Garantiza derechos en el proceso de justicia a las víctimas de delitos. Estos derechos pueden incluir la asistencia en juicio, la oportunidad de hablar en juicio, la restitución, u otras medidas para hacer frente a las necesidades de la víctima.
1. Corresponde a la Federación la legislación exclusiva en las siguientes materias:
13. la previsión de los mutilados de guerra y de las viudas y huérfanos de guerra y la asistencia a los antiguos prisioneros de guerra;
1. La legislación concurrente abarca las materias siguientes:
10. las tumbas de guerra y las tumbas de otras víctimas de guerra y de la tiranía;
II. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado.
La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.
Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.
Mediante una ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
La ley establecerá las circunstancias y condiciones en que el Gobierno asistirá a los herederos y dependientes necesitados de las víctimas de delitos dolosos, sin perjuicio de la responsabilidad civil del autor del acto ilícito.
9. El Parlamento aprobará legislación que regule la protección, los derechos y el bienestar de las víctimas de los delitos.
4. La ley dispondrá sanciones penales y civiles por la violaciones de este artículo así como la compensación y rehabilitación de las victimas de torturas o prácticas similares y de sus familias.
La Comisión sobre Derechos Humanos tendrá los siguientes poderes y funciones:
6. Recomendar al Congreso medidas efectivas para promover los derechos humanos y entregar compensaciones a las víctimas de violaciones de los derechos humanos o a sus familias.
Los derechos de las víctimas de los delitos y abusos de poder son protegidos por la ley. El Estado garantizará a las víctimas el acceso a la justicia y a la compensación por daños y perjuicios.
El Estado proporcionará la protección debida a las víctimas, testigos, acusados e informantes cuando sea necesario y según lo regulado por la ley.
Todo atentado contra las libertades personales y la santidad de la vida de los ciudadanos, junto con los demás derechos y libertades generales garantizados por la Constitución y la Ley, es un crimen que no prescribe en el procedimiento civil o penal. La parte perjudicada tendrá derecho a instaurar directamente una demanda penal. El Estado garantizará una compensación justa a los perjudicados.
El Consejo Nacional de Derechos Humanos informará a la Fiscalía la violación de estos derechos y podrá unirse a la demanda civil a favor a la parte perjudicada, si este procedimiento será regulado por la ley.
El Consejo de Estado es un órgano judicial autónomo, y tendrá la jurisdicción exclusiva para resolver disputas administrativas y disputas relevantes para la ejecución de todas sus decisiones, así como la resolución de casos disciplinarios y apelaciones y decisiones de juntas disciplinarias. Es el que se ocupa de dar opiniones sobre los asuntos legales de los organismos determinados por la ley, revisar los proyectos de ley, las decisiones que tienen un carácter legislativo, los proyectos de contratos que la ley determina y sus valores, y en los que el estado o una de las autoridades públicas es una de las partes.
En el proceso penal las personas tienen, además, las siguientes garantías:
i. de resultar víctima, a disfrutar de protección para el ejercicio de sus derechos.
El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.
El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo.
El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados.
En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley.
El Estado será responsable de organizar programas y servicios de asistencia legal gratuita a favor de las personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Ministerio Público en el ámbito del proceso penal.
7. Las víctimas tendrán el derecho de tomar parte en los procedimientos, de conformidad con la ley.
El ofendido será tenido como parte en los juicios desde el inicio de los mismos y en todas sus instancias.
El Estado protegerá a las víctimas de delito y procurará que se reparen los daños causados. Las víctimas tienen derecho a que se les proteja su seguridad, bienestar físico y psicológico, dignidad y vida privada, de conformidad a la ley.
Son atribuciones de la Asamblea Nacional:
9. Elegir con el sesenta por ciento de los votos del total de los Diputados de la Asamblea Nacional, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los Diputados, en consulta con las organizaciones civiles pertinentes:
Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.
Se reconoce y garantizará a las personas:
29. Los derechos de libertad también incluyen:
En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:
8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.
Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.
Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.
La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.
Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.
La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil.
El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia.
Toda persona tendrá derecho a acudir ante los tribunales por la violación de sus derechos y libertades. Cualquiera tendrá derecho a solicitar que se declare inconstitucional cualquier ley, otra legislación o procedimiento relevante durante su proceso judicial.
Los tribunales respetarán la Constitución y declararán inconstitucional cualquier ley, legislación o procedimiento que viole los derechos y libertades que se recogen en la Constitución o que de alguna otra manera entren en conflicto con la misma.
Los juicios son públicos. El tribunal podrá, en los casos y conforme al procedimiento previsto en la ley, decidir que un juicio o parte del mismo se lleve a cabo a puerta cerrada con el fin de proteger un secreto de Estado o de un negocio, la moral o la vida familiar y privada de una persona, o para proteger los intereses de un menor, de una víctima o en interés de la justicia.
Las sentencias serán pronunciadas en público, salvo que los intereses de un menor, de un cónyuge o de una víctima requieran lo contrario.
La ley garantizará a las víctimas el acceso a refugios y centros de atención, métodos apropiados de apelación y asistencia letrada gratuita.
1. La Comisión desempeñará las siguientes funciones:
d. recomendar al Parlamento medidas eficaces para promover los derechos humanos, incluida la concesión de indemnizaciones a las víctimas de violaciones de los derechos humanos oa sus familias;
2. En los casos tanto civiles como penales, los tribunales aplicarán, con sujeción a la ley, los principios siguientes:
c. se concederá una indemnización adecuada a las víctimas de agravios;
Toda persona lesionada por la violación de sus derechos o libertades o de la comisión de un delito por otra persona tendrá derecho a un recurso o asistencia del Estado, según lo prescrito por la ley.
2. Al dictar decisiones en materia civil y penal de conformidad con las leyes, el tribunal respetará los siguientes principios, es decir,
c. otorgar una indemnización razonable a las víctimas de actos indebidos cometidos por otras personas y de conformidad con la ley pertinente promulgada por el Parlamento;
La ley protege los derechos de las víctimas. El Estado garantiza a la víctima protección judicial e indemnización por los daños y perjuicios que se le infligen.
La Confederación y los cantones velarán por que las personas que hayan sufrido daños a su integridad física, mental o sexual como consecuencia de un delito reciban apoyo y sean indemnizadas adecuadamente si experimentan dificultades financieras como consecuencia de ese acto delictivo.
5. En los casos tanto civiles como penales, los tribunales aplicarán, con sujeción a la ley, los siguientes principios, entre otros:
La víctima de un delito penal puede ser indemnizada por el gobierno según lo prescrito por la ley o a discreción del tribunal.
1. La víctima del delito tendrá derecho a ser informada de la investigación y el procedimiento del caso en relación con su victimización.
2. La víctima de un delito tendrá derecho a la rehabilitación social ya la justicia con indemnización prevista por la ley.
2. Todo acto de ese tipo con arreglo al párrafo 1) será punible por la ley y la víctima de tal acto tendrá derecho a una indemnización conforme a lo dispuesto en la ley.
5. Toda forma de intocable o discriminación contraria a esta disposición será punible por la ley como delito social grave, y la víctima de tal acto tendrá derecho a una indemnización conforme a lo dispuesto en la ley.
5. Todo acto contrario a los párrafos 3) y 4) será punible por la ley y la víctima de tal acto tendrá derecho a una indemnización del autor.
2. La víctima de contaminación y degradación del medio ambiente tendrá derecho a ser indemnizada por el contaminante conforme a lo dispuesto en la ley.
3. No habrá ningún tipo de violencia física, mental, sexual, psicológica o de otro tipo contra la mujer, ni ningún tipo de opresión basada en tradiciones religiosas, sociales y culturales, ni en otras prácticas. Ese acto será punible por la ley y la víctima tendrá derecho a recibir una indemnización conforme a lo dispuesto en la ley.
9. Los niños indefensos, huérfanos, discapacitados físicos, víctimas de conflictos y vulnerables tendrán derecho a recibir protección y servicios especiales del Estado.
5. Las familias de los mártires que sacrificaron sus vidas en los movimientos populares, los conflictos armados y las revoluciones por un cambio democrático progresivo en Nepal, las familias de los desaparecidos, las personas que lucharon por la democracia, las víctimas de los conflictos y los desplazados, las personas que fueron mutiladas físicamente, heridos y víctimas, tendrán derecho prioritario, conforme a lo dispuesto en la ley, a la educación, la salud, el empleo, la vivienda y la seguridad social, con justicia y respeto apropiado.
2. Con el fin de cumplir la obligación prevista en el párrafo 1), la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede desempeñar las siguientes funciones:
a. investigar los casos de violación o instigación de los derechos humanos de una persona o de un grupo de personas o de un grupo de personas, investigaciones y recomendaciones para la adopción de medidas contra ellos, previa petición o denuncia presentada a la Comisión por la propia víctima o por cualquier persona en su contra /en su nombre o por información recibida de cualquier fuente, o por iniciativa propia,
3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el desempeño de sus funciones y deberes, podrá ejercer las siguientes atribuciones:
d. ordenar la indemnización de las víctimas de violaciones de los derechos humanos de conformidad con la ley,
c. Los juicios de cualquier asunto se celebrarán públicamente, pero el juez presidente podrá excluir al público de todo o parte de un juicio de conformidad con las normas democráticas:
2. cuando así lo exija el interés de los menores o de las víctimas de un delito; o
Lesotho adoptará políticas destinadas a prestar servicios de apoyo a las víctimas de delitos, incluidos mecanismos para garantizar la indemnización de las víctimas de delitos y ayudar a los grupos vulnerables de víctimas.
5. La víctima de un delito tendrá derecho a hacer una declaración durante las actuaciones del juicio del caso de que se trate, según lo prescrito por la ley.
2. En la administración de justicia, los tribunales se guiarán por los siguientes principios y observarán:
c. debe concederse una indemnización razonable a las víctimas de actos ilícitos cometidos por otras personas, de conformidad con la presente Constitución y otras leyes;
La libertad de la persona humana es inviolable. Nadie puede ser acusado, arrestado o encarcelado arbitrariamente.
Se presume que todo acusado es inocente hasta que se establezca su culpabilidad tras un proceso justo y equitativo que garantice los derechos de defensa.
Los derechos de la víctima están igualmente garantizados.
II. Los derechos de la persona que haya sido víctima de un delito y de un abuso de poder estarán protegidos por la ley. La víctima tiene derecho a participar en el examen judicial y a exigir indemnización por los daños que se le hayan causado.
Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.
El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso.
El ejercicio de la acción penal pública, y la dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el delito, de los que determinen la participación punible y de los que acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales hechos corresponderán, en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes respectivas, a los órganos y a las personas que ese Código y esas leyes determinen.
Descripción: Los factores sobre la justicia civil y la justicia penal del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project evalúan y miden si “la justicia se aplica de forma oportuna por representantes competentes, éticos, independientes, y neutrales, que son accesibles, cuentan con recursos suficientes, y reflejan la composición de las comunidades en las que trabajan”.
Fuente: Índice de Estado de Derecho 2020 del World Justice Project
Descripción: El Índice de Progreso Social busca medir "de manera integral y sistemática exclusivamente en las dimensiones no económicas del desempeño social en todo el mundo". El índice está estructurado en torno a 12 componentes y 50 indicadores. El indicador "Acceso a instituciones de justicia" forma parte del componente "Derechos Personales".
Fuente: The Social Progress Imperative
Descripción: Se dispone de datos anuales para 162 países y áreas geográficas para algunos de los años del periodo 2000 a 2018.
Fuente: Naciones Unidas - Indicadores mundiales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
Descripción: Se dispone de datos anuales para 163 países y áreas geográficas para algunos de los años del periodo 2000 a 2018.
Fuente: Naciones Unidas - Indicadores mundiales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
Descripción: Se dispone de datos anuales para 163 países y áreas geográficas para algunos de los años del periodo 2000 a 2018.
Fuente: Naciones Unidas - Indicadores mundiales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
Descripción: Se dispone de datos anuales para 164 países y áreas geográficas para algunos de los años del periodo 2000 a 2018.
Fuente: Naciones Unidas - Indicadores mundiales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030