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Bioética | Observatorio Parlamentario

Hacia sociedades más equitativas: paz, justicia e instituciones sólidas desde la bioética

14 Diciembre 2018

El Objetivo de Desarrollo Sostenible N°16 apunta hacia una mejor gobernanza, basada en instituciones sólidas y en derribar todas las formas de violencia contra los ciudadanos. Desde una mirada bioética, interesa analizar qué principios están en juego y qué avances se han realizado en esta línea en el país durante la última década, particularmente en tres ámbitos: crimen organizado, rendición de cuentas y promoción de políticas no discriminatorias.

||Autor Fotografía: wiki commons

La lucha contra el crimen organizado

La meta 16.4 de los ODS llama a una reducción significativa, de aquí al 2030, de “las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada”.

El lavado de activos es entendido como todas las posibles acciones que pretenden dar apariencia legal a recursos provenientes de actividades ilegales; es decir, es la conversión de ingresos provenientes de delitos, en activos cuyo origen criminal no puede ser rastreado.

En este sentido el lavado de activos es una materia de frecuente preocupación a nivel gubernamental, ya que incide directamente en ámbitos tan diversos como una menor recaudación fiscal; el fomento de actividades ilícitas que acceden a financiamiento, como el terrorismo; la reducción del crecimiento económico producto de mercados distorsionados, entre otros.

En los últimos 30 años, las regulaciones encaminadas a combatir el lavado de activos han aumentado exponencialmente, tanto a nivel de los gobiernos nacionales como a través de alianzas de cooperación internacional, pues se advierte que los activos muchas veces cruzan las fronteras nacionales y su identificación requiere de la acción conjunta de dos o más Estados. Esto, por el tremendo poder corruptor que presenta esta actividad, ya que muchas veces los delitos previos al lavado pueden ser violentos y afectar incluso la estabilidad política de un país completo.

Como consecuencia de esta actividad, pueden llegar a crearse redes de procesos y hasta empresas de lavado que afectan las esferas pública y privada, además de la seguridad y las fronteras nacionales. Además, las organizaciones que realizan lavado de activos suelen aprovecharse de situaciones de pobreza y desigualdad para conseguir trabajadores para sus “empresas”, atentando contra la justicia social.

La cooperación internacional, entonces, viene a transformarse en un bastión de esta lucha, y de ahí que la inclusión de este tema como un ODS suscite tanto interés por parte de las Agencias Multilaterales. Esto, pues tratándose de una actividad que cruza fronteras, debido a los mecanismos existentes para enviar dinero de un país hacia otro, los esfuerzos de colaboración deben incrementarse, para que los distintos gobiernos puedan contar con mayores herramientas a la hora de perseguir estos ilícitos. 

Varios programas e iniciativas intergubernamentales y de organismos multilaterales, han sido establecidas en este sentido, siendo las más importantes el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado por el G7 en 1989 -grupo compuesto por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido- y que pasó a ser un grupo informal de la OCDE, para luchar contra el blanqueo de capitales procedente de actividades delictivas, para lo cual en 1990 promulgó 40 Recomendaciones. Como organismos regionales adheridos a éste, se crearon el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), y otros programas desarrollados tanto por el Banco Mundial como por el Fondo Monetario Internacional.

Al mismo tiempo, varios organismos han sido claves en la elaboración de estándares como respuesta a la creciente preocupación sobre el lavado de activos y su vinculación a actividades terroristas. En particular, la Organización de las Naciones Unidas a través de la Convención de Viena, la Convención de Palermo, su Programa Mundial contra el lavado de activos, y el Comité contra el terrorismo ha dictado numerosas resoluciones que intentan establecer una intensa cooperación internacional en este tema; apoyando la consecución de la meta 16.4. Colaboran en ellos grupos como:

Rendición de cuentas y transparencia

La meta 16.6 destaca la importancia de “crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”, lo cual puede conseguirse de distintas formas, ya sea mediante la dictación de nuevas normas, la implementación de programas y planes sectoriales, o bien a través de nudges, esto es, “insinuaciones” de políticas públicas que incentiven a los consumidores a preferir un determinado producto cuya cadena de producción sea más transparente que su competencia. Esta meta no sólo refiere al sector privado sino también  a la rendición de cuentas del sector público, y por supuesto a la información de la cual disponen las agencias multilaterales.

Un ejemplo de rendición en el sector privado, tiene que ver con las cadenas de producción de los alimentos (como por ejemplo, la Ley sobre Etiquetado de Alimentos), o en pro procesos industriales contaminantes, como el proyecto PROPER en Indonesia, el cual fue analizado en una nota anterior y que logró exitosamente un cambio en la mentalidad no sólo de los consumidores, sino también de las empresas con mayores externalidades negativas en el plano socio-ambiental, clasificando a las empresas según su cumplimiento con la normativa de aguas residuales. Rendir cuentas significa actuar con transparencia, lo que permite a los consumidores estar más y mejor informados, favoreciendo una toma de decisión que contemple distintos factores y opere en varios niveles. Este cambio en las decisiones podría llegar a estimular cambios en las malas prácticas de algunas industrias, todo lo cual redunda en avanzar hacia sociedades más justas y equitativas.

Por otra parte, en lo público, la rendición de cuentas también elimina diversas injusticias, sobretodo en lo referido al a transparencia fiscal y de las industrias extractivas. En este sentido, los procesos que contaminan aguas, que desplazan a comunidades y que son ostensiblemente contaminantes deben ceñirse a un acabado proceso de transparencia en el cual la sociedad civil se entere de las externalidades que le son traspasadas y de esta forma puedan, abiertamente, mejorar las inequidades climáticas y actuar conforme a los principios de la justicia medioambiental.

Promoción de políticas no discriminatorias: la seguridad en la libertad de circulación y las migraciones

La meta 16.12 señala abiertamente la necesidad de “promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible”. Aspecto que cobra actual relevancia a propóisito del fenómeno mundial de las migraciones, y en hechos concretos como lo acontencido estos últimos meses con la denominada  “caravana migratoria” de Centroamérica hacia Estados Unidos, donde parece prioritario establecer un trato justo, no violento e igualitario con los migrantes y refugiados víctimas de violencia y de desplazamientos forzosos, con causa humana o climática. Debe considerarse necesariamente al fenómeno migratorio, apropiadamente regulado, como parte sustancial del desarrollo sostenible.

En este sentido, un desarrollo que se precie de ser sostenible debe proveer las facilidades para una mayor y mejor libertad de circulación de las personas para ingresar y para dejar un territorio.

El actual paradigma -poco sustentable y cosificador de la naturaleza- ha forzado un sinnúmero de migraciones, siendo las migraciones forzadas y los refugiados climáticos una  problemática significativa de la última década, asunto que ha sido abordado con sumo cuidado por la Agenda 2030 y sus ODS, en los que se ha incorporado una perspectiva de género para el correcto tratamiento del fenómeno migratorio y la libertad de circulación, con una visión inclusiva y equitativa. Así, la Declaración de la Agenda 2030 ha solicitado fehacientemente a los distintos gobiernos un reforzamiento de la cooperación internacional para así garantizar migraciones seguras, regulares y ordenadas, en concordancia con el respeto de los derechos humanos de los migrantes, reconociendo la precariedad que tácitamente suele acompañar todo desplazamiento.

La falta de libertad de circulación ha dado paso a un escenario espeluznante: alrededor de 30 millones de personas son desplazados forzosos producto de desastres naturales y del cambio climático, cada año. Esto ha presentado nuevos conflictos por bienes básicos: sequías y crisis alimentarias encabezan la lista de factores que provocan un negativo impacto en la vida de millones de personas y que los Estados deben considerar entre sus prioridades, para cambiar la situación en el corto plazo.

Para lograr una mejor libertad de circulación, armónica con los ODS, que dote de seguridad a los ciudadanos y que promueva un desarrollo sostenible, en el último lustro se ha reforzado la cooperación transfronteriza entre los Estados, especialmente en la Unión Europea y en América, a partir de varios pactos y acuerdos entre países limítrofes.

Así, la cooperación transfronteriza y la integración regional pueden ayudar seriamente en la consecución de los objetivos de contar con un desarrollo sostenible que no “deje a nadie atrás”, inclusivo con los migrantes, que promueva la libertad de circulación y dé seguridad a los habitantes de un determinado territorio ante la ocurrencia de estos fenómenos. Como herramienta, la cooperación atenúa la exclusión e integra a regiones y territorios históricamente postergados, y en este tránsito nos lleva hacia sociedades más equitativas.

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