Asesorías Parlamentarias

Durante el periodo legislativo 2022–2026, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado conoció y discutió cerca de 60 proyectos de ley, incluyendo proyectos de reforma constitucional, vinculados a diversos temas, tales como: Modernización de los sistemas político, penal, procesal y constitucional para reforzar instituciones; Combate más eficaz al crimen organizado, terrorismo, violencia digital y explotación de menores, junto con mayor protección a víctimas; Actualización de medidas como flagrancia, prisión preventiva y ocupación ilegal, incorporando nuevos derechos ciudadanos e indígenas. Además, se propone crear sistemas de inteligencia económica y modernizar regímenes civiles, seguridad y control de armas.

El presente informe tiene por objeto examinar modelos comparados sobre la regulación de la educación sexual obligatoria en el sistema escolar, con especial énfasis en la existencia y alcance del derecho de exención parental. El análisis comparado permite identificar dos grandes modelos en materia de educación sexual escolar: sistemas sin derecho general de exención parental y sistemas que reconocen mecanismos de retiro o autorización previa. Alemania y Francia integran el primer grupo. En ambos casos, la educación sexual es obligatoria y forma parte del currículo oficial. En Alemania, su integración se fundamenta constitucional y jurisprudencialmente, prevaleciendo el mandato educativo estatal y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, aunque la enseñanza debe impartirse con neutralidad, apertura y sin adoctrinamiento. En Francia, la obligatoriedad tiene base legal expresa y alcance nacional, sin contemplar mecanismos generales de exclusión parental en ningún nivel educativo. Inglaterra, Ontario (Canadá) y diversos estados de Estados Unidos se ubican en el segundo grupo, aunque con alcances distintos. En Inglaterra, la educación es obligatoria, pero se reconoce un derecho de exención parental limitado y condicionado por la edad del estudiante. En Ontario, la exención existe únicamente en educación primaria y se regula a nivel administrativo, no constitucional ni legal. En Estados Unidos no existe un régimen uniforme: los estados adoptan modelos diversos que pueden exigir autorización previa, permitir retiro posterior o combinar ambas técnicas. En términos comparados, se observa que ningún ordenamiento elimina la educación sexual del currículo oficial. No obstante, la diferencia radica en el grado de intervención parental reconocido y en la forma en que este se articula con la finalidad pública de formación común, reconociendo a los padres como actores relevantes y colaboradores en el proceso educativo, junto con la protección de la salud y la garantía de los derechos fundamentales del estudiante.

En 2019 se promulgó la Ley No. 21.172, conocida como “Ley Chao Cables”, que estableció un marco de responsabilidades para las concesionarias y permisionarias de servicios de telecomunicaciones respecto de la instalación, identificación, mantención, traslado y retiro de líneas aéreas y subterráneas. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas disposiciones quedó condicionada a la dictación del reglamento que precisara los procedimientos, plazos y mecanismos operativos para el retiro y ordenamiento del cableado en desuso, lo que se materializó en marzo de 2025 mediante el Decreto Supremo No. 176, cuyas disposiciones comenzaron a ser exigibles a partir de septiembre del mismo año. En este contexto, el Decreto Supremo No. 176 establece el Plan de Gestión y Mantención de Líneas Aéreas y Subterráneas de Telecomunicaciones, cuyo principal aporte consiste en operacionalizar las obligaciones legales previstas en la ley. Para ello, define procedimientos y plazos, incorpora instrumentos de planificación y establece mecanismos de coordinación entre las empresas operadoras, las autoridades comunales y regionales y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En particular, dispone que los operadores deben levantar información de sus elementos de red, coordinarse entre sí y con las autoridades competentes, y presentar planes anuales de retiro y ordenamiento. Asimismo, se establece la responsabilidad financiera de los operadores en el retiro del cableado en desuso y el cumplimiento de metas anuales acordadas a nivel territorial.