Agricultura sostenible y alianzas público-privadas en América Latina

Este tipo de alianzas han sido normalmente utilizadas para infraestructura, educación y salud, pero se han estado implementando cada vez más en la agroindustria, a lo largo de la región.

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Generar modos de producción agrícola sostenibles, que incrementen la producción actual de alimentos sin amenazar su producción futura, es una importante meta de la comunidad internacional, siendo parte de la Agenda 2030. Una de las maneras de lograr una agricultura respetuosa del planeta y de las personas es mediante la creación de alianzas público-privadas, entre instituciones públicas y el sector privado. Qué se entiende por agricultura sostenible y cuál es el rol de las alianzas público-privadas en este ámbito en América Latina y Chile, en la siguiente nota.

Definiendo el concepto de agricultura sostenible

La agricultura sostenible busca aumentar la productividad y suplir la demanda de alimentos, pero respetando al medioambiente y a las comunidades locales, generando empleos y una vida digna para los involucrados en la producción alimentaria. Se trata, según el Ministerio de Agricultura, de un tipo de agricultura eficiente que “garantiza la satisfacción de las necesidades nutricionales básicas de las generaciones actuales y futuras, y aporta diversos beneficios económicos, sociales y ambientales”. 

Lograr que los sistemas de producción de alimentos sean sostenibles y resilientes es una de las metas del Objetivo Nº2 (Hambre Cero) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esta agenda de desarrollo busca que hacia el 2030 los países aumenten la productividad agrícola contribuyendo al mantenimiento de los ecosistemas, fortaleciendo la capacidad de adaptación al cambio climático y mejorando progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 

Existen diversas maneras de promover la agricultura sostenible, las que pueden ser implementadas por pequeños agricultores y sus comunidades, por el Estado, por empresas privadas, por universidades, ONGs, organizaciones internacionales, entre otros actores. A continuación se analiza el rol de la acción conjunta entre el Estado y el sector privado en la promoción de este tipo de agricultura responsable frente a las personas y al planeta.

¿Cuál es el potencial de las alianzas público-privadas en la promoción de la agricultura sostenible?

Una alianza público-privada es cuando una institución pública genera un acuerdo con una o más organizaciones del sector privado (empresas, ONGs, universidades, entre otros actores), para que estas últimas otorguen servicios o desarrollen labores que son de responsabilidad del sector público, generando beneficios sociales. Tal como sostiene un documento de la FAO (2016), las alianzas público-privadas son un mecanismo para mejorar la provisión de bienes y servicios públicos al generar una asociación con el sector privado, pero asegurando que el gobierno retenga un rol activo en la determinación de los objetivos socioeconómicos a alcanzar. 

Existe consenso respecto de que se requieren altos niveles de inversión para impulsar una agricultura conducente al desarrollo sostenible y reducir la pobreza. Los altos costos de los proyectos agrícolas es uno de los factores que explica la promoción de alianzas público-privadas en este sector. Ello, ya que este tipo de alianzas son mecanismos para acceder a recursos económicos adicionales y para compartir riesgos de inversión entre el sector público y el privado. Este tipo de alianzas son emergentes en el ámbito de la agricultura, siendo especialmente comunes en los sectores de infraestructura, salud y educación.

Existen múltiples modelos de alianzas público-privadas en el sector agrícola en países en desarrollo. Según la FAO, existen principalmente cuatro tipos, aquellos orientados a: 

  • Promover el desarrollo de cadenas de valor
  • Incentivar la investigación e innovación agrícola, y la transferencia de tecnología
  • Construir o mejorar la infraestructura agrícola
  • Entregar servicios vinculados al desarrollo de los agricultores

A continuación se analizan algunas de las tendencias en alianzas público-privadas en la agroindustria en América Latina.  

Alianzas público-privadas en agricultura en nuestra región

Luego de investigar lo que sucede en este ámbito en 15 países de África, América Latina y Asia, la FAO (2017) concluye que los tipos de alianza público-privadas en la agroindustria varían mucho entre regiones. En el caso de América Latina, la mayoría de los casos identificados dicen relación con el desarrollo de cadenas de valor, particularmente para ampliar el acceso a mercados (tanto nacionales como internacionales) y revitalizar los sectores de productos básicos.

Esta realidad difiere con lo que sucede en Asia, en donde se registran muchos casos de alianzas público-privadas relacionados con innovación y transferencia de tecnología, y de infraestructura. 

Respecto de la estructura financiera de este tipo de alianzas, según la FAO, en América Latina se privilegian los fondos nacionales promovidos por el sector público, en los que subvenciones y conversiones de capital se dirigen a organizaciones de productores y pequeñas y medianas empresas del agro. En contraste, por ejemplo, en Asia y en África, se priorizan los proyectos de desarrollo en los que distintos donantes realizan contribuciones financieras o de especies. 

El costo de los programas de alianzas público-privadas varían por país y por proyecto, pero, en general, según la FAO (2017), los valores de los programas en América Latina son altos. Entre los casos estudiados por esta organización, los valores fluctuaron entre US$ 25 millones de un programa implementado en Perú denominado “Servicios de apoyo para promover el acceso a los mercados rurales”, hasta US$126 millones del programa ecuatoriano “Programa Nacional de Empresas Rurales Inclusivas”.

Chile: entendiendo las alianzas público-privadas en la agricultura

Durante los últimos 30 años, el Estado chileno ha apoyado de diversas maneras a los emprendimientos productivos. Por ejemplo, ha financiado etapas de pre-inversión y bienes públicos, y ha otorgado recursos para proyectos de innovación . A través de estas medidas, el Estado busca obtener retornos sociales, sin pretender lograr la devolución de los recursos invertidos ni lograr algún beneficio económico. Algunas de las instituciones públicas que se involucran en estas actividades son la CORFO y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 

En Chile existen varias experiencias de alianzas público-privadas en el sector de la agroindustria. Según un informe de la FAO (2013), este tipo de alianzas en la agricultura chilena ha beneficiado tanto al sector público como al privado. El sector público tiende a beneficiarse con el aumento de empleos, la inclusión, innovación y el mayor dinamismo agrícola en territorios usualmente marginados. Por otra parte, en Chile, el sector privado tiende a beneficiarse con rentabilidad y mayor acceso a mercados, menores costos de pre-inversión y mejor relación con proveedores. Según este documento, para ampliar programas de este tipo, en Chile las empresas de un mismo rubro deben superar el individualismo y la desconfianza en relación a otras empresas similares, así como progresar en la coordinación con instituciones públicas.

Algunos casos de alianzas público-privadas en Chile que son destacados por la FAO son: el programa territorial integrado del pisco (llevado a cabo entre la industria pisquera y el FIA, y que tiene como propósito cambiar el destino de la producción y las estrategias de comercialización), y un proyecto de cooperación entre la cooperativa Colún y la CORFO (mediante el cual se busca mejorar la productividad y la calidad de los proveedores). 

¿Cuáles son las prioridades de acción en agricultura sostenible en Chile? Nuestro Protocolo de Agricultura Sustentable (2016) y la innovación tecnológica

Uno de los propósitos del Ministerio de Agricultura es “promover un sector agroalimentario y forestal competitivo basado en la sustentabilidad ambiental y social”. En el marco de un convenio entre dicho ministerio y el INDAP, el Consejo Nacional de Producción Limpia y la CORFO, se desarrolló un Protocolo de Agricultura Sostenible, el que fue publicado el año 2016.

Este Protocolo cuenta con 10 principios, que son prioridades de desarrollo para los años que vienen

  • Monitoreo y uso del recurso hídrico
  • Respeto de los derechos humanos, condiciones de trabajo y protección social
  • Manejo de residuos
  • Manejo y aplicación de agroquímicos
  • Gestión de la inocuidad y trazabilidad
  • Relación con las comunidades locales
  • Gestión de la biodiversidad y servicios ecosistémicos
  • Gestión energética
  • Manejo y conservación de suelo
  • Aseguramiento de la sanidad y bienestar animal

La innovación tecnológica debería estar presente en cada una de estas prioridades de desarrollo, y en este ámbito existe un amplio espacio de crecimiento para alianzas público-privadas en nuestro país. 

Tal como sostiene la FAO, una de las razones por las cuales las instituciones públicas se sienten atraídas a realizar alianzas con el sector privado es aprovechar la innovación y la eficiencia que usualmente existe en organizaciones privadas, lo que incluye el acceso a tecnologías y habilidades en gestión y comercialización. Ello repercute en formas de producción más eficientes, contribuyendo a eliminar obstáculos relevantes para lograr una agricultura sostenible: plagas y enfermedades, impactos del cambio climático y de desastres (tales como inundaciones e incendios), pérdidas posteriormente a las cosechas, baja calidad de productos y bajo valor agregado. 

 

 

 

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