APRUEBA RUTA ENERGÉTICA 2026-2030 COMPROMISOS Y PRIORIDADES EN ENERGÍA
Núm. 45 exenta.- Santiago, 26 de junio de 2026.
Vistos:
Lo dispuesto en la ley N° 18.575, Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; lo dispuesto en el decreto ley N° 2.224, de 1978, del Ministerio de Minería, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en el decreto 38 del Ministerio del Interior que nombra ministros de Estado en las Carteras que Indica; en la resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y,
Considerando:
Que, la ley 20.776 creó el Ministerio de Energía señalando que corresponderá al Ministerio de Energía, elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía.
Que, el sector de energía comprende a todas las actividades de estudio, exploración, explotación, generación, transmisión, transporte, almacenamiento, distribución, consumo, uso eficiente, importación y exportación, y cualquiera otra que concierna a la electricidad, carbón, gas, petróleo y derivados, energía nuclear, geotérmica y solar, hidrógeno y combustibles a partir de hidrógeno, y demás fuentes energéticas y vectores energéticos.
Que, por lo anterior, la energía es una condición para el desarrollo y la calidad de vida. Es lo que permite que una familia calefaccione su hogar en invierno, que una pequeña empresa sea competitiva, que un territorio aislado no quede excluido del progreso.
Que, el país posee una matriz eléctrica que ha avanzado sostenidamente hacia las energías renovables, el inicio de la descarbonización, y una industria que ha demostrado capacidad de innovación y adaptación.
Que existe un diagnóstico compartido que señala que el país ha avanzado con fuerza en energías renovables y debe continuar por la senda de la transición energética, pero sin perder de vista la seguridad del suministro, el costo para las familias y la necesidad de contar con instituciones capaces de responder a un sector que cambia muy rápido.
Que, el sector energético requiere rigor técnico, estabilidad regulatoria para atraer inversión; certeza jurídica para materializar los proyectos que el país necesita, y calidad de servicio para que ningún hogar ni territorio quede atrás, para ello se han definido seis ejes estratégicos que ordenan la esta hoja de ruta que van desde tarifas más justas y asequibles; un sistema seguro y resiliente; una transición energética responsable; infraestructura habilitante; energía como motor de inversión y desarrollo hasta una institucionalidad moderna y eficiente.
Que, esta Ruta busca acercar la energía a la ciudadanía desde el diálogo y la visión de largo plazo, la cual no parte desde cero, como se indicó de un diagnóstico compartido, de una mirada estratégica que reconoce avances, identifica brechas y propone prioridades claras para el mediano plazo, integrando sostenibilidad, seguridad de suministro y competitividad. De igual manera, las herramientas que dieron forma a este documento han sido diversas y complementarias; la Política Energética Nacional, el Programa de Gobierno del Presidente José Antonio Kast, los requerimientos del sector, el documento de Brechas y Desafíos entregado por el gobierno anterior, entre otros antecedentes relevantes.
Asimismo, este proceso incorporó instancias de diálogo estructurado a través de mesas de trabajo en dos niveles: una con el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) y otra ampliada con representantes de gremios, organizaciones no gubernamentales y el mundo académico. A ello se sumó un proceso de participación asincrónica, que permitió recoger opiniones, visiones e ideas de la ciudadanía en torno a los ejes que componen esta Ruta, fortaleciendo así su legitimidad y pertinencia.
Que, este documento no se trata sólo de principios orientadores, sino de cómo el país organiza un sector estratégico en el cual la energía es base del desarrollo del país. Dejamos, además, un conjunto de metas hacia 2030 que servirán como guía, orientando la implementación de las acciones comprometidas y permitiendo evaluar, de manera clara y transparente, los avances alcanzados.
Resuelvo:
Apruébese la Ruta Energética 2026-2030 Compromisos y Prioridades en Energía cuyo texto es el siguiente:
"1.- INTRODUCCIÓN
Desde hace cuatro administraciones, el Ministerio de Energía ha venido construyendo una agenda con compromisos proyectados para cada período de gobierno, definiendo sus prioridades y acciones programáticas para sus cuatro años de gestión. Esta Ruta Energética 2026-2030 se construye sobre los avances y acuerdos alcanzados en el pasado, relacionados a la descarbonización de la matriz energética, el fortalecimiento de la seguridad y resiliencia energética, la reducción de brechas territoriales en el acceso y calidad del servicio, y la promoción de una transición energética justa e inclusiva. Así, el presente documento se orienta a abordar tanto las necesidades urgentes de corto plazo y de mediano plazo, así como también los desafíos más estructurales, cuyos efectos se extenderán más allá de la actual administración.
Chile enfrenta una fase crítica en el desarrollo de su transición energética. En el último periodo se han materializado avances relevantes en la integración de energías renovables, la disminución gradual del uso del carbón y la adopción de nuevas tecnologías, junto con progresos en la descarbonización de la matriz y la incorporación de combustibles de menor intensidad de emisiones. Pese a estos logros, subsisten brechas significativas en áreas estratégicas como los costos energéticos, la seguridad y continuidad del suministro, el desarrollo territorial y la competitividad económica. La superación de estos desafíos es clave para consolidar un sistema energético sostenible, robustecer la autonomía del país y fortalecer su capacidad de respuesta frente a un contexto internacional incierto, que demanda mayor resiliencia y adaptabilidad.
Asimismo, se busca profundizar el vínculo entre energía y desarrollo productivo, con especial énfasis en la generación de valor local y en la creación de empleo. La transición energética representa una oportunidad estratégica para posicionar a Chile como un polo regional de energía limpia, promoviendo a la energía como un habilitante clave para el desarrollo de nuevas tecnologías, la modernización productiva, la competitividad de sectores estratégicos y la creación de nuevas cadenas de valor asociadas a la economía del futuro. Como administración tomamos también el compromiso de avanzar en importantes desafíos que aún persisten, tales como la necesidad de una mayor coordinación institucional, reducir barreras regulatorias, mejorar la aceptación social de los proyectos energéticos, y asegurar que los beneficios de la transición se distribuyan de manera equitativa entre los territorios y la ciudadanía.
La elaboración de esta Ruta se sustentó en una metodología participativa y diagnósticos basados en evidencia, que incluyó el levantamiento y análisis de información sectorial, la revisión de compromisos previos, y procesos de consulta con actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. Este proceso permitió identificar prioridades compartidas, validar diagnósticos y definir acciones concretas con criterios de factibilidad e impacto.
Esta administración asume como prioridad acelerar y concretar la transición energética, pasando desde una etapa de diseño y expansión inicial hacia una etapa de implementación, ejecución y resultados tangibles para las personas. Esto implica cerrar brechas estructurales que han limitado el despliegue oportuno de inversiones, la integración territorial de la energía y la distribución equitativa de sus beneficios, consolidando así a la energía como un motor efectivo de bienestar social y desarrollo económico.
En este sentido, la Ruta Energía 2026-2030 recoge y da continuidad a políticas de Estado construidas durante las últimas administraciones –tales como la descarbonización, la seguridad energética, la equidad territorial y la transición justa–, pero introduce un énfasis claro en su profundización y aceleración. El foco se desplaza hacia la habilitación concreta de proyectos de inversión, la modernización de la regulación, el fortalecimiento institucional y la materialización de infraestructura crítica con el objetivo de responder al dinamismo del sector y a las crecientes demandas de resiliencia, competitividad y sostenibilidad.
El sentido de urgencia está dado por una doble tensión. Por una parte, la necesidad de avanzar con rapidez en la transición energética para enfrentar el cambio climático y reducir costos energéticos. Y, por otra, la obligación de asegurar que esta transición sea segura, confiable y socialmente legítima. Esto exige fortalecer la coordinación intersectorial, reducir barreras, mejorar los procesos de inversión y promover una mayor participación y aceptación en los territorios, abordando de manera integral los desafíos que enfrenta el sector.
Asimismo, esta Ruta prioriza el vínculo entre energía y desarrollo productivo, promoviendo nuevas industrias y tecnologías, la generación de empleo y el desarrollo de capacidades locales. Al mismo tiempo, pone un énfasis especial en mejorar las condiciones de acceso, asequibilidad y calidad del servicio energético, avanzando hacia una mayor equidad y reduciendo las brechas que afectan a hogares, comunidades y territorios rezagados.
La Ruta se estructura en seis ejes estratégicos que abordan las principales brechas del sector, combinando medidas de implementación inmediata con transformaciones de carácter estructural, y definiendo una hoja de acción con hitos y metas concretas para avanzar hacia un sistema energético más limpio, seguro, resiliente y al servicio del desarrollo del país; junto con 10 grandes compromisos, que representan un esfuerzo adicional a las acciones previamente mencionadas.
2.- LOS EJES DE LA RUTA
A continuación, se describen los 6 ejes de esta Ruta Energética 2026-2030, con su estado de la situación y objetivos para el periodo de gobierno.
Cada eje contiene acciones que expresan un objetivo claro de política pública, orientado a un resultado o cambio que se quiere lograr, y coherente con el eje correspondiente.
Además, cada acción se operativiza mediante productos o hitos concretos, correspondientes a un conjunto de actividades orientadas a la solución de un problema público en el ámbito energético, enmarcados en la acción y con plazos establecidos. En este sentido, estos productos o hitos actúan como indicadores de implementación.
En los últimos años, las tarifas eléctricas han experimentado alzas significativas debido al descongelamiento tarifario y a retrasos en los procesos de fijación, evidenciando la necesidad de modernizar el sistema. Para ello, se está impulsando un proyecto de ley y reformas orientadas a normalizar los procesos tarifarios y mejorar su funcionamiento.
Respecto a acceso eléctrico, y pese a contar con una cobertura eléctrica cercana al 99,6%, persisten brechas relevantes de acceso, calidad y costo, especialmente en zonas rurales y territorios rezagados, donde aún miles de viviendas carecen de electricidad.
Por otra parte, el uso de leña para calefacción sigue siendo relevante en gran parte de las regiones del centro y sur del país. En el sector residencial existe una alta dependencia hacia la biomasa forestal, particularmente leña, la cual se comercializa en un mercado atomizado, caracterizado por la informalidad, la falta de estándares de calidad y una gran variabilidad de precios y formatos entre los distintos territorios. A esto se suma la falta de información clara y estandarizada sobre costos y alternativas de mayor eficiencia, afectando no sólo la equidad del sistema, sino también los bolsillos de las miles de familias que hoy calefaccionan sus viviendas con leña.
Sumado a lo anterior, gran parte de las viviendas en el país presenta deficiencias térmicas que incrementan el consumo y el gasto energético, lo que pone presión en las exigencias para aumentar significativamente las inversiones en mejoramiento habitacional.
Estas brechas afectan la equidad, profundizan la pobreza energética y limitan el desarrollo territorial. Frente a este escenario, se propone una agenda integral orientada a modernizar el sistema energético, fortalecer la equidad en el acceso a la energía y mejorar la eficiencia, promoviendo soluciones limpias, el desarrollo local, el autoconsumo y una mayor transparencia para la toma de decisiones informadas.
Acción 1. Reforma y modernización tarifaria eléctrica
Desarrollar e implementar una agenda integral de perfeccionamiento tarifario del sector eléctrico orientada a mejorar la eficiencia, transparencia y equidad del sistema, mediante reformas legales, adecuaciones regulatorias y fortalecimiento de los instrumentos técnicos.
Productos:
a) Producto 1: Ingresar proyecto de ley de normalización tarifaria que permita regularizar los retrasos de los procesos tarifarios y mitigar el impacto a los clientes finales. Plazo: 2026.
b) Producto 2: Regularizar la normativa en materia tarifaria, dictando los reglamentos de peajes de distribución y de precios de nudo, con el fin de establecer reglas claras en estas materias. Plazo: 2026 – 2030.
c) Producto 3: Implementar una agenda de mejora y perfeccionamiento a los procesos tarifarios del sector eléctrico. Plazo: 2026 – 2030.
Acción 2. Acceso y equidad energética
Reducir brechas de acceso, calidad y asequibilidad energética en zonas rurales, aisladas y extremas, mediante el desarrollo de instrumentos regulatorios y de política pública que fortalezcan el suministro eléctrico y de combustibles, promoviendo la equidad territorial.
Productos:
a) Producto 1: Formalizar un protocolo y metodología para el soterramiento de redes de distribución eléctrica en zonas rurales. Plazo: 2026 – 2027.
b) Producto 2: Diseñar e implementar mejoras en la asequibilidad y calidad del suministro eléctrico en los sistemas aislados para pequeños consumidores. Plazo 2027 – 2029.
c) Producto 3: Revisar y adecuar la regulación para facilitar la instalación de estaciones de servicio en zonas aisladas, mejorando el acceso, la continuidad del abastecimiento y la equidad territorial. Plazo: 2026 – 2030.
Acción 3. Reducción de la pobreza energética y habitabilidad
Mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza energética de los hogares mediante el desarrollo y perfeccionamiento de herramientas de diagnóstico y focalización, la implementación de instrumentos de mejoramiento térmico y el acceso a soluciones energéticas limpias, que contribuyan a disminuir brechas en habitabilidad, acceso y gasto energético con pertinencia territorial. Lo anterior, con el propósito de fortalecer la efectividad de las políticas públicas orientadas a reducir la pobreza energética, optimizar la asignación de recursos y promover soluciones sostenibles que favorezcan el bienestar de la población, especialmente de los hogares más vulnerables.
Productos:
a) Producto 1: Desarrollar un indicador de pobreza energética que funcione como insumo estratégico para orientar la focalización de beneficios y apoyos vinculados a los instrumentos de la política pública. Plazo: 2027.
b) Producto 2: Implementar un visualizador de pobreza energética que integre la conceptualización del fenómeno y consolide información territorial sobre brechas a nivel nacional, regional y comunal, considerando dimensiones de acceso, calidad, habitabilidad y asequibilidad. Plazo: 2026.
c) Producto 3: Reformular operativamente la iniciativa "Mi Calor, Mi Hogar", incorporando criterios técnicos diferenciados, ajustes en la estrategia de focalización territorial y actualización del menú de soluciones. Plazo: 2026 – 2027.
d) Producto 4: Diseñar y ejecutar experiencias piloto de soluciones de cocción limpia focalizadas en hogares vulnerables, con evaluación técnica y social incorporada. Plazo: 2026 – 2028.
Acción 4. Energía a escala local y autoconsumo
Impulsar el desarrollo energético distribuido mediante el fortalecimiento de capacidades locales, la promoción del autoconsumo de energías renovables y soluciones comunitarias, con el fin de mejorar el desempeño energético de los territorios y generar beneficios económicos directos para los hogares.
Productos:
a) Producto 1: Institucionalizar el programa "Comuna Energética" con ajustes al marco legal existente, con el propósito de generar una mayor vinculación y la debida incorporación en la estructura municipal. Plazo: 2026 – 2027.
b) Producto 2: Aumentar el número de comunas que cuentan con Estrategias Energéticas Locales y que han definido una visión energética junto con las acciones locales que permiten el aprovechamiento de los beneficios de la energía en los territorios. Plazo: 2026 – 2030.
c) Producto 3: Desarrollar plataforma de monitoreo y visualización comunal que permita hacer seguimiento al desempeño comunal con las metas nacionales, integrando Estrategias Energéticas Locales (EEL), sus indicadores y el Sello Comuna Energética. Plazo: 2026 – 2028.
d) Producto 4: Ajustar la regulación y normativa técnica de generación distribuida para autoconsumo –otorgando información directa del comportamiento del mercado–, para la toma de decisiones de inversión pública y privada, con el fin de fomentar su integración costo eficiente. Plazo: 2026 – 2030.
e) Producto 5: Contar con marco normativo para los servicios térmicos para autoconsumo –incluyendo calor y frío para procesos industriales, agua caliente sanitaria, calefacción y climatización– mediante condiciones de eficiencia, seguridad, desempeño y resiliencia. Plazo: 2026 – 2028.
f) Producto 6: Consolidar y dar continuidad operativa a la iniciativa de Energía Comunitaria Asociativa (proyectos de generación distribuida de propiedad conjunta para reducir el costo de las cuentas de electricidad de comunidades vecinas a proyectos de energía), priorizando resultados verificables (hitos de construcción, operación e inyección a red según corresponda) y avanzando en el desarrollo de modelos piloto replicables. Plazo: 2026 – 2029.
g) Producto 7: Evaluar y mejorar el programa Gestiona Energía MiPyMEs, para aumentar la cantidad de micros, pequeñas y medianas empresas que se capacitan y reciben asesoría técnica gratuita en materia energética, fomentando así la incorporación de medidas de eficiencia energética y de energías renovables para el autoconsumo. Plazo: 2026 - 2030.
Acción 5. Transparencia e información
Fortalecer la transparencia del sector energía -electricidad y combustibles- mediante una estrategia permanente de información pública que acerque a la ciudadanía temáticas del sector (por ejemplo, definición de los precios) y entregue herramientas simples para una toma de decisiones informada.
Productos:
a) Producto 1: Modernizar la plataforma institucional de atención ciudadana para entregar un servicio estandarizado y de mejor calidad. Plazo: 2026 – 2028.
b) Producto 2: Poner a disposición de la ciudadanía información sencilla sobre el funcionamiento del sector energético, tal como la definición de precios, y un mecanismo de difusión activa de dicha información. Plazo: 2026 – 2030.
c) Producto 3: Actualizar información y desarrollar nuevas calculadoras de los "Exploradores de Energía", cuya información además insuma la actualización de los potenciales de energía renovable. Plazo: 2026 – 2029.
d) Producto 4: Actualizar y fortalecer la difusión y evaluación de plataformas de información con foco residencial, orientadas a mejorar la disponibilidad de datos sobre costos de calefacción y características de eficiencia de equipos energéticos para la toma de decisiones informadas. Plazo: 2026 – 2029.
El sistema energético chileno enfrenta una brecha estructural en materia de seguridad y resiliencia frente a eventos climáticos extremos, fallas operativas y riesgos de abastecimiento. Los eventos climáticos severos registrados en años recientes evidenciaron limitaciones en la capacidad de prevención, respuesta y reposición del servicio, particularmente en redes de distribución rurales y de baja tensión. En este contexto, los niveles de interrupción del suministro continúan por sobre los estándares definidos como meta país, lo que afecta la continuidad del servicio y la calidad de vida de las personas.
A ello se suma la alta dependencia de combustibles fósiles importados, que expone al país a la volatilidad de los precios internacionales y a riesgos geopolíticos, limitando la seguridad y soberanía energética. En paralelo, el proceso de retiro progresivo de centrales a carbón –clave para la descarbonización– ha reducido atributos esenciales para la operación del sistema eléctrico, como la inercia, el respaldo y la generación cercana a los centros de consumo, cuya reposición aún enfrenta rezagos en términos regulatorios, tecnológicos y de inversión.
Asimismo, persisten debilidades en la gestión integral de riesgos y en la protección de la infraestructura crítica. La baja penetración de redes inteligentes, sistemas de monitoreo en tiempo real y tecnologías de medición avanzada limita la detección temprana de fallas y extiende los tiempos de recuperación del suministro eléctrico. A esto se suma una coordinación interinstitucional aún insuficiente entre los distintos actores involucrados.
En conjunto, estas brechas reflejan la necesidad de avanzar hacia un sistema energético más robusto, flexible y preparado para enfrentar contingencias, mediante una planificación integrada que incorpore criterios de resiliencia climática, seguridad de suministro y modernización tecnológica.
Acción 6. Gestión de riesgos y continuidad de servicio
Fortalecer la resiliencia del sistema energético frente a eventos críticos, mediante la planificación preventiva, herramientas de monitoreo, el robustecimiento de las capacidades institucionales y la coordinación intersectorial, para mejorar la gestión y la respuesta ante eventos climáticos extremos y otras amenazas al suministro, como el robo de infraestructura eléctrica.
Productos:
a) Producto 1: Actualizar y realizar anualmente el "Plan de preparación para el invierno", que incluye la elaboración de protocolos de coordinación frente a eventos invernales de alto impacto, la institucionalización de una comisión coordinadora, el desarrollo de una campaña comunicacional preventiva, y la evaluación y rediseño anual del plan junto con la difusión de sus resultados. Plazo: 2026 – 2030.
b) Producto 2: Elaborar e implementar el "Plan Sectorial para la Gestión del Riesgo de Desastres" mandatado por la ley N° 21.364, que incluirá medidas vinculantes para fortalecer la gestión de riesgo de desastres. Plazo: 2026 – 2030.
c) Producto 3: Presentar un proyecto de ley que permita avanzar en resiliencia y calidad de suministro eléctrico a través de nuevas inversiones en infraestructura, con el objetivo de avanzar hacia la meta de la Política Energética Nacional, de 4 horas de tiempo de interrupción al 2035. Plazo: 2028.
d) Producto 4: Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica que consolide la información reportada al Ministerio de Energía, a través de los Protocolos de Comunicación definidos con las empresas y/o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, permitiendo generar inteligencia estadística para la toma de decisiones, tanto preventiva como reactiva, frente a contingencias que afecten el suministro energético. Plazo: 2026 – 2030.
e) Producto 5: Implementar un sistema de monitoreo y gestión de contingencias de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos con foco en consumidores críticos y territorios aislados. Plazo: 2026 – 2030.
f) Producto 6: Evaluar y proponer medidas regulatorias, operativas y tecnológicas que reduzcan la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica frente al robo de cables (por ejemplo, estándares de reposición, trazabilidad de materiales, medidas disuasivas y de protección física). Plazo: 2026 – 2030.
Acción 7. Redes inteligentes para un mejor servicio
Promover la digitalización del sistema energético mediante la implementación de medición avanzada y tecnologías inteligentes, con el objetivo de mejorar la eficiencia y competitividad del sistema, la localización de fallas y la gestión de interrupciones, entre otros beneficios.
Productos:
a) Producto 1: Elaborar un plan piloto de sistemas de medición avanzada, en conjunto con la industria eléctrica, con el fin de promover sus beneficios entre los clientes finales. Plazo: 2027 – 2030.
b) Producto 2: Implementar integralmente la regulación de los sistemas de medición avanzada, considerando la Acción 13 de esta Ruta asociada a la reforma a la distribución y enfatizando aspectos de la remuneración y tarificación de las unidades de medición avanzada. Plazo: 2027 – 2030.
Acción 8. Identificación y resguardo de infraestructura crítica
Resguardar la infraestructura crítica del sector energético (tanto en electricidad como en combustibles), mediante el fortalecimiento de criterios de identificación, marcos regulatorios y mecanismos de protección física y operativa, asegurando la continuidad del suministro frente a riesgos externos y su adecuada integración en las políticas y planes nacionales de seguridad.
Productos:
a) Producto 1: Actualizar el catastro de infraestructura crítica del sector eléctrico y para el suministro de combustibles, mediante la revisión y actualización de los criterios existentes, con el objeto de resguardar y fortalecer dicha infraestructura. Para el caso del sector eléctrico, se realizará una mesa de trabajo con el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Plazo: 2026 – 2030.
b) Producto 2: Desarrollar un protocolo para la protección física, operativa y digital de la infraestructura crítica para el suministro energético del país, a través de una coordinación permanente entre los Ministerios de Energía, Seguridad Pública y Defensa ante riesgos sistémicos. Plazo: 2026 – 2030.
c) Producto 3: Integrar al sector energético en los planes nacionales de seguridad. Plazo: 2026 – 2030.
Acción 9. Integración energética regional
Impulsar la integración energética regional mediante el fortalecimiento del intercambio gasífero y eléctrico con países vecinos, promoviendo el desarrollo de infraestructura, marcos regulatorios habilitantes y mecanismos de coordinación internacional que permitan avanzar hacia un sistema energético más seguro, eficiente y resiliente.
Productos:
a) Producto 1: Elaborar e implementar una hoja de ruta para avanzar en la profundización del intercambio de energía y la interconexión eléctrica con países vecinos, con medidas tales como el desarrollo de estudios de pre-factibilidad técnica y económica para la integración, evaluación de una armonización regulatoria, suscripción de acuerdos internacionales, cooperación regional en instancias multilaterales, entre otras. Plazo: 2026 – 2030.
b) Producto 2: Transitar hacia una integración energética estructural, con soporte político, coordinación técnica y un marco de certidumbre para inversiones de largo plazo, complementando las actuales relaciones basadas en conexiones puntuales y contratos entre privados. Esto requiere impulsar medidas tales como reactivar agendas bilaterales de integración energética con países vecinos, con horizonte de largo plazo y mecanismos de seguimiento; identificar oportunidades de inversión y uso de infraestructura existente o ampliable entre países de la región; y explorar un marco de entendimiento que complemente los contratos entre privados con soporte público, certeza jurídica y reglas claras. Plazo: 2026-2030.
Chile enfrenta una brecha relevante para acelerar una transición energética segura, sostenible y costo-eficiente, asociada a la persistente dependencia de combustibles fósiles y a la insuficiente habilitación del sistema eléctrico para integrar los beneficios de las energías renovables y nuevas tecnologías. Esta situación limita la reducción de emisiones, mantiene la exposición a importaciones energéticas y restringe el desarrollo de una matriz más limpia y competitiva. Si bien el país ha avanzado en la descarbonización de la generación eléctrica, el retiro de centrales a carbón ha generado nuevos desafíos para la operación del sistema, particularmente en la reposición de atributos de seguridad como respaldo, flexibilidad e inercia, que aún presentan rezagos regulatorios y de inversión. A ello se suman brechas en el consumo energético, donde persiste el uso intensivo de combustibles contaminantes en el sector residencial, junto con un bajo avance en eficiencia energética y electrificación en sectores clave como transporte e industria.
Asimismo, el sistema enfrenta dificultades para integrar plenamente el creciente desarrollo de energías renovables variables, evidenciadas en altos niveles de vertimiento, así como barreras para el despliegue de otras tecnologías e industrias como el hidrógeno verde y la geotermia, asociadas a costos, regulación y falta de demanda. En conjunto, estas brechas reflejan una insuficiente articulación entre regulación, infraestructura y desarrollo tecnológico.
En este contexto, las acciones de este eje se orientan a acelerar la incorporación de la eficiencia energética (en línea con los avances impulsados por la Ley de Eficiencia Energética) y energías renovables en distintos sectores, incorporar combustibles de bajas emisiones, reducir vertimientos y fortalecer los marcos regulatorios e institucionales necesarios para una transición energética segura, competitiva y sostenible.
Acción 10. Eficiencia energética y energías renovables en todos los sectores
Impulsar la incorporación de la eficiencia energética y el uso de energías renovables para autoconsumo mediante el fortalecimiento del marco normativo y la implementación de iniciativas en distintos sectores, con el objetivo de reducir los costos energéticos, mejorar la eficiencia en el uso de la energía y promover soluciones sostenibles en el ámbito público, residencial, comercial e industrial.
Productos:
a) Producto 1: Actualizar el marco normativo de la Ley de Eficiencia Energética, incluyendo reglamentos, el Plan Nacional de Eficiencia Energética y estándares de desempeño energético para equipos. Plazo: 2026 – 2027.
b) Producto 2: Implementar proyectos de eficiencia energética y energías renovables en edificaciones públicas y residenciales. Plazo: 2026 – 2030.
c) Producto 3: Diseñar e implementar programas de fomento al autoconsumo de energías renovables en el sector agrícola, orientados a reducir costos energéticos y fortalecer la sostenibilidad productiva. Plazo: 2026 – 2030.
d) Producto 4: Elaborar 200 diseños de soluciones energéticas sostenibles para Servicios Sanitarios Rurales (SSR) que reduzcan los costos de operación energética, en el marco del trabajo interministerial con la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). Plazo: 2026 – 2029.
e) Producto 5: Proponer un proyecto de ley sobre crédito tributario para la implementación de proyectos de autoconsumo con energías renovables en MiPyMEs. Plazo: 2026 – 2027.
f) Producto 6: Actualizar y fortalecer la plataforma Gestiona Energía del sector público, orientada a facilitar la identificación, evaluación y financiamiento de proyectos de eficiencia energética y energías renovables en edificios públicos. Plazo: 2026 – 2027.
g) Producto 7: Implementar programas de asistencia técnica para las industrias, orientados a fortalecer su gestión de energía, mejorar el desempeño energético e identificar oportunidades y soluciones energéticas de reducción de consumo y emisiones, con foco en sectores intensivos en energía como minería, industria manufacturera, alimentos y transporte. Plazo: 2026-2029.
Acción 11. Transporte de bajas emisiones
Impulsar la electromovilidad y la eficiencia energética en el transporte como línea clave de la transición energética, mediante el desarrollo de marcos regulatorios, estrategias sectoriales y estándares que promuevan la adopción de tecnologías de bajas emisiones.
Productos:
a) Producto 1: Ingresar a tramitación un proyecto de ley que impulse el desarrollo de la electromovilidad en Chile, mediante el establecimiento de un marco regulatorio que facilite su adopción y expansión. Plazo: 2026 – 2027.
b) Producto 2: Elaborar e implementar la Estrategia Nacional de Electromovilidad 2030, con el objetivo de orientar el desarrollo del sector y coordinar acciones públicas y privadas para su despliegue. Plazo: 2026 – 2029.
c) Producto 3: Actualizar el estándar de eficiencia energética de vehículos livianos, con el fin de adecuar la exigencia a la nueva norma de emisiones EURO 6c y mantener su desempeño energético para contribuir a la reducción de emisiones en el sector transporte. Plazo: 2026.
Acción 12. Combustibles de bajas emisiones y bioenergía
Impulsar el desarrollo y uso de combustibles de bajas emisiones y bioenergía, mediante la habilitación regulatoria, el fortalecimiento de la seguridad de suministro y la implementación de instrumentos que permitan diversificar la matriz energética, promover una transición energética sostenible y avanzar hacia sistemas de calefacción más limpios, seguros y eficientes.
Productos:
a) Producto 1: Desplegar una agenda de habilitación regulatoria para combustibles de bajas emisiones –como etanol, hidrógeno y derivados, combustibles sintéticos y otros– que habilite espacio a nuevas soluciones, diversifique la matriz y acompañe la transición energética. Plazo: 2026 – 2028.
b) Producto 2: Evaluar la implementación progresiva de una mezcla de gasolinas con etanol como medida para diversificar la oferta de combustibles de transición, reducir emisiones y dinamizar nuevas cadenas de valor. Plazo: 2027 – 2028.
c) Producto 3: Promover medidas para robustecer la seguridad de suministro del gas natural, incluyendo integración gasífera con Argentina e infraestructura habilitante. Plazo: 2026 – 2028.
d) Producto 4: Implementar la ley N° 21.499 de biocombustibles sólidos, que incluye la elaboración de especificaciones técnicas de calidad, el desarrollo de un plan de modernización del mercado y la implementación de programas asociados como Leña Más Seca, Sello de Calidad de Leña y Centros Integrales de Biomasa. Plazo: 2026 – 2029.
e) Producto 5: Elaborar una Estrategia Nacional de Bioenergía, orientada a promover el desarrollo y el aumento de la oferta de los biocombustibles sólidos, líquidos y otros energéticos, promoviendo la sostenibilidad, el desarrollo territorial y la seguridad de suministro tanto para el sector industrial como el comercial, público y residencial. Plazo: 2026 – 2027.
Acción 13. Mercado eléctrico preparado para la transición
Fortalecer el marco regulatorio e institucional del sector eléctrico para facilitar la transición energética, mediante la modernización de la distribución, el desarrollo de mercados más competitivos, la incorporación de nuevas tecnologías y la adecuación de la regulación en sistemas medianos.
Productos:
a) Producto 1: Presentar públicamente la hoja de ruta de reforma al segmento de distribución. Plazo: 2026 – 2028.
b) Producto 2: Desarrollar las medidas derivadas de la hoja de ruta de reforma a la distribución eléctrica, articulando propuestas regulatorias para cada uno de los ejes estratégicos definidos en ésta. Plazo: 2026 – 2028.
c) Producto 3: Actualizar los instrumentos regulatorios existentes, tales como el Reglamento de valorización y expansión de los sistemas medianos (DS 229) y el Reglamento de operación y administración de los sistemas medianos (DS 23), con el objeto de facilitar la integración de nuevos recursos en los sistemas medianos en el marco de la transición energética. Plazo: 2026 – 2027.
d) Producto 4: Implementar la figura de sandbox regulatorios en base a diagnósticos que permitan conocer las herramientas vigentes en la regulación y detectar sus brechas. Plazo: 2028 – 2030.
e) Producto 5: Implementar una reforma al mercado mayorista de energía, a través de un proyecto de ley, para transitar a un mercado que incentive el desarrollo competitivo y costo eficiente del sector ante una matriz eléctrica altamente renovable y variable. Plazo: 2026 – 2030.
f) Producto 6: Perfeccionar, a través de modificaciones regulatorias, los procesos de licitación de clientes regulados con el fin de promover el desarrollo competitivo y costo eficiente del sector eléctrico. Plazo: 2026 – 2030.
g) Producto 7: Promover el desarrollo costo eficiente del segmento de pequeños medios de generación distribuidos (PMGD). Plazo: 2026 – 2030.
h) Producto 8: Implementar modificaciones regulatorias al mercado de servicios complementarios con foco en seguridad, estabilidad del sistema eléctrico y competencia del mercado. Plazo: 2026 – 2030.
i) Producto 9: Promover el desarrollo de la geotermia en el sector eléctrico, con el fin de aprovechar sus atributos de flexibilidad, su aporte a los servicios complementarios y a la seguridad energética, especialmente en el contexto del retiro de centrales a carbón, así como su contribución a reducir la dependencia de combustibles fósiles importados. Plazo: 2026 – 2030.
La transición energética chilena enfrenta una brecha estructural en el desarrollo oportuno, coordinado y territorialmente integrado de infraestructura energética estratégica, particularmente en transmisión eléctrica, sistemas medianos y logística de combustibles. Esto limita la capacidad del sistema para acompañar el rápido crecimiento de las energías renovables y las nuevas demandas de flexibilidad, seguridad y resiliencia. Esta brecha se expresa, en particular, en el rezago de la infraestructura de transmisión eléctrica, que ha derivado en niveles ineficientes de vertimiento de energías renovables, afectando la eficiencia del sistema y debilitando las señales de inversión.
A su vez, persisten limitaciones en la planificación estratégica del sistema energético, evidenciadas en debilidades en los instrumentos de expansión de la transmisión, una insuficiente integración de variables territoriales y socioambientales, y una baja coordinación intersectorial, lo que se traduce en retrasos en obras críticas para la transición energética. Estas dificultades se replican en otros ámbitos, como la infraestructura para nuevos energéticos y el transporte marítimo, donde, junto con las limitaciones logísticas y regulatorias, la ausencia de instrumentos de apoyo adecuados en etapas tempranas dificulta el cierre de brechas de costo y la materialización de proyectos, restringiendo el despliegue de combustibles alternativos y el desarrollo de corredores verdes marítimos.
En paralelo, la infraestructura de combustibles presenta desafíos relevantes en términos de resiliencia, cobertura y seguridad de suministro, en un contexto de alta dependencia de importaciones energéticas. Asimismo, los actuales esquemas regulatorios y de mercado –particularmente en transmisión– no reflejan plenamente los requerimientos de flexibilidad y el aporte de las nuevas tecnologías al sistema en su conjunto, contribuyendo a ineficiencias como los vertimientos de energía limpia. Finalmente, la limitada generación de acuerdos territoriales y la persistencia de incertidumbres normativas continúan afectando la viabilidad y oportunidad de proyectos estratégicos.
Por su parte, ENAP tendrá un rol estratégico en el fortalecimiento de la seguridad energética nacional, para lo cual será necesario fortalecer su capacidad operacional, logística e industrial que le permita apoyar el desarrollo de infraestructura crítica asociada al sector energético, y también contribuir a la integración energética regional.
En este contexto, el eje de Infraestructura Energética Habilitante para la Transición busca fortalecer la planificación, regulación y desarrollo de infraestructura estratégica –en transmisión eléctrica, sistemas medianos y logística de combustibles– mediante un enfoque integrado, anticipatorio y territorial, que permita habilitar una transición energética segura, resiliente, costo-eficiente y socialmente legitimada.
Acción 14. Regulación del sistema de transmisión
Adecuar el marco regulatorio de la transmisión eléctrica para la implementación de la ley N° 21.721 de transición energética, y avanzar en una reforma al sistema de tarificación de la transmisión que permita el crecimiento adaptado de la red, el uso eficiente de la infraestructura y la reducción del vertimiento de energías renovables.
Productos:
a) Producto 1: Iniciar la tramitación legislativa del proyecto de ley de reforma al sistema de tarificación de la transmisión. Plazo: 2026 – 2028.
b) Producto 2: Proponer medidas regulatorias que promuevan el uso de tecnologías para un uso eficiente de las redes de transmisión, incentiven la localización eficiente de los proyectos de generación y permitan adaptar la tarificación a las necesidades particulares de cada tipo de cliente, en base a los resultados de un diagnóstico del funcionamiento de los incentivos actuales en la tarificación del sistema de transmisión. Plazo: 2026 – 2028.
Acción 15. Planificación de infraestructura eléctrica estratégica
Fortalecer la planificación del sistema eléctrico nacional mediante un enfoque integral que articule la planificación energética de largo plazo y de la transmisión, la gestión territorial y la aceleración de proyectos estratégicos, con el fin de contar con una infraestructura de transmisión robusta, oportuna y alineada para la transición energética.
Productos:
a) Producto 1: Incorporar la planificación de los sistemas medianos (SSMM) en la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP), en cumplimiento de la ley N° 21.804. Para ello se incluirá una metodología para desarrollar la planificación de estos sistemas en la PELP. Plazo: 2026 – 2028.
b) Producto 2: Establecer una representación territorial orientadora de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP), que permita identificar, a escala nacional, inversiones óptimas y estratégicas en el corto, mediano y largo plazo, desde una perspectiva tecno-económica, considerando una baja complejidad socio-territorial y la resiliencia frente a perturbaciones externas; a través de la identificación de zonas adecuadas para generación y almacenamiento además de corredores de transmisión de bajo riesgo. Plazo: 2027 – 2028.
c) Producto 3: Incorporar tempranamente la complejidad territorial, ambiental y social en la planificación de la transmisión, en el contexto de los análisis de prefactibilidad y valoración de la cartera de proyectos, mediante la valorización económica de la incidencia de las variables ambientales, territoriales (ICVAT) y sociales (índice socio-territorial) en el desarrollo de los proyectos, junto con la optimización de las obras complejas resultantes (Estudio de Franjas). Plazo: 2026 – 2030.
d) Producto 4: Identificar obras estratégicas (OOEE) en el Plan de Expansión de la Transmisión, con el objetivo de priorizar y acelerar su ejecución. Esta acción se sustenta en la articulación de una mesa interministerial que coordine a las instituciones con competencias en el desarrollo de estos proyectos, asegurando su implementación oportuna. Esto se refleja en una cartera de inversiones estratégicas (obras) incorporada en el Plan de Expansión de la Transmisión. Plazo: 2030.
e) Producto 5: Monitorear los procesos de obras de expansión, a través del trabajo colaborativo con el Coordinador Eléctrico Nacional y otros organismos del estado para identificar las brechas respecto de los procesos de licitación y su adjudicación, así como impulsar un trabajo con las empresas constructoras. El objetivo es conocer las señales que desincentivan la participación y dificultan la adjudicación de las obras de ampliación, con el fin de proponer ajustes que fortalezcan la competencia y aseguren la expansión oportuna del sistema. Plazo: 2027.
Acción 16. Infraestructura de combustibles para la seguridad energética
Fortalecer la resiliencia y continuidad del suministro de combustibles mediante el desarrollo, resguardo y acceso adecuado a la infraestructura crítica, junto con la habilitación de nueva infraestructura y capacidades logísticas, con el fin de enfrentar riesgos operacionales y acompañar el desarrollo de nuevos energéticos.
Productos:
a) Producto 1: Revisar las condiciones de acceso a la infraestructura crítica de gas por parte de terceros, con el fin de evaluar su disponibilidad, eficiencia y eventuales barreras, y proponer ajustes que favorezcan su utilización y contribuyan a la seguridad de suministro. Plazo: 2026 – 2027.
b) Producto 2: Levantar información sobre proyectos de infraestructura de combustibles que aporten a la resiliencia energética, con énfasis en el almacenamiento, junto con acciones para resguardar la continuidad operativa de la infraestructura existente y facilitar su desarrollo mediante la coordinación con los servicios involucrados. Plazo: 2026 – 2028.
c) Producto 3: Desarrollar e implementar medidas del plan de desarrollo logístico para nuevos energéticos, al menos en las regiones de Magallanes y Antofagasta. Plazo: 2026 – 2030.
d) Producto 4: Impulsar una hoja de ruta orientada a fortalecer las capacidades operacionales, logísticas e industriales de ENAP, promoviendo su consolidación como una empresa multi energética innovadora, que garantice un suministro confiable de combustibles, promueva un acceso a la energía competitiva, potencie su actividad logística y mitigue los desafíos ambientales de sus operaciones con sostenibilidad financiera y creando valor para Chile. Asimismo, se buscará potenciar su contribución a la integración energética regional, al cierre de brechas de infraestructura y al desarrollo de soluciones que fortalezcan la seguridad nacional. Plazo: 2026 – 2030.
El sector energético se ha consolidado como un motor relevante de inversión en Chile. Sin embargo, persisten brechas estructurales que limitan su capacidad para traducirse en desarrollo productivo, generación de empleo de calidad y la creación de nuevos mercados. Pese al alto potencial del país –reflejado en una cartera significativa de proyectos de generación, transmisión, almacenamiento, hidrógeno verde y otras industrias emergentes–, la materialización de estas inversiones enfrenta barreras regulatorias, de infraestructura, financiamiento y capital humano.
Estas brechas se expresan en procesos de autorización aún extensos y complejos, limitaciones en la capacidad institucional para evaluar proyectos con nuevas tecnologías, falta de instrumentos de apoyo adecuados para etapas tempranas y una insuficiente disponibilidad de capital humano especializado. Asimismo, persiste una débil articulación entre el desarrollo energético y los territorios, lo que dificulta generar encadenamientos productivos, valor agregado local y beneficios socioeconómicos sostenibles. En paralelo, el desarrollo de nuevas industrias –como hidrógeno verde, combustibles sostenibles o calefacción distrital, entre otros– se ve limitado por la falta de marcos regulatorios claros, infraestructura habilitante y señales de mercado que permitan escalar su implementación.
En este contexto, el eje de Energía como Motor de Inversión y Desarrollo busca acelerar la materialización de inversiones energéticas y el desarrollo de nuevas industrias mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional, la modernización de permisos, el impulso a instrumentos de financiamiento y mercados para la descarbonización, el desarrollo de polos energéticos territoriales y la formación de capital humano avanzado, con el objetivo de posicionar a la energía como un pilar del crecimiento económico sostenible, de la diversificación productiva y del desarrollo regional.
Acción 17. Cooperación e inversión internacional
Robustecer la cooperación internacional en concordancia con los objetivos establecidos para el fortalecimiento del sistema energético.
Producto 1: Impulsar alianzas y acuerdos de cooperación internacional que contribuyan al posicionamiento de Chile, fomenten el intercambio de mejores prácticas, fortalezcan las capacidades tecnológicas, promuevan el desarrollo del capital humano y refuercen las políticas públicas prioritarias del sector. Plazo: 2026 – 2030.
Acción 18. Agilización de proyectos y modernización de permisos
Agilizar y materializar inversión energética a través de un activo acompañamiento estratégico a proyectos energéticos priorizados y críticos para el sistema energético del país, con impacto en empleo y actividad económica.
Productos:
a) Producto 1: Publicar y desarrollar plan de implementación piloto de guía/estándar de inserción socio-territorial para proyectos de transmisión, con acuerdos territoriales para el desarrollo de proyectos específicos de alta relevancia. Plazo: 2027.
b) Producto 2: Desarrollar plan de acción para la inserción socio-territorial de proyectos de generación y transmisión en 3 zonas claves para el desarrollo energético, de carácter técnico-metodológico y con acuerdos territoriales para el desarrollo de los proyectos. Plazo: 2026 – 2030.
c) Producto 3: Definir e implementar un plan de modernización de los procedimientos administrativos asociados al desarrollo de proyectos energéticos, orientado a reducir los tiempos, garantizando la trazabilidad y certidumbre de la tramitación, mediante un análisis integral de los procesos vigentes que permita identificar cuellos de botella, etapas críticas, plazos efectivos y servicios públicos involucrados, y proponer mejoras en la secuencia, coordinación y ejecución de los procedimientos administrativos, que incluya gestión multisectorial y en diversos niveles territoriales. Plazo: 2026 – 2028.
d) Producto 4: Implementar y mantener una mesa interministerial de inversión energética estratégica, destinada a coordinar de manera permanente proyectos priorizados que habilitan el crecimiento económico, generan empleo y fortalecen la transición energética, propiciando el adecuado funcionamiento del sistema energético del país. El propósito de esta mesa es reducir la incertidumbre regulatoria y agilizar permisos y plazos, facilitando la materialización y puesta en servicio de proyectos clave mediante una gobernanza efectiva y articulada entre ministerios y servicios públicos. Plazo: 2026 – 2030.
Acción 19. Nuevas industrias energéticas
Impulsar nuevas industrias energéticas y cadenas de valor mediante innovación, financiamiento y desarrollo regulatorio, con foco en la diversificación de la matriz y el desarrollo productivo.
Productos:
a) Producto 1: Habilitar la inversión y el despliegue de proyectos de tecnologías e industrias energéticas emergentes, a partir de la generación de evidencia respecto a brechas de habilitación (como permisos, acceso a redes, infraestructura, servidumbres), normativas (tanto de seguridad como estándares) y de mercado (otorgar señales de precios, alternativas de financiamiento) que limiten su desarrollo. Plazo: 2026 – 2030.
b) Producto 2: Analizar y evaluar alternativas de instrumentos de apoyo que contribuyan a reducir brechas de inversión, mejorar la bancabilidad y acelerar la maduración de proyectos de combustibles sostenibles y nuevas cadenas energéticas emergentes. Plazo: 2026 – 2030.
c) Producto 3: Elaborar una hoja de ruta de energía eólica marina para Chile, basada en resultados de análisis de costo-beneficio del desarrollo de esta energía en el país que incorpore variables energéticas, económicas, socioterritoriales y sus impactos en empleo, desarrollo productivo local y encadenamientos industriales; orientada a otorgar certezas regulatorias y maximizar los beneficios socioeconómicos en los territorios. Plazo: 2026 – 2028.
d) Producto 4: Ingresar proyecto de ley de calefacción distrital al Congreso, orientado a crear y regular esta industria, estableciendo su marco institucional, regulatorio e incentivos para su desarrollo. Plazo: 2026 – 2030.
e) Producto 5: Diseñar e implementar proyectos piloto de calefacción distrital, orientados a validar modelos técnicos, regulatorios y de gestión, generar evidencia y facilitar su replicabilidad. Plazo: 2026 – 2030.
f) Producto 6: Impulsar la incorporación del enfoque de economía circular en los proyectos de energía, a través de la implementación de la Hoja de Ruta de Economía Circular en Energía. Plazo: 2026 – 2030.
g) Producto 7: Explorar propuestas de adecuaciones al marco regulatorio, tecnológico y de seguridad para la incorporación de energía nuclear en la matriz energética nacional, considerando aplicaciones modulares de pequeña escala (SMR por sus siglas en inglés), promoviendo capacidades institucionales, cooperación internacional y estudios de factibilidad que habiliten una potencial implementación segura y sostenible. Plazo: 2028.
Acción 20. Planificación y gestión integrada de infraestructura energética
Articular la planificación y el desarrollo de la infraestructura energética, de forma integrada a otros sectores en cuanto a la cadena de valor y la logística, habilitando el desarrollo de industrias emergentes, que permitan generar sinergias, economías de escala y un uso eficiente del territorio. Esta implementación deberá considerar coordinación sectorial efectiva y una articulación con el sector privado, incorporando mecanismos e instrumentos que faciliten y aceleren la materialización de las inversiones.
Productos:
a) Producto 1: Articular la planificación energética (PELP) con la planificación de otras infraestructuras (MOP, MTT, MBN, entre otros), en coordinación con ministerios y servicios sectoriales, para avanzar en un desarrollo integrado de polos tecnológicos, industriales y logísticos. Plazo: 2026 – 2030.
b) Producto 2: Crear un instrumento de planificación energética que integre los distintos segmentos del sector y su vinculación con la infraestructura pública, abordando de manera integral el desarrollo de polos o hubs energéticos y su incorporación en instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. Plazo: 2028 – 2030.
c) Producto 3: Desarrollar e implementar planes de desarrollo logístico que incorporen las demandas del sector energético en términos de capacidad y corredores logísticos, para priorizar infraestructura habilitante (vialidad, puertos, entre otros) y favorecer la eficiencia de la inversión pública. Plazo: 2026 – 2030.
d) Producto 4: Incorporar sistemáticamente criterios energéticos y de eficiencia energética en la planificación y desarrollo de infraestructura de transporte, vivienda e infraestructura pública, mediante mecanismos formales de coordinación interministerial. Plazo: 2026 – 2030.
Acción 21. Mercados para la descarbonización
Impulsar instrumentos de precio y mercados de carbono como habilitantes de la transición energética, fomentando la inversión en tecnologías sostenibles y nuevas industrias de energías limpias.
Productos:
a) Producto 1: Implementar un sistema piloto de comercio de emisiones (SCE) en el sector energía. Incluye el diseño detallado y la ejecución de un piloto que permita probar los principales componentes del SCE –cobertura, asignación, monitoreo, reporte y verificación, y mecanismos de transacción–, y fortalecer, a su vez, el marco regulatorio y las capacidades institucionales, generando evidencia para su ajuste y escalamiento futuro. Plazo: 2026 – 2030.
b) Producto 2: Implementar un programa de apoyo técnico a proyectos de reducción de emisiones en el sector energía, tales como reconversión de centrales de generación a carbón, descarbonización de sistemas medianos y/o aislados y recambio tecnológico en industria y minería, que permita movilizar US$100 millones de financiamiento internacional adicionales a través de mercados de carbono bajo el artículo 6 del Acuerdo de París. Plazo: 2026.
c) Producto 3: Elaborar estudios de factibilidad para la implementación de un corredor verde marítimo entre Chile y la Unión Europea, orientados a viabilizar nuevas industrias vinculadas a la descarbonización. Plazo: 2026 – 2028.
d) Producto 4: Desarrollar un plan de trabajo regulatorio que habilite la transición energética del transporte marítimo, preparando anticipadamente al país para la adopción de combustibles y tecnologías de cero emisiones al 2050. Plazo: 2026 – 2027.
Acción 22. Capital humano
Impulsar la formación de capital humano con foco en perfiles técnicos y operativos, incorporando pertinencia territorial y articulando la oferta de capacitación y certificación de competencias y habilidades clave para fortalecer la competitividad del sector energético, con especial énfasis en la participación de mujeres y personas cuidadoras de electrodependientes.
Productos:
a) Producto 1: Implementar ciclos anuales de ferias laborales regionales, con el objetivo de promover la empleabilidad y la participación femenina en regiones prioritarias. Plazo: 2026 – 2030.
b) Producto 2: Implementar ciclos anuales de mesas regionales público-privadas, instancias territoriales y sectoriales para identificar brechas y necesidades de capital humano. Plazo: 2026 – 2030.
c) Producto 3: Implementar programas de capacitación y certificación de 1.000 personas en las áreas de mayor demanda del sector energético, considerando que al menos el 50% de las personas beneficiarias sean mujeres e incorporando una modalidad especial de certificación para personas cuidadoras de electrodependientes. Plazo: 2027 – 2030.
La transición energética y los desafíos asociados al desarrollo sostenible del país exigen una institucionalidad energética moderna, robusta y altamente articulada. Si bien el Ministerio de Energía es el encargado de elaborar y coordinar planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, cuenta con organismos relacionados que contribuyen a promover un sector energético con una matriz diversificada, equilibrada y sustentable que garantice energía más competitiva y justa y un sistema energético seguro. En este contexto, la modernización del sector no solo implica ajustes normativos, sino también una transformación profunda en la forma en que el Estado gestiona la información, diseña políticas públicas y coordina a los distintos actores que intervienen en el sistema energético.
La materialización de la Ruta requiere, entre otros habilitantes, una institucionalidad sólida, que tenga la capacidad de elaborar instrumentos de política pública a partir de un trabajo participativo, con articulación intersectorial, a partir de información concreta, clara y disponible, permitiendo el acceso de los ciudadanos a la información y generando una mayor cercanía con los territorios. En conjunto, estos esfuerzos buscan consolidar un ecosistema institucional más eficiente, transparente y orientado a resultados, capaz de responder de manera oportuna a los desafíos del sector, reducir brechas de información y gestión, y contribuir de forma directa al bienestar de la población y al desarrollo sostenible del país.
Acción 23. Información y visualización energética
Desarrollar un sistema integrado de información energética como un pilar transversal de la toma de decisiones públicas, que sirva de plataforma común para el quehacer de las instituciones vinculadas al ámbito de energía. Este sistema permitirá fortalecer el diseño de políticas energéticas basadas en evidencia, mejorar la coordinación intersectorial, promover la transparencia hacia la ciudadanía y proveer información oportuna y relevante para la industria.
Productos:
a) Producto 1: Diseñar y validar un modelo interinstitucional de arquitectura y gobernanza de datos que ordene, estandarice e integre los datos e información estratégica del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), habilitando su uso transversal, la interoperabilidad con actores públicos y privados, y la gestión bajo principios de calidad, seguridad y actualización continua, en coherencia con la Ley de Transformación Digital del Estado y el gobierno digital. Plazo: 2026 – 2027.
b) Producto 2: Implementar una primera fase del sistema ministerial de información estratégica, con un repositorio institucional que consolide información oficial del Ministerio de Energía e integre datos relevantes de otros organismos del sector (SEC, CNE y Coordinador Eléctrico Nacional-CEN), permitiendo una gestión centralizada, segura y trazable para el análisis estratégico y la coordinación intersectorial, reemplazando Energía Abierta. Plazo: 2027 – 2028.
c) Producto 3: Ampliar la cobertura de datos mediante la integración de información proveniente de otras instituciones (por ejemplo, Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente) e implementar un sistema de inteligencia de datos, con automatización de los procesos de actualización, que permita la expansión de contenidos, la incorporación de nuevas visualizaciones y la integración progresiva de data mining e información proveniente de otros sectores relevantes para el análisis estratégico del sector energético. Plazo: 2028 – 2030.
d) Producto 4: Consolidar una plataforma institucional para la difusión de información energética, con indicadores clave, dashboards dinámicos e inteligencia de datos apoyada en sistemas de inteligencia artificial, con mejoras continuas basadas en el uso y la retroalimentación institucional y ciudadana. Plazo: 2027 – 2030.
Acción 24. Políticas energéticas basadas en evidencia
Fortalecer el diseño y gestión de políticas públicas del sector energía mediante el análisis del impacto real de los instrumentos a través del seguimiento con indicadores estratégicos y aplicación de metodologías de evaluación de impacto, que permitan analizar su coherencia interna y ajustar oportunamente los instrumentos en base a evidencia.
Productos:
. Producto 1: Actualizar la Política Energética Nacional, incorporando nuevos desafíos, metas y orientaciones estratégicas necesarias para la transición energética y del desarrollo del país. Plazo: 2027 – 2028.
. Producto 2: Diseñar protocolos internos e implementar herramientas para el seguimiento estratégico de instrumentos de política pública y la evaluación de su impacto. Plazo: 2027 – 2028.
. Producto 3: Elaborar e implementar un Sistema Institucional de Gestión y Medición de Incidencia (SIGMI) para asegurar la trazabilidad de la participación ciudadana. Plazo: 2026 – 2030.
Acción 25. Institucionalidad energética moderna y eficiente
Mejorar la definición de roles y responsabilidades de las instituciones del sector y sus servicios asociados, con el objetivo de fortalecer y modernizar la institucionalidad en la eficiencia y efectividad de su quehacer, reduciendo duplicidades de funciones, cerrando posibles vacíos de competencia y generando conocimientos y desarrollos para contribuir directamente a la sociedad, fortaleciendo el rol estratégico de los organismos sectoriales. Esto se implementará a través de una revisión regulatoria que permita optimizar la coordinación institucional y fortalecer los mecanismos de articulación entre organismos. Es necesario impulsar las adecuaciones normativas necesarias que permitan modernizar tanto al Ministerio de Energía como a los servicios relacionados (SEC, CNE, CCHEN).
Productos:
a) Producto 1: Actualizar el marco normativo que rige a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) con el objetivo de contribuir a la reducción de fallas y mejorar los tiempos de respuesta frente a eventos de emergencia. Plazo: 2026 – 2030.
b) Producto 2: Fortalecer el rol institucional de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que permita avanzar hacia los desafíos actuales y futuros y consolidar un sistema energético resiliente, eficiente y centrado en las personas, con la capacidad de responder coordinadamente a la creciente complejidad tecnológica, operacional e institucional del sector. Plazo: 2026 – 2030.
c) Producto 3: Fortalecer el rol articulador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) en salud e industria mediante la creación de un hub tecnológico nuclear que potencie sus capacidades, impulse alianzas público-privadas y habilite sostenibilidad financiera a través de reinversión en I+D. Plazo: 2026 – 2030.
d) Producto 4: Potenciar el rol articulador del Ministerio de Energía con los servicios relacionados, con la finalidad de apoyar de mejor forma su operación eficiente, coordinada y articulada para mejorar la calidad del servicio y reducir los tiempos de respuesta frente a eventos. Plazo: 2026 – 2030.
e) Producto 5: Establecer protocolos de articulación interinstitucional con el objetivo de agilizar y optimizar los procesos de planificación, operación y fiscalización de los sistemas energéticos sectoriales –incluyendo la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Lo anterior con el propósito de superar dificultades procedimentales y fortalecer la eficiencia en la toma de decisiones, avanzando hacia una institucionalidad moderna y coordinada. Plazo: 2026 – 2030.
2.- GRANDES COMPROMISOS
Se definen 10 grandes compromisos que refuerzan las principales prioridades del Gobierno en materia energética. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de la población, al mismo tiempo que se avanza hacia una matriz energética más competitiva, limpia y sostenible:
1. Alcance de un "peak" de generación renovable del 100% en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Hacia el 2030, se alcanzará una proporción máxima de generación proveniente de energías renovables del 100% en el Sistema Eléctrico Nacional. El "peak" de generación renovable en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fue de 84,4% en 2025.
Plazo: 2030.
2. Tratado internacional para habilitar y potenciar el intercambio energético entre Chile y sus países vecinos.
La suscripción de tratados a nivel internacional permitirá potenciar el intercambio energético con los países de la región. Su entrada en vigor permitirá avanzar en la integración eléctrica de Chile con la región, facilitando proyectos como la interconexión Chile-Perú, Chile-Argentina y Chile-Bolivia, fortaleciendo así la seguridad, resiliencia y eficiencia del sistema eléctrico nacional. A su vez, permitirá aumentar el intercambio gasífero con Argentina, buscando potenciar nuestra seguridad energética.
Plazo: 2026-2030.
3. Reducción de los tiempos de tramitación de proyectos energéticos estratégicos, enfocado en una cartera priorizada de 20 proyectos.
Durante el año 2025 se aprobaron proyectos energéticos por más de 22.860 MM USD. El Ministerio de Energía articulará gestiones intra e interministeriales orientadas a la reducción de la incertidumbre regulatoria (por ejemplo, en Comité de Ministros) y agilizar la tramitación de permisos de proyectos habilitantes de la transición energética. La selección y priorización de dichos proyectos se realizará bajo criterios técnicos definidos por el Ministerio, considerando aporte al sistema eléctrico, capacidad de movilizar inversión y generación de empleos de calidad, entre otros. Así, el trabajo institucional se convierte en un instrumento clave para dinamizar la inversión, fortalecer la matriz energética y garantizar la seguridad de suministro, consolidando la confianza de los actores del sector y el liderazgo del país en la transición energética.
Plazo: 2030.
4. Al menos 6.500 puntos de carga pública para electromovilidad.
Actualmente existen 1.321 cargadores registrados y operativos en la plataforma de interoperabilidad.
Plazo: 2030.
5. Al menos 20% de ventas de vehículos eléctricos respecto al total.
Al 2030, al menos 20% de las ventas de vehículos livianos y medianos correspondan a vehículos eléctricos e híbridos enchufables, en línea con la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Al cierre de 2025, las ventas representaban un 2,8% del total, mientras que a marzo de 2026 alcanzaron un 4,6%, impulsadas en parte por el aumento en los precios de los combustibles (Informe Asociación Nacional Automotriz de Chile -ANAC- marzo 2026).
Plazo: 2026-2030.
6. 65.000 nuevos sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo en todos los sectores.
Al 2030, alcanzar la instalación de 65.000 nuevos sistemas solares a nivel nacional (en los sectores comercial, agrícola, industrial, residencial, agua potable rural, asistencia de salud, edificio público, educacional, hospitalaria, entre otros). En abril de 2026, el número de conexiones alcanzó a 41.694, según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Plazo: 2030.
7. Al menos 1 GW en generación distribuida.
Al 2030, alcanzar 1 GW de capacidad instalada de generación distribuida bajo el esquema Net Billing. En abril de 2026 había 498,2 MW de generación distribuida. Con esta meta se duplica la capacidad instalada de generación distribuida, tomando como línea base abril de 2026.
Plazo: 2030.
8. Implementación de 7 proyectos de energía comunitaria y asociativa, beneficiando cerca de 1.000 viviendas.
Al 2028, implementar al menos 7 proyectos de energía comunitaria y asociativa a nivel nacional, superando 1 MW de capacidad instalada y beneficiando directamente a más de 1.000 viviendas mediante modelos de generación distribuida de propiedad conjunta.
Plazo: 2028.
9. 1.000 personas capacitadas y certificadas, al menos 50% mujeres.
Las capacitaciones serán en ámbitos clave del sector energético, asegurando que al menos un 50% de las personas beneficiadas sean mujeres. Desde 2018 a la fecha se ha capacitado y certificado aproximadamente a 2.500 personas.
Plazo: 2026-2030.
10. Inauguración del primer bus a hidrógeno en incorporarse al sistema Red Metropolitana de Movilidad (RED), ensamblado en Chile.
Este proyecto es el segundo bus ensamblado en Chile que tendrá estándar para el transporte de pasajeros y será el primer bus a hidrógeno que se integre al sistema RED en Santiago.
Plazo: 2027."
Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Ximena Rincón González, Ministra de Energía.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Andrea Verónica Soto Araya, Jefa División Jurídica, Subsecretaría de Energía.