La presente ley modifica una serie de cuerpos legales, con el objeto de establecer medidas de carácter tributarias, ambientales, habitacionales y sectoriales para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios y promover la inversión y el crecimiento económico, entre otros. De esta forma, extiende hasta el 31 de diciembre de 2028 el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, eleva su monto máximo a $1,2 billones y amplía su cobertura a los incendios de Valparaíso de 2024 y de Ñuble y el Biobío de 2026. En materia tributaria, se rebaja gradualmente el impuesto de primera categoría del régimen general de 27% a 23% hasta 2029, avanza hacia la reintegración del sistema, elimina el impuesto único a las ganancias de capital en acciones con presencia bursátil y crea un régimen de invariabilidad tributaria para inversiones de al menos 50 millones de dólares. Con carácter transitorio, contempla un régimen de declaración de bienes y rentas en el extranjero, un impuesto sustitutivo sobre utilidades acumuladas y una rebaja de 50% del impuesto a las donaciones. En el ámbito de vivienda o habitacional, se exime del Impuesto al Valor Agregado, por un año, la primera venta de viviendas nuevas, y exime del impuesto territorial la vivienda principal de las personas de 65 o más años. Por su parte, también modifica la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para agilizar la evaluación ambiental de proyectos. Introduce asimismo cambios en acuicultura, monumentos nacionales, educación superior, capacitación laboral y licencias médicas de funcionarios públicos. Conforme a sus disposiciones transitorias, la mayoría de las medidas que establece, entran en vigencia entre el 1 de noviembre de 2026 y el 1 de enero de 2027, y los regímenes transitorios rigen por plazos de entre seis y doce meses.
    Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente:

    1. En el artículo 10:

    a) Reemplázase el literal c) por el siguiente:
   
    "c) Centrales generadoras de energía;".
   
    b) Agrégase el siguiente inciso final:

    "Tratándose de modificaciones de un proyecto o actividad que cuente con Resolución de Calificación Ambiental favorable y cuyas partes, obras o acciones que intervengan o complementen se ejecuten en la misma área evaluada, solo requerirá una nueva evaluación ambiental si existiere una modificación sustantiva en términos de magnitud o extensión de los impactos ambientales. Asimismo, las modificaciones que sólo impliquen una mejora tecnológica no requerirán una nueva evaluación ambiental. Corresponderá al reglamento del artículo 13 regular las circunstancias a las que se refiere este inciso.".

    2. Añádese en el literal a) del artículo 18 quáter, a continuación de la frase "si el proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental," la frase "lo que deberá constar en una resolución fundada de la autoridad competente,".
    3. Incorpórase en el inciso tercero del artículo 19, a continuación del texto "o si el respectivo proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental o cuando no se acreditare el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable," la frase "lo que deberá constar en una resolución fundada de la autoridad competente,".
    4. Reemplázase el artículo 20 por el siguiente:

    "Artículo 20.- En contra de la resolución que califique ambientalmente favorable, desfavorable, o que establezca condiciones o exigencias a una Declaración de Impacto Ambiental, procederá el recurso especial de reclamación ante el Director Ejecutivo.
    En contra de la resolución que apruebe, rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, procederá el recurso especial de reclamación ante un comité integrado por el Ministro del Medio Ambiente, que lo presidirá, y los Ministros de Salud, de Economía, Fomento y Turismo, de Agricultura, de Energía y de Minería. El Comité deberá sesionar con la periodicidad necesaria para el oportuno conocimiento y resolución de las reclamaciones de su competencia y, en todo caso, a lo menos diez veces por año. Un reglamento regulará su organización y funcionamiento, así como el procedimiento aplicable a las reclamaciones de su competencia, incluyendo las oportunidades y modalidades de sesión, los plazos de actuación, la adopción de acuerdos y las demás materias necesarias para el adecuado ejercicio de sus funciones.
    El recurso especial de reclamación de los incisos precedentes se sujetará a las siguientes reglas:

    a) El recurso podrá ser interpuesto por el titular del proyecto o actividad, los observantes del proceso de participación ciudadana y por cualquier persona natural o jurídica que tenga la calidad de interesado en el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.880.
    Quienes hubiesen formulado observaciones durante el proceso de participación ciudadana solo podrán fundar su reclamación en dichas observaciones, así como en vicios procedimentales de carácter esencial.
    Quienes no hubiesen formulado observaciones, solo podrán fundar su reclamación en aspectos que le generen una afectación directa, así como en vicios procedimentales de carácter esencial.
    b) El plazo para interponer el recurso será de treinta días, contado desde la notificación o publicación de la resolución recurrida según corresponda. Para la aplicación del plazo señalado, la resolución que califique ambientalmente favorable, desfavorable, o que establezca condiciones o exigencias a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, deberá ser notificada mediante la plataforma electrónica del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental al titular del proyecto o actividad y a las personas que hubieren presentado observaciones al respectivo Estudio o Declaración de Impacto Ambiental. Asimismo, dicha resolución deberá publicarse en el sitio electrónico del Servicio, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su dictación. En dicha publicación se dejará expresa constancia de la fecha en que se realiza y, a contar de ésta, la resolución que califique ambientalmente favorable, desfavorable, o que establezca condiciones o exigencias, se presumirá de derecho conocida por cualquier persona natural o jurídica, para todos los efectos legales.
    Interpuesto uno o más recursos especiales de reclamación deberán resolverse todos en un mismo acto.
    c) Excepcionalmente, y cuando lo requiera para resolver el recurso, el Director Ejecutivo o Comité de Ministros según corresponda, podrá solicitar informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación ambiental.
    d) La autoridad competente resolverá, mediante una resolución fundada, en un plazo fatal de treinta o sesenta días, según se trate de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental respectivamente. Estos plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente de la interposición del último recurso especial de reclamación.
    e) La resolución del Director Ejecutivo o Comité de Ministros que resuelve el recurso especial de reclamación solo podrá ser reclamada ante el Tribunal Ambiental competente dentro del plazo de veinte días contado desde su notificación, conforme al artículo 17, número 5), de la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales. En contra de dicha resolución no procederá la solicitud de invalidación del artículo 53 de la ley N° 19.880, ni el recurso administrativo regulado en el artículo 59 de la misma ley.
    En caso de que la resolución del Director Ejecutivo o Comité de Ministros acoja total o parcialmente el recurso especial de reclamación, esta solo podrá ejecutarse una vez vencido el plazo para impugnarla judicialmente.
    f) La reclamación judicial sólo podrá fundarse en las alegaciones sometidas oportunamente al conocimiento de la autoridad mediante el recurso especial de reclamación de la letra a) precedente, sin perjuicio de los fundamentos jurídicos y de los medios probatorios que las partes hagan valer para sustentar dichas cuestiones durante el proceso judicial.
    g) Vencido el plazo para resolver el recurso especial de reclamación, y sin que el Director Ejecutivo o Comité de Ministros se haya pronunciado sobre el mismo, el reclamante podrá solicitar que se resuelva dentro del plazo de cinco días. Cumplido dicho plazo sin que se hubiese resuelto, cualquiera de las partes interesadas en el procedimiento podrá solicitar que se certifique esta circunstancia, de forma automática y sin más trámite, en el expediente electrónico de evaluación de impacto ambiental. Una vez solicitado dicho certificado, el recurso se entenderá rechazado y el Director o Comité de Ministros, quedará impedido de resolver el recurso.
    En este caso, el plazo para interponer el recurso al que se refiere el literal e) se contará, para todos los interesados, desde el día siguiente a la publicación de dicho certificado en el expediente electrónico.".

    5. Incorpórase el siguiente artículo 24 bis:

    "Artículo 24 bis.- En contra de la Resolución de Calificación Ambiental no procederán los recursos administrativos ni los mecanismos de revisión de los actos administrativos, tales como los establecidos en el Capítulo IV de la ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, por las mismas materias que se hubieren conocido a través del recurso especial de reclamación previsto en el artículo 20 de la presente ley. Con todo, siempre procederá la aclaración o rectificación regulada en el artículo 62 de la referida ley N° 19.880.".

    6. Agrégase el siguiente artículo 25 septies:

    "Artículo 25 septies.- Establécese un régimen especial de tramitación y evaluación de impacto ambiental, al cual podrán acogerse voluntariamente los titulares de proyectos o actividades que se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho régimen se regirá por las reglas de este artículo y, en todo lo no regulado y aquello que resulte compatible, por las normas de esta ley y la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales.
    Para formalizar el ingreso a este régimen, el titular deberá declarar expresamente, en el momento de presentar su proyecto, que se acoge a las disposiciones del presente artículo.
    Respecto de los proyectos o actividades que voluntariamente sean admitidos a trámite durante la vigencia del régimen especial de este artículo, el Servicio de Evaluación Ambiental, en ejercicio de sus facultades conforme a los artículos 16 y 19, podrá formular solicitudes de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al titular del proyecto.
    Cuando se trate de una Declaración de Impacto Ambiental, sólo se admitirá una instancia para la presentación de las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones solicitadas conforme al inciso anterior. En el caso de un Estudio de Impacto Ambiental, podrán admitirse hasta dos instancias para tales efectos, siendo la segunda de carácter excepcional y debidamente fundada en razones que justifiquen su necesidad en la adecuada evaluación ambiental del proyecto o actividad.
    Presentada la última aclaración, rectificación o ampliación por parte del titular o transcurrido el plazo para ello, el Servicio de Evaluación Ambiental procederá a la elaboración del Informe Consolidado de Evaluación al que se refiere el artículo 9 bis.
    Los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental deberán ceñirse exclusivamente al contenido de la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental y a los antecedentes presentados por el titular en las instancias contempladas en los incisos anteriores, sin que pueda incorporar nuevos requerimientos ni referirse a materias no abordadas en dichas instancias y respetando las directrices emitidas por el Servicio de Evaluación Ambiental.
    Adicionalmente, para la evaluación de impacto ambiental de proyectos o actividades que además hayan sido planificados específicamente mediante un instrumento evaluado conforme al Párrafo 1° bis del Título II, el Servicio de Evaluación Ambiental reconocerá la información contenida en el informe ambiental al que hace referencia el artículo 7° bis. En estos casos, el Servicio adoptará las medidas de gestión necesarias para reducir los plazos de su evaluación.".
   
    7. Agrégase, en el artículo 29, el siguiente inciso final, nuevo:

    "La autoridad competente resolverá, mediante resolución fundada, en un plazo de sesenta días contado desde la interposición del recurso.".

    8. Agrégase, en el inciso quinto del artículo 30 bis, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: "La autoridad competente resolverá, mediante resolución fundada, en un plazo de treinta días contado desde la interposición del recurso.".
    9. Reemplázase el literal a) del artículo 81 por el siguiente:

    "a) La evaluación de impacto ambiental de los proyectos y actividades que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y la administración de dicho sistema.
    En el ámbito de la evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades, corresponderá al Servicio ejercer la rectoría técnica sobre la evaluación de impacto ambiental, la instrucción del procedimiento de evaluación y la coordinación de los organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental.
    En el ejercicio de la rectoría técnica, en relación con los artículos 16 y 19 de esta ley, el Servicio sólo considerará aquellos pronunciamientos de los organismos con competencia ambiental, que sean pertinentes al contenido del proyecto o actividad, dentro de las esferas de su competencia e informados dentro del plazo dispuesto por el Servicio, los cuales se sujetarán a los términos señalados en el artículo 38 de la ley N° 19.880.
    Para la instrucción del procedimiento y coordinación de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, el Servicio podrá dictar instrucciones de carácter general y obligatorio.".