Asesorías Parlamentarias

El uso de listas administrativas de sanciones contra organizaciones criminales en Estados Unidos se remonta a 1950, aunque adquirió mayor relevancia desde la década de 1990, especialmente frente al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado transnacional. La Orden Ejecutiva 12978 y la Ley Kingpin consolidaron el marco para identificar y sancionar estas organizaciones. Más recientemente, la Orden Ejecutiva 14157 permitió designar cárteles y organizaciones criminales como organizaciones terroristas, ampliando las herramientas disponibles para combatir estas redes. Estas listas constituyen mecanismos administrativos de sanción económica y política exterior cuyo propósito principal es aislar financiera y comercialmente a organizaciones y personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional, sin requerir una condena penal previa. Las medidas incluyen restricciones financieras, comerciales y de movilidad, mientras que su incumplimiento puede generar responsabilidades penales y elevadas multas. El Reino Unido dispone de instrumentos similares orientados al aislamiento financiero y comercial de organizaciones criminales. Su principal mecanismo es la UK Sanctions List, regulada por la Ley de Sanciones y Prevención del Lavado de Dinero. La inclusión tampoco constituye una condena penal, pero permite congelar activos y restringir operaciones. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras supervisa el cumplimiento, investiga infracciones, aplica sanciones y concede licencias.

La Comisión de Salud del Senado realizó el seminario «¿Hacia dónde va la salud en Chile? Modernización y reformas pendientes», orientado a identificar soluciones viables para los principales desafíos del sistema sanitario. El debate abordó tres ejes: listas de espera y gestión hospitalaria; gasto de bolsillo y medicamentos; y reformas estructurales pendientes. Las exposiciones coincidieron en que las listas de espera, las dificultades de acceso y el gasto de bolsillo reflejan problemas estructurales de organización, financiamiento y gestión. Entre las principales propuestas se planteó fortalecer la prevención y la capacidad resolutiva de la atención primaria, mejorar la coordinación de las redes asistenciales y avanzar desde un modelo hospitalocéntrico hacia una atención más integrada. Asimismo, se destacó la necesidad de mejorar la calidad, trazabilidad e interoperabilidad de la información, optimizar la capacidad instalada e implementar compras estratégicas y mecanismos de pago asociados a resultados. En medicamentos, se propuso fortalecer la protección financiera, la compra pública, la receta electrónica, el acceso a genéricos con equivalencia terapéutica y la evaluación de tecnologías sanitarias. Finalmente, se planteó mejorar la coordinación público-privada bajo rectoría estatal y fortalecer la gobernanza, ejecución y rendición de cuentas del sistema con una perspectiva de largo plazo.

El año 2024, el Ministerio de Educación (MINEDUC), entrega una definición de violencia escolar que incluye sus distintas formas, verbal, física, psicológica y sexual y los contextos donde puede ocurrir. A partir de esa definición, el documento se pregunta si el uso de redes sociales incide en el incremento de la violencia escolar. La evidencia revisada indica que el uso frecuente de redes sociales es ya una práctica habitual entre los estudiantes, y que ese uso frecuente tiende a asociarse con mayores niveles de victimización escolar. Esta victimización se expresa en distintas formas de ciberacoso, en síntomas de tristeza o desesperanza sostenida, y también puede intensificar el acoso escolar presencial. De hecho, ambos tipos de acoso —el que ocurre en línea y el que ocurre cara a cara— no funcionarían de manera independiente, ya que la mayoría de quienes son víctimas de acoso digital también lo son de acoso presencial. Pese a esta superposición, el texto sostiene que sigue siendo relevante diferenciar ambos fenómenos, porque el anonimato y la desinhibición propios del entorno digital pueden llevar a que alguien agreda en línea a otra persona a la que no agrediría en persona, e incluso pueden convertir a quienes fueron víctimas en futuros agresores. Con este marco, el informe profundizará en el vínculo entre redes sociales y violencia escolar a través de cinco artículos académicos (presentados en la Tabla N°1).