Art. 7.o Agréganse a continuación del artículo 7.o del decreto-ley número 48, los siguientes:
"Art. 8.o En las obligaciones vencidas antes del 20 de Junio último, se tomará como base para el cálculo de las cuotas, el saldo adeudado por el capital e interese en dicha fecha y la primera cuota deberá pagarse dentro de los veinte días siguientes a la publicación del presente decreto-ley en el Diario Oficial.
En las obligaciones que venzan con posterioridad al 20 de Junio, las parcialidades se pagarán en la fecha de su primer vencimiento y se calcularán sobre las sumas que se adeuden por capital e intereses a dicha fecha.
Art. 9.o Las obligaciones a plazo, pagaderas por cuotas periódicas a que se refiere la ley número 4,702, de 6 de Diciembre de 1929, siempre que hayan sido contraídas con anterioridad al 20 de Junio último, se pagarán de acuerdo con las normas siguientes:
a) Se acumularán las cuotas periódicas, insolutas y en mora al 20 de Junio, con sus respectivos intereses, y la cantidad total que resulte se pagará por parcialidades trimestrales de 20 por ciento cada una. La primera parcialidad se pagará 20 días después de la publicación del presente decreto-ley en el Diario Oficial; y
b) Sobre cada una de las cuotas periódicas que venzan con posterioridad al 20 de Junio, se pagará a su respectivo vencimiento un abono de un 50 por ciento y después de 30 días de vencida la última cuota, el saldo insoluto de todas ellas, incluso intereses, se pagará por parcialidades mensuales consecutivas de 10 por ciento cada una.
Art. 10 Las obligaciones a favor de los Bancos Comerciales, en liquidación, se regirán por la forma de pago establecida en el artículo 4.o del decreto-ley número 48.
Art. 11. En caso de resistencia del acreedor para recibir los pagos en la forma ordenada en el presente decreto-ley y en el decreto-ley número 48, se entenderán éstos efectuados, por el hecho de acompañar en el respectivo juicio vale vista de depósito, por la cuota correspondiente, de las Cajas de Ahorros de la República o de un Banco Comercial a la orden del acreedor.
Si no hubiere juicio pendiente y salvo la situación contemplada para las letras de cambio en el artículo 5.o del presente decreto-ley, el pago de los abonos que el acreedor se resista a aceptar, se efectuará dentro de los cinco días siguientes al vencimiento, mediante entrega al notario, del domicilio del acreedor o del lugar en donde deba hacerse el pago, del correspondiente vale vista a la orden del acreedor. En este caso, como en el de no encontrarse el acreedor en el domicilio indicado para el pago, el notario levantará acta, que insertará en su protocolo, guardando el vale vista correspondiente. Los gastos de esta diligencia se imputarán al acreedor.
La resistencia al pago por parte del acreedor como asimismo las demás infracciones a las disposiciones del decreto-ley número 48 y del presente decreto serán penadas con multa de $ 100 a 2,000 pesos.
Conocerá de ésta y demás infracciones el juez civil respectivo.
Art. 12. Las rentas de arrendamiento de predios rústicos y urbanos insolutas y vencidas al 20 de Junio del presente año, sólo serán exigibles por cuotas mensuales, iguales y consecutivas, del 5 por ciento de la suma total adeudada a esa fecha; pero, en el caso de que el arrendatario dejare la propiedad deberá cancelar la totalidad de la deuda.
Art. 13. Las disposiciones del decreto-ley número 48 y del presente decreto-ley no serán aplicables a las siguientes obligaciones:
a) Las contraídas en moneda extranjera que se rigen por la ley número 5,107, de 19 de Abril de 1932 y decretos-leyes números 12 y 39, de 9 y 16 de Junio de 1932, respectivamente;
b) Las obligaciones a favor de la Caja de Crédito Agrario, del Instituto de Crédito Industrial y de la Caja de Crédito Minero, que se rigen por la ley número 5,076, de Marzo de 1932.
Ampliándose el plazo a los deudores de estas instituciones para acogerse a las facilidades que les acuerda la ley N.o 5,076 hasta el 1.o de Septiembre del presente año;
c) Las obligaciones provenientes de operaciones con las instituciones de Crédito Hipotecario, regidas por el decreto con fuerza de ley número 94, de 11 de Abril de 1931;
d) Las obligaciones en que sean acreedores o deudores el Fisco, las Municipalidades, las Empresas y reparticiones fiscales o municipales, la Beneficencia o las personas jurídicas de derecho público;
e) Las obligaciones a favor de las sociedades cooperativas y de las instituciones de previsión o asistencia social;
f) Los depósitos en los Bancos comerciales, en la Caja Nacional de Ahorros y en la Caja de Crédito Popular;
g) Los sueldos, pensiones, salarios, jornales, honorarios profesionales, indemnizaciones a empleados u obreros por desahucios, años de servicios u otras causas;
h) Las primas e indemnizaciones en los contratos de seguros de cualquiera clase;
i) Las que provengan de convenios judiciales o extrajudiciales, celebrados por un deudor con sus acreedores, en conformidad a las disposiciones de la Ley de Quiebras;
j) Los contratos de suministro de agua potable, gas y luz;
k) Las obligaciones de los Bancos comerciales entre sí o con la Caja Nacional de Ahorros, y las de ésta con aquéllos; y
l) Las pensiones alimenticias, renta vitalicia y rentas periódicas decretadas judicialmente o que se deban a la liberalidad de un tercero, ya sea que se ordenen por particulares, por una fundación o que emanen de disposiciones testamentarias".