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Asia Pacífico | Observatorio Parlamentario

El sistema de Justicia juvenil en Australia: una opción para analizar

27 mayo 2013

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) fue establecida en Chile en 2007, y aunque constituyó un gran avance para el sistema de justicia del país en su momento, hoy se están buscando formas para perfeccionarla. En este sentido el caso de Australia puede ser un ejemplo a estudiar, tanto por su búsqueda para evitar la estigmatización de los adolescentes, como su experiencia con sus pueblos originarios.

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) fue establecida en Chile en 2007, y aunque constituyó un gran avance para el sistema de justicia del país en su momento, hoy se están buscando formas para perfeccionarla. En este sentido el caso de Australia puede ser un ejemplo a estudiar, tanto por su búsqueda para evitar la estigmatización de los adolescentes, como su experiencia con sus pueblos originarios.

 

El sistema australiano de justicia juvenil

Uno de los aspectos que diferencian al sistema australiano del chileno está relacionado con la edad de los jóvenes considerados por la ley, además de que no se aplica de la misma manera en todo el territorio. El estado de Queensland, por ejemplo, cuenta con un sistema especial de justicia penal para los jóvenes de entre 10 y 16 años, mientras que en el resto del país lo aplica a adolescentes de entre 10 y 17 años.

A principios del siglo XX, niños de hasta seis años eran encarcelados en el país, pero el enfoque que rige hoy en Australia es muy diferente, siendo la prisión el último recurso para la mayoría de los menores. El gobierno central ha establecido una serie de medidas especiales para desviar a los adolescentes infractores lejos del sistema de justicia criminal, como la realización de reuniones entre el delincuente y la víctima, en lo que se conoce como justicia restaurativa, y la convocatoria de tribunales especiales, algunos de ellos sobre abuso de drogas y alcohol, lo que muestra la positiva evolución de la legislación australiana en este campo.

 

 

Según la UNICEF, ya en 1991 habían ejemplos positivos en Australia. En aquel año se puso en marcha en la ciudad de Wagga Wagga un “Programa de Amonestación de Menores”. En dicho sistema la policía remitía a la mayoría de los infractores juveniles a una reunión de mediación, con presencia de la víctima, el infractor y su familia, de los asistentes sociales y de agentes de policía. Más tarde, un coordinador se encargaba de intentar alcanzar un acuerdo entre las partes sobre las consecuencias de la infracción y su reparación, de formalizar el acuerdo alcanzado y de establecer los mecanismos de control necesarios para su cumplimiento.

 

En tanto, el informe "Población de Adolescentes en Detención en Australia 2012", realizado por el Instituto Australiano de Salud y Bienestar del Gobierno Australiano, afirma que la mayoría de los jóvenes son supervisados por la comunidad, indicando que "en un día promedio entre 2010 y 2011, sólo el 14% de aquellos jóvenes bajo vigilancia se encontraban detenidos", a lo cual se agrega que en general los adolescentes tienden a completar periodos cortos de detención en relación a la opción de estar bajo vigilancia por parte de la comunidad. Según el informe "había 1.024 jóvenes detenidos en una noche promedio en el trimestre de junio de 2012. La mayoría (78%) tenían entre 10 y 17 años de edad. Esto equivale a una tasa de 0,35 jóvenes privados de libertad por cada 1.000 de entre 10 a 17 años, o alrededor de 1 de cada 3.000 jóvenes”.

 

Un aspecto de gran importancia es la protección de la privacidad y limitar la estigmatización de los menores. En algunos casos, las condenas menores no quedan registradas. Según el Instituto Australiano de Criminología, esta estrategia tiene como objetivo evitar el estigma de la delincuencia y ayudar a los jóvenes a salir del crimen en vez de acercarlos más.

 

En la mayoría de las jurisdicciones del país los jóvenes que participan en una conferencia de justicia restaurativa y completan las acciones necesarias resultantes de la conferencia (por ejemplo, pidiendo disculpas a la víctima y/o el pago de la restitución), no tienen una convicción registrada, a pesar de haber admitido culpa. Del mismo modo, en algunas jurisdicciones, un menor puede ser declarado culpable de un delito, pero sin haber sido condenado.


Un tema particular en Australia, y el que Chile podría estudiar con más detención está ligado a sus pueblos originarios. La legislación australiana tiene como objetivo poder responder a las necesidades sociales y culturales de los pueblos aborígenes australianos, que concentran un alto número de detenciones en proporción a la cantidad de habitantes. Este fenómeno de criminalización indígena comenzó a finas del siglo XIX. A pesar de representar sólo un 2% de la población juvenil general, al 2006 constituían el 47% del total de jóvenes encarcelados.

 

En tanto, el informe "Población de Adolescentes en Detención en Australia 2012", que contemplo una muestra de junio de 2008 a junio de 2012, indica que 4 de cada 5 jóvenes detenidos en una noche promedio tenían una edad de entre 10 y 17 años de edad, y el resto eran mayores de 18 años. Sin embargo, resalta que en una noche normal "esta proporción es más alta entre los jóvenes indígenas, entre los cuales casi 9 de cada 10 jóvenes tenían entre 10 y 17 años de edad".

 

Las iniciativas de reforma en Chile


En Chile la actual LRPA fue establecida en 2007, y nació con el propósito de reformar la respuesta del Estado ante los crímenes y delitos cometidos por menores de entre 14 y 18 años de edad.

 

En tanto, durante abril 2013 la senadora Lily Pérez presentó dos proyectos para modificar la ley. Uno apunta a hacer obligatorio para el juez que imponga una sanción accesoria, cuando corresponda, de tratamiento de rehabilitación por adicción a drogas o al alcohol. Mientras que el segundo apunta a abreviar el procedimiento para los adolescentes infractores de la ley.

A principios de 2013 el Ministerio de Justicia presentó una comisión que analizará las modificaciones a la Ley N° 20.084 que regula el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Esta comisión está integrada por Miguel Cillero, académico de la Universidad Diego Portales; Javiera Blanco, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana; Álvaro Fernández y José Francisco García, de Libertad y Desarrollo; Rodrigo Quintana, ex defensor nacional; Orlando Poblete, rector de la Universidad de los Andes; Nicolás Espejo, consultor de la Unicef y Jaime Couso, académico UDP; además de los senadores Lily Pérez, Hernán Larraín, Alberto Espina y Patricio Walker, entre otros parlamentarios.

 

Uno de sus integrantes, Jaime Couso, señaló que el sistema australiano de justicia restaurativa estuvo levemente presente en la discusión durante la tramitación de la Ley Responsabilidad Penal Adolescente  N° 20.084, previo a su aprobación en 2007, “particularmente en el momento en que se discutió en la Cámara de Diputados la incorporación un poco más intensa de la conciliación entre autor y víctima, y todo lo que es la justicia restaurativa”.

 

Sin embargo, la lógica de de dicha justicia quedo finalmente reflejada de manera muy leve, aunque Couso indicó que hay algunas señales de ella. "Algún desarrollo práctico ha tenido la justicia restaurativa con proyectos de reparación a la víctima que ha desarrollado el SENAME, pero más o menos dentro del marco estrecho que la ley permite, o sea hay limites por gravedad de delitos muy distintos a los que lo rigen en Australia, por lo que no es una política muy instalada en el Ministerio Público".

 

 


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