"¡Que Dios nos ayude!". Con esa frase concluyó el primer discurso de 21 de mayo del Presidente Patricio Aylwin en 1990, a sólo meses del retorno a la democracia tras 17 años de régimen militar en nuestro país.
De esa manera, se reinstalaba también en Chile una antigua tradición republicana, que fijaba el día de la conmemoración del Combate Naval de Iquique como el inicio del periodo legislativo ordinario en el Parlamento y la fecha en que el Presidente de la República da cuenta ante el Congreso Pleno del estado administrativo y político de la Nación.
Aunque fue una práctica iniciada poco tiempo después de promulgada la Constitución de 1833, específicamente el 1 de junio de cada año, fue recién en la Carta Fundamental de 1925 donde quedó instaurado como un deber del Jefe de Estado presentarse ante los parlamentarios el 21 de mayo, como una fecha simbólica para el país y que daba inicio al periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el que concluiría en otra fecha significativa para la patria: el 18 septiembre.
Se trata de la Cuenta Anual del Presidente de la República de Chile, más comúnmente conocida como el Mensaje Presidencial o Discurso del 21 de mayo, una ceremonia política inspirada en la tradición inglesa, la que influyó fuertemente en los primeros años de la llamada República Conservadora en nuestro país (1831-1860).
De hecho, siguiendo el mismo ejemplo británico, hasta 1842 el Congreso tenía incluso la costumbre de contestar al discurso presidencial. Hoy en día, sin embargo, el presidente del Senado inicia la sesión plenaria y ofrece la palabra al mandatario de turno, sin que se produzcan mayores imprevistos, aunque no siempre ha sido todo tan ceremonioso.
Según relata el Premio Nacional de Periodismo, Hernán Millas, el 21 de mayo de 1938 se vivió una de las jornadas más acaloradas en la historia del Congreso Nacional, cuando quien se aprestaba a entregar su cuenta era el entonces Presidente Arturo Alessandri Palma.
Miguel Cruchaga Tocornal, quien presidía el Senado por aquella época, cumplió con la formalidad de abrir la sesión y ofrecer la palabra a algún parlamentario antes del discurso del mandatario, entendiendo que por protocolo nadie hacía uso de ella en esas circunstancias.
Pero ese día el diputado y presidente del Frente Popular, Gabriel González Videla, sí pidió intervenir, descolocando a la mesa que presidía la sesión. Un molesto Cruchaga se negó a otorgarle la palabra, a lo que el parlamentario por Coquimbo reclamó: "¡Y entonces para qué me la ofrece!"
En ese momento se desató una verdadera batahola que el presidente del Senado trató de acallar infructuosamente con su campanilla y después con los timbres del salón, hasta que todo se paralizó cuando el jefe del Movimiento Nacional Socialista, Jorge González von Marées, desenfundó un revólver y disparó contra la testera, por lo que terminó derribado a golpes por la policía presente en el lugar y derivado a la Posta Central, tras una refriega que terminó con otros cuatro parlamentarios detenidos, incluido González Videla.
En 1926 el Presidente Emiliano Figueroa Larraín fue el primero que dio cuenta del estado de la Nación un 21 de mayo y salvo algunas excepciones como la del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, quien durante su primer mandato nunca pisó el edificio del Parlamento y enviaba sus discursos para que los leyera el secretario del Senado, la tradición se mantuvo intacta hasta 1973.
El régimen militar que se instaló ese año ordenó el cierre del Congreso y quien asumiría como Presidente de Chile, el general Augusto Pinochet, decidió entregar sus cuentas al país los días 11 de marzo en el edificio Diego Portales, sede de la Junta Militar gobernante, encabezada por él.
La Constitución de 1980, promulgada bajo el mismo régimen, no alteró la nueva tradición impuesta ya que sólo establecía que el Presidente de la República debía "a lo menos una vez al año", dar cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación.
Por tal motivo, el 21 de mayo tuvo que esperar hasta 1990 para volver a ser la fecha de realización de este acto republicano tradicional en Chile, el que fue establecido oficialmente en nuestra Carta Fundamental, con la reforma constitucional de 2005.
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