Si bien no existe una definición unánimemente aceptada de la expresión "fake news" (o noticias falsas), sí es posible identificar ciertos elementos comunes a las ya existentes: divulgación de una información falsa o errónea, hecha intencionalmente, con un fin de lucro y/o causar un daño u otro objetivo particular.
Situaciones como el Brexit u otros eventos electorales en el último tiempo, sumado a las herramientas tecnológicas hoy disponibles, han dado especial relevancia a la rápida difusión de declaraciones que tienen por objeto desinformar al público.
Bajo el paradigma de la libertad de expresión (como es el caso de EE.UU.), tanto constitucional como legalmente no es posible establecer censura previa a los contenidos de Internet, sólo pudiendo perseguirse la responsabilidad de quien con su difusión genere daño a terceros. Incluso, la normativa protege a los proveedores de servicios de Internet cuando tales contenidos han sido producidos por terceros.
Por el contrario, recientes legislaciones en Alemania (2017) y Francia (2018) han establecido especiales obligaciones a las plataformas de Internet como Google, Twitter y Facebook. Mientras la norma alemana pretende combatir la difusión de diversos tipos de información (discursos de odio, fake news y otro tipo de material ilegal que señala), con penas de hasta 50 millones de euros, en Francia el objetivo apunta a la distorsión de las elecciones.
Revise el informe BCN "La regulación de las "fake news" en el derecho comparado"
Visite también: Documentos de Asesoría Parlamentaria BCN
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