El uso del brazalete electrónico en el sistema de justicia penal australiano

Desde el año 2002 que la justicia australiana utiliza el brazalete electrónico como sistema de seguimiento para monitorear la ubicación de un individuo y ser alertada de cualquier movimiento no autorizado. En Chile, se acaba de adjudicar la licitación para comprar esta tecnología, tras aprobarse una ley al respecto el 2012. Conozca la evolución de este tipo de vigilancia en Australia y cómo se aplica, en las siguientes líneas.

A principios de 1980 un juez estadounidense, supuestamente inspirado en un comic de Spiderman, persuadió a una empresa de tecnología para desarrollar el primer brazalete de monitoreo electrónico. 20 años más tarde, su uso se ha extendido por toda Australia y ya son varios los gobiernos que ven a este sistema de vigilancia electrónica como un medio eficaz para prevenir delitos, reducir costos y despoblar las poblaciones carcelarias.

En Australia, se han identificado tres razones principales para la utilización de la vigilancia electrónica mediante brazalete:

• Detención: El control electrónico se utiliza para garantizar que el individuo permanezca en un lugar designado. Por ejemplo, en los sistemas de arresto domiciliario -muy comunes en Chile- suelen requerir que los condenados estén en sus casas durante horas establecidas. Este fue uno de los primeros usos de la vigilancia electrónica y sigue siendo el más popular.

• Restricción: Como alternativa, la vigilancia electrónica se utiliza en Australia para garantizar que una persona no entre en zonas que se le han demarcado como prohibidas, o acercarse a las personas particulares, como denunciantes, víctimas potenciales o incluso compañeros de delincuentes. Se utiliza comúnmente en casos de violencia intrafamiliar o de pedófilos.

• Vigilancia: Por último, la vigilancia electrónica se utiliza para que la policía pueda realizar un seguimiento continuo a una persona, sin tener que restringir sus movimientos. Es común en casos de violencia intrafamiliar post denuncia, que aún no llegan a juicio.

Respecto al dispositivo en cuestión, se instala bloqueado en la muñeca del sujeto o en el tobillo con elementos a prueba de manipulación para evitar su extracción. Se trata de un "sistema activo", en el que el brazalete envía señales constantes a una estación de monitoreo. Si el sujeto se ha alejado de su lugar demarcado, las autoridades son alertadas en tiempo real. Lo mismo ocurre si se acerca a un sitio prohibido, ya que los equipos móviles pueden detectar la presencia del brazalete. En todos estos casos la detención es inminente y sirve como agravante a la pena.

Hay tres etapas en las que la vigilancia electrónica se puede utilizar en el sistema de justicia penal australiano: antes del juicio, durante el cumplimiento de la condena y después de salir de prisión.

• Preventiva: El monitoreo electrónico se utiliza tras poner al acusado en libertad bajo fianza y así asegurar que comparezca a juicio y no cometa en el intertanto nuevos delitos. También aplica en órdenes de restricción impuestas por el tribunal para evitar que un posible agresor se acerque a su demandante. Sólo Australia Occidental tiene una normativa específica para la vigilancia electrónica en la etapa previa al juicio.

• Sentencia: El brazalete se puede utilizar como una opción de sentencia en primera instancia que buscan mantener al delincuente confinado en su casa y para reducir la probabilidad de que el individuo reincida, en particular contra la víctima original. Se considera una medida más indulgente que la cárcel, pero más dura que la libertad condicional.

• Post-prisión: Se incorpora el monitoreo electrónico en etapa previa a la liberación de un preso a la comunidad. En Australia del Sur, la vigilancia electrónica está disponible en los seis últimos meses de una pena de prisión. El prisionero es liberado con la condición de llevar un brazalete electrónico. Si cumple luego de  tres o cuatro meses, terminará su condena solo en con libertad condicional

Pros y contras

Hay una gama de ventajas potenciales asociadas con el uso de la vigilancia electrónica. Una de ellas, es la posibilidad de reducir drásticamente la población penal y el hacinamiento, así como los costos de mantener a un gran número de reos y de construir más cárceles. Otra es la posibilidad de mejorar la rehabilitación y la reinserción de los delincuentes, ya que el monitoreo permite a los condenados y denunciados el mantener su empleo y el contacto con sus familias, evitando los efectos psicológicos negativos del encarcelamiento físico, aun considerando que el uso del brazalete conlleva sus propias presiones psicológicas.

Por contrapartida, una gran desventaja de la vigilancia electrónica es la falta de incapacitación física. A pesar del monitoreo, los delincuentes peligrosos tienen la posibilidad de delinquir antes que las autoridades pueden intervenir. Además, las condiciones menos restrictivas de arresto domiciliario con vigilancia electrónica pueden dar lugar a una percepción de trato indulgente con los delincuentes.

Si bien el uso del brazalete electrónico en el sistema de justicia penal plantea una serie de cuestiones éticas, jurídicas y prácticas, parece generalizada la opinión de que es simplemente otra forma de cumplir una pena de prisión, aunque en un entorno menos restrictivo y evitando la violencia, la intimidación y el castigo degradante de una cárcel.

Chile se prepara para implementar el uso del brazalete

En junio de 2012 Chile promulgó una ley que crea un registro nacional de prófugos y establece el uso de un brazalete electrónico como una pena alternativa para condenados por "delitos menores", en un intento por alivianar la actual sobrepoblación carcelaria -de unos 53.000 reclusos-, mejorar la reinserción social de los condenados y evitar nuevos casos de femicidio.

"Más de diez años de atraso tenemos respecto a Australia y a muchos otros países del mundo que cuentan con el brazalete electrónico como sistema de monitoreo. No fueron pocas las oportunidades en que expresé mi preocupación por la tardanza con que se legisló y por los diversos problemas que hubo en la licitación de estos instrumentos, que se adjudicó recién hace solo unos meses a la empresa SecureAlert. Sin embargo, ya estamos en condiciones de comenzar la implementación de un plan nacional que podría prevenir miles de hechos de violencia, impidiendo que terminen en casos fatales", sostuvo la diputada Adriana Muñoz.

Dicho brazalete permitirá -según la normativa legal aprobada- monitorear ubicación a distancia, la reclusión parcial y la prestación de servicios comunales. Estas medidas excluyen a condenados por secuestro, sustracción de menores, robos calificados, violación y abusos sexuales agravados.

"La idea es ir incluso más allá de lo que ha hecho Australia, ya que en Chile se da un fenómeno muy particular y es que muchas veces la propia víctima incumple las medidas cautelares. Esperamos contar con un mecanismo certero, para que las condiciones se cumplan tanto por el agresor como por la misma víctima, que podrá utilizar el sistema voluntariamente. Presenté un proyecto de ley que incorpora un abanico de medidas cautelares posibles de adoptar y espero que el Ejecutivo le ponga urgencia y que Sernam se sume a la iniciativa, considerando que la mayoría de los femicidios que ocurren en nuestro país son cometidos por agresores que ya estaban sujetos a una medida cautelar", agregó la parlamentaria.

Esta iniciativa tiene un costo aproximado para el Estado de unos 50 millones de dólares (25.000 millones de pesos) y se pretende comenzar a implementarla durante el primer semestre de 2014.