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BCN realiza tercera Mesa de Análisis sobre Política Migratoria en Chile

01/09/2016
 

En la jornada temática se dieron cita representantes de diversas ONG's y académicos.

Tercera Mesa de Análisis sobre Política Migratoria en Chile se realizó en la BCN

El viernes 26 de agosto de 2016, en la sala "Libros raros y valiosos" de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, se realizó la tercera Mesa de Análisis sobre Política Migratoria en Chile, jornadas temáticas desarrolladas por el Departamento de Servicios Legislativos y Documentales con la colaboración del Departamento de Estudios de la BCN, donde los investigadores de la institución se reúnen con académicos, especialistas o expertos de diversas áreas a dialogar y debatir sobre este tema.

En esta ocasión, los invitados fueron Delfina Lawson, abogada con especialización en derecho internacional público, egresada de la Universidad de Buenos Aires y docente e investigadora en DD.HH. de la Universidad Diego Portales, Armando Di Filippo, Profesor de pre y postgrado de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, actual consultor de la Cepal; Jorge Martínez, Geógrafo  de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex funcionario de la CEPAL con Maestría en Población y Desarrollo (CELADE); José Lara Salas, Coordinador del equipo de migración de la Municipalidad de Quilicura; Patricio Rojas, asesor legal del Colectivo Sin Fronteras; Patricio Rojas y Felipe Barrientos, de Amnistía Internacional.

Institucionalidad escasa e insuficiente

Para Delfina Lawson, la escasa institucionalidad existente es insuficiente, y hay un amplio acuerdo entre los actores incumbentes que esto es así. Para la expositora, el Servicio Nacional de Migraciones debiese hacerse cargo del ingreso y egreso de personas al país, en vez de ser la Policía Civil quien hace el control de ingreso, dadas las eventuales arbitrariedades y discrecionalidades que pudiesen producirse al no ser funcionarios especializados en perspectiva de derechos.

En juicio de la abogada de la UDP, la política migratoria debe tratar a los hijos de migrantes desde un enfoque de derechos económicos, sociales y culturales, y en el caso de los niños, enfocarse en el énfasis obligatorio de respeto de las convenciones y la Carta de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).

En este sentido, Lawson abordó con críticas el proyecto de ley de Migración presentado por el ex Presidente de la República, Sebastián Piñera (boletín N° 8970-06), sobre la obtención de la nacionalidad, ya que el proyecto perpetuaba el concepto de extranjero transeúnte, una definición vaga que no existe en la Constitución Política.

La abogada destacó que es el Poder Judicial quien lleva la delantera en cuanto a equiparar derechos entre los hijos de extranjeros nacidos en Chile y los chilenos, y que debe haber un reconocimiento de nacionalidad garantizado por el sólo hecho de nacer en el país.

Respecto de los refugiados que pudiera acoger Chile, la experta señaló que nuestra lejanía de los focos de conflicto internacional hace que el número de refugiados sea muy bajo, lo que no nos debe restar de tener políticas e institucionalidad con la experiencia y perspectiva de derechos para la debida acogida y cumplimiento de derechos respecto de quienes se acojan a este estatus.

En cuanto a los flujos de poblaciones desplazadas, señaló que hay que poner atención a la migración latinoamericana a los Estados Unidos, y cómo este proceso está afectando a países que son parte de la ruta, como México, lo que en algún momento podría afectar a otros países de la región.

Falta de políticas en gobiernos locales

Para el geógrafo Jorge Martínez, el fenómeno migratorio cada vez va adquiriendo mayor visibilidad en el país. Al principio fue en algunas comunas de Santiago, sobretodo centro y sur poniente, y el norte del país, y ahora se está dando en regiones. En el contexto regional, Chile es un país de volumen migratorio intermedio, pero con tendencias de aumento progresivo.

El experto en demografía repara en la escasez de atribuciones y de fondos con que cuentan los gobiernos locales, que son quienes en definitiva absorben la migración, careciendo de políticas y protocolos unificados, hecho que finalmente gatilla casos de arbitrariedades.

Martínez destaca que pese a la histórica xenofobia chilena, se instala progresivamente una conciencia de acogida, primero en instancias sociales, no gubernamentales y académicas, para lentamente traspasarse al grueso de la sociedad.

Jorge Martínez reconoce los avances realizados por parte del Estado, como el Consejo de Política Migratoria y el Consejo Consultivo, sin embargo, destacan como gran carencia la falta de datos. “No hay una contabilidad real de las permanencias definitivas en el país, respecto de quienes la obtuvieron y finalmente se devolvieron a sus países, etcétera”.

La falta de data hace que el Estado recurra a instrumentos con escasa exactitud en el caso de la población migrante, como la CASEN. Recién con la implementación del Censo abreviado de 2017, se especificarán preguntas especiales para poder medir variables en este segmento de la población, y así poder intervenir en forma.

Martínez aludió a lo que califica como una prensa cada vez más sensible al tema migratorio, pero con el enfoque puesto en la criminalidad de la población migrante (se hace hincapié en los delitos cometidos por extranjeros), o realizando proyecciones alarmistas respecto del fenómeno migratorio.

El geógrafo también criticó la casi nula opinión de los partidos políticos respecto del fenómeno migratorio, debido a lo que él interpreta como una forma de no perder adhesión ni popularidad. En este sentido hizo un llamado a exigir a los candidatos y partidos que digan basarse en una plataforma de Derechos Humanos para que se pronuncien en este tema.

Finalmente, destacó el hecho que la “Agenda 2030” de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que establece un conjunto de 17 metas y 169 objetivos para que el mundo consiga — internacional y nacionalmente— un desarrollo sostenible en los próximos 15 años, parte del principio de "no dejar a nadie atrás", incluidos los migrantes, los refugiados y las personas internamente desplazadas.

José Lara Salas, quien trabaja en la coordinadora del equipo de migración de la Municipalidad de Quilicura, inicia su intervención señalando la falta de directrices locales en el Consejo de Políticas Migratorias, siendo las municipalidades las que tratan directamente con los migrantes.

En este sentido, expresó su preocupación por la falta de políticas comunes para atender este asunto, lo que va desde recursos hasta capacitar a los funcionarios en derechos de los migrantes. Así se dan casos, según cuenta, que personas de otras comunas deben desplazarse hasta Quilicura porque ésta cuenta con un departamento especializado, que les simplifica las condiciones, que ya son complejas.

Incertidumbre en Derechos

Patricio Rojas, de Amnistía Internacional, se quejó de lo que califica una carencia de voluntad política en el tema migratorio, ya que es un tema escasamente debatido en el Congreso Nacional. Son a su juicio los parlamentarios quienes pueden poner el tema en agenda, además de instalar la perspectiva de derechos que debe primar en este asunto.

Para Rojas, los principales problemas que existen en la población migrante están dados por salud y educación, principalmente la falta de conocimiento de los derechos a salud que le corresponderían. Respecto a Educación, hay una política de aceptar a los niños migrantes y a integrarlos tanto curricular como socialmente, pero aún hay grandes vacíos respecto de la validación de la educación previa, sobretodo en los casos de refugiados, donde no hay acceso al aparato estatal del país de origen.

El representante de AI expresó que también hay problemas con los jóvenes que quieran rendir la Prueba de Selección Universitaria, ya que para rendirla, se exigen documentos que exigen una situación migratoria regular, lo que no siempre se cumple, negándosele esta posibilidad a quienes se encuentren en esta situación. Si bien se reconoce que el Ministerio de Educación se encuentra trabajando en esta situación, la premura hace que estos esfuerzos sean insuficientes.

Rojas además señaló la dificultad de la población migrante para realizar denuncias de violencia intrafamiliar, donde quienes se encuentran en situación irregular, sencillamente no hacen denuncias, siendo vulnerados sus derechos.

Finalmente Felipe Barrientos, también de AI, llamó la atención sobre los denominados migrantes calificados, quienes pese a tener credenciales académicas y profesionales, e incluso trabajo en Chile, quedan fuera del sistema de crédito bancario, con lo que se pierden emprendimientos que a largo plazo incluso podrían emplear mano de obra nacional, aunque generalmente se trata de negocios que agrupan personas de una nacionalidad, lo que sirve de red de apoyo social, dando mejor perspectiva y condiciones de vida a esta población.