Agricultura sostenible: desafíos éticos y jurídicos del manejo de semillas

Conciliar las políticas para poner fin al hambre en el mundo, garantizar la seguridad alimentaria y de las nuevas tecnologías parece ser un desafío sin precedentes para la humanidad. Por lo mismo, el rol de la bioética es fundamental para ponderar los beneficios y los riesgos, así como los eventuales dilemas que provoca el uso de las biotecnologías en particular en el manejo genético de las semillas.

Por Equipo Bioética

||Autor Fotografía: wiki commons

La urgencia de poner fin al hambre

La falta de seguridad alimentaria en diversas regiones del mundo, producto de factores climáticos y geográficos, es un problema que ha estado lejos de ser resuelto por la comunidad internacional.

La FAO entiende que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.

Por lo mismo, dos son las dimensiones de esta seguridad: el acceso a alimentos y la  calidad de éstos para el consumo humano.

La falta de acceso a la alimentación es un problema que afecta a casi 800 millones de personas que padecen de hambre crónica en el mundo. Por lo mismo, al surgir la Agenda 2030 de Naciones Unidas se planteó como Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS, N° 2), lograr el “Hambre Cero” en la humanidad y mejorar ostensiblemente la seguridad alimentaria.

La promoción del desarrollo de una agricultura sostenible es fundamental para garantizar la tan anhelada seguridad alimentaria. En este marco, dentro de las metas fijadas por el ODS 2, atendiendo al impacto que tiene sobre sistemas de producción de alimentos resilientes, se encuentra el resguardo de “la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus correspondientes especies silvestres”.

De esto se infiere la importancia que tiene la rigurosidad en la investigación biotecnológica, la responsabilidad de los equipos de investigadores en el impacto ambiental de sus investigaciones, y la importancia de sopesar adecuadamente los riesgos. En este sentido, la Declaración sobre Biotecnología de la FAO, del año 2000, sigue plenamente vigente, extendiendo recomendaciones en esta línea que han sido acogidas por el Estado Chileno.

La ética del manejo de las semillas

Las nuevas tecnologías aplicadas a la producción de semillas más resistentes a los cambios de temperatura, a las lluvias o a las plagas, por ejemplo, pueden potenciar la producción de alimentos y estimular el desarrollo de pequeños productores y agricultores de zonas rurales. Sin embargo, podrían también hacerlos desaparecer, si no se hace un manejo responsable de estas tecnologías y no se evalúan sus riesgos e impactos en el mediano y largo plazo.

Entender a las semillas como recursos biológicos que un país debe cuidar ha sido uno de los principales desafíos de este ODS. Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas, de 1992 y ratificado por Chile en septiembre de 1994, los recursos biológicos – como lo son las semillas – forman parte esencial de la diversidad biológica cuya utilización sostenible debe promoverse por los países, de manera que su empleo se realice en condiciones que garanticen su conservación en el largo plazo y la posibilidad de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras.

Las semillas forman parte del patrimonio mundial de la humanidad dado su incalculable valor. Por lo mismo es que resulta tan importante evaluar en profundidad los impactos que sobre ellas pueden tener las modificaciones genéticas que a través del uso de las biotecnologías se les pueden introducir.

Dentro de estas modificaciones, resaltan los alimentos transgénicos, que corresponden a aquellos modificados artificialmente con genes de otras especies, y los alimentos cisgénicos, que son aquellos a los que se les implantan genes de su misma especie, y que han sido reconocidos incluso por la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea (EFSA) como una herramienta clave para evitar la hambruna, debido a que son una tecnología altamente eficaz para combatir la escasez alimentaria y producir comida a niveles industriales y masivos.

Si bien no pueden negarse aspectos altamente positivos de las semillas modificadas genéticamente, como su mayor resistencia ante el stress ambiental (producto de los efectos del cambio climático, las sequías o las inundaciones) y el biológico (ocasionado por la exposición a bacterias y virus), su capacidad para evitar alergias alimentarias (gluten-free) o la posibilidad de incluir en ellas proteínas de alto valor nutricional, como se ha destacado en numerosos reportajes sobre el arroz enriquecido con Vitamina A, que tiene la potencialidad de reducir la desnutrición a nivel global y que ha sido utilizado especialmente en el África subsahariana; no debe desconocerse, por otro lado, que como contrapartida la modificación genética de las semillas podría llegar a generar importantes cambios en los ecosistemas, limitar la agricultura a pequeña escala, provocar la deforestación y degradación de la calidad de los suelos, e incluso hay quienes estiman además, que no existe suficiente evidencia científica acerca del impacto que estas modificaciones podrían tener sobre las actuales y futuras generaciones de consumidores, considerando que el consumo de este tipo de productos no es del todo seguro.

El caso argentino y la modificación de semillas de soja

El éxito del “modelo sojero” de Argentina, implementado a partir de 1996 y que transformó al país trasandino en el tercer mayor productor y exportador de semillas de soja, genéticamente modificadas, ha sido objeto de estudio. A pesar que en términos de crecimiento económico esta tecnología ha sido un éxito indiscutido, la transformación agraria ocurrida desde entonces cambió casi por completo las dinámicas socio-ecológicas del país. Por esto, gran parte de la literatura sugiere que los sistemas alimentarios han de tender a la sostenibilidad, minimizando la deforestación y promoviendo la capacidad regenerativa de los suelos.

Específicamente en el caso argentino, dos décadas después de la implementación de la agenda de modificación de semillas, la inequidad ha aumentado producto de la concentración de negocios agrícolas y de la propiedad sobre las tierras; además, se han producido desplazamientos forzosos de comunidades rurales y la relocalización de éstas en lugares no del todo adecuados; se ha ocasionado, además, una pérdida en la seguridad alimentaria producto de riesgos para la salud ocasionados por la exposición a productos agroquímicos.

Junto con esto, se ha producido una altísima deforestación, pérdida de biodiversidad y del material genético tradicional de los pueblos, y lo que es más preocupante aún, porque altera la biodiversidad y los ecosistemas de las futuras generaciones, ha ocurrido la emergencia de “superhierbas” resistentes al glifosato, herbicida cancerígeno según la OMS.

El marco normativo en Chile: un muy lento avance

En términos generales, la legislación nacional no prohíbe la introducción de semillas genéticamente modificadas, aunque  ha ido estableciendo caso por caso medidas de bioseguridad específicas dependiendo de la especie y de la modificación genética incorporada.

Actualmente, la única norma específica vigente en Chile que regula la liberación de transgénicos y otros productos biotecnológicos al medio ambiente se encuentra en la Resolución N°1.927 de 1993 modificada por la Resolución N°1.523 de 2001, ambas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), sobre Normas y Regulación de Liberación de Transgénicos.

De acuerdo a esta resolución, Chile autoriza el ingreso de semillas transgénicas y permite pruebas de campo sólo para la producción de semillas para exportación, sin permitir la liberación de transgénicos con fines alimentarios.

Por otra parte, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente N°19.300 considera que la liberación de transgénicos y otros productos biotecnológicos al medio ambiente debería someterse a un estudio de impacto ambiental obligatorio, pero en la realidad, esto no se aplica pues ésta actividad no está claramente especificada en la normativa, estableciéndose de manera demasiado genérica. Al respecto, la Ley N°20.417 del año 2010, que modifica la Ley 19.300 creando el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, establece que se debe dictar un Reglamento que regule esta materia, lo cual está aún si realizarse.

Junto a esto, el Reglamento Sanitario de los Alimentos, modificado por última vez el 18 de enero de 2017, ha venido a regular la materia estableciendo criterios microbiológicos para la modificación genética de las semillas.
Entre los Proyectos de Ley que sobre esta materia se están tramitando actualmente ante el Congreso Nacional, sobresale uno que busca modificar la Ley 20.606 sobre Etiquetado de alimentos en el sentido de exigir un etiquetado especial en el caso de los Organismos Genéticamente Modificados, lo cual incluye a las semillas (Boletín 10039-11)

Sin perjuicio de la escasez  de normativa que regule el manejo responsable de semillas en nuestro país, debe destacarse la labor que está desarrollando el Estado a través de instituciones como el INDAP, para avanzar en materia de seguridad alimentaria a través de programas en diversas comunidades indígenas de nuestro país.

Así por ejemplo, a través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena se busca integrar la cosmovisión indígena en la producción de alimentos y el uso agrícola, ganadero y apícola abarcando a usuarios indígenas de más de 70 comunas a lo largo del país.

Este foco considera que tanto la producción de alimentos para la venta como la producción a pequeña escala para la propia seguridad alimentaria de núcleos familiares o de comunidades de pueblos originarios son actividades de fomento, lo que ha permitido que la producción de alimentos a nivel local sea parte de varios fondos estatales que van destinados al “fomento productivo”, en lugar de ser considerados como meros programas sociales a los que se le asigne un menor financiamiento.

Esto ha permitido a varias comunidades Mapuches y Aymaras postular a fondos para la producción agrícola, sin necesariamente ser productores en el sentido tradicional pero sí asegurando el suministro de alimentos para sus familias.

Lo anterior resulta muy importante dado que la visión de fomento productivo del INDAP implica no tener a estas tierras como ociosas o improductivas, sino que por el contrario busca un uso continuo de estos suelos, abarcando tanto a los indígenas más tradicionales que las utilizan para el autoconsumo como a aquél que desea realizar emprendimientos agrícolas, artesanales, apícolas, entre otros, lo cual realza la heterogeneidad que existe dentro de los mismos pueblos originarios. Sin dudas, un ejemplo a mantener y replicar en más comunas.