En esta sección encontrará los principales textos legales vigentes, nacionales e internacionales, que contienen disposiciones directamente relacionadas con pueblos indígenas. En el caso del pueblo rapa nui, se han incluido los estatutos que regulan el territorio especial de la Isla de Pascua, en tanto ésta constituye su territorio histórico.
Del mismo modo, podrá acceder a documentos pertinentes elaborados tanto por terceros como por especialistas por la Biblioteca del Congreso Nacional.
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Rivera Polo, Felipe Alonso
El presente informe analiza desde un punto de vista académico la discusión en torno al surgimiento de enfoques basados en los principios del multiculturalismo, la interculturalidad y la plurinacionalidad. La primera parte describe el trayecto de la idea de un Estado y una Nación, que plantea una correspondencia entre homogeneidad cultural, territorio y orden social. La segunda parte, describe como las sociedades se han vuelto culturalmente más heterogéneas, y cómo los Estados ha tratado de procesar dicha diversidad, y el caso de los pueblos originarios, establecer un nuevo modelo de relación. Finalmente, el último capítulo hace una revisión respecto de las definiciones y discusión respecto al concepto de nación, para posteriormente, analizar las tres aproximaciones para establecer un nuevo marco de relaciones entre diversos grupos culturales dentro de un Estado, tomando tanto los elementos conceptuales que les dan forma, como las influencias de escuelas de pensamiento que las influyen.
Lopicich Catalán, Boris Antonio
La presente minuta aborda en específico a los Derechos Humanos de Cuarta Generación, dentro de los cuales se establece a la la Naturaleza o Madre Tierra como sujeto de derechos por sí misma. Se presenta cómo se ha recogido esta doctrina en textos legales latinoamericanos, entre ellos las constituciones de Bolivia, Ecuador y Colombia.
FOCUS
Estudio que busca levantar información respecto de los territorios o sitios de interés vinculados a la exploración y explotación de la industria del litio, identificando los diferentes actores que habitan las cuencas de los salares, para comprender las relaciones socioeconómicas y culturales de los grupos involucrados, haciendo énfasis en las comunidades indígenas, sus creencias y cosmovisión ancestral. El objetivo de este levantamiento es conocer en profundidad las características de estas comunidades para desarrollar mecanismos de relacionamiento comunitario para el crecimiento armónico de los territorios involucrados.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
La crisis sanitaria y socioeconómica producida por la pandemia de COVID-19 ha afectado intensamente a los países de América Latina y ha dejado al desnudo las profundas inequidades sobre las que numerosos informes internacionales, regionales y nacionales han venido alertando en las últimas décadas. En este contexto, la histórica exclusión y marginación política y económica de los más de 800 pueblos indígenas existentes en la región se ha visto acentuada como resultado de respuestas estatales insuficientes a la crisis, que no han considerado debidamente los derechos colectivos de estos pueblos y que han tenido una escasa pertinencia cultural. En esta publicación se ofrece un panorama sintético de la situación de los pueblos indígenas de la región ante la pandemia de COVID-19. Se analizan tanto las respuestas estatales como las de los propios pueblos indígenas a la crisis y se formula una serie de recomendaciones para superar la postergación de estos pueblos en la gestión de la pandemia, poniendo sus derechos colectivos en el centro.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
En su examen de la constitucionalidad de Convenio 169 de la OIT de 2000, el Tribunal Constitucional recurrió a la doctrina que distingue entre cláusulas auto-ejecutables y cláusulas no-autoejecutables, fundándose en si contienen o no la precisión suficiente para ser aplicadas sin más trámite en el derecho interno. La sentencia reconoce tres tipos de mandatos: los auto-ejecutables, los programáticos y los auto-ejecutables sujetos a una condición. Las disposiciones auto-ejecutables se dirigen en general a la autoridad competente, y contienen un mandato directo de hacer: “consultar”, “participar”, “tener en cuenta” y “dar preferencia”. Las normas programáticas también contienen un mandato dirigido a la autoridad, pero se refiere a adoptar una medida con una finalidad determinada en la misma norma: por ejemplo, adoptar medidas para proteger el derecho de uso, delimitar las tierras indígenas o resolver reivindicaciones de tierras. Las normas auto-ejecutables condicionadas son aquellas sujetas a una condición establecida en la misma norma, principalmente la compatibilidad con el orden jurídico nacional o internacional. Ahora bien, cabe tener presente que esta distinción entre normas auto- ejecutables y no-autoejecutables ha sido matizada en la práctica e implícitamente por el propio Tribunal Constitucional en sentencias posteriores.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
El derecho internacional de los derechos humanos reconoce un vínculo entre la vida cultural indígena y sus actividades económicas. Por lo mismo, el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo protege explícitamente aquellas tradicionales y de subsistencia, sin perjuicio de que las más recientes declaraciones de derechos indígenas amplía este ámbito de protección a todas sus actividades económicas.Además,existe una obligación de proteger el trabajo indígena. Por otra parte, existe una protección de la economía indígena asociada a la autonomía indígena, presente tanto en el Convenio 169 como otros instrumentos internacionales. El texto constitucional vigente reconoce un derecho a realizar cualquier actividad económica dentro de ciertos parámetros, la cual puede regularse mediante normas legales. Ahora bien, las prácticas consuetudinarias de comercialización no tienen un tratamiento especial en la legislación vigente.
Poblete Vásquez, Mario Eduardo
A las comunidades Huilliche, muchas veces se las ha considerado pertenecientes a la etnia Mapuche. De este supuesto nace el término ̳Mapuche-Huilliche‘, utilizado para identificar a las comunidades ubicadas, principalmente, entre el Río Toltén y el Seno de Reloncaví (Futuhuillimapu), así como en Chiloé. Sin embargo, esta denominación, da cuenta de una cuestión meramente geográfica, no de una diferencia cultural o étnica sustantiva que permita diferenciarlos de los Mapuche. A pesar de ello, habría dos elementos que pueden resultar distintivos de una identidad Huilliche particular, y que los diferenciaría de los Mapuche. Se estima que las comunidades que se ubicaron al sur del Río Toltén estaban asentadas con anterioridad a la aparición de las comunidades Mapuche. Estas comunidades, además, no utilizan el Mapudungun como lengua, sino un dialecto diferente conocido como Chesungun.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
El estándar internacional de derechos de los pueblos indígenas reconoce y protege la cultura indígena diferenciada, y en consecuencia, reconoce la identidad indígena, tanto en su dimensión colectiva como en su dimensión individual, y establece la obligación estatal de protegerla. En esta materia, la autonomía indígena y autoidentificación cobran un rol central, en tanto la identidad indígena no puede imponerse contra la voluntad del grupo ni contra la de la persona interesada. Adicionalmente,los instrumentos examinados son enfáticos al establecer que el reconocimiento de la pertenencia étnica en ningún caso puede menoscabar el ejercicio de los demás derechos que les corresponden como personas y como indígenas, incluyendo la ciudadanía. Los proyectos analizados proponen incluir la pertenencia étnica en ciertos documentos de identificación aunque con modalidades y alcances distintos. El estándar internacional podría requerir algunos ajustes a los proyectos de ley, en particular, que se trate siempre de un derecho del interesado y que en ningún caso, pueda su ejercicio o no ejercicio acarrear consecuencias para el disfrute pleno de los derechos que le correspondan.
Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
El marco jurídico de la cuestión indígena en Chile está determinado porla Ley de Desarrollo Indígena de 1993 (LDI). Esta reconoce a nueve etnias como las principales del país, protege sus tierras como la base desus culturas y establece mecanismos de participación, aunque no todos ellos han sido implementados. Asimismo, contempla mecanismos para fomentar el desarrollo indígena. En materia de acceso a los recursos naturales, la Ley “Lakenche” de 2008, aplicable a todos los pueblos indígenas del país, les permite solicitar la entrega de la administración la porción de borde costero necesaria para la preservación de sus usos consuetudinarios en elmismo. Su adopción fue celebrada por las organizaciones indígenas que la impulsaron, aunque su implementación ha sido significativamente más lenta que lo previsto en la legislación. El 2008 fue ratificado el Convenio 169 de la OIT que reconoce diversos derechos a los indígenas como colectivo, destacando los derechos territoriales, culturales y de participación. Estos últimos han sido considerados por la propia OIT como la “piedra angular” del sistema. En efecto, la consulta previa indígena ha sido el principal foco de la implementación del Convenio en Chile, la que no ha estado exenta de dificultades.
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE); Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC); Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Han pasado 30 años desde la adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, a pesar de que los Estados de América Latina reconocieron plenamente los derechos de los pueblos indígenas, este continúa siendo uno de los colectivos con mayor rezago en materia económico-social, aun cuando la región ha logrado grandes avances en este ámbito. Un importante reto que enfrenta la región es la construcción de sociedades pluriculturales, inclusivas, equitativas y no discriminatorias. En este escenario, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye una oportunidad para la plena inclusión de los pueblos indígenas, que conlleva el desafío de comprender el paradigma del buen vivir, tanto para repensar el modelo de desarrollo vigente como también por sus implicaciones en la garantía de los derechos de estos pueblos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), consecuentes con el compromiso y el desafío de visibilizar la situación de los pueblos indígenas, presentan en esta ocasión conocimiento actualizado relativo a los derechos territoriales y la situación de los bosques, la demografía y el derecho al bienestar de estos pueblos. Se espera que ello contribuya al seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 y a las acciones urgentes que se requieren para acelerar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países de la región.