Asesorías Parlamentarias

26/01/2024

Vigencia especial del documento de identidad para personas mayores: Bélgica y España.

• Truffello García, Paola
• Loiseau, Virginie Solange Marie

Bélgica y España contemplan una vigencia extendida del documento nacional de identidad para las personas mayores de 75 años y de 70 años, respectivamente. En Bélgica, el documento de identidad electrónico tiene validez de 10 años a contar de la fecha de su solicitud. Se contempla como excepción a esta regla, la vigencia de 6 años para los mayores de 12 y menores de 18 años y de 30 años para los mayores de 75 años, contados desde la fecha de su solicitud. En España, se contemplan rangos etarios para determinar la validez del documento nacional de identidad. Rige por 2 años para las personas menores de 5 años, por 5 años para las mayores de 5 y menores de 30 años, por 10 años para los mayores de 30 y menores de 70 años y, tiene carácter de permanente para los mayores de 70 años. Entre las excepciones se considera también una validez permanente del documento nacional de identidad, para las personas mayores de 30 años que acrediten la condición de gran inválido.

Bélgica y España contemplan una vigencia extendida del documento nacional de identidad para las personas mayores de 75 años y de 70 años, respectivamente. En Bélgica, el documento de identidad electrónico tiene validez de 10 años a contar de la fecha de su solicitud. Se contempla como excepción a esta regla, la vigencia de 6 años para los mayores de 12 y menores de 18 años y de 30 años para los mayores de 75 años, contados desde la fecha de su solicitud. En España, se contemplan rangos etarios para determinar la validez del documento nacional de identidad. Rige por 2 años para las personas menores de 5 años, por 5 años para las mayores de 5 y menores de 30 años, por 10 años para los mayores de 30 y menores de 70 años y, tiene carácter de permanente para los mayores de 70 años. Entre las excepciones se considera también una validez permanente del documento nacional de identidad, para las personas mayores de 30 años que acrediten la condición de gran inválido.

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25/01/2024

Edad de responsabilidad penal adolescente: Estándar internacional y comentarios al Boletín N° 16.457-07.

• Truffello García, Paola
• Rojas Castillo, Jaime Luis

El Boletín N° 16.457-07 tiene por objeto modificar las reglas de imputabilidad penal de los adolescentes mayores de 16 años, quienes, en atención a la gravedad del delito o a la reincidencia, quedarían excluidos del ámbito de aplicación de la Ley N° 20.084 de responsabilidad penal especial para adolescentes. Se observa la necesidad de analizar la iniciativa a la luz del derecho internacional de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas (en especial, la Convención sobre los Derechos del Niño) y del Sistema Interamericano, principalmente en aspectos del proyecto de ley que inciden en: la definición general de niño, como persona menor de 18 años; la obligación de los Estados parte de fijar una edad mínima de responsabilidad penal y de no adoptar medidas regresivas, en especial respecto a la determinación de dicha edad de imputabilidad penal; la obligación de los Estado parte de establecer un sistema penal distinto con enfoques diferenciados e individualizados para las personas menores de edad, así como el derecho de todo niño privado de libertad de estar separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño.

El Boletín N° 16.457-07 tiene por objeto modificar las reglas de imputabilidad penal de los adolescentes mayores de 16 años, quienes, en atención a la gravedad del delito o a la reincidencia, quedarían excluidos del ámbito de aplicación de la Ley N° 20.084 de responsabilidad penal especial para adolescentes. Se observa la necesidad de analizar la iniciativa a la luz del derecho internacional de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas (en especial, la Convención sobre los Derechos del Niño) y del Sistema Interamericano, principalmente en aspectos del proyecto de ley que inciden en: la definición general de niño, como persona menor de 18 años; la obligación de los Estados parte de fijar una edad mínima de responsabilidad penal y de no adoptar medidas regresivas, en especial respecto a la determinación de dicha edad de imputabilidad penal; la obligación de los Estado parte de establecer un sistema penal distinto con enfoques diferenciados e individualizados para las personas menores de edad, así como el derecho de todo niño privado de libertad de estar separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño.

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24/01/2024

Comisiones encargadas de investigar y tomar medidas contra las distorsiones en el comercio internacional: Los casos de Australia, Estados Unidos y la Unión Europea.

• Morales Peillard, Pablo Alejandro
• Cabrera Valencia, Fabiola Del Carmen
• Argüello Verbanaz, Samuel Matías

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (United States International Trade Commission, USITC) es el organismo encargado de abordar materias relacionadas con la distorsión de precios en las importaciones. Esta comisión es una agencia federal independiente que lleva a cabo investigaciones y toma decisiones sobre materias de comercio internacional y además ofrece análisis e información independiente sobre aranceles, comercio y competitividad, en especial para los procedimientos relacionados con importaciones en que se alegue perjuicio a una industria nacional o que violen los derechos de propiedad intelectual. Además, mantiene el calendario de aranceles del país. La legislación antidumping de Australia se basa en el Acuerdo sobre la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como en el Acuerdo de la OMC sobre Subsidios y Medidas Compensatorias. Estos acuerdos proporcionan el marco legal y las normas que rigen las medidas antidumping y compensatorias a nivel internacional. La implementación de estas disposiciones en la legislación australiana permite al país tomar medidas para abordar prácticas comerciales desleales tales como el dumping y los subsidios, en línea con las obligaciones y normas internacionales establecidas por la OMC. La política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea (UE), lo cual significa que el organismo encargado de velar por combatir las distorsiones en el comercio con el resto del mundo es la Comisión Europea, es decir, el Poder Ejecutivo de la Unión Europea. Para ello la UE utiliza los instrumentos de defensa comercial (IDC), establecidos principalmente en tres reglamentos europeos para combatir el dumping, las subvenciones a las importaciones y las medidas coercitivas.

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (United States International Trade Commission, USITC) es el organismo encargado de abordar materias relacionadas con la distorsión de precios en las importaciones. Esta comisión es una agencia federal independiente que lleva a cabo investigaciones y toma decisiones sobre materias de comercio internacional y además ofrece análisis e información independiente sobre aranceles, comercio y competitividad, en especial para los procedimientos relacionados con importaciones en que se alegue perjuicio a una industria nacional o que violen los derechos de propiedad intelectual. Además, mantiene el calendario de aranceles del país. La legislación antidumping de Australia se basa en el Acuerdo sobre la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como en el Acuerdo de la OMC sobre Subsidios y Medidas Compensatorias. Estos acuerdos proporcionan el marco legal y las normas que rigen las medidas antidumping y compensatorias a nivel internacional. La implementación de estas disposiciones en la legislación australiana permite al país tomar medidas para abordar prácticas comerciales desleales tales como el dumping y los subsidios, en línea con las obligaciones y normas internacionales establecidas por la OMC. La política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea (UE), lo cual significa que el organismo encargado de velar por combatir las distorsiones en el comercio con el resto del mundo es la Comisión Europea, es decir, el Poder Ejecutivo de la Unión Europea. Para ello la UE utiliza los instrumentos de defensa comercial (IDC), establecidos principalmente en tres reglamentos europeos para combatir el dumping, las subvenciones a las importaciones y las medidas coercitivas.

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24/01/2024

Reporte de Defensa Nacional: 15 al 22 de enero de 2024.

• Jarufe Bader, Juan Pablo

A nivel nacional, tras 38 días de labor, culminó la octava expedición polar “Glaciar Unión”, que se llevó a cabo a más de mil kilómetros del Polo Sur, con participación de miembros de las tres ramas militares del país, así como de científicos y profesionales del Instituto Antártico Chileno y de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el plano vecinal, el Ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, presidió el lanzamiento de un nuevo operativo para robustecer la vigilancia y control de los espacios marítimos del país en el Atlántico Sur. En el ámbito internacional, la OTAN lanzó el ejercicio militar “Steadfast Defender 24”, que se extenderá por varios meses, involucrando la presencia de 90 mil efectivos, en un escenario multidominio, dirigido a mostrar la capacidad del bloque para defender sus fronteras ante amenazas externas.

A nivel nacional, tras 38 días de labor, culminó la octava expedición polar “Glaciar Unión”, que se llevó a cabo a más de mil kilómetros del Polo Sur, con participación de miembros de las tres ramas militares del país, así como de científicos y profesionales del Instituto Antártico Chileno y de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el plano vecinal, el Ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, presidió el lanzamiento de un nuevo operativo para robustecer la vigilancia y control de los espacios marítimos del país en el Atlántico Sur. En el ámbito internacional, la OTAN lanzó el ejercicio militar “Steadfast Defender 24”, que se extenderá por varios meses, involucrando la presencia de 90 mil efectivos, en un escenario multidominio, dirigido a mostrar la capacidad del bloque para defender sus fronteras ante amenazas externas.

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24/01/2024

Elecciones en Taiwán 2024: impacto en la balanza regional asiática.

• Calvo Foxley, María Sofía

Las elecciones de enero (2024) en Taiwán dieron como ganador a Lai Ching-te (DPP), por sobre sus rivales Hou Yu-ih (KMT) y Ko Wen-je (TPP). Mientras estos dos candidatos anunciaron su intención de retomar el diálogo con China, Lai se ha definido a sí mismo como un “trabajador pragmático por la independencia de Taiwán”, provocando la reacción de China, quien asegura que Taiwán es el “núcleo de los intereses fundamentales de China” y acusado a Lai de “adherirse tercamente a una posición separatista de la independencia de Taiwán”. Como respuesta internacional, el presidente chino Xi Jinping ha reafirmado su postura sobre la reunificación con Taiwán. Mientras que, desde Estados Unidos, altos exfuncionarios felicitaron al nuevo presidente Lai, el presidente Joe Biden ha expresado su no respaldo a la independencia taiwanesa.

Las elecciones de enero (2024) en Taiwán dieron como ganador a Lai Ching-te (DPP), por sobre sus rivales Hou Yu-ih (KMT) y Ko Wen-je (TPP). Mientras estos dos candidatos anunciaron su intención de retomar el diálogo con China, Lai se ha definido a sí mismo como un “trabajador pragmático por la independencia de Taiwán”, provocando la reacción de China, quien asegura que Taiwán es el “núcleo de los intereses fundamentales de China” y acusado a Lai de “adherirse tercamente a una posición separatista de la independencia de Taiwán”. Como respuesta internacional, el presidente chino Xi Jinping ha reafirmado su postura sobre la reunificación con Taiwán. Mientras que, desde Estados Unidos, altos exfuncionarios felicitaron al nuevo presidente Lai, el presidente Joe Biden ha expresado su no respaldo a la independencia taiwanesa.

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24/01/2024

Definiciones sobre pequeño y mediano productor agrícola.

• González Ulibarry, Paco

En el marco de la discusión del proyecto de ley que establece un Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios (SIGESS)(Boletín N° 16.391-01), se solicita las definiciones establecidas en diversos cuerpos legales sobre pequeño y mediano productor agrícola. Para desarrollo del trabajo se consultó la plataforma de Ley Chile, así como también el proyecto de ley del SIGESS.

En el marco de la discusión del proyecto de ley que establece un Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos Agropecuarios (SIGESS)(Boletín N° 16.391-01), se solicita las definiciones establecidas en diversos cuerpos legales sobre pequeño y mediano productor agrícola. Para desarrollo del trabajo se consultó la plataforma de Ley Chile, así como también el proyecto de ley del SIGESS.

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23/01/2024

Costos de la inacción frente al cambio climático en Chile

• Cardemil Winkler, Magdalena

En el marco de las actividades del Programa EUROCLIMA+, con financiamiento de la Unión Europea, en el 2023 la CEPAL y el Ministerio del Medio Ambiente elaboraron el documento “Costos asociados a la inacción frente al cambio climático en Chile: síntesis”. Este estudio tuvo como propósito analizar el costo de la inacción ante el cambio climático en Chile en 8 sectores económicos clave (agricultura, agua potable, biodiversidad, energía, minería, pesca y acuicultura, puertos y playas, y salud), en un contexto de emisiones altas (RCP 8,5) y con horizonte al 2050 y 2100. Dada las diferencias metodológicas entre los estudios (diferentes proyecciones climáticas y aproximaciones para medir costos) los valores obtenidos no son directamente comparables y no se recomienda su suma, sin embargo, teniendo en cuenta esta limitación de forma exploratoria, si se agregan todos los sectores analizados se obtiene un costo neto de la inacción de USD$4.120 millones a mediados de siglo, lo que en términos del PIB de 2019 representa un 1,46%.

En el marco de las actividades del Programa EUROCLIMA+, con financiamiento de la Unión Europea, en el 2023 la CEPAL y el Ministerio del Medio Ambiente elaboraron el documento “Costos asociados a la inacción frente al cambio climático en Chile: síntesis”. Este estudio tuvo como propósito analizar el costo de la inacción ante el cambio climático en Chile en 8 sectores económicos clave (agricultura, agua potable, biodiversidad, energía, minería, pesca y acuicultura, puertos y playas, y salud), en un contexto de emisiones altas (RCP 8,5) y con horizonte al 2050 y 2100. Dada las diferencias metodológicas entre los estudios (diferentes proyecciones climáticas y aproximaciones para medir costos) los valores obtenidos no son directamente comparables y no se recomienda su suma, sin embargo, teniendo en cuenta esta limitación de forma exploratoria, si se agregan todos los sectores analizados se obtiene un costo neto de la inacción de USD$4.120 millones a mediados de siglo, lo que en términos del PIB de 2019 representa un 1,46%.

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22/01/2024

Delitos propios de la ruralidad. Legislación nacional, de Argentina y España.

• Williams Obreque, Guido Andrés

Se describen delitos, con penas privativas de libertad, de Chile, Argentina y España asociados a la ruralidad, esto es, lo “perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores" que podría ser llamado el “mundo rural”. En Chile, no existe normativamente una categoría (conjunto con caracteres comunes) particular de “delitos de la ruralidad”. Sin perjuicio de lo anterior, especialmente el Código Penal y en menor medida otras leyes establecen delitos asociados a lo rural. Cabe mencionar que existen otras infracciones, asociadas al “mundo rural” que son sancionadas con multas. Por su parte, en Argentina la legislación federal tampoco dispone de una categoría especial de delitos rurales o asociados a la ruralidad. Sin embargo, en diversas normas legales es posible constatar la existencia de delitos vinculados al “mundo rural”. A nivel subnacional, algunas provincias disponen de un Código Rural que regula diversas materias y establecen infracciones, pero que son sancionadas con penas pecuniarias (multas).

Se describen delitos, con penas privativas de libertad, de Chile, Argentina y España asociados a la ruralidad, esto es, lo “perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores" que podría ser llamado el “mundo rural”. En Chile, no existe normativamente una categoría (conjunto con caracteres comunes) particular de “delitos de la ruralidad”. Sin perjuicio de lo anterior, especialmente el Código Penal y en menor medida otras leyes establecen delitos asociados a lo rural. Cabe mencionar que existen otras infracciones, asociadas al “mundo rural” que son sancionadas con multas. Por su parte, en Argentina la legislación federal tampoco dispone de una categoría especial de delitos rurales o asociados a la ruralidad. Sin embargo, en diversas normas legales es posible constatar la existencia de delitos vinculados al “mundo rural”. A nivel subnacional, algunas provincias disponen de un Código Rural que regula diversas materias y establecen infracciones, pero que son sancionadas con penas pecuniarias (multas).

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22/01/2024

La carga de la prueba en el derecho antidiscriminatorio.

• Loiseau, Virginie Solange Marie
• Rojas Castillo, Jaime Luis

La prueba judicial de las conductas discriminatorias puede resultar un desafío para quienes las sufren. Es por ello que la legislación extranjera provee de mecanismos que facilitan la prueba, al modificar las normas que establecen la distribución de la prueba. En general, la carga de la prueba corresponde a quien reclama la discriminación y está directamente relacionada a la propia definición legal de lo que se entiende por “discriminación”. La inversión de la carga de la prueba, que desplaza la obligación de acreditar las conductas discriminatorias desde el demandante al demandado, obliga a este último a probar que su actuar se encuentra justificado jurídicamente (por actuar de buena fe, tomar medidas razonables, realizar las adecuaciones necesarias, etc.). Un mecanismo proveniente del derecho norteamericano es la inversión de la prueba en base a indicios (o prueba prima facie), que permite al demandante a presentar indicios que hagan plausible, sugieran o indiquen la probabilidad de que hayan acontecido los hechos constitutivos en que se basa la pretensión. En este caso no se trata de establecer una presunción legal, pues el demandado, si bien no está obligado a presentar pruebas, de no hacerlo permite al tribunal inferir razonablemente la ocurrencia de la discriminación.

La prueba judicial de las conductas discriminatorias puede resultar un desafío para quienes las sufren. Es por ello que la legislación extranjera provee de mecanismos que facilitan la prueba, al modificar las normas que establecen la distribución de la prueba. En general, la carga de la prueba corresponde a quien reclama la discriminación y está directamente relacionada a la propia definición legal de lo que se entiende por “discriminación”. La inversión de la carga de la prueba, que desplaza la obligación de acreditar las conductas discriminatorias desde el demandante al demandado, obliga a este último a probar que su actuar se encuentra justificado jurídicamente (por actuar de buena fe, tomar medidas razonables, realizar las adecuaciones necesarias, etc.). Un mecanismo proveniente del derecho norteamericano es la inversión de la prueba en base a indicios (o prueba prima facie), que permite al demandante a presentar indicios que hagan plausible, sugieran o indiquen la probabilidad de que hayan acontecido los hechos constitutivos en que se basa la pretensión. En este caso no se trata de establecer una presunción legal, pues el demandado, si bien no está obligado a presentar pruebas, de no hacerlo permite al tribunal inferir razonablemente la ocurrencia de la discriminación.

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22/01/2024

Objeción de conciencia individual en la legislación comparada: Argentina, España, EE.UU, Portugal, Perú, Uruguay.

• Rojas Castillo, Jaime Luis

El derecho a objetar en conciencia está vinculado a la libertad de conciencia. Consistiría en un derecho de las personas para negarse a obedecer una obligación de carácter jurídico, por razones de índole religiosa o de conciencia. La doctrina señala que para que proceda la objeción de conciencia se requeriría: (a) existencia de una norma jurídica, (b) que la norma jurídica obligue o prohíba hacer algo, y (c) que el individuo considere el mandato contrario a su conciencia. En legislación comparada se identifican como tipos de objeción de conciencia en materia de: (a) servicio militar (España, Portugal); (b) intervención voluntaria del embarazo (España, Uruguay); (c) intervenciones contracepción quirúrgica (Argentina); (d) ejercicio de la enfermería (Argentina); (e) salud sexual y reproductiva (España, Portugal); (f) farmacéutica (España); (g) muerte médica asistida (Portugal).

El derecho a objetar en conciencia está vinculado a la libertad de conciencia. Consistiría en un derecho de las personas para negarse a obedecer una obligación de carácter jurídico, por razones de índole religiosa o de conciencia. La doctrina señala que para que proceda la objeción de conciencia se requeriría: (a) existencia de una norma jurídica, (b) que la norma jurídica obligue o prohíba hacer algo, y (c) que el individuo considere el mandato contrario a su conciencia. En legislación comparada se identifican como tipos de objeción de conciencia en materia de: (a) servicio militar (España, Portugal); (b) intervención voluntaria del embarazo (España, Uruguay); (c) intervenciones contracepción quirúrgica (Argentina); (d) ejercicio de la enfermería (Argentina); (e) salud sexual y reproductiva (España, Portugal); (f) farmacéutica (España); (g) muerte médica asistida (Portugal).

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