Expertos y académicos con distintos puntos de vista expusieron sus ideas en torno al Acuerdo de Vida en Pareja, que podría regular la convivencia de personas de mismo sexo, en la segunda Mesa de Análisis del año realizada el pasado 9 de agosto, en la sala de Libros Raros y Valiosos de la BCN.

Por parte de la BCN participaron analistas de Asesoría Técnica Parlamentaria del Departamento de Estudios, quienes desarrollaron una presentación técnica de los proyectos de ley que se relacionan con la materia desde la mirada de aspectos sociales, legislativos y de comparación de experiencias extranjeras. Luego se dio paso a que los invitados expusieran sus puntos de vista sobre este tema.

Abrió el diálogo entre especialistas Carolina Salinas Suárez, Master oficial en Ciencias del Matrimonio y la Familia en la Sección española del Pontificio Instituto Juan Pablo II y miembro del Comité Ejecutivo e investigadora del Centro UC de la Familia.

En su ponencia, Salinas destacó el hecho de que la institución matrimonial tiene funciones sociales inherentes que van más allá de las esferas reproductivas y económicas, siendo la creación de un tejido de apoyo social de ayuda a los miembros familiares, una finalidad útil a los objetivos del Estado.

Para ella, un ejemplo de una sociedad con carencia en la esfera de los compromisos y de los acuerdos, son la mayoría de los niños naciendo fuera del matrimonio. “Si queremos propender a una sociedad de compromisos debemos fortalecer la institución que existe, que es el matrimonio, por ende las políticas públicas debieran fortalecerlo, para de esta manera fortalecer la figura de la familia”, dijo.

Respecto de las regulaciones patrimoniales y de derecho pretendidas por el Acuerdo de Vida en Pareja o Pactos de Unión, se encuentran en la legislación actual en Chile.

Posteriormente expuso Joaquín Walker, Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y parte del equipo de investigadores del Centro Democracia y Comunidad, quien basó su posición desde el humanismo cristiano. En este sentido, concordó con la evaluación de individualismo y falta de compromiso de la sociedad actual que hizo Carolina Salinas. Sin embargo, estimó que la dignidad de las familias que se formen al alero de parejas del mismo sexo, debe ser rescatada en el reconocimiento de su vínculo con un estado civil distinto, el que podría ser el de convivientes. En estos estados civiles se debieran generar condiciones de estabilidad y compromiso, más allá de lo patrimonial.

Cristián Nieto, Director Nacional de Comunicaciones del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile y periodista de la Universidad Pedro de Valdivia, comenzó su exposición postulando que sus argumentos son bibliocéntricos y religiosos, sin embargo, no homofóbicos, como aseguró que se los ha catalogado. De hecho, manifiesta su respeto por el libre albedrío, donde nadie debiese tener derecho a entrometerse en la vida sexual del resto. En este sentido, se mostró a favor de la existencia de un Acuerdo de Vida en Pareja.

Sin embargo, su ámbito de preocupación lo constituye que esta discusión sea la puerta de entrada a que se regule el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, a lo que se opone tajantemente, al igual que la posibilidad de adopción de hijos para parejas del mismo sexo, fundamentando la vulneración de la libertad de los niños.

Marcela Ruiz, Investigadora Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Coordinadora Comisión Legislativa en Fundación Iguales, planteó la situación de desigualdad en la cual se encuentran las parejas del mismo sexo, ya que desde el punto de vista del derecho de familia, el matrimonio es la única regulación que entrega protección, principalmente económica, a sus miembros. Si bien para las parejas –independiente de su orientación sexual- existen maneras de generar cierta protección, el acceso a ello es caro y por ende, limitado. En base a ello, debiese existir a nivel jurídico una norma que regule las convivencias de parejas tanto homosexuales como heterosexuales, y no crear una institucionalidad separada, sólo para parejas del mismo sexo bajo el argumento de que para las otras existe el matrimonio, como es el caso de Alemania, en donde la regulación pasa a ser una ley de segunda clase.

El Director Ejecutivo de Comunidad y Justicia, y representante de Idea País, Tomás Enríquez, expuso que una definición de matrimonio debe ser estricta y sólo referido a un hombre y una mujer, ya que una de sus funciones primordiales es el engendrar hijos. Sumado a lo anterior, cree que de aprobarse el AVP disminuiría la cantidad de matrimonios, lo cual es negativo para la sociedad. Asimismo, enfatiza la cantidad de relaciones de convivencia que no son reguladas, y que también debiesen ser incluidas en el proyecto, ya que la norma que regula el matrimonio, así como la planteada en estos proyectos de ley, no toman en cuenta los sentimientos de la pareja, de manera que su posición, es que este tipo de relaciones de convivencia no amorosa, deben ser incluidas dentro de la normativa, sin llegar nunca a parecerse al matrimonio.

Por su parte, Alan Spencer, abogado del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, enfatizó el carácter cambiante de la ley, la cual va evolucionando con el tiempo acorde a los cambios de la sociedad, como sucede con la concepción de matrimonio y la familia. Por ello, en un contexto donde las relaciones han cambiado, y gran parte de la población chilena convive, es sensato pensar en un Acuerdo de Vida en Pareja que regula la administración de los bienes conjuntos. Sin embargo, dijo, los proyectos presentados son ambiguos, no plantean un cambio en el estado civil y no se plantean bajo los estándares del principio de protección de la familia, entre otros elementos.

Finalmente, Oscar Rementería, Coordinador de Estudios en Instituto de Política Liberal y vocero del Movilh, plantea una posición contraria a la de Tomás Enríquez, enfatizando que el matrimonio no puede seguir siendo definido por temas como el engendrar hijos, y que en un contexto donde más de dos millones de chilenos conviven, es necesario que se genere una política que permita regular esta situación. Es necesario, declara, hacerse cargo de la realidad, y que el Estado no puede impedir a dos personas mayores de edad, en completo uso de sus facultades, que celebren un contrato. Ejemplifica con el revuelo que se causó al aprobar la ley de divorcio, donde se esperaban consecuencias catastróficas, sin embargo, actualmente es un tema normal. En resumen, enfatiza que la ley es un reflejo de la evolución de la sociedad, de manera que el AVP haría mucho en ese sentido, al ayudar a proteger a la gran cantidad de parejas –indistintamente de su orientación sexual- que viven actualmente como uniones de hecho.

Mesa de análisis AVP

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