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Bioética | Observatorio Parlamentario

El Acuerdo de Cooperación de la COP21: bases para una nueva ética ambiental global

08 Enero 2016

El documento final firmado en París por 195 naciones establece acciones globales para combatir el cambio climático, e ineludiblemente deberá hacerse cargo de los aspectos éticos que este fenómeno plantea. ¿Será éste el legado más importante que nos deja la COP21?

El Acuerdo de Cooperación de la COP21: bases para una nueva ética ambiental global

En las últimas semanas, varios artículos han inundado las redes sociales criticando o bien elogiando el Acuerdo global alcanzado hace unos días en la 21a Conferencia de las Partes (COP), que tuvo lugar en París entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015. Esta Conferencia es el cuerpo gobernante de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), entrado en vigencia el año 1994 y cuyo objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, a un nivel que evitaría una interferencia proveniente de los seres humanos que sea peligrosa para el sistema climático.

En dos notas distintas publicadas los días 14 y 17 de diciembre del año recién pasado, el Portal Observatorio Parlamentario dio cuenta de las distintas medidas tomadas por este Acuerdo Global. En esta oportunidad, interesa mostrar cómo este pacto afronta los aspectos éticos del cambio climático y si es que los compromisos desarrollados en él pretenden o no generar un nuevo paradigma de valores y principios medioambientales que regulen la convivencia internacional.

Si hay algo que rescatar a primera vista sobre el Acuerdo – y sobre la COP21 en particular - es que ha logrado instalar el tema del cambio climático en la mayoría de las agendas gubernamentales, dejando atrás a los escépticos que negaban incluso la responsabilidad humana en el proceso de calentamiento global, demostrando una evidente mejora en la voluntad política desde el fracaso sufrido en la COP15 de Copenhaguen el año 2009. Buenas noticias que llegan justamente en el año con mayores temperaturas que ha debido enfrentar la humanidad y que en diciembre de 2015 batió récords incluso en el Ártico, el que registró su temperatura más alta en 115 años, con 1,3°C sobre el promedio histórico.

Una ética ambiental vinculante para todos, ¿es posible?

Hace ya varias reuniones de la COP que se ha venido discutiendo si lo que se necesita en materia de cambio climático es un gran acuerdo global, o acuerdos “fragmentados” de índole regional que resulten en esfuerzos significativos de adaptación y mitigación por parte de los gobiernos nacionales. Al parecer, la propuesta de investigadores expertos como Axel Michaelowa y Billy Pizer de lograr un gran acuerdo global, ha sido escuchada, lo que parece lógico si consideramos al cambio climático como una externalidad que cruza fronteras y que requiere una cooperación internacional eficiente y a gran escala.

No obstante, la incapacidad de lograr que este Acuerdo fuese legalmente vinculante en varios de sus puntos más importantes podría resultar en un grave inconveniente. En efecto, aspectos clave de los compromisos de reducción de emisiones de GEI – como el enunciado que sostiene que se deben hacer “esfuerzos de reducción mucho mayores” de estas emisiones - figuran exclusivamente en el preámbulo de la Declaración Final, careciendo de fuerza legal. En este sentido, el Acuerdo se transforma en una declaración de intenciones y posiblemente en la base de futuras reuniones de la COP, antes que en un texto de real utilidad y efectividad práctica que obligue desde ya a las naciones con mayor índice de emisiones a realizar cambios drásticos.

Compromisos significativos

El Acuerdo alcanzado dejó conforme a gran parte de la comunidad internacional, la que en un principio se mostró bastante escéptica ante la posibilidad de un pacto global. Sin dudas el monitoreo del cumplimiento de los compromisos asumidos, la transparencia, el número final de países signatarios (195, de los cuales 186 ya informaron su Contribución Determinada Nacionalmente - INDC, Intended Nationally Determined Contributions), las medidas de preservación respecto de los bosques y el respeto a países menos desarrollados que constituyen una minoría pero que reciben de forma devastadora los efectos del cambio climático, son algunos de los aspectos más importantes del documento final. Varios de estos compromisos se relacionan con la dimensión ética de los efectos del cambio climático, y dan cierta esperanza a quienes abogan por un cambio de paradigma ético en la relación entre el hombre y el medio ambiente, como por ejemplo:

  • Transparencia climática, revisión y monitoreo de los compromisos. Comenzando el 2018, los países deberán revisar con una periodicidad de 5 años los compromisos adquiridos de acuerdo a su plan nacional para disminuir emisiones de GEI. Dicha revisión se llevará a cabo monitoreando, verificando y reportando la actualidad ambiental y las emisiones en cada país, con un sistema único de evaluación – propuesto por Estados Unidos – para garantizar la transparencia de la información proporcionada por los distintos países.

    Este sistema evaluará tanto a naciones industrializadas como a los países menos desarrollados respecto de sus reducciones en emisión de carbono, haciendo una especie de “inventario” de los avances. Esto permitirá progresar en la desclasificación de información respecto de cuán contaminantes resultan las diversas industrias nacionales, avanzando asimismo en las directrices entregadas por la OCDE a sus países miembros en la materia.

  • Ayuda financiera para adaptarse al cambio climático y mejorar el acceso a la energía. Los países más ricos deberán ayudar a aquellos en desarrollo proveyéndoles financiamiento para cooperar anualmente con medidas de mitigación y adaptación. Un nuevo nivel de ayuda será fijado antes del 2025, con un piso mínimo de 100 billones de dólares.

    Respecto de esta ayuda, existe cierta desconfianza ya que el Acuerdo no señala un número específico, y si bien establece una base importante esto se dispone exclusivamente en el Preámbulo, el cual no es legalmente vinculante; además, varios países en desarrollo se han mostrado insatisfechos incluso con el piso propuesto, ya que este sería insuficiente para propiciar un cambio significativo en el uso de energías fósiles convencionales por energías renovables en aquellos países que carecen casi totalmente de acceso a la electricidad.

  • Reconocimiento del daño ambiental ocasionado a minorías. Deberán tomarse medidas de carácter urgente respecto de la pérdida y el daño ambiental ocasionado por el cambio climático, especialmente en islas pequeñas afectadas por constantes inundaciones, tormentas, tornados y otros desastres ambientales. Este podría considerarse el gran triunfo de los países más pequeños - minorías no-industrializadas que han debido soportar la inmensa carga que supone el cambio climático - sin embargo, no se establec una compensación por el daño ya sufrido hasta la fecha, el que ha sido evidentemente causado por las naciones más industrializadas, lo que atenta contra principios elementales de la ética y el derecho ambiental. En efecto, al menos infringe el principio “Contaminador-Pagador”, desarrollado por Eduardo Pigretti, que postula que todo productor de contaminación debe ser el responsable de pagar las consecuencias de su acción, quedando obligado – independiente de la existencia de culpa o dolo – a indemnizar y/o reparar los daños causados tanto al medio ambiente como a terceros producto de su actuar (responsabilidad objetiva del agente).

  • Un tema clave: la preservación de los bosques. Las Partes deben implementar y apoyar – incluso a través de pagos basados en resultados – políticas que incentiven actividades relacionadas con la reducción de emisiones resultantes de la deforestación y degradación de bosques, y ejercer un rol que garantice la conservación y una administración sustentable de estos. Éste es el mayor reconocimiento que se ha dado en un acuerdo internacional al rol que los bosques juegan en el balance de la vida humana y los ecosistemas, siendo al mismo tiempo una señal política potente que plantea la conservación de bosques que aún permanecen vírgenes.

    Los “resultados” a que se refiere el Acuerdo tiene que ver con otorgar financiamiento – ya sea de origen público o privado – a aquellos países e islas tropicales que, exitosamente, reduzcan o eviten la destrucción de sus bosques y logren desincentivar el uso de esta materia prima para la producción alimentaria o la biomasa (como Costa Rica, que sería el primer país en alcanzar, el año 2021, un 99% de generación eléctrica por vías renovables).

No todo lo que brilla es oro

Desde una perspectiva bioética, los compromisos mencionados son significativos en cuanto juegan un rol clave en la preservación de fuentes alimentarias, en la compensación de los pequeños países sometidos a la fuerza del cambio climático y en la mitigación conjunta de sus efectos entre países o a nivel regional, reconociendo con ello la visión de expertos como David Victor, que abogan por una lucha contra el cambio climático fruto de acuerdos más pequeños y a nivel regional, en lo que él llama “mercados fragmentados”.

No obstante ello, si bien el Acuerdo representa una gran oportunidad para un cambio en el paradigma de la ética medioambiental hasta hoy predominante, algunos aspectos de él y de la práctica deben mejorarse para que este cambio sea efectivo, como por ejemplo:

  1. Si bien el Acuerdo promueve las energías renovables por sobre otras, se siguen considerando como fuentes renovables a las grandes represas hidroeléctricas aún cuando la literatura especializada ha señalado en diversas oportunidades que éstas contribuyen severamente al cambio climático, a la emisión de GEI, y que representan un obstáculo a la adaptación en países menos desarrollados, aumentado la exclusión social y la pobreza.
  2. No se han hecho grandes esfuerzos por frenar la industria extractivista para adecuarla a las ambiciosas metas del Acuerdo. El fracturamiento hidráulico (fracking) sigue sin freno para implementar proyectos, a pesar de que se ha probado su vínculo con el aumento de temperaturas en la tierra, con las fallas sísmicas y la contaminación irremediable de los recursos hídricos debido a la toxicidad de los químicos utilizados.
  3. No se ha profundizado en temas como los refugiados climáticos, los derechos humanos y la perspectiva de género; así las cosas, más que un cambio total de paradigma ético, el Acuerdo intenta moldear tenuemente el modelo actual, concitando de esta manera apoyos mayoritarios que lo denominan como un “hecho histórico” por la cantidad de voluntades aunadas, pero en un acuerdo que requiere de mayor profundidad y exactitud en lo que se propone hacer.

Chile: Políticas de adaptación éticas, basadas en compromisos previos

En línea con los esfuerzos desplegados por otros países latinoamericanos, y comprendiendo la fragilidad de su geografía y ecosistemas, Chile ha dado mayor énfasis a las políticas de adaptación en cambio climático, partiendo por adecuar las legislaciones obsoletas a los desafíos actuales. Recientemente, la Cámara de Diputados ingresó un proyecto que busca adoptar medidas urgentes para combatir, adaptarse y mitigar el cambio climático, moción presentada por los diputados Daniel Melo (PS), Camila Vallejo (PC), Denisse Pascal (PS), Jorge Ratgheb (RN), Andrea Molina (UDI), Giorgio Jackson (IND) y Patricio Vallespín (DC).

La iniciativa tiene por objeto dotar a Chile de regulación especializada en la materia, fortalecer la institucionalidad para formular, implementar y monitorear políticas públicas climáticas, además de crear un fondo especial para el cambio climático en la Ley de Presupuesto del año 2017.

Este Proyecto de Ley (Boletín 10416-12), además, complementaría las INDC que Chile presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 28 de septiembre y que establecía la postura nacional previo a la COP21 y al Acuerdo Global Climático. En ésta, los compromisos abordados por el país fueron:

  1. La reducción de un 30% en las emisiones de GEI por unidad del PIB al año 2030 respecto al año 2007, ampliable hasta un 45% dependiendo del apoyo monetario internacional.
  2. La recuperación y manejo sustentable de 100,000 hectáreas de bosques degradados y la forestación de 100,000 hectáreas adicionales mayoritariamente con especies nativas, compromisos que están condicionados a modificaciones en la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y a la aprobación de una Ley de Fomento Forestal, alineada con los objetivos de la Ley de Cambio Climático propuesta.
  3. Acciones contra los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (SLCP, Short-Lived Climate Pollutants) que representen un aporte sustancial en la mitigación de las causas del cambio climático, y que reduzcan los niveles de contaminación atmosférica local en centros urbanos.
  4. En cuanto a políticas de adaptación, se estableció que para incrementar la resiliencia del país es importante tener una perspectiva descentralizada, que integre estamentos desde múltiples niveles, incluyendo desde luego un punto de vista de ética ambiental que considere a las generaciones futuras.

Como país altamente sensible al cambio climático, aplaudimos estas acciones y compromisos, sin olvidar que, para que no se repitan las imágenes que nos deja el 2015 (inundación de ciudades desérticas como Chañaral, sequías prolongadas, incendios forestales) queda un largo camino de acciones de adaptación al cambio climático por recorrer.

En una próxima nota, volveremos a tratar los compromisos adquiridos por Chile pero desde el sector eléctrico con la agenda de Escenarios Energéticos 2050.

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