El pasado 8 de mayo se reunió el Consejo de la Editorial Jurídica de Chile, que integra la Biblioteca del Congreso Nacional, junto a la Contraloría General de la República, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Colegio de Abogados, la Corte Suprema, los ministerios de Educación y Justicia y el Consejo de Rectores.
En la ocasión se acordó la disolución de la entidad, que nació en 1945 con el objetivo publicar textos de enseñanza jurídica y a la que posteriormente se le dio el encargo de editar los textos oficiales de los Códigos de la República.
La disolución se hará efectiva, según el acuerdo de los participantes, con un proyecto de ley que incluya, entre otros aspectos:
De esta manera, se otorgaría carácter de oficial a la Constitución y los Códigos actualmente disponibles en Ley Chile, de la Biblioteca del Congreso.
La elaboración del proyecto de ley respectivo que haría posibles estos acuerdos del Consejo directivo de la Editorial Jurídica está a cargo del Ministerio de Justicia.
Participación del Congreso
La decisión del Consejo está en línea con lo planteado en marzo pasado por un Proyecto de Acuerdo del Senado, en el sentido que, dada la grave situación económica de la Editorial Jurídica, en parte producida por la falta de aportes fiscales, se proponía que las funciones relativas a la publicación de los textos oficiales de la Constitución y los Códigos quedara a cargo de la BCN. Ello, según el acuerdo, “en primer término, por la existencia de un vínculo de origen fundacional entre la BCN y la EJCH.
Asimismo, en materia de implementación, la BCN ha desarrollado la base de datos legal del Congreso Nacional (Ley Chile), que es la más completa y consultada del país, con más de 20.000 visitas diarias y más de 260.000 textos legales completos, entre los que se encuentran los Códigos de la República actualizados y en formato digital. La filosofía de la publicación digital de los textos legales es contar con datos abiertos interoperables, es decir, usables y reutilizables por los usuarios. Por otra parte, es importante considerar, para efectos de la seguridad jurídica requerida por los ciudadanos, que los procesos de ingreso, actualización e integración de la base de datos se encuentran certificados bajo la norma ISO 9001:2008 y son realizados por profesionales especializados en tratamiento de información jurídica”.