Artículo 82.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:
    1o.- Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitucion;
    2o.- Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso;
    3o.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley;
    4o.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones;
    5o.- Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo,promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda o dicte un decreto inconstitucional;
    6o.- Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República que la Contraloría haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en conformidad al artículo 88;
    7o.- Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones, y de los movimientos o partidos políticos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 8o. de esta Constitucion;
    8o.- Declarar, en conformidad al artículo 8o. de esta Constitución, la responsabilidad de las personas que atenten o hayan atentado contra el ordenamiento institucional de la República. Sin embargo, si la persona afectada fuere el Presidente de la República o el Presidente electo, dicha declaración requerira, además, el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio;
    9o.- Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 49 No. 7 de esta Constitución;
    10o.- Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones;
    11o.- Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios, y
    12o.- Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, cuando ellos se refieran a materias que pudieren estar reservadas a la ley por mandato del artículo 60.
    El Tribunal Constitucional podra apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números 7o., 8o., 9o. y 10o., como, asimismo, cuando conozca de las causales de cesación en el cargo de parlamentario. En el caso del numero 1o., la Cámara de origen enviara al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso.
    En el caso del numero 2o., el Tribunal sólo podra conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley.
    El Tribunal debera resolver dentro del plazo de diez días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros díez días por motivos graves y calificados.
    El requerimiento no suspendera la tramitación del proyecto; pero la parte impugnada de éste no podra ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de Ley de Presupuéstos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el Presidente de la República.
    En el caso del numero 3o., la cuestión podra ser planteada por el Presidente de la República dentro del plazo de diez días cuando la Contraloría rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley. Tambien podra ser promovida por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. Este requerimiento debera efectuarse dentro del plazo de treinta días, contados desde la públicación del respectivo decreto con fuerza de ley.
    En el caso del numero 4°., la cuestión podra promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de diez días contado desde la fecha de públicación del decreto que fije el dia de la consulta plebiscitaria.
    El Tribunal establecera en su resolución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria, cuando ésta fuere procedente.
    Si al tiempo de dictarse la sentencia faltaren menos de treinta días para la realización del plebiscito, el Tribunal fijara en ella una nueva fecha comprendida entre los treinta y los sesenta días siguientes al fallo.
    En los casos del numero 5o., la cuestión podra promoverse por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los treinta días siguientes a la públicación o notificación del texto impugnado o dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el Presidente de la República debió efectuar la promulgación de la ley. Si el Tribunal acogiere el reclamo promulgara en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificara la promulgación incorrecta.
    En el caso del numero 9o., el Tribunal sólo podra conocer de la materia a requerimiento de la Cámara de Diputados o de la cuarta parte de sus miembros en ejercicio.
    Habra acción pública para requerir al Tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren por los numeros 7o., 8o. y 10o. de este artículo.
    Sin embargo, si en el caso del numero 8o. la persona afectada fuere el Presidente de la República o el Presidente electo, el requerimiento debera formularse por la Cámara de Diputados o por la cuarta parte de sus miembros en ejercicio.
    En el caso del numero 11o., el Tribunal sólo podra conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República o de no menos de diez parlamentarios en ejercicio.
    En el caso del numero 12o., el Tribunal sólo podra conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las Cámaras, efectuado dentro de los treinta días siguientes a la públicación o notificación del texto impugnado.