Con un panel completamente femenino y grandes invitadas se realizó, este jueves 9 de octubre, el Webinar "Medio Ambiente y debate Constitucional", organizado por la Sección Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

Expusieron en el encuentro Pilar Moraga, Investigadora del (CR)2 y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile; Sara Larraín, Directora del Programa Chile Sustentable, miembro de la Red Interamericana de Defensa del  Agua y la Vida, del International Fórum on Globalization y del directorio de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética; Florencia Ortúzar Greene, Abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente; Lieta Vivaldi, Directora del Programa de Género, Derecho y Justicia Social en la UAH e Investigadora en la facultad de filosofía de la Universidad de Chile; y Valeria Torres, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. Moderó Boris Lopicich, Asesor Parlamentario e Investigador de la Sección Estudios de la BCN.

Abrió las intervenciones Valeria Torres, quien compartió algunos desarrollos regionales en materia constitucional, con el propósito -según señaló- de contribuir a informar respecto a cómo fortalecer los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, para a su vez resguardar el derecho de todas las personas, de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible.

En este sentido, Torres destacó la existencia de la 'Iniciativa Legislativa Popular' recogida en las constituciones de varios países de la región, que establece el derecho de la ciudadanía a presentar propuestas legislativas cuando estén apoyadas por un número determinado de ciudadanos, y abordó también mecanismos como los cabildos abiertos, asambleas y revocatorias de mandatos.

"Dadas las particularidades de los temas ambientales, los países han comenzado a establecer una legitimación activa amplia para accionar casos de daño ambiental. Lo que se busca aquí es que cualquier persona pueda reclamar contra actos ilegales en materia ambiental, sin tener que probar que es un afectado directo, sustentado en el hecho de que lo que se reclama son derechos colectivos o difusos. En Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, la Constitución introduce la acción popular, que faculta a cualquier persona física o jurídica a interponer una acción con el fin de tutelar y proteger un bien jurídico. Otro elemento que facilita el acceso a la justicia ambiental es la inversión de la carga de la prueba, con el fin de asegurar que la falta de medios o información no obstaculice la detención del daño ambiental. Y en Ecuador, el artículo 397 de la Constitución de 2008 señala que la carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o demandado, y mencionó también la importancia de la eliminación o reducción de los obstáculos financieros", destacó.

Florencia Ortúzar -representante la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente, organización regional de todo Latinoamérica que vela por la protección de la naturaleza en la región a través del derecho nacional e internacional- destacó a su turno que "esta oportunidad de cambio que se nos ha presentado en Chile con la posibilidad de generar una nueva Constitución, una nueva Constitución que puede ser verde. No es una oportunidad sólo para nosotros; en este mundo tan globalizado es una oportunidad como de ser un ejemplo para el cambio paradigmático que se necesita en tantas partes del mundo. Ahora, una Constitución nueva, por muy verde y muy buena que salga, tampoco es una varita mágica y no va a venir a solucionar todos nuestros problemas: la Constitución no es la meta sino el principio. Son los cimientos que nos permitirán construir el cambio y es una oportunidad que no podemos dejar pasar", abrió.

"Necesitamos que se entienda que la protección al ambiente es también beneficiosa para el desarrollo económico, porque el único desarrollo económico realista es el que respeta límites y que es realmente sostenible. Entonces, basta de esta cuestión de que el desarrollo económico no está de acuerdo con la naturaleza. No puedes contraponerlo. Tiene que el desarrollo económico en enmarcarse dentro de la naturaleza y no puede ser al revés. Y esto no es fanatismo; esto es ciencia. Creo por lo tanto que es muy importante normar derechamente la interacción entre el ambiente y la actividad económica, porque al final esa es la pelea”, agregó.

Posteriormente fue el turno de Pilar Moraga. "Sabemos que hubo un acuerdo hace algunos meses para iniciar un proceso constituyente hacia una nueva Constitución y parece que es indispensable que la discusión que se ha iniciado tenga un foco en la cuestión ambiental. Por eso agradezco profundamente que se abran estos espacios desde la Biblioteca del Congreso y que el Congreso se involucre también en esta prioridad nacional y mundial. Y para dar el contexto de la discusión, creo que es súper necesario e indispensable tener en cuenta la situación ambiental en la que nos encontramos, y no es aquella de los años 80 ni de la de los 90: hoy nos encontramos frente a una crisis planetaria", sostuvo.

"Hoy día vemos la incomodidad de los tribunales cuando deben lidiar con acciones subjetivas individuales en que los accionantes tienen que probar la afectación y lo vemos en la jurisprudencia nacional, pero también en la jurisprudencia colombiana. A propósito de la tala ilegal de la selva de la Amazonía en ese país, en que la Corte Suprema trata de hacer una interpretación excepcional para proteger intereses colectivos con acciones individuales. Entonces, pareciera ser que ya este tipo de acciones, originalmente concebidas en los años 80, tampoco están dando la respuesta necesaria al tipo de conflicto problemáticas ambientales que estamos enfrentando y en ese sentido, también las acciones se han ido abriendo hacia contextos de riesgo y de incertidumbre científica que incluso han llamado a invertir la carga de la prueba", añadió.

En torno a la Constitución, destacó que debemos discutir "sobre qué derechos vamos a proteger y no solo hablar de los derechos consagrados, sino también de quiénes son esos derechos. ¿Son de las generaciones presentes o también vamos a considerar y a defender que estas acciones son aplicables a los derechos de las generaciones futuras? Creo que solo considerando estos aspectos y solo debatiendo cada una de estas cuestiones, como mínimo -sin considerar todo lo que es la organización del Estado que quedará para otra discusión- es que vamos a poder pensar en un Estado de derecho ambiental que, al menos a mi juicio, es indispensable de definir los años que vienen y este nuevo pacto social que nos va a regir por muchas décadas", concluyó.

Acto seguido, expuso Sara Larraín. "Primero quiero quería saludar a las sabias mujeres que se ha convocado a este conversatorio y felicitar a la Biblioteca del Congreso por integrarse a este debate nacional para una nueva Constitución. Creo que es tremendamente importante que el Congreso Nacional de este espacio y pueda dar el ejemplo a muchas otras instituciones públicas que puedan ofrecer tanto los espacios como la capacidad para sumarse a este proceso tan relevante que estamos viviendo como país", reflexionó.

"Un primer punto que tenemos que hacer es una innovación en esta definición de medio ambiente y anclarla en los elementos más básicos que tienen que ver con el territorio nacional, los espacios, el ecosistema. Creo que es importante que en este momento de la historia incluyamos las funciones y servicios ambientales dentro de este primer marco de la definición de cuál es el principio de conservación y de mantención de la integridad del patrimonio natural o el territorio nacional. Ahí tenemos un desafío a trabajar. Creemos que el primer desafío que enfrentamos es esta definición o redefinición de qué vamos a entender por medio ambiente y qué vamos a entender por naturaleza, si solamente los bosques, el agua y lo que se ha llamado los recursos naturales, o vamos a volver a una noción más amplia como es la noción de naturaleza, la noción de territorio, como está en toda la legislación indígena o en el convenio 169", dijo, para luego explicar el interesante concepto de "Nueva Función Socio-Ambiental de la Propiedad".

"Creemos también que institucionalmente es más importante poner la función y el deber de protección de la naturaleza en cada uno de los estamentos de la sociedad; en el Estado, en las personas naturales y en las personas jurídicas. Esto ayuda a que sea un deber y una obligación sistémica que nos permite después facilitar la incorporación tanto en la institucionalidad como en las distintas leyes sectoriales. Y también creemos que tenemos un tremendo desafío conceptual, de lenguaje y en torno a pensar en ciertos principios de gobernanza que después podamos concretar en las legislaciones sectoriales. Si no, vamos a tener el problema de la Constitución de Ecuador y de Bolivia, en las cuales quedaron establecidos principios tremendamente relevantes; no obstante, la posibilidad de implementación o de ejecución posterior, en un marco jurídico sectorial, se hizo absolutamente inviable", señaló, para dar por cerrada su intervención.

Finalmente, fue el turno de Lieta Vivaldi. "Desde la economía se ha puesto el mercado en el centro, en vez de poner la vida. Y mediante esta postura androcéntrica se han dejado de lado todos los aspectos que estamos hablando hoy, sin darnos cuenta de que si no pensamos en la naturaleza no hay vida y los mercados no se van a poder seguir sosteniendo. La economía feminista es muy crítica a la economía tradicional también, desde ahí podemos pensar este tema y también la geografía feminista", comenzó.

"Sería interesante que la Constitución garantizara paridad, no solamente en el órgano constituyente, sino también en los propios órganos del Estado: Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Y en ese sentido, que se establezcan perspectivas en las políticas públicas, perspectiva de género, perspectivas ambientales y que haya un deber afirmativo por parte del Estado. Por parte del Poder Judicial para cuando juzgue y del Poder Legislativo para que esté obligado a generar legislación acorde con estos principios", agregó.

"La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo también establece en su Principio 20 que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible. Y para esto debemos participar en igualdad de condiciones. Por último, señalar la importancia de poner la sostenibilidad de la vida en el centro y de debatir sobre cuál es el modelo que queremos. Esto debe nacer de una conversación con los mismos actores locales y con los pueblos originarios; si no logramos generar este diálogo, vamos a seguir con los mismos problemas actuales", cerró.

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