Asesorías Parlamentarias

La Cámara de Diputadas y Diputados ha constituido sucesivas Comisiones Especiales Investigadoras (CEI) en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, a partir de las irregularidades detectadas especialmente en el sistema residencial del entonces Servicio Nacional de Menores. La CEI del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores (2013-2014) concluyó que los incumplimientos de directores, cuidadores y funcionarios de las residencias generaban una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los NNA bajo cuidado alternativo del Estado, situación que tampoco podía ser ignorada por las autoridades fiscalizadoras del propio Sename ni por el Ministerio de Justicia. Luego, la CEI de seguimiento de las propuestas de la CEI de 2014 (2016-2017), se encargó de evaluar el cumplimiento de esas recomendaciones, pero su informe fue rechazado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en 2017. Comisiones Investigadoras posteriores (2018-2023) han profundizado en materias específicas, tales como, irregularidades en adopciones, búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados, abuso y explotación sexual bajo protección del Estado, y licitaciones del actual Servicio de Protección Especializada. Junto a esta labor de fiscalización, y conforme a lo solicitado, se incorporan a este informe antecedentes sobre la instancia de trabajo desarrollada por el Poder Judicial mediante la “Comisión de Familia e Infancia” de la Corte Suprema, organizada en subcomisiones temáticas relacionadas con medidas propuestas por las CEI. Finalmente, como referencia adicional, se destaca la "Mesa por la Niñez" (2025), instancia de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados que, mediante audiencias con autoridades, organismos colaboradores y sociedad civil, compiló antecedentes que evidencian la continuidad de importantes desafíos en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, particularmente en: fortalecimiento del cuidado alternativo; egreso acompañado y autonomía juvenil; prevención y trabajo territorial; modernización institucional y coordinación intersectorial y; financiamiento sostenible y control parlamentario.

El presente documento tiene por objeto describir los principales avances y desafíos de la electromovilidad, con especial atención a la situación chilena y a las materias regulatorias que podrían incidir en su expansión. A nivel internacional, la electromovilidad ha registrado una expansión sostenida, impulsada por el aumento de las ventas de vehículos eléctricos, la reducción de los costos de las baterías, las mejoras tecnológicas y una mayor competencia entre fabricantes. En Chile, durante los primeros cinco meses de 2026 se comercializaron 7.802 vehículos enchufables livianos y medianos, mientras que la electrificación del transporte público continuó avanzando tanto en Santiago como en regiones. Asimismo, el país ha incrementado su infraestructura de recarga y cuenta con instrumentos estratégicos, legales y técnicos destinados a promover la electromovilidad. Sin embargo, persisten dificultades relacionadas con la cobertura territorial, los plazos de conexión.

El informe analiza el proyecto contenido en el Boletín N° 12835-14, que propone impedir el acceso a subsidios estatales de vivienda a personas condenadas por delitos vinculados al narcotráfico o contra la libertad e indemnidad sexual. El documento examina los principales aspectos que plantea la iniciativa dentro del régimen vigente de subsidios habitacionales. En particular, identifica materias que podrían requerir mayor precisión durante la discusión legislativa, como los programas habitacionales comprendidos, la duración de la inhabilidad, las personas a quienes se aplicaría y la delimitación, si fuese el caso, de los delitos que darían lugar a la restricción. También advierte que, dado que muchos subsidios consideran la postulación de un grupo familiar, la medida podría producir efectos sobre personas distintas de quien fue condenado. Asimismo, se revisan antecedentes de Estados Unidos y de Nueva Gales del Sur, Australia. Si bien estos casos responden a sistemas habitacionales distintos al nacional, permiten observar alternativas como la aplicación temporal de ciertas restricciones, la evaluación de riesgos, la consideración de antecedentes de rehabilitación y la adopción de medidas destinadas a proteger a la comunidad y a los demás integrantes del hogar. Finalmente, el informe presenta algunos antecedentes sobre las personas condenadas por los delitos comprendidos en el proyecto. Los estudios revisados muestran que se trata de grupos heterogéneos, por lo que la aplicación de una inhabilidad general y permanente podría producir efectos diferentes según la gravedad del delito, el tipo de participación, el tiempo transcurrido desde la condena y la composición del grupo familiar.