FACULTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA DELEGAR EN EL MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION SUS FACULTADES DE TUICION Y ADMINISTRACION SOBRE BIENES DEL ESTADO
    Núm. 336.- Santiago, 25 de Julio de 1953.- Teniendo presente la necesidad de compilar en un solo texto las disposiciones legales y administrativas sobre administración de Bienes Nacionales, dispersas en diversos cuerpos de leyes, con el objeto de facilitar su comprensión y aplicación, como asimismo, fijar de manera fácil las normas de buena administración de tales bienes, y vista la facultad que me otorga la ley número 11,151, dicto el siguiente

    Decreto con fuerza de ley:

    TITULO I

    Disposiciones generales
    Artículo 1.o Las facultades de tuición y administración que corresponden al Presidente de la República sobre bienes del Estado, las ejercerá por intermedio del Ministerio de Tierras y Colonización, sin perjuicio de las excepciones legales.
    Artículo 2.o Corresponderá al Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Contraloría General de la República:
    a) Confeccionar y conservar el Registro y Catastro Clasificado de los Bienes Raíces de propiedad fiscal;
    b) Conservar y controlar el inventario de los bienes muebles fiscales de la Administración Civil del Estado y autorizar las altas y bajas de las especies inventariadas;
    c) Practicar todas las diligencias necesarias a fin de tomar posesión y hacer ingresar al patrimonio fiscal los bienes que el Estado adquiera en conformidad con el artículo 995 del Código Civil; los que sean rescatados en virtud de denuncias oficiales o administrativas de particulares, o los que el Fisco adquiera o recupere en juicio;
    d) Investigar los derechos del Fisco sobre los bienes que se hallen en poder de particulares y que se presumen pertenecen al Estado;
    e) Controlar el pago de las rentas de arrendamiento de Bienes Fiscales y el cumplimiento de las obligaciones que conciernen a los respectivos contratos, debiendo confeccionar anualmente el rol completo de todos los arrendamientos vigentes, y
    f) En general, desempeñar las funciones que se les encomiendan por esta ley y por los reglamentos respectivos.
    Artículo 3.o Los notarios, Conservadores de Bienes Raíces, archiveros, los empleados administrativos, y, en general, todos aquellos funcionarios que puedan contribuir en razón de sus cargos al esclarecimiento de los derechos del Estado, estarán obligados a proporcionar gratuitamente los datos e informes, incluso las copias de los instrumentos que tiendan a precisar esos derechos.
    Los Conservadores de Bienes Raíces deberán remitir al Ministerio de Tierras y Colonización, Departamentos de Bienes Nacionales, en cada oportunidad, copia de las inscripciones de dominio que se efectúen a favor del Fisco y de las anotaciones marginales y cancelaciones de las mismas.
    Artículo 4.o Cuando particulares intenten inscribir el dominio de inmuebles que carezcan de título inscrito, el respectivo Conservador de Bienes Raíces deberá comunicar de inmediato este hecho al Departamento de Bienes Nacionales, acompañando copia de la solicitud pertinente.
    Artículo 5.o Ninguna concesión de bienes nacionales del Estado podrá hacerse a título gratuito, salvo lo dispuesto en leyes especiales.
    No obstante, el Presidente de la República podrá autorizar el uso gratuito de bienes nacionales a empresas o instituciones del Estado que gocen de autonomía respecto del Fisco y viceversa. En este último caso, la resolución se dictará previo informe de la entidad afectada.
    Asimismo, podrá proporcionar gratuitamente el uso de locales o predios fiscales a instituciones municipales, de beneficencia pública, de educación gratuita, de deportes, colonias escolares, y casa de reposo y recuperación física.
    Las concesiones a que se refiere el inciso anterior se otorgarán por periodos máximos de diez años, renovables, y se mantendrán vigentes mientras las instituciones beneficiarias usen los bienes materia de la concesión directa y exclusivamente para sus fines propios.
    Artículo 6.o Ninguna entidad del Estado podrá retener en su poder, bajo pretexto alguno, propiedades fiscales a su cargo sin ocuparlas en el objeto para el cual le fueron destinadas. En tal caso deberá ponerlas a disposición del Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización, para su debida administración.
    El Departamento de Bienes Nacionales deberá fiscalizar el debido uso y empleo que se dé a las propiedades fiscales destinadas a servicios públicos del Estado, correspondiéndole proponer la derogación de los respectivos decretos de destinación, toda vez que las circunstancias así lo justifiquen.
    Artículo 7.o Toda adquisición de bienes raíces que efectúe el Fisco por compras, permutas, donación u otro título cualquiera, deberá ser comunicada al Departamento de Bienes Nacionales para que éste, en representación del Fisco, intervenga en la recepción material del inmueble, proceda a registrarlo en el catastro de bienes fiscales y confeccione el informe del caso para la dictación del respectivo decreto de destinación.
    Artículo 8.o En caso que la entidad fiscal para la cual fue adquirido el bien raíz no cuente con los fondos necesarios para su ocupación, habilitación y uso inmediatos, deberá indicar al Departamento de Bienes Nacionales la fecha en que dispondrá de ellos, a fin de que no se comprometa su destinación o administración por un plazo superior al que se indique.
    Artículo 9.o Los decretos en los cuales se autorice adquirir bienes raíces para el Fisco, se ordene el pago de la adquisición, o se disponga la enajenación, destinación, concesión o arrendamiento de esos bienes, deberán contener la frase "REGISTRESE EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES".
    Si la Contraloría General de la República repare por cualquier motivo alguno de estos decretos ya registrados por el Departamento de Bienes Nacionales, los devolverá a dicho Departamento, para los efectos de anular su registro en el respectivo catastro.
    Artículo 10. Todas las reparticiones públicas de la Administración Civil del Estado que tengan a su cargo bienes muebles fiscales, deberán enviar cada dos años al Departamento de Bienes Nacionales, o cada vez que éste lo solicite, un inventario de dichos bienes, valorizado en moneda nacional y con indicación de su estado.
    Artículo 11. Ningún bien mueble de propiedad fiscal podrá se enajenado, reemplazado, transformado, trasladado o dado de baja, sin previa autorización del Departamento de Bienes Nacionales.
    Artículo 12. La Contraloría General de la República, al revisar las rendiciones de cuentas, comunicará al Departamento de Bienes Nacionales las nóminas de los bienes muebles, adquiridos para uso fiscal.
    Asimismo, los servicios públicos deberán comunicar inmediatamente al Departamento de Bienes Nacionales, la adquisición directa que hagan de cualquier bien mueble, para los efectos de la correspondiente alta en el inventario.
    En los casos de los incisos anteriores se indicará el precio unitario de compra.
    Artículo 13. Los Intendentes y Gobernadores cuidarán que los bienes fiscales y nacionales de uso público se respeten y conserven en el uso a que están destinados. Impedirán que se ocupen todo o parte de ellos, y que se realicen obras que impidan o embaracen el uso común, teniéndose presente lo dispuesto en el Título III del Libro II del Código Civil. Exigirán la restitución de los bienes nacionales poseídos u ocupados sin derecho por terceros y, en todo caso, darán cuenta oportuna de sus actuaciones y proporcionarán los antecedentes del caso al Ministro de Tierras y Colonización, Departamento de Bienes Nacionales.
    TITULO II

    De los arrendamientos de bienes nacionales del
Estado
    Artículo 14. El uso y goce de bienes nacionales del Estado sólo se concederá a particulares mediante los respectivos contratos de arrendamiento, salvo las excepciones legales.
    Artículo 15. La renta mínima que deberá cobrarse en el arrendamiento de bienes raíces fiscales no podrá ser inferior al ocho por ciento del valor de tasación fijado para el pago de las contribuciones territoriales. Respecto de los bienes muebles, se fijará la renta a base del valor comercial, no pudiendo ésta ser inferior a un diez por ciento de dicho valor.
    Artículo 16. En los contratos de arrendamiento sobre bienes raíces fiscales, la renta se reajustará automáticamente desde el momento en que empiecen a regir los reavalúos que afecten a la propiedad, aplicándose siempre el porcentaje prefijado sobre el nuevo avalúo.
    Artículo 17. En los casos en que no haya interesados que ofrezcan el mínimo establecido en el artículo 15 de la presente ley, el arrendamiento podrá otorgarse, previa propuesta pública, al que haga la mejor oferta, cualquiera que sea el porcentaje que represente la renta en relación con el valor de tasación del inmueble respectivo, reservándose el Fisco el derecho de rechazar todas las propuestas.
    El mismo procedimiento indicado en el inciso anterior se aplicará en el caso de existir dos o más interesados en el arrendamiento de un mismo inmueble.
    Artículo 18. El pago de las rentas de arrendamiento se estipulará por períodos anticipados y se efectuará dentro de los primeros cinco días de cada período en la oficina que fije el contrato respectivo.
    Artículo 19. Si el arrendatario no pagare puntualmente la renta fijada, se le considerará en mora para todos los efectos legales, por el solo hecho del retardo, sin necesidad de requerimiento especial y sin perjuicio de la facultad del Fisco para poner término anticipado al contrato en forma administrativa. Por todo el tiempo que dure el retardo el arrendatario abonará un interés penal del uno por ciento mensual sobre las cantidades adeudadas.
    Artículo 20. El plazo de arrendamiento de los bienes raíces fiscales, no podrá estipularse por períodos inferiores a un mes ni por más de cinco años, tratándose de predios urbanos; ni menores de seis meses o mayores de diez años, si fueren rurales.
    No obstante, el Presidente de la República, podrá arrendar los bienes del Fisco por un plazo hasta de veinte años, cuando se den en arrendamiento a instituciones educacionales o de beneficencia, o cuando contribuyan a la instalación o funcionamiento de empresas agrícolas o industriales de evidente interés nacional.
    Artículo 21. Ningún arrendatario de bienes fiscales podrá subarrendarlos sin previa autorización. En caso de subarriendo autorizado, la renta mínima no podrá ser inferior al quince por ciento anual del avalúo del inmueble respectivo, o de su valor comercial, si se trata de bienes muebles.
    Artículo 22. No podrán cederse o transferirse a título alguno los contratos de arrendamiento de bienes fiscales, ni introducirse mejoras de especie alguna en los bienes respectivos, ni transferirse las mismas sin autorización previa del Ministerio de Tierras y Colonización o del Departamento de Bienes Nacionales en su caso.
    Artículo 23. Toda mejora introducida por el arrendatario en la propiedad fiscal dada en arrendamiento, y que no deba quedar a beneficio del Fisco, según las estipulaciones del contrato, responderá preferentemente al pago de las rentas de arrendamiento y demás prestaciones a que pueda estar obligado el arrendatario.
    Artículo 24. Todo arrendatario de un bien raíz fiscal queda obligado a pagar las contribuciones territoriales durante todo el plazo de arrendamiento y mientras esté ocupando materialmente el predio. Conjuntamente con el pago de las rentas deberá comprobar el cumplimiento oportuno de esta obligación tributaria.
    Artículo 25. Ningún arrendatario de inmuebles fiscales podrá destinar la propiedad arrendada al negocio de bebidas alcohólicas, a casas de juego o cualquier otro objeto inmoral o ilícito.
    Artículo 26. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente Ley, en sus Reglamentos o en el contrato respectivo, será causal suficiente para poner término anticipado e inmediato al contrato de arrendamiento, en forma administrativa y sin responsabilidad alguna para el Fisco.
    La causal que determine el término anticipado del contrato se tendrá por acreditada con los informes que se emitan al respecto.
    Artículo 27. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Fisco se reserva el derecho de poner término anticipado, en forma administrativa y sin responsabilidad para él, a todo contrato de arrendamiento previo aviso de un período completo de pago.
    Artículo 28. En todo contrato de arrendamiento se podrá insertar cualquiera otra cláusula que se estime conveniente al interés fiscal.
    Artículo 29. Cuando se declare terminado el arrendamiento se ordenará administrativamente el remate de las mejoras de propiedades del arrendatario a fin de que el Fisco se haga pago de todo lo que se le adeude por rentas insolutas, contribuciones, intereses penales e indemnizaciones. En la resolución que ordene los remates se establecerá la distribución de su producto.
    Artículo 30. La persona que remate las mejoras tendrá, en igualdad de condiciones, preferencia para que el Fisco le arriende los terrenos respectivos.
    Artículo 31. Terminado el arrendamiento por cualquier causa, y no existiendo prestaciones a cargo del arrendatario, éste podrá llevarse los materiales concernientes a las mejoras que realizó, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa materia del arrendamiento y que lo haga dentro del plazo que se le fije.
    Artículo 32. El Jefe del Departamento de Bienes Nacionales podrá conceder en arrendamiento bienes fiscales cuyo avalúo no exceda de trescientos mil pesos. La resolución respectiva deberá remitirse a la Contraloría General de la República para su toma de razón.
    El arrendamiento de bienes fiscales que tengan un avalúo superior al señalado, se concederá sólo mediante la dictación del decreto respectivo por el Ministerio de Tierras y Colonización.
    Artículo 33. El contrato de arrendamiento se entenderá perfeccionado, por el sólo hecho de transcurrir quince días desde la notificación de la resolución o decreto hecho al arrendatario y sin que éste haya formulado reparos.
    Artículo 34. En todo contrato de arrendamiento se entenderán incorporadas, sin necesidad de mención expresa, todos los derechos, obligaciones y prohibiciones establecidas en la presente Ley y sus Reglamentos. En estos contratos se entenderá implícitamente reconocida por el arrendatario la facultad del arrendador de poner término anticipado al contrato, en la forma, en los casos y en las circunstancias a que se refieren los artículos precedentes.
    Artículo 35. Las Reparticiones y funcionarios fiscales que perciban o recauden rentas de arrendamiento proveniente de bienes nacionales del Estado, deberán remitir al Departamento de Bienes Nacionales dentro de los ocho primeros días de cada mes la nómina de las rentas que hayan correspondido al mes anterior.
    TITULO III

    De los denuncios
    Artículo 36. El Presidente de la República podrá conceder a las personas que formulen denuncios mediante los cuales el Fisco ingrese por primera vez a su patrimonio o recupere cualquier clase de bienes, hasta un veinte por ciento del valor líquido de dicho acervo.
    Esta recompensa será decretada una vez que los bienes hayan ingresado legal y materialmente, en forma definitiva, al patrimonio fiscal, y sólo tendrá derecho a ella el denunciante que formule el primer denuncio, cumpliéndose, además, con todas las exigencias legales y reglamentarias sobre la materia.
    Artículo 37. Será condición indispensable para tener derecho a esta recompensa que los bienes manifestados en el denuncio sean desconocidos para el Fisco y que a no mediar tal denuncio éste no hubiere hecho ingresar a su patrimonio o no hubiere recuperado esos bienes. Si el denuncio no aparece revestido de caracteres que persistan presumir su seriedad, el Departamento de Bienes Nacionales podrá exigir al denunciante una Boleta de Garantía a la orden del Tesorero General de la República, cuyo monto podrá fluctuar entre quinientos y cinco mil pesos. Esta garantía se devolverá al denunciante si en el curso de la investigación se comprueba su buena fe o que ha tenido motivos plausibles para formular su denuncia. En caso contrario el valor ingresará definitivamente en Arcas Fiscales.
    Artículo 38. La recompensa se otorgará previa calificación, por el Departamento de Bienes Nacionales y por el Consejo de Defensa Fiscal de la diligencia y eficacia atinente a la cooperación prestada por el denunciante, regulándose en relación con el esfuerzo desplegado por éste y con la importancia y monto de los bienes adquiridos o recuperados por el Fisco.
    Artículo 39. Si la misma denuncia es formulada por más de una persona, se podrá otorgar a la o las posteriores un galardón proporcional al monto de los bienes denunciados por éstas, siempre que dichos bienes no hubieren sido manifestados en las denuncias anteriores.
    Artículo 40. Fijado por decreto supremo el porcentaje de la recompensa, no podrá alterarse por un decreto posterior.
    Artículo 41. Para establecer el monto de la recompensa, los bienes raíces se considerarán por el avalúo territorial vigente a la fecha de la denuncia, siempre que ese avalúo tenga menos de tres años de aplicación; en caso contrario, se solicitará a la Dirección General del Impuestos Internos un reavalúo a la misma fecha. En cuanto a los demás bienes, se considerarán por el producto líquido que resulte de su enajenación.
    Artículo 42. Cuando se trate de herencias diferidas al Fisco, la recompensa se pagará una vez practicada la liquidación correspondiente por el Departamento de Bienes Nacionales, haciéndose previamente deducción de las deudas y demás costas producidas.
    Artículo 43. Se tendrá como primer denunciante a quien primero presente la denuncia en la Oficina de Partes del Ministerio de Tierras y Colonización, acompañada de todos los datos y antecedentes en que se funden los derechos del Fisco sobre los bienes denunciados, y cumpliéndose con los demás requisitos legales y reglamentarios.
    Si el denunciante no puede, al momento de formular su denuncia, acompañar los antecedentes indispensables para fundarla, deberá hacerlo dentro del plazo que le fije el Departamento de Bienes Nacionales. Transcurrido dicho término sin que se hayan acompañados los antecedentes solicitados se tramitará la denuncia de oficio y el denunciante perderá el derecho a recompensa.
    Los datos y antecedentes conformes presentados dentro del plazo fijado por el Departamento de Bienes Nacionales, se tendrán como acompañados simultáneamente con la denuncia.
    Artículo 44. La Oficina de Partes del Ministerio de Tierras y Colonización pondrá cargo de día y hora a toda denuncia que se presente en conformidad con este Título y la remitirá inmediatamente al Departamento de Bienes Nacionales, en donde se registrará en el Libro de Denuncios por estricto orden de fecha y hora.
    Artículo 45. Los créditos hereditarios o testamentarios que digan relación con las herencias diferidas al Fisco, podrán hacerse valer administrativamente mediante presentaciones que irán acompañadas de todos los documentos que los justifiquen. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones judiciales que estime procedentes el interesado.
    Artículo 46. Si se acordare pagar la recompensa por denuncio de herencias que se le hayan diferido al Fisco, antes de expirar los plazos de prescripción en contra de herederos con mejor derecho, el denunciante deberá comprometerse a restituir la suma percibida a título de galardón si el Fisco se viere obligado a restituir la herencia, obligación que deberá garantizarse suficientemente.
    El denunciante que haga igual denuncio a la Justicia Ordinaria antes o después de haberlo hecho a la autoridad administrativa será responsable de los gastos innecesarios en que incurra el Fisco con motivo del denuncio a la Justicia, gastos que se rebajarán exclusivamente de la recompensa que le corresponda. Tales serían, por ejemplo, los honorarios de un Curador que se hubiere nombrado a iniciativa de un denunciante.
    Artículo 47.- Toda resolución judicial que declare yacente una herencia deberá ser comunicada de oficio por el Tribunal respectivo al Departamento de Bienes Nacionales, el que realizará todas las diligencias e investigaciones necesarias para establecer si conviene o no a los intereses del Fisco solicitar la posesión efectiva de dicha herencia.
    La propia resolución que declare yacente una herencia contendrá la frase "OFICIESE AL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DEL MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION, TRANSCRIBIENDOSE INTEGRAMENTE ESTA RESOLUCION".
    Artículo 48. El Departamento de Bienes Nacionales procederá a la liquidación de todas las herencias cuya posesión efectiva se haya concedido al Fisco, y fijará las cuotas que sobre estos bienes correspondan a las instituciones beneficiarias en virtud de leyes especiales.
    Artículo 49. El Jefe del Departamento de Bienes Nacionales o el funcionario que éste designe deberá tomar posesión, en representación del Fisco, de todos los bienes que deban ingresar al patrimonio fiscal de acuerdo con el artículo 995 del Código Civil, los que sean rescatados en conformidad a denuncias judiciales o administrativas, o los que el Fisco adquiera o recupere en cumplimiento de sentencias ejecutoriadas.
    Artículo 50. El Departamento de Bienes Nacionales procederá a enajenar los bienes adquiridos por el Fisco en virtud de sucesión por causa de muerte, en la siguiente forma:
    a) Los bienes raíces, en remate público ante la Junta de Almoneda respectiva, conforme a las bases que fijará el Decreto correspondiente;
    b) Los bienes muebles y semovientes, en remate ante Martillero Público;
    c) Las acciones o valores mobiliarios, en remate por intermedio de un Corredor de la Bolsa de Comercio;
    d) Las joyas y objetos preciosos en venta pública o privada, previa tasación de un perito de la Caja de Crédito Prendario.
    El Departamento de Bienes Nacionales dará cuenta al Ministerio de todas las actuaciones que realice con las facultades otorgadas en este título, acompañando los datos y antecedentes del caso.
    Artículo 51. Deróganse todas las disposiciones actualmente vigente sobre las materias a que se refiere la presente Ley.
    Artículo 52. La presente Ley comenzará a regir desde su publicación en el Diario Oficial.
    Tómese razón, regístrese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la recopilación de leyes y decretos de la Contraloría General de la República.- CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO.- Jorge Muñoz D.- Felipe Herrera.