La denuncia o retiro de un tratado internacional, según se trate de un acuerdo bilateral o multilateral, es un mecanismo establecido para cesar el compromiso internacional adquirido por el Estado. Su aplicación en el Derecho Internacional se encuentra regulada en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y en los propios términos del tratado acordado.
Sin embargo, en el plano interno, la denuncia es una facultad mayoritariamente exclusiva del Poder Ejecutivo, y en pocos casos se requiere constitucionalmente la participación del Poder Legislativo durante este proceso.
El presente informe da cuenta de los casos de Bolivia, Ecuador, España, Finlandia, Países Bajos y Perú que en sus respectivas constituciones han reconocido la aprobación parlamentaria del mecanismo de denuncia.
Al respecto, se pudo constatar que en los casos de España, Ecuador, Perú y Finlandia el texto constitucional establece explícitamente la materia respecto de la cual se exigirá la aprobación legislativa de la denuncia.
Mientras que la aprobación parlamentaria de la denuncia se encuentra generalizada para todo tipo de tratados en Bolivia y Países Bajos, salvo en este último si una ley dispone lo contrario.