La presente ley introduce modificaciones a la Ley Nº 19.974 relativas a la organización, funcionamiento, planificación, atribuciones y mecanismos de control del Sistema de Inteligencia del Estado. La normativa define dicho sistema como el conjunto de organismos y servicios funcionalmente coordinados que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia para asesorar al Presidente de la República y contribuir a la protección de la seguridad de la Nación, el interés nacional y el orden constitucional. El Sistema de Inteligencia del Estado está integrado por la Agencia Nacional de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto y las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Asimismo, la ley incorpora como organismos colaboradores a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Gendarmería de Chile, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y la Secretaría General de Política Exterior. La normativa regula mecanismos de cooperación entre los integrantes del sistema y con organismos extranjeros, así como el acceso a información proveniente de órganos de la Administración del Estado y empresas públicas en los casos y condiciones establecidos por la ley. La ley establece una Política Nacional de Inteligencia del Estado, de carácter público, orientada a definir objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Además, contempla un Plan de Desarrollo del Sistema de Inteligencia y una Directiva Anual de Inteligencia, ambos de carácter secreto y sujetos a los plazos y procedimientos previstos en la normativa. Asimismo, crea el Consejo Interministerial de Inteligencia de Estado, integrado por los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Seguridad Pública, con funciones de asesoría al Presidente de la República. También crea el Comité de Inteligencia de Estado, presidido por el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, encargado de promover la coordinación y el intercambio de información entre los organismos que integran el sistema. La Agencia Nacional de Inteligencia mantiene y desarrolla funciones relacionadas con la elaboración de informes, la evaluación de riesgos y amenazas, la formulación de propuestas relativas a la protección de infraestructura crítica, la adopción de mecanismos destinados a resguardar la identidad de su personal y la administración de procedimientos de acreditación de seguridad para el acceso a información clasificada, conforme a las disposiciones legales aplicables. La dirección superior de la Agencia corresponde a un Director de exclusiva confianza del Presidente de la República, quien ejercerá sus funciones por un período de hasta cinco años, renovable por una sola vez. La ley regula los requisitos, incompatibilidades, inhabilidades y obligaciones aplicables al Director y al Subdirector, incluyendo normas sobre dedicación exclusiva, declaraciones de intereses y patrimonio y restricciones para postular a cargos de elección popular durante el período establecido por la normativa. En materia de personal, la ley establece un estatuto especial y contempla requisitos, prohibiciones y mecanismos de control aplicables a quienes se desempeñen en los organismos regulados. Entre otras medidas, dispone controles periódicos respecto del consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales y establece restricciones relacionadas con la militancia política previa al nombramiento. Asimismo, regula el tratamiento de información reservada y las medidas de resguardo aplicables en actuaciones judiciales y administrativas vinculadas al Sistema de Inteligencia del Estado. La normativa regula procedimientos especiales de obtención de información, entre ellos la intervención de comunicaciones telefónicas, radiales e informáticas, la utilización de medios electrónicos de escucha y grabación en lugares cerrados y la entrada y registro en recintos cerrados. Estas medidas requieren autorización judicial otorgada conforme a los procedimientos y requisitos establecidos por la ley. Asimismo, regula las actividades bajo cobertura y el uso de identidades ficticias, estableciendo condiciones, límites y responsabilidades para su ejecución, así como la prohibición de inducir la comisión de delitos. La ley tipifica y sanciona conductas relacionadas con la realización de procedimientos especiales sin la autorización correspondiente, el desarrollo de actividades de inteligencia con fines prohibidos por la ley y la divulgación no autorizada de información clasificada. También contempla penas accesorias e inhabilidades para el ejercicio de funciones públicas en los casos previstos por la normativa, así como circunstancias que pueden influir en la determinación de las sanciones aplicables. La ley dispone que los organismos que integran el Sistema de Inteligencia del Estado se encuentran sujetos a regímenes especiales de reserva y secreto respecto de la información que administran. Asimismo, regula el tratamiento de datos personales en el marco de las funciones de inteligencia conforme a las disposiciones especiales establecidas en la normativa. Adicionalmente, introduce modificaciones a otros cuerpos legales, entre ellos las leyes Nº 20.880 y Nº 18.948, relativas a materias de reserva de información, declaraciones de intereses y patrimonio, control patrimonial y verificación de antecedentes del personal comprendido en dichas normas. Finalmente, las disposiciones transitorias establecen plazos para la dictación de normas complementarias, la determinación de las plantas de personal de la Agencia Nacional de Inteligencia, la elaboración de su estatuto especial y la implementación gradual de determinadas facultades y mecanismos previstos en la ley.
    Artículo primero.- El mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a la partida 05, Ministerio del Interior, y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos del Sector Público. En los años siguientes, los recursos se consultarán en el presupuesto de la respectiva partida presupuestaria.