Asesoría Parlamentaria

Legislación comparada de protección a las trabajadoras víctimas de violencia de género: Argentina, Ecuador, España, Estados Unidos de América (Nueva York), Nueva Zelanda y Uruguay.

• Truffello García, Paola
• Álvarez Droguett, Paola Alejandra

En el derecho internacional de los derechos humanos existen Convenios e instrumentos que tienen como fin eliminar la discriminación y/o la violencia contra las mujeres, a saber: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Recomendaciones Generales del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer N° 12 y N° 19 sobre la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará y el Convenio de Estambul. En el ámbito laboral, en el 2019 la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre la violencia y el acoso, (núm. 190) y la Recomendación núm. 206 que se refieren a la violencia doméstica y su impacto en el mundo del trabajo, enunciándose una serie de medidas que pueden implementar los Estados Miembros, para mitigar los efectos de esta en el trabajo.

En el derecho internacional de los derechos humanos existen Convenios e instrumentos que tienen como fin eliminar la discriminación y/o la violencia contra las mujeres, a saber: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Recomendaciones Generales del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer N° 12 y N° 19 sobre la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará y el Convenio de Estambul. En el ámbito laboral, en el 2019 la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre la violencia y el acoso, (núm. 190) y la Recomendación núm. 206 que se refieren a la violencia doméstica y su impacto en el mundo del trabajo, enunciándose una serie de medidas que pueden implementar los Estados Miembros, para mitigar los efectos de esta en el trabajo.

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Proyectos de ley de la Comisión Especial de Infancia Senado y su regulación legal a la fecha.

• Truffello García, Paola

A la fecha de este informe, se encuentran radicados en la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes (NNA) del Senado, trece proyectos de ley y uno de reforma constitucional. Del análisis de dichas iniciativas a la luz de la legislación aprobada en los últimos años, se advierte que la mayoría de las temáticas ya han sido abordadas legalmente (nueve), ya sea integralmente (seis) o parcialmente (tres). Las principales materias que se han abordado dicen relación con: el cumplimiento de las pensiones alimenticias, la protección contra el maltrato infantil, el sistema de protección especial para NNA y, la prohibición del expendio de alcohol a NNA. Las leyes que han recogido dichas materias son: Ley N° 21.013 (2017) tipificó el delito de maltrato infantil; Ley N° 21.067 (2018) de Defensoría de los Derechos de la Niñez; Ley N° 21.302 (2021) del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; Ley N° 21.363 (2021) comercialización y publicidad de bebidas alcohólicas; Ley N° 21.389 (2021) del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; Ley N° 21.400 (2021) de matrimonio entre personas del mismo sexo; Ley N° 21.430 (2022) de garantías y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia. Por su parte, no han tenido desarrollo normativo las temáticas de cinco iniciativas relacionadas con: el reconocimiento constitucional de derechos de niños, niñas y adolescentes, el uso de cámaras de grabación en centros de cuidado de niños, la eliminación del infanticidio como delito con pena atenuada, la protección de niños, niñas y adolescentes ante la falta de ambos padres y, la suspensión de la relación directa y regular por la existencia de violencia intrafamiliar.

A la fecha de este informe, se encuentran radicados en la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes (NNA) del Senado, trece proyectos de ley y uno de reforma constitucional. Del análisis de dichas iniciativas a la luz de la legislación aprobada en los últimos años, se advierte que la mayoría de las temáticas ya han sido abordadas legalmente (nueve), ya sea integralmente (seis) o parcialmente (tres). Las principales materias que se han abordado dicen relación con: el cumplimiento de las pensiones alimenticias, la protección contra el maltrato infantil, el sistema de protección especial para NNA y, la prohibición del expendio de alcohol a NNA. Las leyes que han recogido dichas materias son: Ley N° 21.013 (2017) tipificó el delito de maltrato infantil; Ley N° 21.067 (2018) de Defensoría de los Derechos de la Niñez; Ley N° 21.302 (2021) del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; Ley N° 21.363 (2021) comercialización y publicidad de bebidas alcohólicas; Ley N° 21.389 (2021) del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; Ley N° 21.400 (2021) de matrimonio entre personas del mismo sexo; Ley N° 21.430 (2022) de garantías y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia. Por su parte, no han tenido desarrollo normativo las temáticas de cinco iniciativas relacionadas con: el reconocimiento constitucional de derechos de niños, niñas y adolescentes, el uso de cámaras de grabación en centros de cuidado de niños, la eliminación del infanticidio como delito con pena atenuada, la protección de niños, niñas y adolescentes ante la falta de ambos padres y, la suspensión de la relación directa y regular por la existencia de violencia intrafamiliar.

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Protección de minorías y otros grupos vulnerables: La lucha contra la discriminación y la injusticia.

• Rivera Polo, Felipe Alonso

La presente minuta aborda el tema de la protección y promoción de las minorías nacionales y grupos vulnerables, en el marco de la Audiencia Parlamentaria de la UIP / ONU, a realizarse en Nueva York los días 17 y 18 de febrero de 2022. Dentro de los temas abordados, se describen las dificultades en la definición de minorías y grupos vulnerables en el marco del derecho internacional basado en los Derechos Humanos. Ello se inscribe en el problema jurídico del reconocimiento de los derechos colectivos. Finalmente se analizan los instrumentos del Derecho Internacional vigentes que abordan la materia de protección y promoción de los Derechos Humanos de minorías y grupos vulnerables, como las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el tratamiento de la materia.

La presente minuta aborda el tema de la protección y promoción de las minorías nacionales y grupos vulnerables, en el marco de la Audiencia Parlamentaria de la UIP / ONU, a realizarse en Nueva York los días 17 y 18 de febrero de 2022. Dentro de los temas abordados, se describen las dificultades en la definición de minorías y grupos vulnerables en el marco del derecho internacional basado en los Derechos Humanos. Ello se inscribe en el problema jurídico del reconocimiento de los derechos colectivos. Finalmente se analizan los instrumentos del Derecho Internacional vigentes que abordan la materia de protección y promoción de los Derechos Humanos de minorías y grupos vulnerables, como las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el tratamiento de la materia.

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Autonomía territorial indígena: Estándar internacional y ejemplos en la experiencia extranjera: Bolivia, Canadá y Panamá.

• Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
• Rivera Polo, Felipe Alonso

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Autonomía territorial indígena en Panamá: las comarcas indígenas.

• Rivera Polo, Felipe Alonso
• Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

El derecho internacional ha avanzado en las últimas décadas hacia el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, expresada en regímenes de autonomía o auto-gobierno en sus territorios. En este sentido, la autonomía territorial indígena es un régimen acordado, que permite a los pueblos concernidos el control de sus propias instituciones sociales, políticas y culturales y de sus territorios, en el marco del Estado en que habitan. En el caso panameño, la figura donde se concreta la autonomía indígena es la Comarca. Aunque esta no tiene un reconocimiento constitucional, se sostiene sobre una práctica de negociación política de más de cien años. Acá se describe cuáles son las estructuras normativas que hacen posible este régimen de autonomía territorial.

El derecho internacional ha avanzado en las últimas décadas hacia el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, expresada en regímenes de autonomía o auto-gobierno en sus territorios. En este sentido, la autonomía territorial indígena es un régimen acordado, que permite a los pueblos concernidos el control de sus propias instituciones sociales, políticas y culturales y de sus territorios, en el marco del Estado en que habitan. En el caso panameño, la figura donde se concreta la autonomía indígena es la Comarca. Aunque esta no tiene un reconocimiento constitucional, se sostiene sobre una práctica de negociación política de más de cien años. Acá se describe cuáles son las estructuras normativas que hacen posible este régimen de autonomía territorial.

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La nacionalidad a la luz del principio constitucional de plurinacionalidad: Constituciones de Bolivia y Ecuador.

• Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso
• Rivera Polo, Felipe Alonso
• Rubio Apiolaza, Pablo Gonzalo

Frente a la crisis de la identificación entre Estado y Nación, se han desplegado distintas políticas que intentan acomodar la diversidad al interior de aquel. Junto a ellas – multiculturalismo e interculturalidad – ha surgido en la región el concepto de plurinacionalidad, que más que una corriente teórica, constituye una estrategia política de emancipación abrazada por los pueblos originarios en América del Sur, que incluye diversos conceptos teóricos, procesos institucionales y tradiciones culturales, orientadas a alcanzar arreglos institucionales capaces de asegurar la autodeterminación indígena. Por su parte, el Reglamento General de la Convención Constitucional, reconoce a la plurinacionalidad como uno de los principios rectores del proceso constituyente.

Frente a la crisis de la identificación entre Estado y Nación, se han desplegado distintas políticas que intentan acomodar la diversidad al interior de aquel. Junto a ellas – multiculturalismo e interculturalidad – ha surgido en la región el concepto de plurinacionalidad, que más que una corriente teórica, constituye una estrategia política de emancipación abrazada por los pueblos originarios en América del Sur, que incluye diversos conceptos teóricos, procesos institucionales y tradiciones culturales, orientadas a alcanzar arreglos institucionales capaces de asegurar la autodeterminación indígena. Por su parte, el Reglamento General de la Convención Constitucional, reconoce a la plurinacionalidad como uno de los principios rectores del proceso constituyente.

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Multiculturalismo, Interculturalidad y Plurinacionalidad: enfoques para entender las relaciones entre los pueblos originarios y los estados nacionales

• Rivera Polo, Felipe Alonso

El presente informe analiza desde un punto de vista académico la discusión en torno al surgimiento de enfoques basados en los principios del multiculturalismo, la interculturalidad y la plurinacionalidad. La primera parte describe el trayecto de la idea de un Estado y una Nación, que plantea una correspondencia entre homogeneidad cultural, territorio y orden social. La segunda parte, describe como las sociedades se han vuelto culturalmente más heterogéneas, y cómo los Estados ha tratado de procesar dicha diversidad, y el caso de los pueblos originarios, establecer un nuevo modelo de relación. Finalmente, el último capítulo hace una revisión respecto de las definiciones y discusión respecto al concepto de nación, para posteriormente, analizar las tres aproximaciones para establecer un nuevo marco de relaciones entre diversos grupos culturales dentro de un Estado, tomando tanto los elementos conceptuales que les dan forma, como las influencias de escuelas de pensamiento que las influyen.

El presente informe analiza desde un punto de vista académico la discusión en torno al surgimiento de enfoques basados en los principios del multiculturalismo, la interculturalidad y la plurinacionalidad. La primera parte describe el trayecto de la idea de un Estado y una Nación, que plantea una correspondencia entre homogeneidad cultural, territorio y orden social. La segunda parte, describe como las sociedades se han vuelto culturalmente más heterogéneas, y cómo los Estados ha tratado de procesar dicha diversidad, y el caso de los pueblos originarios, establecer un nuevo modelo de relación. Finalmente, el último capítulo hace una revisión respecto de las definiciones y discusión respecto al concepto de nación, para posteriormente, analizar las tres aproximaciones para establecer un nuevo marco de relaciones entre diversos grupos culturales dentro de un Estado, tomando tanto los elementos conceptuales que les dan forma, como las influencias de escuelas de pensamiento que las influyen.

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Panorama de la participación indígena en la institucionalidad chilena.

• Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

En Chile, la participación política indígena, particularmente la mapuche, está presente desde la época colonial. En efecto, tras una primera etapa marcada por el enfrentamiento bélico entre la Corona y los mapuches del sur, comenzó una etapa de negociación política, caracterizada por sucesivos parlamentos entre ambas partes, en los que se estableció el río Bío Bío como frontera y se regularon las relaciones fronterizas. Con la independencia, esta diplomacia intercultural cesó, siendo sustituida por el proyecto republicano de absorción de los territorios al sur del Bío Bío y asimilación de su población. Tras la anexión militar del territorio mapuche a fines de siglo XIX y el fin del proceso de reducción de las comunidades mapuche en el primer tercio del siglo pasado, surgió un movimiento mapuche, cuyas organizaciones tenían fuertes lazos con el aparato estatal chileno y sus partidos políticos, y – a pesar de sus diferencias internas – centraban su discurso en torno a la demanda por las tierras.

En Chile, la participación política indígena, particularmente la mapuche, está presente desde la época colonial. En efecto, tras una primera etapa marcada por el enfrentamiento bélico entre la Corona y los mapuches del sur, comenzó una etapa de negociación política, caracterizada por sucesivos parlamentos entre ambas partes, en los que se estableció el río Bío Bío como frontera y se regularon las relaciones fronterizas. Con la independencia, esta diplomacia intercultural cesó, siendo sustituida por el proyecto republicano de absorción de los territorios al sur del Bío Bío y asimilación de su población. Tras la anexión militar del territorio mapuche a fines de siglo XIX y el fin del proceso de reducción de las comunidades mapuche en el primer tercio del siglo pasado, surgió un movimiento mapuche, cuyas organizaciones tenían fuertes lazos con el aparato estatal chileno y sus partidos políticos, y – a pesar de sus diferencias internas – centraban su discurso en torno a la demanda por las tierras.

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Participación ciudadana en la gestión pública Experiencia extranjera: Ecuador, Colombia, España y Francia.

• Dazarola Leichtle, Gabriela Maria

La participación ciudadana en la gestión pública, se entiende como el proceso a través del cual, las preocupaciones, necesidades y valores de los ciudadanos se incorporan en la toma de decisiones gubernamentales. En dicho marco existen distintas formas y grados de participación. Al respecto se identifica un marco analítico que distingue tres grandes tipos de acciones “participativas”: Información, consulta y participación activa. Concretamente, la participación activa, caracterizada por una colaboración con el gobierno, en que los ciudadanos se involucran activamente, ya sea en la planificación, desarrollo o control de las políticas públicas, generando instancias de diálogo para su implementación, será materia del presente informe. En la experiencia de Ecuador y Colombia, se encuentran normas sobre participación ciudadana en las que se incorporan variadas instancias de participación, con un amplio catálogo de medidas de democracia directa, y otras enfocadas a la “participación activa” de la ciudadanía. En relación a este último tipo de medidas, en Ecuador sobresale la creación de una Asamblea Ciudadana que participa en las políticas de planificación a nivel nacional, además de la existencia de consejos sectoriales, consejos locales de planificación y veedurías ciudadanas.

La participación ciudadana en la gestión pública, se entiende como el proceso a través del cual, las preocupaciones, necesidades y valores de los ciudadanos se incorporan en la toma de decisiones gubernamentales. En dicho marco existen distintas formas y grados de participación. Al respecto se identifica un marco analítico que distingue tres grandes tipos de acciones “participativas”: Información, consulta y participación activa. Concretamente, la participación activa, caracterizada por una colaboración con el gobierno, en que los ciudadanos se involucran activamente, ya sea en la planificación, desarrollo o control de las políticas públicas, generando instancias de diálogo para su implementación, será materia del presente informe. En la experiencia de Ecuador y Colombia, se encuentran normas sobre participación ciudadana en las que se incorporan variadas instancias de participación, con un amplio catálogo de medidas de democracia directa, y otras enfocadas a la “participación activa” de la ciudadanía. En relación a este último tipo de medidas, en Ecuador sobresale la creación de una Asamblea Ciudadana que participa en las políticas de planificación a nivel nacional, además de la existencia de consejos sectoriales, consejos locales de planificación y veedurías ciudadanas.

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La consulta previa indígena en la tramitación legislativa. Información estadística sobre la práctica legislativa chilena

• Meza-Lopehandía Glaesser, Matías Alonso

Se buscaron todos los proyectos de ley en que los parlamentarios han discutido la procedencia de someterlos a consulta previa indígena desde 2009 hasta agosto de 2021. Se encontraron 29 proyectos que cumplieron con los criterios, los que se organizaron en tres grupos: los dirigidos a pueblos indígenas, los generales con disposiciones especificas para pueblos indígenas y los generales sin dichas disposiciones. El 34% de los proyectos fue sometido a alguna forma de consulta indígena, todos los cuales tuvieron su origen en mensaje presidencial. Si se distingue por tipo de proyecto, se aprecian diferencias significativas en el porcentaje de consulta. Los que tienen mayor índice de incidencia son aquellos proyectos de alcance general con disposiciones específicas relativas a pueblos indígenas. Estos alcanzan un 56% — o incluso un 71%, dependiendo de como se contabilicen los casos especiales. Luego vienen los proyectos dirigidos a pueblos indígenas, los que son menos consultados que los anteriores, alcanzando un 30%, o 43% si se excluyen los casos especiales. El índice más bajo lo tienen los proyectos generales, con un 20 o 22% de incidencia, según la forma de medición. Del universo de proyectos concernidos, 18 se convirtieron en ley de la República (62%). De esos 18 proyectos de ley, 7 corresponden a proyectos de ley generales (39%), 6 a proyectos dirigidos a pueblos indígenas (33%) y 5 a proyectos generales con disposiciones específicas (28%). De estos proyectos, 5 habían sido sometidos a consulta previa indígena (28%). Por su parte, los proyectos generales con disposiciones específicas son los que tienen mayor incidencia de consulta entre los que llegaron a ser ley: entre un 60% y un 75% fueron consultados (dependiendo de cómo se contabilizan los casos especiales). Los proyectos generales, que son los que tienen mayor grado de conversión a ley, alcanzan un 30% de consulta, mientras que son los dirigidos a pueblos indígenas los que muestran la menor tasa: ninguno de los que se convirtieron en ley pasó por consulta previa indígena.

Se buscaron todos los proyectos de ley en que los parlamentarios han discutido la procedencia de someterlos a consulta previa indígena desde 2009 hasta agosto de 2021. Se encontraron 29 proyectos que cumplieron con los criterios, los que se organizaron en tres grupos: los dirigidos a pueblos indígenas, los generales con disposiciones especificas para pueblos indígenas y los generales sin dichas disposiciones. El 34% de los proyectos fue sometido a alguna forma de consulta indígena, todos los cuales tuvieron su origen en mensaje presidencial. Si se distingue por tipo de proyecto, se aprecian diferencias significativas en el porcentaje de consulta. Los que tienen mayor índice de incidencia son aquellos proyectos de alcance general con disposiciones específicas relativas a pueblos indígenas. Estos alcanzan un 56% — o incluso un 71%, dependiendo de como se contabilicen los casos especiales. Luego vienen los proyectos dirigidos a pueblos indígenas, los que son menos consultados que los anteriores, alcanzando un 30%, o 43% si se excluyen los casos especiales. El índice más bajo lo tienen los proyectos generales, con un 20 o 22% de incidencia, según la forma de medición. Del universo de proyectos concernidos, 18 se convirtieron en ley de la República (62%). De esos 18 proyectos de ley, 7 corresponden a proyectos de ley generales (39%), 6 a proyectos dirigidos a pueblos indígenas (33%) y 5 a proyectos generales con disposiciones específicas (28%). De estos proyectos, 5 habían sido sometidos a consulta previa indígena (28%). Por su parte, los proyectos generales con disposiciones específicas son los que tienen mayor incidencia de consulta entre los que llegaron a ser ley: entre un 60% y un 75% fueron consultados (dependiendo de cómo se contabilizan los casos especiales). Los proyectos generales, que son los que tienen mayor grado de conversión a ley, alcanzan un 30% de consulta, mientras que son los dirigidos a pueblos indígenas los que muestran la menor tasa: ninguno de los que se convirtieron en ley pasó por consulta previa indígena.

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