En esta sección encontrará un conjunto de textos jurídicos y documentos nacionales e internacionales vinculados a la reflexión y normativa relativa a procesos de descentralización y regionalización en la arquitectura estatal. En nuestro caso se refieren centralmente a propuestas y decisiones jurídicas de los últimos diez años que han ido conformando la nueva institucionalidad de los territorios (regionales, comunales e insulares). Así mismo, se podrá acceder a documentos elaborados por profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional en el marco de los requerimientos de asistencia técnica generado por el quehacer parlamentario.
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El estudio tiene por objeto caracterizar y analizar las funciones, estructura y organización de los Comités de Desarrollo Productivo Regional (CDPR) como dispositivo de apoyo para el logro de los objetivos, de las estrategias y políticas regionales de desarrollo productivo y promoción de la innovación.
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Argüello Verbanaz, Samuel Matías
La literatura que analiza los posibles beneficios de la descentralización política, administrativa y fiscal suele considerar algunos de los siguientes supuestos para que sea favorable para el desarrollo económico: que los gobiernos locales pueden ser más receptivos, identificar mejor e implementar mejor las las demandas de los ciudadanos; que podrá ejercerse mejor la rendición de cuentas; que el gobierno central está dispuesto a transferir competencias efectivamente; o que la capacidad administrativa local es adecuada. Si no se cumplen estos supuestos, los beneficios de la descentralización pueden diluirse y perder eficiencia para promover el desarrollo económico. Uno de los principales argumentos a favor de la relación entre desarrollo económico y descentralización fiscal es que se puede generar una mayor eficiencia en la provisión de bienes públicos, privados y servicios gubernamentales, a causa de una mayor eficiencia en asignación de los recursos, ya sea por captar las necesidades de la ciudadanía de mejor manera o por poder proveer de los bienes y servicios a un menor costo. En la literatura se cita con frecuencia que uno de los factores para promover el desarrollo económico con la descentralización se da a través de la competencia entre las regiones para intentar atraer y retener los factores productivos con cierto grado de movilidad (ya sean personas, empresas, centros de investigación, etc.) con el fin de promover las inversiones y la actividad económica. Ya que las empresas eligen instalarse, en la medida de lo posible, donde esperan obtener un mayor retorno a su inversión y que los beneficios dependen en cierta medida de de los bienes servicios y condiciones que ofrecen los gobiernos regionales, estos pueden tener un incentivo para mejorar la productividad de su administración, ya sea con mejores servicios públicos y una administración más eficiente, menores impuestos o una mejor relación entre estos elementos.
Dazarola Leichtle, Gabriela Maria
La Descentralización implica un traspaso de competencias y recursos desde el nivel central a los niveles subnacionales. En nuestro país, en el ámbito de la descentralización territorial, estas competencias recaen en los gobiernos regionales y las municipalidades. El proceso descentralizador ha sido un tema de preocupación en Chile a lo largo de la historia. Sin embargo, se ha caracterizado por una cultura predominantemente centralista, que muchas veces se presenta como un gran escollo para avanzar en el desarrollo de los territorios. La OCDE afirma que Chile está entre los países más centralizados de la organización, junto a Grecia e Irlanda. En el 2014, los gastos subnacionales gubernamentales en Chile representaron un 3.0% del PIB y un 13.1% de los gastos públicos, lo que contrasta con el promedio de la OCDE que es del 16.6% y del 40.2% respectivamente.
Dazarola Leichtle, Gabriela Maria
Entre los avances legislativos más recientes en materia de regionalización, se pueden destacar la publicación de la Ley N° 20.990 en enero de 2017, que dispone una Reforma Constitucional para la elección directa del órgano ejecutivo del Gobierno Regional. Finalmente, las leyes N° 21.073 y N° 21.074 publicadas en febrero de 2018, que modifican la Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración, regulan la elección por sufragio popular del Gobernador Regional, y el proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales, respectivamente. La principal novedad de la Ley N°21.074, es la institución de un procedimiento de traspaso de competencias desde el Gobierno Central hacia los Gobiernos Regionales, ya sea a petición de los GORE, o de oficio por parte del Presidente de la República. Asimismo, se entregan nuevas funciones para los GORE, en particular, referidas a ordenamiento territorial, fomento productivo, y desarrollo social y cultural. Establece además, Áreas Metropolitanas y se crean nuevas divisiones en la orgánica de los GORE. Con la publicación de la citada norma, se estableció la dictación de 7 reglamentos, de los cuales hasta la fecha, 2 han sido publicados en el Diario Oficial (Reglamento de Política Nacional de Zonas Rezagadas y Reglamento que establece las abreviaturas para nominación de regiones).
Hernández Araya, Rafael Andrés
El presupuesto de los Gobiernos Regionales se compone de gastos de funcionamiento, gastos de inversión y las provisiones que los Gobiernos Regionales pueden recibir desde Subdere. Estos últimos recursos, finalmente también terminan destinándose a iniciativas de inversión. Por tanto, la gran mayoría del presupuesto de las regiones corresponde a recursos para la inversión. El 74,8% de los recursos para la inversión regional se distribuyen entre los GORE considerando el criterio determinado para repartirel 90% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esto implica que la distribución del 74,8% de la inversión se realiza considerando indicadores de pobreza y características territoriales, cuyos coeficientes se encuentran definidos por ley. A esto se sumaun 6,4% de recursos que son propios de las regiones, por patentes y regalías (concesiones mineras, casinos, acuicultura, derechos de agua, entre otras), en cuya distribución el Gobierno Central no tiene ninguna influencia, pues son asignados directamente a las regiones en que se explotan estas actividades.
Soto Martínez, Víctor Javier
Este trabajo tiene como objetivo ofrecer un resumen general del debate en torno al régimen o sistema de gobierno en el derecho comparado. Para esto se realiza una revisión teórica de los diversos sistemas de gobierno estudiados por los académicos (1), y luego un análisis más detallado de casos específicos (2), para que el lector parlamentario pueda formarse una opinión más acabada sobre el tema.
Soto Martínez, Víctor Javier
El presente informe estudia la situación de los llamados “gobiernos corporativos” en la Administración del Estado. Para realizar este análisis se hacen, en primer lugar, diversas aclaraciones conceptuales respecto de los órganos colegiados en nuestro ordenamiento. Luego, se proponen una tipología jurídica (formal) de los consejos en la Administración del Estado y una clasificación funcional de estos. Sobre la base de estas precisiones conceptuales, se pasa al problema de fondo: los gobiernos corporativos en el Estado chileno, desde una perspectiva histórica y funcional (4). El texto decanta en algunas conclusiones generales, que buscan ser de utilidad para la creación de estos órganos en el futuro por parte de los legisladores.
Hernández Araya, Rafael Andrés
De los tres países analizados, los gobiernos regionales de Perú en mayor medida son dependientes de los recursos transferidos desde el gobierno nacional. Por su parte, las entidades regionales en Alemania y España cuentan con una más amplia participación en la recaudación de ingresos. Sin embargo, esto no necesariamente implica autonomía en su esquema de financiamiento, puesto que los gravámenes son definidos desde la legislación nacional. En Alemania y España los principales impuestos (renta de las personas, de las corporaciones, o al valor agregado) son recaudados y compartidos en partes iguales entre el gobierno central y las regiones. Esto es así por legislación nacional que así lo establece, y que indica además qué impuestos y qué tasas serán cobradas. Sí se han cedido otros impuestos a las regiones para que definan sus tasas, pero son de menor volumen, como los que gravan herencias, donaciones, el juego, entre otras. En Perú, se cuenta con una fuente de financiamiento regional denominada canon. De lo que recauda el Estado por la explotación de recursos naturales, un 50% se destina a las entidades subnacionales donde se explota el correspondiente recurso, pero la mayor parte va a las municipalidades. De ese 50%, un 25% va a los gobiernos regionales.