Las implicancias, carencias y avances que representa el proyecto de ley que crea una Superintendencia de Telecomunicaciones fueron debatidos el 14 de junio en la sala Raros y Valiosos de la BCN en su última Mesa de Análisis, instancia donde académicos y especialistas debaten sobre temas que están en la discusión legislativa.

El encuentro contó con la presencia de Pedro Huichalaf, Abogado y Magíster (c) en Derecho Informático y de las Telecomunicaciones de la Universidad de Chile, experto en Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) y funcionario de la División Jurídica de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), y Oscar Cabello, ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile y experto en la privatización y la desregulación de la industria de las telecomunicaciones. Por parte de la Biblioteca del Congreso Nacional, participaron el Director Alfonso Pérez Guiñez; el jefe de Asesoría Técnica Parlamentaria, Nicolás Martínez, y los analistas Rodrigo Bermúdez y Raimundo Roberts.

El objetivo del proyecto en cuestión es asegurar una fiscalización más profunda, que permita cautelar los derechos de los consumidores y solucionar de forma oportuna los problemas no resueltos entre usuarios y empresas, en una realidad en que hay más teléfonos celulares que habitantes y más de un 60% de los hogares tiene conexión a Internet. Hasta hoy, el modelo de fiscalización del mercado de las telecomunicaciones en Chile es básicamente reactivo, en respuesta a denuncias, reclamos o solicitudes de los usuarios, o de otras autoridades y concesionarios.

Para Pedro Huichalaf, constituye un avance el separar en funciones a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) del rol fiscalizador, y la diferenciación entre los grandes y pequeños actores en cuanto al establecimiento de multas y sanciones. Sin embargo, reconoce falta de información sobre cómo se constituirá el servicio, que tendrá una gran labor debido a lo extenso de su universo a fiscalizar.

Por su parte, Óscar Cabello se mostró crítico sobre el proyecto, debido a que según su perspectiva, debiera hacerse una nueva Ley General de Comunicaciones, ya que de lo contrario, el nuevo organismo se edificaría sobre una arquitectura legal obsoleta (fue publicada originalmente en 1984).

El proyecto de ley de Superintendencia del Gobierno apunta a crear una institución pública moderna y flexible, preparada para fiscalizar las telecomunicaciones del siglo XXI en un entorno de evolución y convergencia tecnológica.