Asesorías Parlamentarias

A nivel nacional, el Contralmirante Juan Pablo Marín, Subjefe del Estado Mayor Conjunto, recibió al Comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur de EE.UU., Contralmirante Mark Schafer, con quien discutió los desafíos en torno a las próximas maniobras conjuntas en carpeta, como son “Pacific Dagger” y “Estrella Austral”. En el plano regional, la empresa estatal “SIMA Perú” suscribió un contrato de co-desarrollo de submarinos con la empresa surcoreana “Hyundai Heavy Industries”, acuerdo que incluye también transferencia tecnológica y una creciente participación de la industria peruana en las etapas del proyecto. En el ámbito internacional, el Presidente de EE.UU, Donald Trump, nombró al Teniente General de los Marines, Francis Donovan, como nuevo Jefe del Comando Sur para América Latina, en reemplazo del Almirante Alvin Holsey.

La Zona Franca Industrial de Arica es el resultado de una evolución normativa iniciada en 1953 con el régimen de Puerto Libre (DFL No. 303 de 1953), que liberó de impuestos y derechos aduaneros las importaciones y exportaciones en el Departamento de Arica. Este régimen se mantuvo hasta 1962, cuando la Ley No. 14.824 restableció tributos, limitando las franquicias a bienes esenciales para la industria. En 1958 se creó la Junta de Adelanto de Arica (Ley No. 13.039), organismo que impulsó obras públicas y desarrollo regional hasta 1976. Posteriormente, el Decreto Ley No. 1.055 (1975) y el DFL No. 341 (1977) establecieron el marco general de Zonas Francas, aplicable a Arica en términos similares a Iquique. Desde 1995, la Ley Arica I (No. 19.420) y su complemento Ley Arica II (No. 19.669) otorgaron incentivos tributarios y aduaneros para fomentar la inversión y la industria en Arica y Parinacota.

El Fondo Común Municipal constituye la principal fuente de financiamiento para los municipios y es definido por la Constitución Política como un “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país”. Además, la Ley No. 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades le asigna a este instrumento el objetivo de “garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento”. En el presente informe se realiza una estimación del impacto que tendría sustituir el indicador de pobreza por ingresos por el indicador de pobreza multidimensional en la asignación del 10% del FCM. La pobreza multidimensional integra múltiples dimensiones de bienestar —tales como educación, salud, vivienda, trabajo y redes— mediante un conjunto de indicadores que capturan privaciones no monetarias.