Asesoría Parlamentaria

Acoso Sexual en Espacios Públicos. Marcos legales y política pública en Perú y Francia.

• Lampert Grassi, María Pilar

Estudios realizados en diversos países, han dado cuenta de que el acoso sexual en el espacio público es un problema internacional, que afecta a todos los géneros y a ambos sexos, sin embargo, las principales afectadas son las mujeres. Ante esta situación, países como Perú y Francia, han sido países pioneros en desarrollar normativas que buscan enfrentar, prevenir y castigar el acoso sexual en el espacio público, las que han sido reforzadas con políticas públicas que fortalecen el marco normativo. En Perú, desde el año 2015, el acoso sexual callejero se encuentra tipificado, a través de la Ley N°30.314 para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. La ley faculta a los gobiernos regionales, provinciales y locales para establecer los procedimientos administrativos necesarios para que se lleve a cabo la denuncia y sanción mediante multas. Sin embargo, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 032-2016, se estableció que las víctimas pueden recurrir penalmente, si los actos de acoso derivaran en tocamientos sobre la víctima; si en el acto denunciado existieron actos de exhibición sexual sin contacto; o si en el acoso sexual denunciado existieron palabras obscenas o insinuaciones de contenido sexual sin ningún contacto físico. Todos estos delitos ya se encontraban tipificados en el Código Penal peruano. Por otra parte, la ley peruana sobre acoso sexual en espacios públicos, obliga a los gobiernos regionales, provinciales y locales a incorporar medidas de prevención y atención de actos de acoso sexual en espacios públicos en sus planes operativos institucionales, así como también brindar capacitación a su personal, en especial a los miembros de sus servicios de seguridad. Del mismo modo, obliga al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Ministerio del Interior, conforme a sus competencias, a adoptar medidas contra el acoso sexual en espacios públicos. Por su parte, Francia, el año 2018 dicta la Ley N° 703 de 2018( Loi n° 2018-703), la que modifica diversos cuerpos normativos, como el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Acción Social y la Familia, con el objetivo de facilitar la persecución y castigo de los delitos de violencia sexual y género, crea a su vez un nuevo delito, a saber: el ‘ultraje sexista en el espacio público’, el que se castiga con multa de 750 a 1.500 euros en caso de circunstancias agravantes. Sin embargo, y debido a la semejanza de los delitos, además de definir lo que se entiende por ultraje sexista, la ley excluye expresamente, aquellas conductas sancionadas en los delitos de violencia, exhibición sexual, acoso sexual y acoso (hostigamiento), delitos sancionados con penas más altas. Entonces, la conducta sancionada es descrita mediante diversas hipótesis, de forma que la pena se gradúa según la gravedad de la conducta realizada, buscando adecuarse a alguna de las hipótesis tipificadas. El año 2020, se desarrolla un plan llamado "Angela", que busca tanto prevenir el delito a la vez de facilitar su castigo. Así, se realizan campañas de sensibilización a la población, capacitación para el personal de la policía y el transporte, se desarrollan alertas de seguridad y se toman medidas para hacer del transporte colectivo un lugar más seguro. Finalmente, permite que si un agente de policía o un gendarme, observan el delito en flagrancia, pueden multar directamente al autor; o en su efecto, si la víctima acude a la fiscalía, el delito deba ser tratado en comparecencia inmediata por los tribunales, siendo todas las pruebas admisibles (testimonios, grabaciones de audio/video incluso sin el conocimiento del autor).

Estudios realizados en diversos países, han dado cuenta de que el acoso sexual en el espacio público es un problema internacional, que afecta a todos los géneros y a ambos sexos, sin embargo, las principales afectadas son las mujeres. Ante esta situación, países como Perú y Francia, han sido países pioneros en desarrollar normativas que buscan enfrentar, prevenir y castigar el acoso sexual en el espacio público, las que han sido reforzadas con políticas públicas que fortalecen el marco normativo. En Perú, desde el año 2015, el acoso sexual callejero se encuentra tipificado, a través de la Ley N°30.314 para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. La ley faculta a los gobiernos regionales, provinciales y locales para establecer los procedimientos administrativos necesarios para que se lleve a cabo la denuncia y sanción mediante multas. Sin embargo, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 032-2016, se estableció que las víctimas pueden recurrir penalmente, si los actos de acoso derivaran en tocamientos sobre la víctima; si en el acto denunciado existieron actos de exhibición sexual sin contacto; o si en el acoso sexual denunciado existieron palabras obscenas o insinuaciones de contenido sexual sin ningún contacto físico. Todos estos delitos ya se encontraban tipificados en el Código Penal peruano. Por otra parte, la ley peruana sobre acoso sexual en espacios públicos, obliga a los gobiernos regionales, provinciales y locales a incorporar medidas de prevención y atención de actos de acoso sexual en espacios públicos en sus planes operativos institucionales, así como también brindar capacitación a su personal, en especial a los miembros de sus servicios de seguridad. Del mismo modo, obliga al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Ministerio del Interior, conforme a sus competencias, a adoptar medidas contra el acoso sexual en espacios públicos. Por su parte, Francia, el año 2018 dicta la Ley N° 703 de 2018( Loi n° 2018-703), la que modifica diversos cuerpos normativos, como el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Acción Social y la Familia, con el objetivo de facilitar la persecución y castigo de los delitos de violencia sexual y género, crea a su vez un nuevo delito, a saber: el ‘ultraje sexista en el espacio público’, el que se castiga con multa de 750 a 1.500 euros en caso de circunstancias agravantes. Sin embargo, y debido a la semejanza de los delitos, además de definir lo que se entiende por ultraje sexista, la ley excluye expresamente, aquellas conductas sancionadas en los delitos de violencia, exhibición sexual, acoso sexual y acoso (hostigamiento), delitos sancionados con penas más altas. Entonces, la conducta sancionada es descrita mediante diversas hipótesis, de forma que la pena se gradúa según la gravedad de la conducta realizada, buscando adecuarse a alguna de las hipótesis tipificadas. El año 2020, se desarrolla un plan llamado "Angela", que busca tanto prevenir el delito a la vez de facilitar su castigo. Así, se realizan campañas de sensibilización a la población, capacitación para el personal de la policía y el transporte, se desarrollan alertas de seguridad y se toman medidas para hacer del transporte colectivo un lugar más seguro. Finalmente, permite que si un agente de policía o un gendarme, observan el delito en flagrancia, pueden multar directamente al autor; o en su efecto, si la víctima acude a la fiscalía, el delito deba ser tratado en comparecencia inmediata por los tribunales, siendo todas las pruebas admisibles (testimonios, grabaciones de audio/video incluso sin el conocimiento del autor).

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Aplicación de ley de cuotas para la representación política de la mujer: Implementación de Ley 20.840 en elecciones de 2017 y 2021.

• Vargas Cárdenas, Patricia Andrea

La Ley 20.840 establece un sistema transitorio de aplicación de cuotas para la inscripción de candidaturas femeninas a elecciones parlamentarias que define un techo máximo de representación, donde ningún género puede sobrepasar el 60% de participación en el total de registro de postulaciones al Congreso Nacional. La cuota fue establecida para las elecciones de 2017, 2021, 2025 y 2029, y ya dos elecciones se han realizado bajo esta condición. Pero además, para estas cuatro elecciones, la norma contempla destinar un financiamiento especial a las candidaturas parlamentarias femeninas, que consiste en entregar un incentivo económico directo a los partidos políticos que tras la elección resulten con una candidata electa parlamentaria, y un reembolso adicional directo para las candidatas mujeres respecto del ejercicio de su gasto electoral. La norma fue acompañada además de un par de medidas de carácter permanente destinadas a los partidos políticos. Se trata de cambios a la Ley Nº 18.603 que incorpora como una más de las funciones legales de un partido político establecido, la promoción de la participación política inclusiva y equitativa de la mujer, y que adjudica al menos el 10% del financiamiento estatal a los partidos políticos para ser utilizado exclusivamente en la promoción de la participación política de las mujeres.

La Ley 20.840 establece un sistema transitorio de aplicación de cuotas para la inscripción de candidaturas femeninas a elecciones parlamentarias que define un techo máximo de representación, donde ningún género puede sobrepasar el 60% de participación en el total de registro de postulaciones al Congreso Nacional. La cuota fue establecida para las elecciones de 2017, 2021, 2025 y 2029, y ya dos elecciones se han realizado bajo esta condición. Pero además, para estas cuatro elecciones, la norma contempla destinar un financiamiento especial a las candidaturas parlamentarias femeninas, que consiste en entregar un incentivo económico directo a los partidos políticos que tras la elección resulten con una candidata electa parlamentaria, y un reembolso adicional directo para las candidatas mujeres respecto del ejercicio de su gasto electoral. La norma fue acompañada además de un par de medidas de carácter permanente destinadas a los partidos políticos. Se trata de cambios a la Ley Nº 18.603 que incorpora como una más de las funciones legales de un partido político establecido, la promoción de la participación política inclusiva y equitativa de la mujer, y que adjudica al menos el 10% del financiamiento estatal a los partidos políticos para ser utilizado exclusivamente en la promoción de la participación política de las mujeres.

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Comparado del boletín N° 14013-13 con otros proyectos similares

• Palli Cea, Angelo Andrés

Documento elaborado a solicitud de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, y su objeto es realizar una comparación del contenido propuesto en el boletín N° 14013-13, que Establece un régimen de protección, y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, con el texto propuesto en otros proyectos de ley ingresados con anterioridad o con una tramitación legislativa más avanzada.

Documento elaborado a solicitud de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, y su objeto es realizar una comparación del contenido propuesto en el boletín N° 14013-13, que Establece un régimen de protección, y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, con el texto propuesto en otros proyectos de ley ingresados con anterioridad o con una tramitación legislativa más avanzada.

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Salas de lactancia. Información para la discusión del proyecto de ley, Boletín 13.018-13: Situación nacional y legislación comparada.

• De La Paz Mellado, Verónica Cristina
• Lampert Grassi, María Pilar

Se revisan las normas que regulan los espacios de amamantamiento, tanto en la legislación nacional como comparada en Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, Francia y Uruguay.

Se revisan las normas que regulan los espacios de amamantamiento, tanto en la legislación nacional como comparada en Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, Francia y Uruguay.

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Aporte de la participación política de las mujeres a la acción climática

• Amar Díaz, Mauricio Guillermo

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La agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) a partir de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad y su implementación en Chile.

• Ferrero, Mariano José

En base a la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene asignada la responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Además, sus resoluciones tienen carácter obligatorio, ya que los Estados miembros han convenido “en aceptar y cumplir” sus decisiones. Es por ello que, al adoptar por primera vez una resolución sobre las mujeres y los conflictos armados, “el Consejo de Seguridad ha aportado a la problemática autoridad y legitimidad”. La construcción de procesos de paz inclusivos, y que sean duraderos en el tiempo, requiere tomar conciencia y hacerse cargo de que los conflictos, y las situaciones post-conflicto, tienen efectos diferenciados para hombres y mujeres. En ese sentido, como producto del impulso de los movimientos de mujeres, y las distintas organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas y sus Estados miembros han ido adoptando una serie de resoluciones y compromisos que conforman la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) a partir de 2000 cuando se aprobó la Resolución 1325.

En base a la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene asignada la responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Además, sus resoluciones tienen carácter obligatorio, ya que los Estados miembros han convenido “en aceptar y cumplir” sus decisiones. Es por ello que, al adoptar por primera vez una resolución sobre las mujeres y los conflictos armados, “el Consejo de Seguridad ha aportado a la problemática autoridad y legitimidad”. La construcción de procesos de paz inclusivos, y que sean duraderos en el tiempo, requiere tomar conciencia y hacerse cargo de que los conflictos, y las situaciones post-conflicto, tienen efectos diferenciados para hombres y mujeres. En ese sentido, como producto del impulso de los movimientos de mujeres, y las distintas organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas y sus Estados miembros han ido adoptando una serie de resoluciones y compromisos que conforman la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) a partir de 2000 cuando se aprobó la Resolución 1325.

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ODS 5 igualdad de género: su situación en Chile y el mundo.

• Morales Estay, Pablo Andrés

El cumplimiento de la igualdad de género, está lejos de ser alcanzado. Poner fin a la discriminación y la violencia son parte de los principales desafíos, junto con aumentar la participación política y económica de las mujeres en el mundo. El impacto de la pandemia ha exacerbado las brechas de género y ha dejado a millones de mujeres y niñas en vulnerabilidad ante el dispar avance de la recuperación económica. Durante los últimos años, nuestro país ha avanzado en la materia gracias a la educación, el fortalecimiento de su institucionalidad y de las leyes, en miras a resguardar los derechos de las mujeres y niñas.

El cumplimiento de la igualdad de género, está lejos de ser alcanzado. Poner fin a la discriminación y la violencia son parte de los principales desafíos, junto con aumentar la participación política y económica de las mujeres en el mundo. El impacto de la pandemia ha exacerbado las brechas de género y ha dejado a millones de mujeres y niñas en vulnerabilidad ante el dispar avance de la recuperación económica. Durante los últimos años, nuestro país ha avanzado en la materia gracias a la educación, el fortalecimiento de su institucionalidad y de las leyes, en miras a resguardar los derechos de las mujeres y niñas.

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Comisión de Mujer y Equidad de Género Cámara de Diputadas y Diputados. Trabajo desarrollado durante el periodo 2018-2022

• Lampert Grassi, María Pilar
• Cifuentes Vidal, Pamela Alejandra
• Cáceres Lara, Marcela Teresa

El 12 de junio del año 2018, en la sesión 34ª, de la Legislatura 366ª, se aprobó la reforma del Reglamento de la Cámara de Diputados para crear una nueva comisión permanente, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, concebida como un espacio para la discusión democrática y especializada en la garantía, defensa y promoción de los derechos de las mujeres, la diversidad sexual y la equidad de género. El objetivo del presente documento, es dar cuenta del origen de la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, así como del trabajo desarrollado por ésta, exponiendo los proyectos de ley que han sido tramitados desde el 1 de agosto del año 2018, fecha en que se inicia el trabajo de la Comisión hasta enero del año 2022. Finalmente, se entrega información sobre los proyectos radicados en la Comisión, pero que aún no se han tramitado. Además, también se destaca con algunos ejemplos la labor fiscalizadora de los actos del Gobierno que cumple la Comisión, por mandato de la Corporación; así como también su interés por la problemática que afecta a distintos actores de la sociedad civil en temas de relevancia pública.

El 12 de junio del año 2018, en la sesión 34ª, de la Legislatura 366ª, se aprobó la reforma del Reglamento de la Cámara de Diputados para crear una nueva comisión permanente, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, concebida como un espacio para la discusión democrática y especializada en la garantía, defensa y promoción de los derechos de las mujeres, la diversidad sexual y la equidad de género. El objetivo del presente documento, es dar cuenta del origen de la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, así como del trabajo desarrollado por ésta, exponiendo los proyectos de ley que han sido tramitados desde el 1 de agosto del año 2018, fecha en que se inicia el trabajo de la Comisión hasta enero del año 2022. Finalmente, se entrega información sobre los proyectos radicados en la Comisión, pero que aún no se han tramitado. Además, también se destaca con algunos ejemplos la labor fiscalizadora de los actos del Gobierno que cumple la Comisión, por mandato de la Corporación; así como también su interés por la problemática que afecta a distintos actores de la sociedad civil en temas de relevancia pública.

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Mujer y Equidad de Género: Avances en la agenda de género del Gobierno y leyes aprobadas en el Congreso Nacional (2018-2022).

• Lampert Grassi, María Pilar
• Cifuentes Vidal, Pamela Alejandra
• Cáceres Lara, Marcela Teresa

En el periodo 2018-2022, la agenda de Mujer y Equidad de Género ha estado impulsada por variados temas tanto por el Ejecutivo como en sede legislativa. Una revisión de fuentes oficiales revela que la acción gubernamental dio origen a iniciativas legislativas, administrativas y programáticas, en diversas áreas. Por su parte, en el Congreso Nacional, en el período 2018-2022, la agenda de Mujer y Equidad de Género fue particularmente empujada por una serie de iniciativas parlamentarias, las cuales han sido objeto de estudio y discusión por la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados y la Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género.

En el periodo 2018-2022, la agenda de Mujer y Equidad de Género ha estado impulsada por variados temas tanto por el Ejecutivo como en sede legislativa. Una revisión de fuentes oficiales revela que la acción gubernamental dio origen a iniciativas legislativas, administrativas y programáticas, en diversas áreas. Por su parte, en el Congreso Nacional, en el período 2018-2022, la agenda de Mujer y Equidad de Género fue particularmente empujada por una serie de iniciativas parlamentarias, las cuales han sido objeto de estudio y discusión por la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados y la Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género.

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Enfoque de Género en la toma de decisiones: factor clave para una recuperación sostenible.

• Jorquera Vásquez, Carolina Liliana

El presente documento ha sido preparado como apoyo a la participación de diputadas y diputados del Congreso Nacional de Chile en la Audiencia Parlamentaria Anual en Naciones Unidas, sobre el tema “Generar los apoyos políticos y elaborar medidas inclusivas para una recuperación sostenible”, convocado en conjunto con la Unión Interparlamentaria para promover un diálogo global sobre el desarrollo sostenible frente a la pandemia en curso. El evento se llevará a cabo los días 17 y 18 de febrero en Nueva York, Estados Unidos. Los contenidos específicos apuntan a la temática N° 4, denominada La igualdad de género en la toma de decisiones como clave para la recuperación sostenible: la prueba de fuego de la política inclusiva.

El presente documento ha sido preparado como apoyo a la participación de diputadas y diputados del Congreso Nacional de Chile en la Audiencia Parlamentaria Anual en Naciones Unidas, sobre el tema “Generar los apoyos políticos y elaborar medidas inclusivas para una recuperación sostenible”, convocado en conjunto con la Unión Interparlamentaria para promover un diálogo global sobre el desarrollo sostenible frente a la pandemia en curso. El evento se llevará a cabo los días 17 y 18 de febrero en Nueva York, Estados Unidos. Los contenidos específicos apuntan a la temática N° 4, denominada La igualdad de género en la toma de decisiones como clave para la recuperación sostenible: la prueba de fuego de la política inclusiva.

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