El viernes 24 de abril, en la sala “Libros raros y valiosos” de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, se realizó la primera Mesa de Análisis del año 2015, jornadas temáticas desarrolladas por el Departamento de Servicios Legislativos y Documentales con la colaboración del Departamento de Estudios de la BCN, donde los investigadores de la institución se reúnen con académicos, especialistas o expertos de diversas áreas a dialogar y debatir sobre temas relevantes de la agenda política – legislativa.

En esta ocasión se trató el financiamiento de la política en Chile y fueron invitados Isabel Aninat, abogada de la Universidad Católica de Chile e investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), y Juan Pablo Luna, doctor en Ciencias Políticas y profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En una primera parte de la jornada, los analistas de la BCN dieron contexto a la discusión, exponiendo las principales normas sobre el financiamiento de los partidos políticos y los proyectos de ley en tramitación, para regular y transparentar las campañas y la actividad política en general. Posteriormente se revisó la situación comparada y las recomendaciones dadas por los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) e IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), que plantean que, en un primer lugar, se debe buscar el consenso de los objetivos políticos deseados, considerando el contexto nacional y la tecnología a usarse en los procesos eleccionarios, de recaudación y financiamiento. En segundo lugar, fijar los desafíos al control del financiamiento y resguardo de intereses privados y criminales en la política. En tercer lugar, fortalecer las instituciones fiscalizadoras para finalmente traspasar este debate a las regulaciones actuales.

Luego, en su intervención, Isabel Aninat planteó la postura del CEP, centro de estudios que ha manifestado que el financiamiento público puede ayudar a mejorar el funcionamiento de los partidos políticos, evitando que éstos vean afectada su independencia cuando son financiados por pocos donantes privados.

La especialista del CEP planteó que un mecanismo efectivo, de acuerdo a la evidencia comparada, es el de “matching funds”, en que el Estado entrega un peso por cada peso aportado por personas naturales a las donaciones por montos pequeños solamente. Esta fórmula ayudaría a promover la participación ciudadana en la actividad política y una rendición de cuentas más transparente.

La analista dijo que, a veces, la plena transparencia complota contra el fin de una mayor recaudación de fondos para una candidatura, como en los casos en que trabajadores no quieran que sus jefes o compañeros sepan que es donante de cierta tendencia política. Añadió que el CEP apunta a un financiamiento mixto, donde donen personas tanto naturales como jurídicas, no tan sólo empresas, sino ONG’s, sindicatos, etc.

Posteriormente, Juan Pablo Luna, de la PUC, planteó la necesidad de un sistema de financiamiento basal a los partidos políticos, el que no debiera ser utilizado para el financiamiento de campañas electorales. La propuesta busca, por lo demás, constreñir el impacto de las donaciones de privados (personas físicas y, fundamentalmente, personas jurídicas) en la política partidaria.

Además, Luna expresó que la incorporación creciente de normativas de transparencia en la función pública constituye un antecedente clave, en tanto se propone condicionar el financiamiento basal a la incorporación de elementos de transparencia activa y pasiva respecto al funcionamiento de los partidos políticos.

Finalmente, para el académico, resulta fundamental fortalecer la institucionalidad del Servicio Electoral de Chile (Servel), ya que dicho organismo no cuenta hoy con las condiciones técnicas, de recursos humanos y financieras para desarrollar un control efectivo de la normativa que se propone.