Asesorías Parlamentarias

Documento que aborda el control de armas a nivel internacional, tienden a predominar las normativas de corte restrictivo en materia de tenencia y porte de armas de fuego. En esta línea, las legislaciones vigentes en países como Alemania, España y Reino Unido son más bien prohibitivas, en contraste con la realidad de Estados Unidos, donde constitucional y legalmente los ciudadanos tienen el derecho a portar armas.

En Chile, la Ley 20.416 de 2010 establece una serie de disposiciones para las empresas de menor tamaño para reducir la carga administrativa, facilitar el acceso al financiamiento y definir roles en el poder ejecutivo para apoyarlas, entre otras cosas. Por su parte, la Ley 19.749, de 2001, facilita la creación de microempresas familiares, otorgándoles un marco normativo que permite su funcionamiento con regulaciones más flexibles. A las normas anteriores pueden agregarse aquellas que se elaboraron para este tipo de empresas pero no las mencionan en su título (como la Ley de Pago a 30 días) y leyes de alcance más general que tienen repercusiones importantes en las MiPymes como aquellas en materias tributarias, laborales, sanitarias, medioambientales, y en general, cualquiera que regule los diversos aspectos de la actividad productiva cuyo impacto esté en función del tamaño de la empresa. Los efectos esperados de las legislaciones dirigidas a las MiPymes se relacionan con los objetivos de dichas normas para mejorar su eficiencia productiva, mejorar el acceso a financiamiento, favorecer la formalización y contrarrestar las asimetrías frente a las grandes empresas, estableciendo mecanismos de protección para evitar prácticas de competencia desleal y garantizar mejores condiciones de pago.

Desde 2014 en Francia hay una ley que incluye medidas para favorecer la transmisión de una empresa sus trabajadores. La ley crea un mecanismo de información para los asalariados de las empresas de menos de doscientos cincuenta trabajadores sobre las posibilidades de adquisición de la empresa donde trabajan. Así, al menos una vez cada tres años, en las empresas se debe llevar a cabo un proceso de información a los trabajadores sobre las condiciones jurídicas de adquisición de la empresa por los asalariados, sus ventajas y dificultades, además de las ayudas a las que pueden acceder. Por lo tanto, esta ley tiene el objetivo de “permitir a los asalariados presentar al que vende sus participaciones una oferta de adquisición del capital de la empresa o de los fondos de comercio entregándoles un plazo suficiente para llevar a cabo las gestiones técnicas y financieras necesarias en todas las hipótesis en las que su empleador (o el propietario) hubiese manifestado una intención de cesión”