A continuación encontrará una amplia selección de normas y documentos que hacen referencia a temáticas relacionadas con niños, niñas, adolescentes y/o adultos con discapacidad.
Encontrará documentos de elaboración propia BCN así como documentación de elaboración externa de organismos y/u organizaciones destacadas en la materia.
Total de resultados: 14
Guerra Araya, Pedro Sebastián; Cifuentes Vidal, Pamela Alejandra
El presente documento indaga en los estándares que internacionalmente se han construido para la emisión de programación televisiva en lengua de señas, de forma de cumplir con un mandato de accesibilidad de dicha programación para los colectivos de personas con discapacidad auditiva. En ese sentido, se indaga primeramente en los aspectos normativos de la cuestión en Chile, identificando con precisión el marco legal y reglamentario que regulas las emisiones en lengua de señas. Se analiza, asimismo, el contexto normativo internacional, haciendo énfasis en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y la forma en que esta se aplica a las personas con discapacidad auditiva. Finalmente, se indaga en las legislaciones que se refieren sobre el particular en Argentina, México y Francia.
Castro Paredes, Luis
El proyecto de ley mencionado en el título de este informe, Boletín N°12.281-04, busca establecer nuevos objetivos generales para la comprensión de la lengua de señas en la educación básica y media, que complementen las garantías reconocidas por la Ley Nº 20.422, la cual establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en el ámbito de la lengua de señas. En atención al impacto que la inserción de estas disposiciones podría tener en los contextos de elaboración y realización del curriculum escolar, se proponen algunas alternativas de técnica legislativa que, por un lado, preserven el contenido esencial del proyecto de ley, mientras que por otro aseguren su eficacia. En lo principal, se sugieren modificaciones basadas en dos conceptos: a. Mantener los objetivos generales de comprensión y uso de la lengua de señas, pero restringiendo su obligatoriedad a los establecimientos educacionales que tengan un porcentaje de estudiantes con discapacidad auditiva, o de estudiantes en condición de persona sorda. b. Solicitar al Ministerio de Educación impulsar la incorporación de la asignatura optativa de Lengua de Señas para la Educación Básica y Educación Media, de conformidad al procedimiento contemplado en el marco legal, que permite establecer las bases curriculares. Ello, con el propósito de que todos los estudiantes pueden acceder a una lengua de señas, como instrumento esencial para la comunicación y mejor integración social de todas aquellas personas sordas que pertenecen a la comunidad social más amplia de nuestro país.
Truffello García, Paola; Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
Conforme a lo solicitado, este documento se refiere a los mecanismos de control y de denuncia que disponen la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Truffello García, Paola
Conforme a lo solicitado, este documento indica las causas judiciales de interdicción, ingresadas a tramitación y terminadas en los Tribunales de Justicia entre los años 2013 y 2018, ambos inclusive. Se distingue entre las causas de interdicción por demencia, por disipación y las que tienen certificado COMPIN. Para ello se revisó el Reporte Estadístico 2018 del Informe Anual de Justicia, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas en colaboración con la Corporación Administrativa del Poder Judicial y corresponde al último disponible(INE, 2018).
Goldstein Braunfeld, Eduardo Isidoro
Diferentes organismos internacionales vinculados a la protección de la salud y los derechos humanos han llamado a los gobiernos a realizar esfuerzos adicionales específicos para proteger los derechos de las personas con discapacidad (PcD) en su respuesta a la pandemia COVID-19. Esto es, considerando también que la pandemia tiene un impacto mayor en las PcD. En este marco se encuentran directrices para los gobiernos, a quienes se les llama a garantizar derechos y tomar medidas de protección específicas para diferentes situaciones que las afectan. Para ahondar en el conocimiento de estos requerimientos, en abril del presente año, el gobierno de Chile levantó la encuesta “Identificación de necesidades de las PcD en periodo Covid-19". Luego, parte importante de la respuesta gubernamental ha sido desarrollada por la Mesa Intersectorial Discapacidad y COVID-19, liderada por SENADIS. Es así como en el sitio web de este servicio se han publicado una serie de recomendaciones para personas con discapacidad ante el Coronavirus, las que están dirigida a diferentes públicos objetivos, considerando tanto a personas con discapacidades específicas ( visual, auditiva e intelectual) como a sus familias y cuidadores.
Holz Guerrero, Mauricio
En el marco normativo actual, las personas con NEE, sean estas transitorias o permanentes, pueden elegir postular a cualquier establecimiento educacional. La oferta que recibe subvenciones especiales para estudiantes con NEE está compuesta por escuelas especializadas en NEE permanentes (escuelas especiales), escuelas especializadas en Trastornos Específicos del Lenguaje (escuelas de lenguaje) y escuelas regulares con Programas de Integración (PIE). Así definida la oferta se compone de 5.758 establecimientos regulares con PIE y de 2.027 escuelas especiales, incluidas las de lenguaje, lo que representa el 71,01% de los establecimientos subvencionados. La admisión depende, en el caso de las escuelas especiales, de las especiales de lenguaje y de los cupos dispuestos por establecimientos regulares con PIE para NEE permanentes, de sistemas de admisión diseñados por las propias escuelas. Fuera del marco anterior, la admisión general de estudiantes con NEE a escuelas regulares con y sin PIE dependerá de las reglas generales del Sistema de Admisión Escolar (SAE), teniendo a la vista que a ningún estudiante con NEE admitido vía SAE se le puede rechazar la matrícula.
Truffello García, Paola; Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD o la Convención) establece el deber de los Estados partes de reconocer que las personas con discapacidad (PcD) tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, de proporcionar acceso a los apoyos necesarios, así como a garantizar las salvaguardias que impidan abusos en su ejercicio (art. 12). El presente informe revisa la legislación comparada de los casos de Costa Rica, Perú e Irlanda, por tratarse de países que reformaron recientemente sus legislaciones en consonancia con las disposiciones de la CDPD; y Alemania y Francia, que modificaron sus normas de capacidad jurídica incluso con anterioridad a la celebración de la Convención, pero que luego de su ratificación han recibido observaciones por parte del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (el Comité CDPD).
Weidenslaufer Von Kretschmann, Christine Berenice; Truffello García, Paola
El artículo 12 de la Convención vertebra el contenido del derecho a la igualdad ante la ley aplicable a las personas con discapacidad. En el artículo 12, párrafo 1, se reafirma que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. En el artículo 12, párrafo 2, se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. El artículo 12, párrafo 3, establece la obligación de los Estados de proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que sea preciso para el ejercicio de su capacidad jurídica. En el artículo 12, párrafo 4, se describen las salvaguardias con que debe contar un sistema de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. Por último, el artículo 12, párrafo 5, dispone que los Estados deben garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, respecto de las cuestiones financieras y económicas.
Poblete Vásquez, Mario Eduardo
En materia de inclusión laboral de personas con discapacidad, existe una serie de similitudes entre los casos estudiados: España, Reino Unido y Ecuador. Estas tienen que ver, principalmente, con los diversos beneficios a los que empresas acceden por desarrollar la inclusión y respecto de los mismos trabajadores con discapacidad. En todos los casos se encuentran: Exenciones tributarias y acceso a créditos para empresas - Beneficios económicos para trabajadores con discapacidad - Un régimen de inclusión laboral para el sector público - Centros y programas especiales de empleo. En cambio, los casos difieren respecto de las cuotas de reserva para personas con discapacidad en las empresas. Tanto en España como en Ecuador hay cuotas de reserva, pero además se cuenta con excepciones al cumplimiento de esta cuota. En España, dicha excepción tiene que ver con la inexistencia de demandantes con discapacidad o por razones productivas de la empresa. Además, estás excepciones pueden ser prorrogables. En Ecuador, en cambio, está la figura del ‘sustituto’, es decir, la empresa puede llenar su cuota con solo un sustituto por cada persona con discapacidad, el que debe tener algún grado de relación o parentesco con esta última. El Reino Unido no tiene cuotas de reserva. Finalmente, en relación a las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), se observa que los casos estudiados no cuentan con legislación que aborde la inclusión laboral de personas con TEA. No obstante, España y Reino Unido cuentan con estrategias de política pública al respecto.
Cáceres Lara, Marcela Teresa
Se considera que una persona tiene una discapacidad si posee un impedimento físico o mental con efecto sustancial, negativo y a largo plazo en su capacidad para realizar sus actividades diarias normales. Esta es la definición que se encuentra en la Ley de Igualdad o Equity Act de 2010. La cual corresponde a una de las normativas promulgadas por la autoridad del Reino Unido, que rige en Inglaterra, en su esfuerzo y compromiso para mejorar la vida de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Además del Equality Act, que incluye disposiciones que protegen a estas personas al solicitar empleo, se encuentra la Ley de Autismo o Autism Act de 2009, que comprometió al gobierno a producir una estrategia para adultos con esta discapacidad. El año 2010, el gobierno produjo la primera estrategia para el autismo en Inglaterra, denominada Fullfilling and rewarding lives: the strategy for adults with autism in England, que incluyó deberes y recomendaciones en distintas áreas, entre ellas, el empleo. Con respecto a esta materia, la estrategia se basaba en cuatro enfoques que apuntaban a que personas con autismo se beneficiaran de alternativas de empleo y se garantizara la participación de los empleadores. La estrategia del 2010 se actualizó el año 2014, denominándose Think Autism 2014: an update to the government adult autism strategy. En esta se destacó el rol importante de las autoridades locales para que personas con autismo pudiesen conseguir un empleo. Entre sus acciones estaba el promover planes de aprendizaje y dar el ejemplo a nivel local, convirtiéndose en un lugar de trabajo amigable con el autismo. Posteriormente, en 2015, una nueva orientación legal, definida como Adult Autism Strategy: Statutory guidance for Local Authorities and NHS organisations to support implementation of the Adult Autism Strategy, sustituye a la guía anterior y refuerza el papel de las autoridades locales y los llama a desempeñar un papel activo en el desarrollo y la promoción de planes locales de aprendizaje sobre el autismo, a través de la participación proactiva de los empleadores y la contratación de posibles aprendices con autismo, entre otras medidas.