado el 30 de junio de 2025.

    33. Subsecretaría de Prevención del Delito (2025c). Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2024 [Informe digital]. CEAD-SPD.

    34. Subsecretaría de Prevención del Delito (2025d). Casos Policiales según Grupos Delictuales, Primer Trimestre Año 2025.

    35. Subsecretaría de Prevención del Delito (2025e). Resumen de tiempos de respuesta de servicios relevantes a los usuarios finales de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

    36. Subsecretaría del Interior (2022). Política Nacional contra el Crimen Organizado. Disponible en: https://www.subinterior.gob.cl/politica-nacional-contra-el-crimen-organizado/

    37. Subsecretaría del Interior (2025). Informe N° 67: Informe sobre evaluación del Estado de Excepción Constitucional. Disponible en: https://www.camara.cl/sala/default.aspx#!/informes/4621/1091/3/Pr%C3%B3rroga%20EEC./0.17534234652747793

    38. Unidad de Análisis Financiero (2025). Informe de tipologías y señales de alerta de lavado de activos en Chile: Análisis de las sentencias definitivas condenatorias 2019-2023. Disponible en: https://www.uaf.cl/media/documentos/Resumen_ejecutivo.pdf

    39. Vilalta, C., Fondevila, G. & Dammert, L. (2025). The compounded risks of extortion: analyzing illegal markets and institutional corruption in Mexico. https://doi.org/10.1007/s12117-025-09565-5.".

    Anótese, tómese razón, publíquese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Luis Cordero Vega, Ministro de Seguridad Pública.

    Lo que transcribe a Ud. para su conocimiento.- Iván Alejandro Heredia Riquelme, Encargado Unidad de Gestión Documental y Archivo Central, Ministerio de Seguridad Pública.