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Bioética | Observatorio Parlamentario

El Dilema ético en el uso de los herbicidas

22 Abril 2019

Varios gobiernos en latinoamérica han vuelto a abrir el debate sobre la reanudación de la fumigación con glifosato en los cultivos de uso ilícito. Esto ha levantado suspicacias respecto a los impactos sobre la salud y la biodiversidad de este poderoso herbicida.

||Autor Fotografía: wiki commons

El glifosato y otros herbicidas: ¿son la solución más eficiente?

Los herbicidas han sido tradicionalmente empleados para mejorar la eficiencia de los cultivos, contar con cosechas más cuantiosas e intervenir los ciclos naturales con objeto de maximizar las utilidades económicas resultantes de aquel proceso. Sin embargo, suelen ser muy dañinos con las poblaciones de pájaros y con la biodiversidad de la zona, puesto que pueden no discriminar en qué planta están matando.

Recientemente se ha planteado por parte del Presidente don Iván Duque, de Colombia, la posibilidad de volver a implementar el uso del glifosato, el cual fue permitido por vez última durante el mandato de Álvaro Uribe. En el país cafetero este herbicida ha sido comúnmente utilizado para intentar erradicar, con limitado éxito, los cultivos de hoja de coca en las zonas más selváticas y remotas que hay en Colombia.

El uso del glifosato logra erradicar la mata de coca de una manera fácil, pero el problema es el costo y lo poco eficiente en términos de sostenibilidad a largo plazo. Para sólo erradicar una hectárea de coca deben fumigarse 30 hectáreas, con los consiguientes costos ambientales y sociales. Transformar territorios cocaleros y recuperar sus suelos puede tomar alrededor de 20 años, con la consiguiente pérdida del uso de dichos suelos con fines alimentarios o de preservación de biodiversidad.

Junto con esto, la comunidad internacional ha sido enfática en condenar el glifosato, o al menos su uso indiscriminado. En el informe de una rama de la OMS, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), concluyó que deberían detenerse las aspersiones aéreas de glifosato sobre cultivos con biodiversidad desconocida, por ser ““probablemente carcinogénicos para los seres humanos”, o categoría 2A.

Esta calificación dada por la OMS despertó las alertas para empresas como Monsanto, la cual produce el conocido herbicida roundup desde 1970 -utilizado en todo el planeta- y que tiene como agente activo al glifosato. La evaluación realizada por la IARC es de especial importancia para Monsanto, empresa multinacional que produce el herbicida Roundup desarrollado en la década de los años 70 y cuyo agente activo es el glifosato. ¿Qué tan confiable es esparcir este compuesto a destajo sobre plantas y ecosistemas que también pueden desaparecer producto de su aplicación?

Un gran impulso para la implementación del glifosato ha sido la declarada lucha contra las drogas, pues este herbicida teóricamente ayuda a erradicar cultivos importantes de opioides y coca alrededor del mundo. Sin embargo, es importante aplicar ciertos principios previo a la implementación de un compuesto químico del cual se desconoce la totalidad de los efectos que podría llegar a causar.

La importancia del Principio Precautorio

En este contexto, varias voces desde la academia y la sociedad civil han abogado porque se suspenda el uso del glifosato a nivel mundial hasta que no se conozcan adecuadamente sus efectos en la biodiversidad, tanto terrestre como marina. Por lo mismo, si bien varios artículos señalan que el principio precautorio se encuentra operando en la práctica como parte de la regulación ambiental en Chile, de todas formas es necesario darle una mayor fuerza regulatoria para dotar de legitimidad a las decisiones regulatorias en casos de incertidumbre respecto a los efectos de uno u otro compuesto.

El Principio Precautorio, uyno de los básicos de la legislación ambiental a nivel global, se encuentra claramente dispuesto en el principio 15 de la Declaración de Río (de 1992), el cual expresa que cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

En este sentido, la Corte Constitucional Colombiana señaló el año 2017, respecto al glifosato, que es de suma trascendencia el que se aplique el principio de precaución. Ésta Corte ha señalado que hay un nivel suficiente de dudas para prever los riesgos respecto al medioambiente y la salud humana y animal y que por lo mismo no debe utilizarse hasta que la evidencia científica a su favor sea contundente. Asimismo, la Corte ordenó al gobierno colombiano cumplir con planes de manejo ambiental, protocolos específicos y con estudios que puedan superar la “duda razonable” de los perjuicios del glifosato para la salud.

Pero, ¿qué tan avanzado es el conocimiento científico sobre los efectos de los herbicidas en la salud y la biodiversidad?

En general, los estudios son progresivos, por lo que no puede saberse a ciencia cierta y de forma concluyente, sino más bien es una progresión de la ciencia. Esto es análogo a lo que pasó, por ejemplo, con el tabaco, el cual comenzó a comercializarse en 1890 pero recién en 1950 se concluyó fidedignamente su correlación con el cáncer de pulmón. En el caso del glifosato, hay evidencia de distintos países que muestra la relación entre el contacto del glifosato con los animales y con humanos que dan luces a una posible correlación entre la exposición al glifosato y daños a la salud, como diversos tipos de ćancer. Sin embargo, mientras dicha información no sea concluyente, la aplicación de un compuesto que puede terminar con ecosistemas completos no es aconsejable.

Día de la Tierra 2019: una celebración que plantea alternativas a los pesticidas

Los opositores del glifosato tuvieron un duro revés el día 12 de diciembre de 2017, cuando la Comisión Europea renovó la aprobación del uso de glifosato por un período de 5 años, con una amplia mayoría de los Estados parte de la Unión Europea. A partir de esa fecha, el glifosato puede ser utilizado como una sustancia activa en los Productos de Protección de Plantas (PPPs) hasta el 15 de diciembre de 2022, con la salvedad de que dicha autorización queda sujeta a lo que cada autoridad nacional señale en cada caso en concreto.

Sin embargo, voces disonantes no se resisten a que la incertidumbre científica prime sobre la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Así, proyectos como el California for pesticide reform (CPR), provenientes de la sociedad civil, son importantes para crear conciencia respecto a los impactos de los herbicidas. Con más de 20 años de experiencia en el ámbito del activismo contra los herbicidas, la aproximación de CPR señala la necesidad de reducir el uso de los pesticidas como un asunto crítico de la salud pública y el medio ambiente. CPR tiene una larga historia como Fundación fortaleciendo a los líderes de comunidades de bajos ingresos y alta vulnerabilidad, con activismo y soluciones para mejorar su calidad de vida. Como los pesticidas están en la intersección de diversos asuntos y movimientos, desde la calidad del aire y el agua, pasando por la salud de los niños y su derecho a una alimentación justa y saludable, el desarrollar liderazgos dentro de la comunidad acerca del uso de los pesticidas simultáneamente empodera a quienes buscan, en otros movimientos, justicia ambiental o por la salud de dichas comunidades.

En Chile, iniciativas como el Huerto Konantu son dignas de imitar. Ubicados en Melipilla, esta huerta 100% orgánica en la Región Metropolitana se declara "libre de pesticidas y agroquímicos" y constituye un emprendimiento que va en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU pues preserva la acción por el clima y el cuidado de los diversos ecosistemas.

Sin embargo, para fomentar emprendimientos de este tipo, es necesario una modernización del marco normativo respecto a los plaguicidas en Chile, el cual no contempla iniciativas al respecto. En este sentido, en el país corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) la regulación de plaguicidas de uso agrícola, cuestión que señala el Decreto Ley Nº 3.557 de 1980, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones (Ley 20.308/2008).  Asimismo, las resoluciones que actualmente regulan a los plaguicidas son:

  • Resolución 1.557 de 2014 que establece las normas para la evaluación y autorización de plaguicidas.
  • Resolución 1.400/2015, 1.208/2016 y 5.482/2016. Establece la exigencia para la autorización de plaguicidas.
  • Resolución del Servicio Nº 92 de 2002. Establece las normas para el ingreso de muestras de plaguicidas para experimentación.
  • Resolución del Servicio N°2.195 de 2000. Establece las normas para el etiquetado de plaguicidas.
  • Resolución del Servicio N° 1.038 de 2003. Autoriza procedimiento de importación de plaguicidas, fertilizantes, y fabricación nacional de plaguicidas.
  • Resolución del Servicio N° 7.341 de 2012. Establece requisitos para la autorización de plaguicida para exportación.

 

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