PROMULGA EL ACUERDO CON HONDURAS PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES Y SU PROTOCOLO, Y EL ACUERDO POR EL CUAL SE CORRIGEN ERRORES DE TRANSCRIPCION AL REFERIDO ACUERDO
Núm. 483.- Santiago, 28 de septiembre de 2001.- Vistos: Los artículos 32, Nº 17 y 50, Nº 1), de la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que con fecha 11 de noviembre de 1996 la República de Chile y la República de Honduras suscribieron, en Santiago, el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, y que por Intercambio de Notas de fechas 8 de agosto de 1997 y 11 de diciembre de 1998 adoptaron el Acuerdo por el cual se corrigen errores de transcripción al referido Acuerdo.
Que dichos Acuerdos fueron aprobados por el Congreso Nacional, según consta en el Oficio Nº 3.503, de 5 de septiembre de 2001, de la Honorable Cámara de Diputados.
Que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Nº 1 del artículo XI del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.
D e c r e t o:
Artículo único.- Promúlgase el Acuerdo entre la República de Chile y la República de Honduras para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, suscritos el 11 de noviembre de 1996, y el Acuerdo mediante el cual se corrigen errores de transcripción al referido Acuerdo, adoptado por Intercambio de Notas de fechas 8 de agosto de 1997 y 11 de diciembre de 1998; cúmplanse y llévense a efecto como ley y publíquese copia autorizada de sus textos en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- María Soledad Alvear Valenzuela, Ministra de Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US., para su conocimiento.- Alberto Yoacham Soffia, Director General Administrativo.
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y LA REPUBLICA DE HONDURAS PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES
El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Honduras, en adelante ''las Partes Contratantes'';
Deseando intensificar la cooperación económica en beneficio mutuo de ambos Estados;
Con la intención de crear y mantener condiciones favorables a las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra, que impliquen transferencias de capitales;
Reconociendo la necesidad de promover y de proteger las inversiones extranjeras con miras a favorecer la prosperidad económica de ambos Estados,
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO I
Definiciones
Para los efectos del presente Acuerdo:
1. El término ''inversionista'' designa a los siguientes sujetos que hayan efectuado inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante conforme al presente Acuerdo:
a) Las personas naturales que, de acuerdo con la legislación de esa Parte Contratante, son consideradas nacionales de la misma;
b) Las entidades jurídicas, incluyendo sociedades, corporaciones, asociaciones comerciales o cualquier otra entidad constituida o debidamente organizada de otra manera según la legislación de esa Parte Contratante, que tengan su sede, así como sus actividades económicas efectivas, en el territorio de dicha Parte Contratante;
2. El término ''inversión'' se refiere a toda clase de bienes o derechos relacionados con ella, siempre que se haya efectuado en conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó y comprenderá, en particular, aunque no exclusivamente:
a) bienes muebles e inmuebles, así como todos los demás derechos reales, tales como servidumbres, hipotecas, usufructos, prendas;
b) acciones, cuotas sociales y cualquier otro tipo de participación económica en sociedades;
c) derechos de crédito o cualquier otra prestación que tenga valor económico;
d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor y derecho de propiedad industrial, tales como patentes, procesos técnicos, marcas de fábrica o marcas comerciales, nombres comerciales, diseños industriales, conocimientos técnicos (know-how), razón social y derecho de llave;
e) concesiones otorgadas por la ley o en virtud de un contrato, incluidas concesiones para explorar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales.
3. El término ''territorio'' comprende, además del espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo la soberanía de cada Parte Contratante, la zona económica exclusiva y la plataforma continental que se extiende fuera del límite del mar territorial de cada una de las Partes Contratantes sobre la cual éstas tienen, de acuerdo con el Derecho Internacional, jurisdicción y derechos soberanos a efectos de explotación, exploración y preservación de los recursos naturales.
ARTICULO II
Ambito de aplicación
El presente Acuerdo se aplicará a las inversiones efectuadas, antes o después de su entrada en vigor, por inversionistas de una Parte Contratante, conforme a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante, en el territorio de esta última. Sin embargo, no se aplicará a divergencias o controversias que hubieran surgido con anterioridad a su vigencia o estén directamente relacionadas con acontecimientos producidos antes de su entrada en vigor.
ARTICULO III
Promoción, admisión y protección de las inversiones
1. Cada Parte Contratante, con sujeción a su política general en el campo de las inversiones extranjeras, incentivará en su territorio las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante y las admitirá en conformidad con su legislación y reglamentación.
2. Cada Parte Contratante protegerá dentro de su territorio las inversiones efectuadas de conformidad con sus leyes y reglamentos por los inversionistas de la otra Parte Contratante y no obstaculizará la administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, venta y liquidación de dichas inversiones mediante medidas injustificadas o discriminatorias.
ARTICULO IV
Tratamiento de las inversiones
1. Cada Parte Contratante garantizará un tratamiento justo y equitativo dentro de su territorio a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante y asegurará que el ejercicio de los derechos aquí reconocidos no será obstaculizado en la práctica.
2. Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante, efectuadas en su territorio, un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de sus propios inversionistas, o inversionistas de un tercer país, si este último tratamiento fuere más favorable.
3. En caso de que una parte Contratante otorgare ventajas especiales a los inversionistas de cualquier tercer Estado en virtud de un convenio relativo a la creación de un área de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, una unión económica o cualquier otra forma de organización económica regional o en virtud de un acuerdo relacionado en su totalidad o principalmente con materias tributarias, dicha Parte no estará obligada a conceder las referidas ventajas a los inversionistas de la otra Parte Contratante.
ARTICULO V
Libre transferencia
1. Cada Parte Contratante autorizará, sin demora, a los inversionistas de la otra Parte Contratante para que realicen la transferencia de los fondos relacionados con las inversiones en moneda de libre convertibilidad, en particular, aunque no exclusivamente:
a) intereses, dividendos, utilidades y otros rendimientos;
b) amortizaciones de préstamos del exterior relacionadas con una inversión;
c) el capital o el producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión;
d) los fondos producto del arreglo de una controversia y las compensaciones de conformidad con el artículo VI.
2. Las transferencias se realizarán conforme al tipo de cambio vigente en el mercado a la fecha de la transferencia, de acuerdo a la ley de la Parte Contratante que haya admitido la inversión.
ARTICULO VI
Expropiación y compensación
1. Ninguna de las Partes Contratantes adoptará medida alguna que prive, directa o indirectamente de su inversión, a un inversionista de la otra Parte Contratante, a menos que se cumplan las siguientes condiciones:
a) las medidas son adoptadas por causa de utilidad pública o interés nacional y en conformidad a la ley;
b) las medidas no sean discriminatorias;
c) las medidas vayan acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación inmediata, adecuada y efectiva.
2. La compensación se basará en el valor real de mercado de las inversiones afectadas en una fecha inmediatamente anterior a aquella en que la medida llegue a conocimiento público. Cuando resulte difícil determinar dicho valor, la compensación podrá ser fijada de acuerdo con los principios de evaluación generalmente reconocidos como equitativos. Ante cualquier atraso en el pago de la compensación se acumularán intereses a una tasa comercial establecida sobre la base del valor de mercado, a contar de la fecha de expropiación o pérdida hasta la fecha de pago.
3. De la legalidad de la nacionalización, expropiación o de cualquiera otra medida que tenga un efecto equivalente y del monto de la compensación se podrá reclamar en procedimiento judicial ordinario.
4. Los inversionistas de cada Parte Contratante cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante sufrieren pérdidas debido a una guerra o cualquier otro conflicto armado, disturbios civiles u otros acontecimientos similares en el territorio de la otra Parte Contratante, deberán recibir de esta última, en lo que respecta a reparación, indemnización, compensación u otro arreglo, un tratamiento no menos favorable que el que concede esta Parte Contratante a los inversionistas nacionales o de cualquier tercer Estado.
ARTICULO VII
Subrogación
1. Cuando una Parte Contratante o un organismo autorizado por ésta hubiere otorgado un contrato de seguro o alguna otra garantía financiera contra riesgos comerciales, con respecto a alguna inversión de uno de sus inversionistas en el territorio de la otra Parte Contratante, ésta última deberá reconocer los derechos de la primera Parte Contratante de subrogarse en los derechos del inversionista, cuando hubiere efectuado un pago en virtud de dicho contrato o garantía.
2. Cuando una Parte Contratante haya pagado a su inversionista y en tal virtud haya asumido sus derechos y prestaciones, dicho inversionista no podrá reclamar tales derechos y prestaciones a la otra Parte Contratante, salvo autorización expresa de la primera Parte Contratante.
ARTICULO VIII
Solución de controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante
1. Las controversias que surjan en el ámbito de este Acuerdo, entre una de las Partes Contratantes y un inversionista de la otra Parte Contratante que haya realizado inversiones en el territorio de la primera, serán, en la medida de lo posible, solucionadas por medio de consultas amistosas.
2. Si mediante dichas consultas no se llegare a una solución dentro de tres meses a contar de la fecha de solicitud de arreglo, el inversionista podrá remitir la controversia:
a) a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se efectuó la inversión; o
b) a arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), creado por el Convenio Sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, abierto para la firma en Washington el 18 de marzo de 1965.
3. Una vez que el inversionista haya remitido la controversia al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio hubiera efectuado la inversión o al tribunal arbitral, la elección de uno u otro procedimiento será definitiva.
4. Para los efectos de este artículo, cualquier persona jurídica que se hubiere constituido de conformidad con la legislación de una las Partes Contratantes y cuyas acciones, previo al surgimiento de la controversia, se encontraren mayoritariamente en poder de inversionistas de la otra Parte Contratante, será tratada, conforme al artículo 25 b) de la referida Convención de Washington, como una persona jurídica de la otra Parte Contratante.
5. Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las partes en litigio y serán ejecutadas en conformidad con la ley interna de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiere efectuado la inversión.
6. Las Partes Contratantes se abstendrán de tratar, por medio de canales diplomáticos, asuntos relacionados con controversias sometidas a proceso judicial o a arbitraje internacional, de conformidad a lo dispuesto en este artículo, hasta que los procesos correspondientes estén concluidos, salvo en el caso en que la otra parte en la controversia no haya dado cumplimiento a la sentencia judicial o a la decisión del Tribunal Arbitral, en los términos establecidos en la respectiva sentencia o decisión.
ARTICULO IX
Solución de controversias entre las Partes Contratantes
1. Las diferencias que surgieren entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación y aplicación del presente Acuerdo, deberán ser resueltas, en la medida de lo posible, por medio de negociaciones amistosas.
2. Si no se llegare a un entendimiento en el plazo de seis meses a contar de la fecha de notificación de la controversia, cualquiera de las Partes Contratantes podrá someterla a un Tribunal Arbitral Ad-Hoc, en conformidad con las disposiciones de este artículo.
3. El Tribunal Arbitral estará compuesto de tres miembros y será constituido de la siguiente forma: dentro del plazo de dos meses contado desde la fecha de notificación de la solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante designará un árbitro. Esos dos árbitros, dentro del plazo de treinta días contado desde la designación del último de ello, elegirán a un tercer miembro que deberá ser nacional de un tercer Estado, quien presidirá el Tribunal. La designación del Presidente deberá ser aprobada por las Partes Contratantes en el plazo de cuarenta y cinco días, contado desde la fecha de su nominación.
4. Si, dentro de los plazos establecidos en el párrafo 3 de este artículo, no se ha efectuado la designación, o no se ha otorgado la aprobación requerida, cualquiera de las Partes Contratantes podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que haga la designación.
Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia estuviere impedido de desempeñar dicha función o si fuere nacional de alguna de las Partes Contratantes, el Vicepresidente deberá realizar la designación, y si este último se encontrare impedido de hacerlo o fuere nacional de alguna de las Partes Contratantes, el Juez de la Corte que le siguiere inmediatamente en el orden de precedencia y que no fuere nacional de ninguna de las Partes Contratantes, deberá realizar la designación.
5. El Presidente del Tribunal deberá ser nacional de un tercer Estado con el cual ambas Partes Contratantes mantengan relaciones diplomáticas.
6. El Tribunal decidirá sobre la base de las disposiciones de este Acuerdo, de los principios del Derecho Internacional en la materia y de los principios generales de Derecho reconocidos por las Partes Contratantes. El Tribunal decidirá por mayoría de votos y determinará sus propias reglas procesales.
7. Cada una de las Partes Contratantes sufragará los gastos del árbitro respectivo, así como los relativos a su representación en el proceso arbitral. Los gastos del Presidente y las demás costas del proceso serán solventados en partes iguales por las Partes Contratantes, salvo que éstas acuerden otra modalidad.
8. Las decisiones del Tribunal serán definitivas y obligatorias para ambas Partes Contratantes.
ARTICULO X
Consultas
Las Partes Contratantes se consultarán sobre cualquier materia relacionada con la aplicación o interpretación de este Acuerdo.
ARTICULO XI
Disposiciones finales
1. Las Partes Contratantes se notificarán entre sí cuando las exigencias constitucionales para la entrada en vigencia del presente Acuerdo se hayan cumplido. El Acuerdo entrará en vigencia treinta días después de la fecha de la última notificación.
2. Este Acuerdo permanecerá en vigor por un período de quince años y se prolongará después por tiempo indefinido. Transcurridos quince años, el Acuerdo podrá ser denunciado en cualquier momento por cada Parte Contratante, con un preaviso de doce meses, comunicado por la vía diplomática.
3. Con respecto a las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que se hiciere efectivo el aviso de terminación de este Acuerdo, sus disposiciones permanecerán en vigor por un período adicional de quince años a contar de dicha fecha.
4. El presente Acuerdo será aplicable independientemente de que existan o no relaciones diplomáticas entre ambas Partes Contratantes.
Hecho en Santiago, República de Chile, a los once días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en duplicado, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República de Chile.- Por el Gobierno de la República de Honduras.
PROTOCOLO
Al firmar el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, el Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno de la República de Chile convinieron en las siguientes disposiciones que constituyen parte integrante del Acuerdo referido.
Ad. Artículo V
1. Con respecto a la República de Chile el capital invertido podrá ser transferido sólo después de un año contado desde su ingreso al territorio de esa Parte Contratante, salvo que la legislación de ésta contemple un tratamiento más favorable.
2. Una transferencia se considerará realizada ''sin demora'' cuando se haya efectuado dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las formalidades de transferencia. El plazo, que en ningún caso podrá exceder de sesenta días, comenzará a correr en el momento de entrega de la correspondiente solicitud debidamente presentada.
Hecho en Santiago, República de Chile, a los once días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en duplicado, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República de Chile.- Por el Gobierno de la República de Honduras.
Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras
La Secretaría de Relaciones Exteriores - Dirección de Servicios Legales y Tratados - saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de Chile, en ocasión de hacer de su conocimiento que el Acuerdo entre la República de Chile y la República de Honduras para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, fue aprobado por el Soberano Congreso Nacional el 18 de febrero del presente año, mediante el decreto legislativo Nº 9-97.
La Secretaría de Relaciones Exteriores - Dirección de Servicios Legales y Tratados - aprovecha la oportunidad para reiterar a la Honorable Embajada de Chile, las seguridades de su más alta y distinguida consideración.
Tegucigalpa, M.D.C., 31 de marzo de 1997
Honorable
Embajada de Chile
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en relación al Acuerdo entre la República de Chile y la República de Honduras para la Promoción y Protección Recíproca de las inversiones, suscrito en Santiago el 11 de noviembre de 1996.
Al respecto, expreso a Vuestra Excelencia que en el proceso de transcripción de los textos del Acuerdo se incurrió en el siguiente error material:
1. Artículo VI, párrafo 1., literal a), dice ''las medidas son adoptadas'', siendo lo correcto ''las medidas sean adoptadas''.
2. Artículo VII denominado, Subrogación, párrafo 1., segunda línea, dice: ''contra riesgos comerciales'', siendo lo correcto ''contra riesgos no comerciales''.
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 79 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia, en representación del Gobierno de Chile, que se reemplace en el artículo VI, párrafo 1., literal a), la frase ''las medidas son adoptadas'' por ''las medidas sean adoptadas'' y en el artículo VII, párrafo 1., segunda línea, la frase ''contra riesgos comerciales'' por ''contra riesgos no comerciales''.
Si esta enmienda es aceptada por el Gobierno de la República de Honduras, tengo el honor de proponer que esta Nota y la de su Gobierno sean consideradas como una rectificación ab initio del mencionado Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito el 11 de noviembre de 1996.
Me valgo de esta oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Santiago, 8 de agosto de 1997.
Al Excelentísimo Señor
José Martínez Ordóñez
Embajador de la República de Honduras
Secretaría de Relaciones Exteriores de la Republica de Honduras
La Secretaría de Relaciones Exteriores - Unidad de Servicios Legales y Tratados - saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de Chile, en ocasión de referirse a la Nota Nº 015640 de fecha 8 de agosto de 1997, mediante la cual informó a la Misión Diplomática Hondureña en Chile, que se incurrió en dos errores materiales en el proceso entre la República de Chile y la República de Honduras para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en Santiago, el 11 de noviembre de 1996, para que se procediera a hacer las correcciones pertinentes.
En relación a lo anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene a bien informar a esa Honorable Embajada que el Gobierno de la República de Honduras acepta la propuesta de dicha rectificación.
La Secretaría de Relaciones Exteriores - Unidad de Servicios Legales y Tratados - aprovecha la oportunidad para reiterar a la Honorable Embajada de Chile, las muestras de su más alta y distinguida consideración. Tegucigalpa, M.D.C., 11 de diciembre de 1998.
Honorable
Embajada de Chile
Ciudad
Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras
La Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de Chile y tiene el honor de comunicarle que mediante decreto Nº 149-2000 de fecha 3 de octubre de 2000 el Soberano Congreso Nacional aprobó las ''Enmiendas del Artículo VI. Párrafo 1, litera a) y el artículo VII, Párrafo 1'', contentivo al Acuerdo entre la República de Honduras y la República de Chile, para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones''. El citado decreto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de noviembre de 2000.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se complace en informar a esa Honorable Embajada que nuestro Gobierno ha finalizado con los procedimientos que manda la Constitución de la República, para la entrada en vigencia de las Enmiendas que contiene el decreto 149-2000 de conformidad al artículo XI del Acuerdo suscrito entre ambas Partes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, aprovecha la oportunidad para renovar a la Embajada de Chile las seguridades de su más alta y distinguida consideración.
Tegucigalpa, M.D.C. 6 de febrero de 2000.
Honorable
Embajada de Chile
Núm. 16.813.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Asuntos Jurídicos, saluda atentamente a la Embajada de Honduras y tiene el honor de comunicarle que el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, suscritos en Santiago, el 11 de noviembre de 1996, y el Acuerdo mediante el cual se corrigen errores de transcripción al referido Acuerdo, adoptado por intercambio de Notas de fechas 8 de agosto de 1997 y 11 de diciembre de 1998, fueron aprobados conforme a los procedimientos constitucionales chilenos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Asuntos Jurídicos, se vale de esta oportunidad par reiterar a la Embajada de Honduras las seguridades de su más alta y distinguida consideración.
Santiago, 20 de septiembre de 2001.