Asesorías Parlamentarias

13/09/2024

Servicios de cuidado y educación de la primera infancia en Francia.

• Cifuentes Vidal, Pamela Alejandra

El informe aborda la situación de los servicios de cuidado infantil en Francia. Existen desigualdades de acceso, tanto territoriales como sociales, que afectan el tipo de cuidado que reciben los niños e influyen en la forma como se organiza el cuidado infantil. Asimismo, existe una falta de instituciones adecuadas y una escasez de profesionales en el sector. En ese contexto, el informe, en primer lugar, da cuenta de la nueva política pública en este sector, la cual busca garantizar que todos los padres puedan acceder a cuidado infantil seguro y de calidad, enfocándose en reducir desigualdades y mejorar la oferta y calidad de estos servicios. En lo principal, se señalan los 3 ejes en que el gobierno francés pretende hacer mejoras en el sector, tales como la expansión de la oferta de servicios, la reducción de desigualdades en el acceso y el aumento de la calidad de la atención. Al mismo tiempo, se señala la principal reforma normativa en la materia, la Ley del 18 de diciembre de 2023 que establece un nuevo rol para los municipios, no solo como sostenedores, sino que serán los principales responsables de organizar la provisión de los servicios de cuidado infantil en su comuna. En segundo lugar, se informa acerca de los distintos tipos de establecimientos de servicios de cuidado infantil y su autorización de funcionamiento. Los establecimientos públicos pueden ser gestionados directamente o delegados a entidades específicas; mientras que los privados requieren autorización del Presidente del Consejo Departamental, con la intervención del alcalde local. La autorización implica la revisión de documentos, visitas de inspección y controles de conformidad y calidad.

El informe aborda la situación de los servicios de cuidado infantil en Francia. Existen desigualdades de acceso, tanto territoriales como sociales, que afectan el tipo de cuidado que reciben los niños e influyen en la forma como se organiza el cuidado infantil. Asimismo, existe una falta de instituciones adecuadas y una escasez de profesionales en el sector. En ese contexto, el informe, en primer lugar, da cuenta de la nueva política pública en este sector, la cual busca garantizar que todos los padres puedan acceder a cuidado infantil seguro y de calidad, enfocándose en reducir desigualdades y mejorar la oferta y calidad de estos servicios. En lo principal, se señalan los 3 ejes en que el gobierno francés pretende hacer mejoras en el sector, tales como la expansión de la oferta de servicios, la reducción de desigualdades en el acceso y el aumento de la calidad de la atención. Al mismo tiempo, se señala la principal reforma normativa en la materia, la Ley del 18 de diciembre de 2023 que establece un nuevo rol para los municipios, no solo como sostenedores, sino que serán los principales responsables de organizar la provisión de los servicios de cuidado infantil en su comuna. En segundo lugar, se informa acerca de los distintos tipos de establecimientos de servicios de cuidado infantil y su autorización de funcionamiento. Los establecimientos públicos pueden ser gestionados directamente o delegados a entidades específicas; mientras que los privados requieren autorización del Presidente del Consejo Departamental, con la intervención del alcalde local. La autorización implica la revisión de documentos, visitas de inspección y controles de conformidad y calidad.

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13/09/2024

Consejo de la Magistratura: Regulación constitucional comparada: España, Francia, Italia, Argentina, Ecuador y Perú.

• Truffello García, Paola

El Consejo de la Magistratura (CM) es una institución presente en numerosos países, como un órgano independiente, autónomo y establecido a nivel nacional, para garantizar la independencia de los jueces y del poder judicial en su conjunto. Se mencionan entre sus principales competencias la selección, nombramiento y el ascenso de los jueces, la administración de los tribunales, el control presupuestario, los procedimientos disciplinarios y la rendición de cuentas. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados (2018) destaca la importancia de la creación del CM (o consejo judicial) a nivel constitucional, pues ello pone de relieve su rol como garante de la independencia del poder judicial y le otorga legitimidad para evitar posibles injerencias de los poderes del Estado. Existen también recomendaciones y estándares en torno a esta figura del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (2007 y 2021) y la Red Europea de Consejos de Justicia (2021). La regulación del CM varía en cada país. España, Francia, Italia, en Europa y Argentina, Ecuador y Perú en Latinoamérica, lo consagran en sus Constituciones Políticas, en las que -en general- abordan la conformación, designación y duración de sus miembros, así como las funciones específicas del órgano. Todos ellos también desarrollan a nivel legal la institución. En los casos europeos revisados, se conforma mayoritariamente por magistrados o jueces, mientras que en los latinoamericanos, si bien hay exigencias de especialización en el ámbito jurídico, no siempre se exige la participación de miembros del Poder Judicial en su conformación. La designación de sus miembros, o parte de ellos, es efectuada por los titulares de altos órganos del Estado (Presidente de la República, Cámaras Legislativas y/o altas Cortes de Justicia) como en España, Francia, Italia y Argentina, por concurso público a cargo de una comisión integrada por autoridades nacionales (Perú) o a la que autoridades nacionales envían sus nominaciones (Ecuador) o bien, por sufragio universal (Argentina). La presidencia del órgano está a cargo de magistrados (en España, Francia y Ecuador), del Presidente de la República (Italia), o bien es elegida por sus miembros (Perú y Argentina). La duración de su mandato fluctúa entre los cuatro y seis años, en algunos casos renovables pero no de manera consecutiva. El número de sus integrantes es mayor en los países europeos y Argentina (superior a 20) que en el resto de los latinoamericanos estudiados (5 en Ecuador y 7 en Perú).

El Consejo de la Magistratura (CM) es una institución presente en numerosos países, como un órgano independiente, autónomo y establecido a nivel nacional, para garantizar la independencia de los jueces y del poder judicial en su conjunto. Se mencionan entre sus principales competencias la selección, nombramiento y el ascenso de los jueces, la administración de los tribunales, el control presupuestario, los procedimientos disciplinarios y la rendición de cuentas. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados (2018) destaca la importancia de la creación del CM (o consejo judicial) a nivel constitucional, pues ello pone de relieve su rol como garante de la independencia del poder judicial y le otorga legitimidad para evitar posibles injerencias de los poderes del Estado. Existen también recomendaciones y estándares en torno a esta figura del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (2007 y 2021) y la Red Europea de Consejos de Justicia (2021). La regulación del CM varía en cada país. España, Francia, Italia, en Europa y Argentina, Ecuador y Perú en Latinoamérica, lo consagran en sus Constituciones Políticas, en las que -en general- abordan la conformación, designación y duración de sus miembros, así como las funciones específicas del órgano. Todos ellos también desarrollan a nivel legal la institución. En los casos europeos revisados, se conforma mayoritariamente por magistrados o jueces, mientras que en los latinoamericanos, si bien hay exigencias de especialización en el ámbito jurídico, no siempre se exige la participación de miembros del Poder Judicial en su conformación. La designación de sus miembros, o parte de ellos, es efectuada por los titulares de altos órganos del Estado (Presidente de la República, Cámaras Legislativas y/o altas Cortes de Justicia) como en España, Francia, Italia y Argentina, por concurso público a cargo de una comisión integrada por autoridades nacionales (Perú) o a la que autoridades nacionales envían sus nominaciones (Ecuador) o bien, por sufragio universal (Argentina). La presidencia del órgano está a cargo de magistrados (en España, Francia y Ecuador), del Presidente de la República (Italia), o bien es elegida por sus miembros (Perú y Argentina). La duración de su mandato fluctúa entre los cuatro y seis años, en algunos casos renovables pero no de manera consecutiva. El número de sus integrantes es mayor en los países europeos y Argentina (superior a 20) que en el resto de los latinoamericanos estudiados (5 en Ecuador y 7 en Perú).

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12/09/2024

Uruguay: instituciones de cuidados y educación inicial Tipos, requisitos de funcionamiento y fiscalización.

• Poblete Vásquez, Mario Eduardo

En el marco de la discusión del proyecto de ley Boletín N°16811-04, iniciado en mensaje, se detallan una serie de aspectos relativos a los establecimientos de cuidados y educación inicial en el Uruguay. En particular, en la sección I, se describen los tipos de establecimientos; en la sección II, por su parte, los requisitos de funcionamiento para instituciones privadas; y, en la sección III, la fiscalización para estos últimos y su registro a nivel nacional. Para elaborar este informe, se utilizaron principalmente fuentes oficiales de la República Oriental del Uruguay

En el marco de la discusión del proyecto de ley Boletín N°16811-04, iniciado en mensaje, se detallan una serie de aspectos relativos a los establecimientos de cuidados y educación inicial en el Uruguay. En particular, en la sección I, se describen los tipos de establecimientos; en la sección II, por su parte, los requisitos de funcionamiento para instituciones privadas; y, en la sección III, la fiscalización para estos últimos y su registro a nivel nacional. Para elaborar este informe, se utilizaron principalmente fuentes oficiales de la República Oriental del Uruguay

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11/09/2024

Reporte de Defensa Nacional: 2 al 9 de septiembre de 2024.

• Jarufe Bader, Juan Pablo

A nivel nacional, los Estados Mayores de los Ejércitos de Chile y EE.UU. celebraron su XIX Reunión Bilateral en el Cuartel General del Ejército Sur estadounidense, localizado en el Fuerte Sam Houston, estado de Texas. En el plano vecinal, el Ministro de Defensa de Perú, Walter Astudillo, se reunió con Jana Nelson, Subsecretaria Adjunta de Defensa de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, a fin de robustecer los canales de colaboración para enfrentar ámbitos como el narcotráfico, el terrorismo y la tala ilegal, entre otros. En el ámbito internacional, el Ejército de EE.UU. realizará a fines de año una nueva prueba de su arma hipersónica de largo alcance “Glide Body”, desarrollada en conjunto con la Armada de dicho país, en el ánimo de contrapesar capacidades con la República Popular China y Rusia, países que han desarrollado activamente esta clase de tecnologías.

A nivel nacional, los Estados Mayores de los Ejércitos de Chile y EE.UU. celebraron su XIX Reunión Bilateral en el Cuartel General del Ejército Sur estadounidense, localizado en el Fuerte Sam Houston, estado de Texas. En el plano vecinal, el Ministro de Defensa de Perú, Walter Astudillo, se reunió con Jana Nelson, Subsecretaria Adjunta de Defensa de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, a fin de robustecer los canales de colaboración para enfrentar ámbitos como el narcotráfico, el terrorismo y la tala ilegal, entre otros. En el ámbito internacional, el Ejército de EE.UU. realizará a fines de año una nueva prueba de su arma hipersónica de largo alcance “Glide Body”, desarrollada en conjunto con la Armada de dicho país, en el ánimo de contrapesar capacidades con la República Popular China y Rusia, países que han desarrollado activamente esta clase de tecnologías.

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11/09/2024

Aumento transitorio al impuesto a las emisiones para financiar el aumento de la cobertura del subsidio eléctrico

• García Bernal, Nicolás Alonso

En Chile, el impuesto a las emisiones fue introducido por le Ley 20.780 del año 2014 y modificado por la Reforma Modernización Tributaria (Ley N° 21.210) del año 2020. Según esto, actualmente se aplica un impuesto equivalente a 5 USD para aquellas fuentes fijas que sobrepasen ciertos umbrales de emisión definidos para el dióxido de carbono y material particulado. Con el propósito de ampliar la cobertura y extensión del subsidio, el Boletín 17.064-03 incluye para su financiamiento la aplicación de una sobretasa al impuesto a las emisiones de dióxido de carbono. Esta mayor recaudación, aplicada entre 2024 y 2026, permitiría recaudar cerca de 70 MMUSD anuales. Según se ha definido, la sobretasa se aplicaría únicamente a las centrales de generación eléctrica conectadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y no a los Sistemas Medianos de Electricidad (SSMM). Aquello respondería a que por el modelo de tarificación de los SSMM, el aumento del impuesto se trasladaría directamente a los clientes regulados.

En Chile, el impuesto a las emisiones fue introducido por le Ley 20.780 del año 2014 y modificado por la Reforma Modernización Tributaria (Ley N° 21.210) del año 2020. Según esto, actualmente se aplica un impuesto equivalente a 5 USD para aquellas fuentes fijas que sobrepasen ciertos umbrales de emisión definidos para el dióxido de carbono y material particulado. Con el propósito de ampliar la cobertura y extensión del subsidio, el Boletín 17.064-03 incluye para su financiamiento la aplicación de una sobretasa al impuesto a las emisiones de dióxido de carbono. Esta mayor recaudación, aplicada entre 2024 y 2026, permitiría recaudar cerca de 70 MMUSD anuales. Según se ha definido, la sobretasa se aplicaría únicamente a las centrales de generación eléctrica conectadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y no a los Sistemas Medianos de Electricidad (SSMM). Aquello respondería a que por el modelo de tarificación de los SSMM, el aumento del impuesto se trasladaría directamente a los clientes regulados.

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11/09/2024

Desafíos económicos para América Latina: ¿Cómo recuperar la senda del crecimiento y evitar una nueva “década perdida”?.

• Morales Estay, Pablo Andrés

Si bien durante el siglo XX, América Latina experimentó un notable crecimiento económico, en los años 80 la región sufrió un retroceso significativo, conocido como la “década perdida”. A pesar de la recuperación en los años 90 y principios del siglo XXI, Latinoamérica volvió a enfrentar desafíos económicos, fruto de la caída de los precios de las materias primas y la crisis financiera global de 2008. Ante ello, los organismos internacionales destacan la necesidad de políticas públicas innovadoras para dinamizar la inversión y la productividad, y evitar una nueva década perdida. A través del documento, se identifican varios desafíos estructurales que América Latina debe abordar para evitar una nueva “década perdida”. Entre estos se encuentran la desigualdad y la pobreza, la informalidad laboral, la debilidad institucional y la corrupción. Además, se subraya la importancia de la integración comercial, la inversión en ciencia y tecnología, y la sostenibilidad como factores clave para impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad de la región. En cuanto a las recomendaciones, organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial y el BID, sugieren políticas públicas innovadoras y sostenibles para dinamizar la inversión y la productividad. Estas incluyen la mejora de la infraestructura, la educación, la política energética y la capacidad empresarial, así como la adopción de tecnologías limpias y la promoción de la economía verde.

Si bien durante el siglo XX, América Latina experimentó un notable crecimiento económico, en los años 80 la región sufrió un retroceso significativo, conocido como la “década perdida”. A pesar de la recuperación en los años 90 y principios del siglo XXI, Latinoamérica volvió a enfrentar desafíos económicos, fruto de la caída de los precios de las materias primas y la crisis financiera global de 2008. Ante ello, los organismos internacionales destacan la necesidad de políticas públicas innovadoras para dinamizar la inversión y la productividad, y evitar una nueva década perdida. A través del documento, se identifican varios desafíos estructurales que América Latina debe abordar para evitar una nueva “década perdida”. Entre estos se encuentran la desigualdad y la pobreza, la informalidad laboral, la debilidad institucional y la corrupción. Además, se subraya la importancia de la integración comercial, la inversión en ciencia y tecnología, y la sostenibilidad como factores clave para impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad de la región. En cuanto a las recomendaciones, organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial y el BID, sugieren políticas públicas innovadoras y sostenibles para dinamizar la inversión y la productividad. Estas incluyen la mejora de la infraestructura, la educación, la política energética y la capacidad empresarial, así como la adopción de tecnologías limpias y la promoción de la economía verde.

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10/09/2024

Acuerdo Marco Avanzado Chile – Unión Europea y Acuerdo Interino Comercial. Formalidades y principales objetivos del acuerdo con la UE

• Vargas Cárdenas, Patricia Andrea

Chile y la Unión Europea suscribieron con fecha 13 de diciembre de 2023 el Acuerdo Marco Avanzado (AMA), tratado que moderniza el Acuerdo de Asociación con la UE, suscrito en el año 2002. El AMA es un acuerdo integral, que incluye aspectos comerciales, políticos, de cooperación, inversiones y nuevas disciplinas, y se considera que constituirá el marco institucional actualizado para hacer frente a los desafíos de la relación y el contexto internacional. Entre las particularidades del AMA se puede destacar que incluye cooperación en materia de seguridad internacional, políticas migratorias, desarrollo sostenible, medio ambiente y cambio climático, modernización y descentralización del Estado, e igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas. Además, en su pilar comercial dispone de asuntos pioneros en materia de: comercio y género, comercio y PYMES, comercio y desarrollo sostenible, así como el establecimiento de una jurisdicción especial en materia de protección de inversiones. Con este acuerdo, sólo el 4,4% de los productos de Chile quedará sujeto a protección arancelaria, lo que corresponde a 7 ítems excluidos de la desgravación.

Chile y la Unión Europea suscribieron con fecha 13 de diciembre de 2023 el Acuerdo Marco Avanzado (AMA), tratado que moderniza el Acuerdo de Asociación con la UE, suscrito en el año 2002. El AMA es un acuerdo integral, que incluye aspectos comerciales, políticos, de cooperación, inversiones y nuevas disciplinas, y se considera que constituirá el marco institucional actualizado para hacer frente a los desafíos de la relación y el contexto internacional. Entre las particularidades del AMA se puede destacar que incluye cooperación en materia de seguridad internacional, políticas migratorias, desarrollo sostenible, medio ambiente y cambio climático, modernización y descentralización del Estado, e igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas. Además, en su pilar comercial dispone de asuntos pioneros en materia de: comercio y género, comercio y PYMES, comercio y desarrollo sostenible, así como el establecimiento de una jurisdicción especial en materia de protección de inversiones. Con este acuerdo, sólo el 4,4% de los productos de Chile quedará sujeto a protección arancelaria, lo que corresponde a 7 ítems excluidos de la desgravación.

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10/09/2024

Relaciones Chile Bolivia: Oleoducto Sica Sica - Arica.

• Horzella Cutbill, Bárbara

A continuación, se presenta una breve reseña histórica del origen del oleoducto binacional Sica Sica - Arica, así como de los acontecimientos más recientes en torno al mismo. Para ello fueron revisados los acuerdos bilaterales entre Chile y Bolivia, comunicados oficiales de actores relacionados, así como publicaciones en los medios de comunicación.

A continuación, se presenta una breve reseña histórica del origen del oleoducto binacional Sica Sica - Arica, así como de los acontecimientos más recientes en torno al mismo. Para ello fueron revisados los acuerdos bilaterales entre Chile y Bolivia, comunicados oficiales de actores relacionados, así como publicaciones en los medios de comunicación.

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09/09/2024

Asociaciones Municipales: Estudio de su naturaleza jurídica.

• Mortera De Iruarrizaga, María Soledad

Bajo el marco normativo del DFL N°1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante, Ley N°18.695) se puede observar el especial tratamiento otorgado a las asociaciones de municipalidades tras la modificación realizada por la Ley N°20.527 relativa a estas materias, como consecuencia de la reforma constitucional que modificó el artículo 118 de la Carta Fundamental. En dicho sentido, destaca la posibilidad que tienen las Municipalidades para poder asociarse entre ellas en entidades con personalidad jurídica de derecho privado; o bien optar por celebrar entre sí convenios, carentes de personalidad jurídica. Bajo el marco de las asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica de derecho privado, estas constan en un registro a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (en adelante, SUBDERE) cuya composición es de dos o más municipalidades que buscan un mismo objetivo.

Bajo el marco normativo del DFL N°1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante, Ley N°18.695) se puede observar el especial tratamiento otorgado a las asociaciones de municipalidades tras la modificación realizada por la Ley N°20.527 relativa a estas materias, como consecuencia de la reforma constitucional que modificó el artículo 118 de la Carta Fundamental. En dicho sentido, destaca la posibilidad que tienen las Municipalidades para poder asociarse entre ellas en entidades con personalidad jurídica de derecho privado; o bien optar por celebrar entre sí convenios, carentes de personalidad jurídica. Bajo el marco de las asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica de derecho privado, estas constan en un registro a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (en adelante, SUBDERE) cuya composición es de dos o más municipalidades que buscan un mismo objetivo.

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09/09/2024

Institucionalidad para la prevención, denuncia y sanción de la violencia en el deporte. Caso de la Unión Europea, Francia, Canadá, Argentina y Perú

• Santana Silva, Daniela Francisca

Informe que presenta la institucionalidad para la prevención, denuncia y sanción ante casos de violencia, abuso y acoso en el deporte, que difieren en naturaleza y funciones. Así, en la Unión Europea (UE) no existe una entidad centralizada para la gestión de denuncias, sino que ofrece directrices generales con énfasis en la protección de los derechos humanos y una política de tolerancia cero hacia la violencia y la discriminación en el deporte. En Francia Signal-Sports gestiona directamente las denuncias y coordina los procedimientos administrativos y judiciales. Al 2023, en 3 años de trabajo, ha adoptado más de 600 medidas contra los responsables en colaboración con diversas instituciones para asegurar una respuesta rápida. En Canadá, Abuse-Free Sport tiene un proceso estructurado para la gestión de denuncias y sanciones a través de tres componentes: la Oficina del Comisionado para la Integridad en el Deporte (OSIC), el Director de Sanciones y Resultados (DSO) y el Tribunal de Salvaguarda, garantizando un proceso exhaustivo. Por su parte, Argentina, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) implementa un protocolo para prevenir la violencia en el deporte, promoviendo un entorno libre de acoso y garantizando apoyo a las víctimas, mientras que la Ley Micaela exige capacitaciones sobre género y violencia, con programas específicos para el sector deportivo. Finalmente, Perú el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte estableció la Defensoría del Deportista como una entidad independiente con el mandato de -entre otras cosas- defender los derechos e intereses de las personas deportistas y recibir quejas. En todos los casos estudiados la formación y capacitación son elementos fundamentales. Se promueve la educación para prevenir la violencia y capacitar a los profesionales del deporte sobre cómo manejar y prevenir abusos. Además, se promueve la aplicación de políticas y medidas concretas para abordar y prevenir la violencia en el deporte.

Informe que presenta la institucionalidad para la prevención, denuncia y sanción ante casos de violencia, abuso y acoso en el deporte, que difieren en naturaleza y funciones. Así, en la Unión Europea (UE) no existe una entidad centralizada para la gestión de denuncias, sino que ofrece directrices generales con énfasis en la protección de los derechos humanos y una política de tolerancia cero hacia la violencia y la discriminación en el deporte. En Francia Signal-Sports gestiona directamente las denuncias y coordina los procedimientos administrativos y judiciales. Al 2023, en 3 años de trabajo, ha adoptado más de 600 medidas contra los responsables en colaboración con diversas instituciones para asegurar una respuesta rápida. En Canadá, Abuse-Free Sport tiene un proceso estructurado para la gestión de denuncias y sanciones a través de tres componentes: la Oficina del Comisionado para la Integridad en el Deporte (OSIC), el Director de Sanciones y Resultados (DSO) y el Tribunal de Salvaguarda, garantizando un proceso exhaustivo. Por su parte, Argentina, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) implementa un protocolo para prevenir la violencia en el deporte, promoviendo un entorno libre de acoso y garantizando apoyo a las víctimas, mientras que la Ley Micaela exige capacitaciones sobre género y violencia, con programas específicos para el sector deportivo. Finalmente, Perú el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte estableció la Defensoría del Deportista como una entidad independiente con el mandato de -entre otras cosas- defender los derechos e intereses de las personas deportistas y recibir quejas. En todos los casos estudiados la formación y capacitación son elementos fundamentales. Se promueve la educación para prevenir la violencia y capacitar a los profesionales del deporte sobre cómo manejar y prevenir abusos. Además, se promueve la aplicación de políticas y medidas concretas para abordar y prevenir la violencia en el deporte.

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