Esta instancia de conversación tuvo como finalidad crear un espacio en torno a los alcances que puede tener en el ordenamiento jurídico chileno la iniciativa ciudadana de ley. “ Hoy, el ciudadano común quiere involucrarse activamente en la decisión de las políticas públicas, por tanto, es fundamental generar mecanismos para que esa participación exista de manera real”, señaló la directora de la BCN  Soledad Ferreiro al dar la bienvenida a todos los presentes.

Para conocer de la experiencia internacional sobre el tema, expusieron los catedráticos extranjeros, Joseph María Castella, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, y Marco Olivetti, constitucionalista de la Universidad de Foggia, Italia. Los expertos chilenos presentes en el encuentro fueron la académica de la Universidad Alberto Hurtado, Cecilia Osorio,  José Miguel Izquierdo del Instituto Libertad. También formaron parte del programa, los diputados Gonzalo Arenas, Francisco Chahuán y Carolina Tohá.

La iniciativa ciudadana de ley es un mecanismo de participación ciudadana en la actividad legislativa. Éste  opera con un número determinado de firmas, que en el caso chileno podría ser de 30 mil, las que serán validadas por el Servicio Electoral, para que el  Senado o la Cámara de Diputados inicie un proceso legislativo (tramitación), siempre que sea admisible y comprenda las materias que la Constitución señale. Logrado lo anterior esta iniciativa es tratada de igual forma que un proyecto ley. 

Este mecanismo está presente en diferentes democracias del mundo y permite a los ciudadanos someter sus proposiciones a la deliberación del poder legislativo. Se práctica en países europeos como: Suiza (pionero), España, Italia, Austria, Hungría, Liechtenstein. En Latinoamérica se dan los casos como Argentina, Costa Rica, Uruguay, Cuba, Ecuador, Venezuela, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay. Además en algunos estados de Estados Unidos.

Por tal motivo se han presentado en el Congreso diferentes mociones, incluido el Ejecutivo, que está dispuesto a generar instancias que fortalezcan la participación ciudadana y la defensa de los derechos personales, lo cual se materializa en un Proyecto de Reforma Constitucional sobre la materia en discusión en el Congreso Nacional. El proyecto ingresó el 31 de julio de 2007, a la Cámara de Diputados, pero hoy se encuentra en su primer trámite, sin urgencia, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (Boletín 5221-07). 

“Inexplicablemente se le retiró la urgencia, sin que fuera renovada, lo que obviamente ha concitado el rechazo de quienes se sienten afectados por esta materia, los que con justa razón se sienten absolutamente defraudados de esta actitud, lo que además conlleva la falta de credibilidad ciudadana hacia la clase política”, enfatizó el diputado Chahuán en el seminario producto de la situación en que se encuentra hoy el proyecto.

En cuanto al por qué sería relevante para Chile la implementación de este mecanismo, la académica de la Universidad Alberto Hurtado, Cecilia Osorio, señala que se incorporaría un tercer actor –ciudadanía- para dar origen a leyes, junto a Congreso y al Presidente de la República. Esto no produciría oposición entre la democracia participativa y la representativa, sino que complementarían y perfeccionarían este último régimen, generando un mayor dinamismo en el debate público.

Para ministro secretario general de gobierno, Antonio Viera-Gallo este proyecto no es contrario a la función parlamentaria sino que es un mecanismo que ayuda a esta labor, por tanto existe voluntad del Ejecutivo es concretar esta iniciativa.

“La figura de iniciativa ciudadana promovida por el gobierno respeta el régimen democrático representativo y sus instituciones fundamentales. No se define el ejercicio de este derecho como un mecanismo de democracia directa, con refrendación plebiscitaria, porque la iniciativa ciudadana de ley es vista como una institución de la democracia representativa que canaliza la participación ciudadana, respetando los roles del Congreso y el Presidente de la República en el quehacer legislativo”, agrega el director División de Organizaciones Sociales, Ministerio Secretaría General de Gobierno, Francisco Estévez.

El encuentro fue organizado por la División de Organizaciones Sociales(DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno y la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), con el apoyo de la Comisión Bicentenario y la Consejería Cultural de la Embajada de España.

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