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02/09/2025
Personas privadas de libertad: derechos a la educación y al trabajo.
La privación de libertad cuenta con un conjunto de garantías y mecanismos de protección que están contemplados en los principales tratados internacionales de derechos humanos, con el propósito de resguardar el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de quienes se encuentran en dicha situación. En el sistema de Naciones Unidas las personas privadas de libertad están protegidas por variados instrumentos. A continuación se señalan algunos de los más relevantes: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10, párrafo 1 indica que “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Asimismo, establece que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados” (párrafo 3). En el año 1955 se lleva a cabo el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en esta instancia se aprobaron Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos. En el año 1984 se aprueba la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y posteriormente, en el año 2002, su correspondiente protocolo facultativo para reafirmar que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes están prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos humanos.
20/08/2025
Modificaciones al Sistema Notarial y Registral, Boletín N°12.092-07: Síntesis de aspectos destacados.
Se sintetizan las principales reformas del Boletín No. 12.092-07 que moderniza el sistema notarial y registral chileno, aprobado por el Congreso Nacional en julio de 2025. Entre los cambios destacan los siguientes: un nuevo sistema de nombramiento basado en normas de altos directivos públicos; ampliación de la lista de autoridades que generan inhabilidad para estos cargos; límite de edad universal de 75 años (con vigencia diferida); estándares de infraestructura, tecnología, horarios y presencia obligatoria de los funcionarios; digitalización, firma electrónica avanzada y repositorios digitales; fortalecimiento de la fiscalización por el Fiscal Judicial de la Corte Suprema con auditorías externas, mecanismos de reclamos y colaboración con el Servicio Nacional de Consumidor; criterios técnicos para apertura de notarías; tarifas reguladas y; la redesignación como ley del Reglamento del Registro Conservatorio. Se establecen plazos para la entrada en vigor de la ley (seis meses) y para dictación de reglamentos (1 año) a contar de su publicación, como también para las obligaciones de digitalización y fijación de tarifas.
31/03/2025
La ley que prohíbe el ingreso de celulares a las cárceles: Retos y avances para reducir la violencia y el crimen organizado.
El propósito fundamental de la Ley 21.594 es castigar la tenencia de dispositivos electrónicos y evitar su ingreso a los recintos penitenciarios, especialmente aquellos que facilitan la comunicación con el mundo exterior. A pesar de las modificaciones realizadas para incluir penas más estrictas para abogados y funcionarios públicos que faciliten el ingreso de estos dispositivos a los internos, el problema del contrabando de teléfonos móviles no fue erradicado durante los primeros años tras la implementación de la ley. En este escenario, los inhibidores de señal, conocidos en inglés como jammers, han surgido como una solución complementaria para asegurar que los internos no puedan comunicarse a través de dispositivos electrónicos. Aunque inicialmente existieron dudas sobre su efectividad y correcta implementación, el Ministerio de Justicia ha informado que esta tecnología ha logrado bloquear casi 12 mil teléfonos celulares, 15 chips telefónicos y 1.000 módems Wi-Fi, operando de forma continua las 24 horas del día. Esta tecnología no solo busca desincentivar el contrabando de dispositivos móviles, sino también contribuir a un entorno penitenciario más seguro.
14/03/2025
Prevención y erradicación de la trata de personas.
El presente documento analiza la situación de la trata de personas en América Latina y específicamente en Chile. Da cuenta de los principales problemas asociados y entrega sugerencias para avanzar en una legislación contra este flagelo.
01/10/2024
Profesionalización de la gestión penitenciaria: Aportes a la discusión.
El documento presenta una introducción que enmarca los conceptos principales en torno a la situación carcelaria y las personas privadas de libertad. Luego, hace referencia al marco jurídico internacional en la materia, identifica los aspectos críticos y por último, se refiere a la necesidad de transversalizar el enfoque de género en la gestión penitenciaria. De acuerdo a las cifras del Informe Mundial de prisiones del World Prision Brief (WPB) que publica su 14α. versión en enero de 2024, más de 10,99 millones de personas están recluidas en recintos penitenciarios en todo el mundo en prisión preventiva o tras haber sido condenados. Si a esa cantidad se adiciona la estimación de personas privadas de libertad de algunos países que no entregan información, se plantea que puede superar los 11,5 millones.
29/08/2024
Derecho a defensa jurídica y modelos de asistencia judicial para las Fuerzas Armadas: Experiencia nacional y extranjera.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948, establece que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal” (Art. 10). En términos generales, tanto en la experiencia nacional como extranjera, el derecho a la defensa jurídica se encuentra consagrado a nivel constitucional. Además, es posible identificar el derecho a una defensa jurídica institucional en los estatutos del personal de la administración pública, y más específicamente en normas estatutarias de los miembros de las Fuerzas Armadas, cuando la imputación de una falta o delito sea con ocasión del cumplimiento de sus funciones. Concretamente, en el caso de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, la experiencia es heterogénea. En Chile, el Estatuto del Personal de las FF.AA. establece el derecho una defensa jurídica institucional, en aquellos casos en que sus miembros sufran atentados contra su vida o integridad corporal, en el marco del cumplimiento de sus funciones, o sean víctimas de calumnias o injurias, con motivo del deber.
09/07/2024
Avances legislativos del ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
La Agenda 2030 es un acuerdo jurídicamente no vinculante, motivo por el que no obliga a ninguna de las partes, países o gobiernos a su cumplimiento. El mecanismo que tienen los Estados para informar el avance de los ODS es a través de los Informes Nacionales Voluntarios (VNR). Chile ha presentado tres Informes Nacionales Voluntarios: uno en 2017, otro 2019 y el último en 2023. En el caso del Parlamento, ni el Senado ni la Cámara de Diputadas y Diputados posee una hoja de ruta o plan de trabajo institucionalizado específico asociado a la Agenda 2030. En ese sentido, el aporte del Congreso al cumplimiento de los ODS no ha sido intencionado, sino una externalidad positiva del trabajo legislativo regular. En cuanto al ODS 16 “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, se han reportado una serie de avances desde el Legislativo, sobre todo en las metas ligadas a seguridad, gracias a la acción coordinada con el Ejecutivo a través de agendas priorizadas que han permitido la publicación de diversas leyes que contribuyen a su cumplimiento.
22/05/2024
Iniciativas legales sobre Amnistías Generales tramitadas en el Congreso Nacional (1990-2024)
Se presenta un cuadro resumen que da cuenta de las iniciativas que versan sobre amnistías generales, tramitadas en el seno del Congreso Nacional entre el 11 de marzo de 1990 y el 9 de mayo de 2024. El referido listado se encuentra en orden cronológico, según la fecha de ingreso del Proyecto de Ley. Asimismo, el cuadro contiene diversos atributos de las iniciativas: Número de Boletín, Origen, Fecha de Ingreso, Objeto, Estado de Tramitación, Contenido y Referencias a la normativa que busca modificar. Se excluyeron de la sistematización, por expresa solicitud, aquellas iniciativas referidas a procesos electorales, reclutamiento, entre otras de carácter más específico. Se da cuenta de doce iniciativas ingresadas a tramitación durante el referido periodo. De ellas, una se convirtió en Ley, ocho fueron archivadas y tres se encuentran cumpliendo su Primer Trámite Constitucional en el Senado.
14/02/2024
Prescindencia política para fiscales del Ministerio Público o Fiscalía
Se solicita informar sobre normativas y posibles sanciones relativas a la prescindencia política de parte de fiscales del Ministerio Público o Fiscalías. A nivel general, se revisó la Carta de Principios Éticos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, junto con las experiencias de Argentina, Colombia y España.
15/09/2023
Políticas carcelarias, reinserción social y prisión preventiva: Panorama de la situación en la región.
Esta minuta fue elaborada para apoyar la labor parlamentaria en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino. Contiene datos relevantes de la realidad regional y nacional sobre el diagnóstico actual de los sistemas penitenciarios, se refiere a las problemáticas que enfrentan las personas privadas de libertad e incluye algunas propuestas para considerar en el debate. De acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe (ALC) tiene un millón y medio de reclusos y una tasa de encarcelamiento que se ha duplicado desde el año 2000: ha aumentado 120% versus 24% en el resto del mundo. Estas cifras se explican en el contexto de sistemas de justicia que en términos generales han optado por el encarcelamiento como la principal respuesta punitiva. Aun cuando no existe evidencia que respalde la efectividad del encarcelamiento masivo, éste continúa siendo una política ampliamente usada por los gobiernos de América Latina.