La presente ley modifica una serie de cuerpos legales, con el objeto de establecer medidas de carácter tributarias, ambientales, habitacionales y sectoriales para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios y promover la inversión y el crecimiento económico, entre otros. De esta forma, extiende hasta el 31 de diciembre de 2028 el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, eleva su monto máximo a $1,2 billones y amplía su cobertura a los incendios de Valparaíso de 2024 y de Ñuble y el Biobío de 2026. En materia tributaria, se rebaja gradualmente el impuesto de primera categoría del régimen general de 27% a 23% hasta 2029, avanza hacia la reintegración del sistema, elimina el impuesto único a las ganancias de capital en acciones con presencia bursátil y crea un régimen de invariabilidad tributaria para inversiones de al menos 50 millones de dólares. Con carácter transitorio, contempla un régimen de declaración de bienes y rentas en el extranjero, un impuesto sustitutivo sobre utilidades acumuladas y una rebaja de 50% del impuesto a las donaciones. En el ámbito de vivienda o habitacional, se exime del Impuesto al Valor Agregado, por un año, la primera venta de viviendas nuevas, y exime del impuesto territorial la vivienda principal de las personas de 65 o más años. Por su parte, también modifica la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para agilizar la evaluación ambiental de proyectos. Introduce asimismo cambios en acuicultura, monumentos nacionales, educación superior, capacitación laboral y licencias médicas de funcionarios públicos. Conforme a sus disposiciones transitorias, la mayoría de las medidas que establece, entran en vigencia entre el 1 de noviembre de 2026 y el 1 de enero de 2027, y los regímenes transitorios rigen por plazos de entre seis y doce meses.
    Artículo 6.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura:

    1. En el artículo 67:

    a) Agrégase en el inciso quinto, entre las frases "Será de responsabilidad de la Subsecretaría la elaboración de los estudios técnicos" y "para la determinación de las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura", la siguiente: ", como también la validación de información proveída por terceros,".
    b) Agrégase, en el inciso sexto, la siguiente oración final: "Para la exigencia referida a la determinación de existencia o no de banco natural de este inciso, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura podrá encomendar dicho informe técnico a personas naturales o jurídicas en los términos del artículo 122 bis.".

    2. En el artículo 84:

    a) Reemplázanse los incisos segundo y tercero por los siguientes:

    "Cuando el centro de cultivo al que se refiere la concesión no registre uso y no proceda la declaración de caducidad por falta de operación, el monto de la patente señalado en el inciso primero del presente artículo se incrementará progresivamente conforme a las siguientes reglas, aplicables a concesiones y autorizaciones de acuicultura:

    a) A contar del tercer y hasta el quinto año de no uso, la patente base se incrementará en un 60% por cada hectárea comprendida en la concesión o autorización.
    b) Entre los años sexto al décimo de no uso, el monto calculado conforme a la letra a) precedente se multiplicará por tres (3).
    c) A contar del undécimo año de no uso, el monto calculado conforme a la letra a) se multiplicará por seis (6), factor que se duplicará al inicio de cada quinquenio siguiente.

    Para estos efectos, se entenderá que existe uso cuando la actividad del centro sea igual o superior a los niveles mínimos de operación por especie y área que se establezcan mediante reglamento. En ningún caso el reglamento podrá establecer como operación mínima anual más del 50% de la operación máxima prevista cada año para el centro de cultivo en la resolución de calificación ambiental.".

    b) Agrégase un nuevo inciso cuarto del siguiente tenor, pasando el actual a ser quinto, y así sucesivamente:

    "Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el centro de cultivo que no opere se eximirá del pago adicional por no uso sólo en alguna de las siguientes circunstancias:

    a) Encontrarse en un sector afectado por un evento ambiental, catástrofe natural o fuerza mayor.
    b) Encontrarse en un sector declarado en emergencia sanitaria por la autoridad.
    c) Haber dispuesto la autoridad una suspensión de operaciones obligatoria.".

    3. Suprímese el artículo 87 ter.
    4. Modifícase el artículo 122 bis de la siguiente forma:

    a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

    "Artículo 122 bis.- El Servicio deberá elaborar, por cuenta y costo de los titulares de centros de cultivo, a cualquier título, la información ambiental que acredite que el centro está operando de conformidad con el artículo 87 de esta ley, como también la inspección de bancos naturales del artículo 67. El Servicio podrá encomendar esta labor a personas naturales o jurídicas inscritas en el registro a que se refiere el artículo 122, letra k).".

    b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

    "El pago por los servicios regulados en el inciso anterior, en los casos que sea procedente, se efectuará por el titular o solicitante que haya solicitado el informe o inspección en una cuenta extrapresupuestaria que para estos únicos efectos llevará el Servicio. Por su parte, el Servicio deberá contar con una plataforma de acceso público en la que sea posible conocer los criterios por los cuales el Servicio ha realizado su elección.".

    c) Agrégase el siguiente inciso final:

    "Los informes, inspecciones y acreditaciones que en virtud del presente artículo el Servicio puede encomendar a personas naturales y jurídicas se licitarán de un modo expedito y por medios electrónicos entre las personas naturales y jurídicas inscritas en el correspondiente registro. El mecanismo electrónico de estas licitaciones y la respectiva tarifa, la cual podrá ser diferenciada por tipo de cultivo, serán establecidos por resolución del Servicio, debiendo preferirse los mecanismos electrónicos establecidos previamente por la Dirección de Compras y Contratación Pública.".

    5. Modifícase, en el artículo 142, el párrafo primero del literal e) del siguiente modo:

    a) Suprímese la frase "; o paralizar actividades por más de dos años consecutivos".
    b) Reemplázase la frase "Los plazos antes señalados se suspenderán en los casos" por el siguiente texto: "El plazo antes señalado se suspenderá en el caso".